Hace 14 meses lo advertimos. Los penales en Nuevo León son una bomba de tiempo. Incluso, siete meses después revelamos con lujo de detalles la disputa interna en el Penal de Apodaca entre Los Zetas y El Golfo. Se designó a un nuevo director, pero traía consigo un expediente de corrupción que fue ignorado por el gobernador Rodrigo Medina. ¿Y las pruebas de confianza? ¿Y la explosiva sobrepoblación de las cárceles con reos federales que el gobierno de Felipe Calderón captura pero no sabe a dónde enviarlos?.
Nadie puede darse por sorprendido ante lo que sucedió en el Penal de Apodaca, en Nuevo León, con la masacre de 44 internos ligados al Cártel del Golfo y la fuga de 30 integrantes de Los Zetas.
Al presidente Felipe Calderón se le advirtió que la captura de cientos o miles de criminales obligaba a ampliar y modificar el sistema penitenciario. No escuchó.
A Genaro García Luna se le delegó la responsabilidad de cuidar los exámenes de confianza. Pero como ni él mismo ni sus principales subordinados los aprobarían, enmudeció. El secretario de Seguridad Pública calló.
Y Rodrigo Medina fue ciego a las advertencias de que su nuevo director del Penal de Apodaca había sido despedido del reclusorio de Santa Martha Acatitla por presuntos actos de corrupción. El gobernador se volvió ‘invidente’, aun frente a las alertas publicadas hace siete meses por Reporte Indigo, que denunciaban las disputas entre Golfos y Zetas por el control de esa cárcel. Analicemos.
UN PRESIDENTE ‘SORDO’
Felipe Calderón no escucha razones. Su virtud está en el hablar, pero no en el escuchar.
En su discurso diario sobre lo que llama “su guerra” contra el crimen organizado, se desvive por presumir sus logros. Ya es cosa de todos los días.
Que la lucha es sin cuartel, que sus hombres de seguridad pública están depurando las corporaciones.
Que se están imponiendo los exámenes de confianza para evitar filtraciones de los criminales.
Que se está asesorando a los estados para que tengan mejores policías que apoyen la cruzada anticrimen.
Que cada día son más y más los jefes de los cárteles que están detrás de las rejas, purgando sentencias.
Pero todo ese discurso se desvaneció en la madrugada del domingo pasado, cuando en el Penal de Apodaca, en Nuevo León, 30 integrantes de Los Zetas se dieron a la fuga y 44 internos ligados al cártel del Golfo fueron ejecutados.
Cinco años del sexenio capturando a los cabecillas de los cárteles en el conflictivo Nuevo León, para que en una sola acción violenta recuperaran su libertad a la mala.
Sin que sea definitivo, el veredicto hasta ahora es que los directivos y algunos celadores del penal entraron en complicidad con los criminales, que tenían el control del sobreocupado reclusorio.
Y no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando el presidente Felipe Calderón inició su lucha contra el narcotráfico, se advirtió sobre la escasez de penitenciarías.
Apenas en el quinto año, se están construyendo cinco. La resaca criminal de la guerra de cinco años fue a parar a prisiones federales y a reclusorios estatales saturados. Hay unos 40 mil reos por encima de la capacidad máxima de las cárceles.
Es una falla de cálculo. Si, como se esperaba, la guerra era eficiente y serían detenidos cientos o miles de criminales, ¿a qué prisiones irían a parar? La solución fácil fue sobrepoblar las cárceles estatales.
Pero el problema se salió de control. Los motines en todo el país aumentaron por las deplorables condiciones de los penales, un hecho que fue alertado por las Naciones Unidas. Un hecho que fue desoído por el gobierno federal.
¿De qué sirve detener y detener criminales, si terminan por convertir las prisiones en sus modernos centros de operaciones, con celular en mano, Internet disponible y suites con servicios de chefs y meseros?
¿Para qué mezclar peligrosos criminales con condenas de 25 años o cadena perpetua con delincuentes del fuero común?
¿No es muy grande la tentación de la fuga para un condenado a pasar toda la vida tras las rejas?
Y con los recursos ilimitados que les da la venta de droga, ¿pueden resistir los celadores y directivos la disyuntiva de plata o plomo?
Pero Felipe Calderón no escuchó lo que entonces dijeron analistas, asesores y expertos. Hoy pagamos con una imagen internacional deplorable esa sordera presidencial.
