lunes, 20 de febrero de 2012

ASF: No más dinero a pensiones de ministros

Rechaza órgano auditor justificación para que la Corte gaste más de 4 millones de pesos en personal para el Fondo Jurica.

Los fideicomisos para pagar pensiones complementarias principalmente de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuentan con fondos suficientes para subsistir hasta 2040 y 2044, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Cámara de Diputados que ya no se le otorguen más recursos públicos.

El órgano auditor concluyó también que no se justifica que la Corte gaste más de 4 millones de pesos en personal contratado especialmente para operar un tercer fideicomiso denominado Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), y en el que la ASF encontró que se benefició con más de 43millones de pesos a una asociación creada por la propia SCJN en 2007.

La Auditoría Superior sugirió además al máximo órgano de justicia del país que defina los proyectos en los que utilizará los fondos de otros dos fideicomisos, en los que la institución ha ahorrado 810 millones 768 mil 200 pesos, en por lo menos los últimos siete años, y en los que sólo sigue acumulando recursos.

Asimismo, revisó los seis fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y que en total suman 2 mil 941 millones 257 mil 700 pesos, de los cuales consideró que, “en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los fideicomisos en los que participó como fideicomitente, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe”.

Las principales observaciones que realizó la ASF fueron en torno a los fideicomisos para las pensiones complementarias a las del ISSSTE, que se crearon en 1996 para jueces, magistrados y mando superior de la Corte, que incluye ministros y secretarios, principalmente.

De acuerdo con la Auditoría Superior, en el caso de los servidores públicos de mando superior, reciben por ese programa una pensión 26.9 veces mayor que la garantizada por el ISSTE. Esto se traduce, según el organismo, que el ingreso medio que reciben de las pensiones complementarias por jubilación es de 94 mil 300 pesos, frente a los 3 mil 500 que establece la Ley del ISSSTE.

En los resultados de la auditoría, la institución considera que las pensiones complementarias son parte de un esquema que no tiene carácter permanente ni obligatorio, pero desde la constitución de los dos fideicomisos se les aporta dinero del erario. Sin embargo, desde 2007, por un acuerdo interno del Poder Judicial, de esos fondos sólo se paga el 1% de las pensiones y el resto se cubre con el presupuesto, por lo que en los fideicomisos se sigue ahorrando.

Ante ello, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados que “evalúe la conveniencia de continuar asignando recursos a los fideicomisos 4657‐4 y 11495‐2, en los que la Corte participa como fideicomitente y cuya finalidad es el pago de pensiones complementarias a las del ISSSTE, y donde no existe una obligatoriedad para su otorgamiento, además de que éstos cuentan con recursos para subsistir hasta los años 2040 y 2044, sin necesidad de que se les aporten recursos adicionales, así como para que ya no se otorguen recursos en el Capítulo 1000, Servicios Personales, para este mismo fin”.

La Suprema Corte, determinó la ASF, debe evaluar el manejo actual de los recursos de los dos fideicomisos para “garantizar su aplicación en los fines para los que fueron creados, sin continuar alimentándolos con recursos públicos federales”.


Gasto excesivo
Para la Auditoría Superior no se justifica el gasto por más de 4 millones de pesos que realizó la Corte en la contratación de personal para operar el Fondo Jurica, y que consiste en un comité técnico de alta representación y decisión, un subcomité técnico para valoración y ajuste de solicitudes, y un secretario técnico que funge como enlace entre el comité técnico, la fiduciaria, los subcomités, los impartidores de justicia, sus agrupaciones y sus representantes, entre otros.

La SCJN también contrató, para el mismo fideicomiso, un pro secretario, a quien se le asignó un asesor; creó una Unidad de Recepción de Documentos, en la que laboran dos personas de apoyo; una Unidad de Apoyo Logístico del Comité Técnico de Cuerpos Colegiados, en la que trabaja una persona; una Unidad de Apoyo Administrativo; una Unidad de Contratos; un asesor contable; un analista; una Coordinación Operativa, y un encargado del Archivo, que tuvieron percepciones, de cuerdo con la ASF, de entre 33 mil, 28 mil, 13 mil y 7 mil pesos quincenales, menos impuestos, respectivamente, y además “para aquellos cuyo contrato seguía vigente en diciembre se autorizó un pago adicional, por lo que en total en el citado ejercicio se destinaron 4 millones 381 mil 500 pesos para cubrir el costo de esos servicios”.

La ASF concluyó que “no se justificó la necesidad de contar con todo ese personal, ni los criterios específicos para asignar los montos a pagar a cada uno de los prestadores de servicios, además de que en los contratos no se definieron las actividades a desarrollar por cada prestador, ya que en su cláusula cuarta sólo se estipuló que el prestador dedicaría el tiempo necesario para atender satisfactoriamente lo que el contratante le encomendara”.




Fuente: 24 Horas