Es contra quienes no pueden pagar las tarifas que cobran en algunas entidades, y de la protesta social, ejercida contra los que se organizan para denunciar esta situación, indicó RNRATEE.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está emprendiendo una política de criminalización de la pobreza, contra quienes no pueden pagar las tarifas que cobran en algunas entidades, y de la protesta social, ejercida contra los que se organizan para denunciar esta situación, advirtieron integrantes de la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica (RNRATEE).
David Peña, abogado de dicho colectivo, señaló que una muestra de ello es la reciente aprehensión de la activista oaxaqueña Lucila Bettina Cruz -quien ya fue liberada este viernes-, que ocurrió de forma casi simultánea a la de Francisco Hernández Ochoa en Chihuahua, acusado por el mismo supuesto delito de ataque a la distribución de electricidad, lo que pone en evidencia la utilización política de los aparatos de justicia.
Miguel Valladares, miembro de la Red en el estado de Campeche, anunció que el próximo 29 de marzo más de 50 organizaciones llevarán a cabo una jornada nacional de movilizaciones contra las altas tarifas y el acoso judicial de la CFE, mediante la cual demandarán que el acceso a la electricidad sea reconocido como un derecho humano; que los cobros tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, y que se detenga la criminalización de quienes se han organizado contra dichos abusos.
En este escenario, indicó Peña, hay alrededor de 150 activistas que están bajo proceso penal, con órdenes de aprehensión en contra o averiguaciones previas en marcha, por lo que se promoverán unas mil quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Fuente: La Jornada