Hay nítidas señales de que el gobierno de Nuevo León ignoró las evidencias de lo que estaba sucediendo en las prisiones. Por eso, 44 reos fueron masacrados y 30 más huyeron del Penal de Apodaca.
El gobierno sabía de la sobrepoblación, del autogobierno de Los Zetas, del déficit de celadores, de las advertencias dirigidas a Rodrigo Medina sobre lo que venía, de los antecedentes de corrupción del director del Penal de Apodaca.
Solamente el gobierno no vio la urgencia de emprender acciones para mejorar el sistema penitenciario de Nuevo León.
EL GOBERNADOR ‘INVIDENTE’
Hay al menos siete pruebas contundentes de que se veía venir el descontrol en el sistema penitenciario de Nuevo León.
Pero estas señales fueron ignoradas por el gobernador Rodrigo Medina y su gabinete de seguridad.
Solamente ellos, que reciben un sueldo del erario para combatir la inseguridad, no vieron que el sistema penitenciario requería acciones urgentes.
Reporte Indigo lo advirtió desde octubre de 2010 bajo el título “Penitenciarías: Bombas de Tiempo”.
Pero el gobernador y su equipo, por negligencia o por omisión, permitieron que ocurriera la tragedia del Penal de Apodaca y lo que continúa sucediendo día a día tras los muros de las penitenciarías del estado.
Corrupción, hacinamiento que llega al 80 por ciento de sobrecupo en Apodaca, tráfico de drogas, reclutamiento de reos para el crimen organizado, asesinatos, extorsión y hasta cobro de rescates de secuestros es lo que hay adentro de los penales.
Lo que venía era tan obvio, que un documento en poder de Reporte Indigo muestra que desde que el gobernador Rodrigo Medina estaba en campaña, prometió a las asociaciones, universidades y colegios de abogados una reforma integral del sistema penitenciario.
Pero Medina no actuó como prometió, y ahora las prisiones están en total descontrol.
Y además de la indolencia del gobernador y de su gabinete de seguridad para atender las señales del problema que se avecinaba, nuevamente destaca la figura de un hombre que es asesor de Seguridad del Gobierno del Estado.
Un ingeniero civil que se erigió como especialista en materia de seguridad y que tiene como antecedente la responsabilidad de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2001.
El capo huyó de la prisión supuestamente más segura del país, la de Puente Grande, Jalisco.
Se trata de Jorge Tello Peón, quien fue subsecretario de Seguridad Federal en el sexenio de Vicente Fox y que ahora, como asesor para Nuevo León, ignoró las señales de advertencia sobre la crisis penitenciaria que estalló en Apodaca el domingo 19 de febrero.
De la misma manera que el gabinete de Rodrigo Medina, Tello Peón en ningún momento promovió medidas para evitar la masacre de 44 reos y la fuga de otros 30.
Por simple lógica, no hay guerra sin infraestructura.
Y parte de esa infraestructura es la penitenciaria.
No se necesita ser perito en criminalística para saber que si Nuevo León enfrenta una guerra contra, y además entre cárteles, no sólo se requieren armas.
No se necesita ser procurador del Estado, secretario de Seguridad o gobernador para saber que si el Ejército y la Marina están en las calles enfrentando a criminales y aprehendiendo a decenas de ellos cada semana, se necesita dónde meter a esos delincuentes.
Pero ni Rodrigo Medina, ni el procurador Adrián de la Garza, ni el secretario de Seguridad Gral. Jaime Castañeda, y tampoco el asesor de Seguridad del Estado Jorge Tello Peón, implementaron acciones para evitar lo que ya se hizo evidente en todo el mundo.
Y todavía hoy, después de lo sucedido en el Penal de Apodaca, el descontrol puede ocasionar más conflictos en cualquiera de las tres penitenciarías de Nuevo León.
En el Penal del Topo Chico, hay historias que crispan la piel.
Como el cobro de rescates de secuestros, internos que son cabecillas de Los Zetas y que tienen comunicación constante con sus allegados en el exterior y el cobro de cuotas de protección a los reos de nuevo ingreso.
LAS SEÑALES QUE NO FUERON VISTAS
I. Sobrepoblación penitenciaria.
Los 15 centros penitenciarios de Nuevo León tienen una sobrepoblación superior a 41 por ciento.
