lunes, 20 de febrero de 2012

Rechazo de organizaciones sociales; buscan proteger a empresarios, dicen

Modificaciones vulneran derechos indígenas y de la infancia

La propuesta de reformas a diversos artículos de la Constitución para fomentar las actividades turísticas, afecta los derechos de los pueblos indígenas y desvía el sentido de propiedad de la nación sobre tierra, agua y recursos naturales, para imponer como prioridad el otorgamiento de concesiones, advirtieron organizaciones sociales.

La iniciativa utiliza el principio de sustentabilidad como complemento trivial de la actividad turística; excede el ámbito económico y se involucra en disposiciones constitucionales muy delicadas, como son los derechos indígenas y de la infancia, la educación y las obligaciones del Estado hacia los ciudadanos, señalaron Maderas de Pueblos del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Es preocupante que después de haber avanzado en una amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora prefieran reformar a favor del turismo antes que ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es un pendiente importante con la sociedad, el medio ambiente y los pueblos originarios.

En el documento que entregarán a la Cámara de Diputados, las organizaciones sociales destacan que la reforma al artículo 27 constitucional para considerar como prioritaria la concesión de playas, áreas naturales protegidas, lagunas y ríos cuando el gobierno federal considere que puedan ser susceptibles de explotación para proyectos de turismo sustentable, es una grave afrenta contra los pueblos indígenas.

Apuntaron que desarrollos turísticos como en Tenacatita y Mezcala, Jalisco; Ostula, Michoacán; Cabo Pulmo, Baja California Sur; Isla Blanca, Quintana Roo, entre otros, revelan que el gobierno federal y los estatales prefirieron proteger los intereses de los empresarios antes que los de los grupos sociales afectados, el medio ambiente y la tierra.

Pidieron a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales que antes de dictaminar escuchen a la ciudadanía, en particular a los pueblos indígenas, y no actúen por encima de los derechos y aspiraciones de la población.




Fuente: La Jornada