Existe una sobrepoblación de 8 mil 936 reos, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
Tan sólo en el Penal de Apodaca, el sobrecupo es de casi 80 por ciento, lo que significa que hay 2 mil 727 reos de más.
Y ahí, los internos del fuero federal ocupan casi 60 por ciento de los espacios.
Este fenómeno se debe, en gran medida, al uso excesivo de la prisión preventiva.
Por ejemplo, de los 6 mil 689 reos del fuero común que hay en el estado, más de 40 por ciento no tienen sentencia, sus procesos están pendientes.
Lo mismo sucede con 48 por ciento de los 2 mil 247 internos del fuero federal.
Y aunque el gobernador Rodrigo Medina declara abiertamente que existe esa sobrepoblación, en ningún momento ha emprendido acciones para construir nuevas penitenciarías.
Hay un proyecto para edificar una prisión en Mina, Nuevo León, pero es muy incipiente.
El proyecto todavía está en la etapa de planificación de obra civil, a pesar de que la primera guerra de cárteles en Nuevo León empezó en 2007, cuando el ahora gobernador fue nombrado secretario de Gobierno y ya tenía atribuciones en materia de seguridad.
Y luego llegó la segunda guerra entre cárteles, en enero de 2010, por el quiebre entre El Golfo y Los Zetas, pero apenas en 2011 se proyecta el nuevo penal.
En el ámbito federal, Felipe Calderón anunció que al final de su sexenio, los casi 45 mil reos federales internos en prisiones locales estarían bajo la custodia de su gobierno, pero eso todavía no se ve en la práctica.
El presidente también dijo que se invertirán 32 mil 800 millones de pesos en la construcción de ocho cárceles en el país, que entrarán en funcionamiento antes de finalizar el año y que albergarán a 20 mil reos.
Pero la guerra contra el crimen organizado lleva ya cinco años, y las prisiones apenas están en planeación.
II. Corrupción de autoridades y celadores.
La masacre en el Penal de Apodaca se llevó a cabo con la participación de celadores y los altos mandos penitenciarios.
Al director del penal, Los Zetas le depositaban 40 mil pesos mensuales; a los subalternos les daban 5 mil pesos al mes.
Por ello, 26 custodios y tres ex mandos del centro penitenciario fueron arraigados.
La primera versión oficial de lo sucedido en Apodaca informó que se trataba de una riña entre internos.
Pero luego, ante la contundencia de los hechos, el gobernador tuvo que salir a dar la cara y aceptar la corrupción de la autoridad cooptada por Los Zetas.
Y es que está claro que los 44 reos asesinados estaban en otra área del penal, a la que Los Zetas ingresaron con la ayuda de celadores y autoridades penitenciarias para masacrar a los internos rivales en sus propias celdas.
El gobernador Rodrigo Medina, su gabinete de Seguridad y sus asesores no pueden negar que había señales de corrupción.
Porque el ex director de la cárcel, el ahora arraigado Gerónimo Miguel Andrés Martínez, había sido destituido de la dirección de la penitenciaría varonil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, en julio de 2009.
Al ex mando se le vinculó con un grupo de secuestradores y extorsionadores que operaba desde el interior de la cárcel. Aun así, Andrés Martínez fue nombrado director del Penal de Apodaca en mayo de 2011.
Incluso, el gobernador Rodrigo Medina y su gabinete de Seguridad defendieron ese nombramiento.
III. Autogobierno de Los Zetas en los penales.
Los Zetas asumieron el control de los penales porque, cuando empezó la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas en enero de 2010, estos últimos tomaron Monterrey como su centro de operaciones.
Hay que recordar que antes de enero de 2010, ambos grupos eran aliados y circulaban regularmente entre Tamaulipas y Nuevo León.
Pero con el quiebre de ambos grupos delincuenciales, El Golfo se estableció principalmente en Reynosa y Matamoros, mientras que Los Zetas se quedaron en Monterrey.
Así que las aprehensiones hechas por el Ejército y la Marina fueron, fundamentalmente, de Zetas.
Por eso, la mayoría de los internos organizados son de ese grupo, y desde adentro continúan en contacto con otros delincuentes que están libres.
En las penitenciarías, Los Zetas tienen sus controles, sus celadores, sus armas blancas y hasta drogas.
Los reos de nuevo ingreso son obligados a pagar una cuota, como lo documentó Reporte Indigo.
Se trata del caso de un interno, quien por obvias razones no puede ser identificado, que tuvo que pagar 5 mil pesos para tener la protección de Los Zetas.
Además, ese grupo criminal comercializa al interior de los penales “grapas” o dosis de cocaína, cigarrillos de mariguana y pastillas psicotrópicas.
IV. Guerra de reos entre Zetas y Golfos.
El 31 de diciembre de 2010, una interna del Penal del Topo Chico amaneció colgada en un puente peatonal de una de las vías más concurridas de Monterrey, la avenida Gonzalitos.
La interna era Elizabeth Martínez Tamez, alias “La Pelirroja”, quien purgaba una pena por secuestro en el Topo Chico.
Sin embargo, con la excusa de que tenía que salir del reclusorio para ser llevada al médico, un convoy de Los Zetas interceptó al camión del penal y raptó a “La Pelirroja” para luego asesinarla.
En su pecho y espalda, los criminales pintaron el nombre “Yahir”, presunto líder de una célula del Cártel del Golfo que luego fue detenido en el sur de la ciudad.
Según las investigaciones, “La Pelirroja” había operado como secuestradora en la zona citrícola. Estaba al servicio de una célula de Los Zetas, pero tuvo relaciones con “Yahir” y cambió de cártel, así que fue asesinada en plena avenida Gonzalitos.
Por la obvia implicación de custodios, que no siguieron el protocolo de traslado y entregaron a “La Pelirroja” sin oponer la mínima resistencia, las autoridades detuvieron al personal penitenciario involucrado.
Pero en septiembre del año pasado fueron liberados todos los empleados del penal que participaron en el hecho.
Por orden de la jueza cuarta de Distrito, Rosa María Cortés Torres, fueron liberados el alcaide del Penal del Topo Chico José Rodrigo Martínez Llanas, el médico Víctor Manuel Martínez González, el jefe de Seguridad Adrián Guerra Segura y los celadores José Luis Moyeda Guevara, María Dolores Poblano Lugo y Jorge Aldalá Pereyra.
Fue así como esta clara señal de corrupción y guerra entre cárteles, incluso contra internos de una penitenciaría, quedó impune.
Y tanto la obvia implicación del personal del penal, como la posibilidad de que Los Zetas asesinaran a reos pertenecientes al Cártel del Golfo, pasaron de noche para el gobernador Rodrigo Medina y su gabinete de seguridad.
Era una nítida señal de lo que venía, pero las autoridades estatales no vieron nada.
V. Decenas de ejecuciones de celadores y reos.
Trabajar en los penales o albergarlos es un riesgo constante.
Decenas de asesinatos de reos y celadores en 2011 anunciaban la matanza en el Penal de Apodaca, así como la relación de complicidad entre las autoridades carcelarias y el crimen organizado.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) estima que el año pasado fueron asesinados al menos 60 reos en los distintos penales de Nuevo León.
Además, el personal de las prisiones no quedó exento de la violencia.
El 5 de febrero de 2011, las autoridades ministeriales encontraron en una caja el cadáver mutilado del jefe de Seguridad del Penal del Topo Chico, Francisco Martínez Ramírez.
A mediados de año, el 15 de junio, los restos de tres custodios mutilados fueron abandonados en las puertas del penal de Cadereyta.
Y el 13 de diciembre fue asesinado con armas de grueso calibre un celador en el estacionamiento de un centro comercial en la Colonia Loma Linda, en Monterrey.
VI. Déficit de personal: Nadie quiere trabajar en el sistema penitenciario.
Nuevo León tiene mil 200 celadores para custodiar a casi 9 mil reos internos en las sobrepobladas cárceles estatales.
Como reconoció el vocero de Seguridad Jorge Domene Zambrano, el estado tiene un déficit de 2 mil custodios.
Y a pesar de las amenazas y asesinatos de celadores que han sucedido en los últimos dos años, Nuevo León no destinó ni un solo peso a su sistema penitenciario.
Aunque la sobrepoblación en los penales llegó a 60 por ciento en 2010, ese año no se aplicaron recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) para mejorar el sistema carcelario, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“En el 2010 no se asignaron recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública del Estado y del Distrito Federal para el Eje Sistema Penitenciario”, dice el documento de la ASF.
En cambio, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) informó que en 2010 se invirtieron más de 7 millones 921 mil pesos para instalar “tres circuitos cerrados de televisión en los centros penitenciarios Topo Chico, Apodaca y Cadereyta”.
VII. Aplicación lenta y errática de pruebas de control de confianza en los penales.
La mayoría de los custodios que trabajan en las cárceles de Nuevo León no están acreditados ante el Estado y la Federación.
Del total de celadores, 80 por ciento no han sido sometidos a los exámenes de confianza en el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec), confirmó Domene Zambrano.
La crisis de confianza del personal carcelario se auguraba desde 2009.
Según la cuenta pública de ese año revisada por la ASF, el gobierno federal había autorizado a Nuevo León poco más de 587 mil pesos para aplicar exámenes a policías y custodios.
Pero los recursos nunca se ejercieron.
“A la fecha de la revisión, la entidad no ha reportado los recursos aplicados en dichos exámenes”, dice la cuenta pública de 2009 revisada por la ASF.
Lo mismo sucedió en 2010, cuando la ASF reportó que no se destinó un solo peso al sistema penitenciario, a pesar de que se asignaron más de 265 millones de pesos para la seguridad del estado.
LA CULPA QUE LE TOCA A FELIPE CALDERÓN
“Cuando son malas, son de los municipios y de los estados. Cuando son buenas, es el gobierno federal. Es como esa frase que se refiere a los perros de rancho: cuando hay fiesta, los amarran; cuando hay pelea, los sueltan”.
Eso fue lo que dijo Humberto Moreira en abril de 2010, cuando era gobernador de Coahuila, en una entrevista con Reporte Indigo.
Así explicó la actitud que adopta el gobierno federal respecto a los mandatarios estatales cuando se trata de la “guerra” contra el narcotráfico.
Y sí. Difícilmente se puede contradecir al ex gobernador Moreira. De acuerdo al discurso cotidiano del gobierno federal, si hay violencia en el país, es porque los gobiernos estatales y municipales no cuentan con una buena policía. En tanto que el gobierno federal, según sus funcionarios, sí.
Sin embargo, no todo mundo está de acuerdo con Felipe Calderón.
Para empezar, ni su correligionario y antecesor Vicente Fox, quien dice que no quiere otro sexenio con 60 mil muertos. Que votaría por cualquiera –aunque no fuera de su partido– que garantizara un cambio de rumbo y estrategia.
Y es que, a pesar de que las ejecuciones y la violencia aumentaron desde el sexenio de Fox, fue Felipe Calderón quien decidió vender la idea de que el principal legado de su gobierno sería la guerra contra la delincuencia organizada.
Desde los primeros días del actual gobierno, los movimientos espectaculares de tropas a lo largo y ancho del territorio nacional son cosa de todos los días. Como también las ejecuciones de todo tipo que han logrado establecer un récord de homicidios violentos.
“Después de generar la guerra, se van a otra plaza, nos dejan a nosotros con el problema, y obviamente estamos enfrentando ese problema aquí en lo local”, se quejaba Humberto Moreira en sus tiempos de gobernador.
A casi dos años de aquellas declaraciones, y después de lo ocurrido en Apodaca, Nuevo León, el domingo 18 de febrero, la actitud del gobierno federal sobre los “perros de rancho estatales” sigue siendo la misma.
Para la administración federal, la culpa de la tragedia recae en las autoridades locales, por su corrupción. Nada tiene que ver la sobrepoblación del penal.
Para apoyar esta tesis, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna salió a los medios.
“En el país, las entidades que tienen mayor custodia de reos son cinco: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora.
“Ellos tienen casi 50 por ciento de la custodia de todo el país en reos estatales y federales, y ahí no ha habido ningún incidente de ese tipo. Es decir, no corresponde que la variable donde hay fugas sea por la sobrepoblación (que fue el argumento de Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León)”, dijo el funcionario federal.
¿Hasta qué punto es sostenible la tesis de que el problema que se presentó en Nuevo León es responsabilidad de las autoridades estatales?
¿Tienen razón los gobernadores cuando responsabilizan al gobierno federal de tratarlos como “perros de rancho” y de culparlos por las tragedias y las fugas ocurridas en cárceles estatales?
Analicemos.
LA ERA DE LAS NARCOPRISIONES
Desde hace muchos años, los estudiosos de las conductas criminales y de los sistemas penitenciarios advirtieron que no todos los delincuentes son igual de peligrosos.
De ahí que las leyes reconozcan y establezcan diferentes capacidades y competencias de los tres órdenes de gobierno para enfrentar determinados tipos de delito.
Los delitos contra la salud y la delincuencia organizada son ejemplos de ello.
No se puede comparar a un delincuente que se robó 500 pesos con un capo del narcotráfico. El capo será, fuera y dentro de la cárcel, un hombre poderoso. En tanto que el ladroncillo será uno de los “miserables” en cualquier lado.
En las actuales circunstancias, no resulta ocioso recordar al doctor Juan Pablo de Tavira.
De Tavira, experto en los sistemas penitenciarios de México, reconocía la existencia de diferentes clases de delincuentes y la necesidad de tratarlos de mañanera diferenciada.
Para él, todo era muy claro: no se debía mezclar a diferentes tipos de delincuentes en el mismo reclusorio, y mucho menos hacerlo en instalaciones carcelarias que no estuvieran diseñadas para recluir a internos de mediana o baja peligrosidad.
Sabía que el poder del dinero del narcotráfico marcaba una gran diferencia entre un delincuente común y uno que había sido sentenciado por cualquier otro delito.
En su libro “¿Por qué Almoloya?”, publicado en 1995, De Tavira sostenía que en ese penal de alta seguridad se había “logrado demostrar que es posible un penal sin drogas, sin corrupción, sin autogobierno, sin privilegios, sin dinero, donde efectivamente se readapta a los inadaptados”.
El experto tenía razón, pero sólo en parte. Aunque su paso como primer director de Almoloya (1991-1994) fue exitoso, es probable que esos mismos poderes que él creyó haber sepultado en el penal de alta seguridad, sean los responsables de su ejecución en el año 2000.
Al año siguiente de la muerte de Tavira, el 19 de enero de 2001, cuando Vicente Fox acababa de entrar a Los Pinos, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera salió tranquilamente del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El acontecimiento es histórico. Es una especie de parteaguas en el sistema penitenciario mexicano.
El hecho dejó en claro que había iniciado una nueva era en la que los centros de reclusión de todos los niveles de gobierno serían controlados por la delincuencia organizada.
Con el paso de los años, diversos acontecimientos lo han confirmado. Las cárceles federales y estatales se fueron sobrepoblando con delincuentes del crimen organizado.
Esto sin que el gobierno federal –el competente para administrar la justicia en esta materia según las leyes– hiciera algo para controlar el crecimiento de los penales, como lo hizo De Tavira.
Se han hecho esfuerzos, sí, pero insuficientes.
A partir de la declaratoria de guerra que hizo Felipe Calderón en 2007, la situación se tornó crítica. No sólo creció la población en las penitenciarias, sino también la clasificación de los delincuentes.
Antes de iniciar su “combate”, Felipe Calderón no hizo una planeación estratégica. ¿Dónde serían recluidos los miles de “prisioneros” especiales de su guerra?
LAS ADVERTENCIAS
En los primeros días de 2005, a cuatro años de haber iniciado el gobierno de Vicente Fox, los narcogobiernos carcelarios ya eran un grave problema, aun en los penales de alta seguridad.
¿Qué otra cosa se podía esperar si las cárceles estatales y federales se estaban saturando de delincuentes poderosos?
Sólo hay que recordar que un día, durante el gobierno de Fox, los tanques del Ejército Mexicano amanecieron rodeando los penales de alta seguridad.
El 14 de enero de 2005, las fuerzas armadas del gobierno federal y la entonces Policía Federal Preventiva ingresaron al Penal de Almoloya. Un contingente de 750 elementos irrumpió en el reclusorio porque las autoridades penitenciarias habían detectado la posibilidad de una fuga o un motín.
Con el tiempo, la pérdida de control del Estado se fue haciendo más evidente.
El colmo fue cuando el gobierno federal informó que reos del penal de Durango habían salido con “el permiso” de la directora del reclusorio para ejecutar a 17 personas en Torreón, Coahuila, el 18 de julio de 2010.
CRECIMIENTO EXPLOSIVO
Si al inicio del gobierno de Felipe Calderón el problema de los reclusorios ya era crítico, a lo largo del sexenio se ha vuelto dramático.
El primer informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con cifras actualizadas hasta junio de 2007, decía que “sin contar los penales federales, la insuficiencia de espacios afectaba al 53 por ciento de los centros de reclusión nacional.
“En términos absolutos significan 52,978 internos adicionales que están siendo soportados por la infraestructura penitenciaria.
“Los penales de Baja California y Baja California Sur en promedio tienen una sobrepoblación aproximada del 102 por ciento.
“En algunos penales de los estados de la República la sobrepoblación ha alcanzado límites que prácticamente inhabilitan cualquier medida de readaptación”, decía el informe.
El problema de la sobrepoblación se fue haciendo cada vez más complejo y peligroso. Las fugas y la violencia aumentaron en las cárceles. Los esfuerzos del gobierno federal fueron insuficientes.
En la planeación de la guerra de Felipe Calderón, si es que existió, no se previeron escenarios como los actuales, los que no sólo se ven en las calles de México, sino también al interior de los penales.
Aunque se triplicó la capacidad de las prisiones federales –las idóneas para recluir a los delincuentes relacionados con el narcotráfico–, las cárceles estatales albergan a cerca de 30 mil reclusos del fuero federal que están a la espera de ser trasladados a los penales que les corresponden.
Se supone que van a operar ocho instalaciones más antes de que termine el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, lo cierto es que el sistema penitenciario mexicano está más afectado que nunca, porque no sólo hacen falta más espacios, sino también una renovación profunda de otros aspectos que trastocan la buena marcha de los centros de rehabilitación, porque eso es lo que deben ser las cárceles.
NO SÓLO HACEN FALTA ESPACIOS
Los problemas del sistema penitenciario no terminarán con la construcción de sofisticados centros de reclusión de alta seguridad.
No, si uno se toma la molestia de leer el “Informe sobre la Visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, que redactó la ONU y distribuyó en mayo de 2010.
El informe contiene cientos de observaciones y recomendaciones que debieron haber atendido el gobierno de Calderón y las administraciones estatales.
Éstos son sólo algunos ejemplos:
“Los principales problemas que la delegación encontró durante sus visitas a centros penitenciarios fueron: la falta de recursos materiales que da lugar en la mayoría de los casos a la sobrepoblación y el hacinamiento.
“La falta de control judicial ordinario sobre las condiciones durante la detención y sobre la duración de la pena, así como los traslados y las sanciones impuestas a las personas internas.
“Las situaciones de violencia entre los propios reclusos; una insuficiencia del personal a cargo de los centros y situaciones y, en muchos casos, de autogobierno o gobierno compartido”.
A pesar de lo que diga el secretario federal de Seguridad Pública, la sobrepoblación sí es considerada por el subcomité de expertos de la ONU como un factor que alienta las riñas y la violencia al interior de los reclusorios.
El informe señala que cuando el subcomité visitó el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, “el centro contaba con 11,288 internos, teniendo una capacidad oficial de 4,766 (casi 200 por ciento de sobrepoblación). En ese centro, los principales problemas que la delegación observó fueron el hacinamiento extremo y la falta de personal a cargo.
“Una consecuencia de la sobrepoblación eran las peleas diarias entre distintos internos. Se informó a los miembros de la delegación que en el centro la venta de drogas era algo frecuente, incluso por los propios guardias que, si no vendían, se llevaban un porcentaje de la venta realizada por algún recluso”.
Si el subcomité hubiera recorrido otras cárceles mexicanas, habría encontrado la misma lastimosa realidad. Y si volviera a hacer el recorrido, se daría cuenta que sus recomendaciones no fueron escuchadas.
Éstas son dos de las recomendaciones que ignoró el gobierno mexicano:
“322. Que se preste particular atención al problema de la sobrepoblación y el hacinamiento y que el Estado realice todos los esfuerzos posibles por mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en situación de privación de libertad. El SPT insta al Estado a preparar un plan de acción y determinar prioridades presupuestales para el mejoramiento de las instalaciones carcelarias en todo el país.
“323. El SPT recomienda incrementar el número de agentes penitenciarios de forma que se garantice la seguridad general de los centros, así como la propia seguridad de los agentes y la de los reclusos frente a posibles actos de violencia de otros reclusos. El SPT recomienda también que, de conformidad con los estándares mínimos internacionales, dicho personal reciba una remuneración adecuada y un curso de formación general y especial, y que sea sometido a pruebas teóricas y prácticas para determinar su capacidad para prestar ese tipo de servicios”.
Fuente: Reporte Indígo
