La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que casi la totalidad de las dependencias públicas federales y estatales violan la Ley de Obras Públicas e inician obras de infraestructura sin proyecto ejecutivo, lo que ha derivado en gastos extras de hasta más de 284% en algunos casos.
La ASF entregó a la Cámara de Diputados un informe especial en materia de obra pública, resultado de la auditoría a 80 contratos en un periodo de 11 años, de 1999 a 2010, con un monto de más de 100 millones de pesos cada uno.
De ellos, en 58 contratos (73.8 %) se detectó que los estudios previos no correspondían a las condiciones reales. Además, existe “predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas”.
El resultado arrojó que al iniciar una obra no se presenta un proyecto ejecutivo completo, que especifique ingeniería de detalle, tecnología a utilizar y estudios previos ambientales o de mecánica de suelos.
La consecuencia en 65% de los casos es que se deben realizar obras adicionales, lo que incrementa el costo de insumos y los incumplimientos en construcción y entrega.
Los casos relevantes
Los incrementos llegaron hasta 284%, en el caso de obras de rehabilitación de la refinería de Tula, Hidalgo, a cargo de Pemex, o 131% en obras de cimentación y bombeo en Tabasco. En el caso de la Conagua, los incrementos han superado 70% en obras en el tramo Ciudad Azteca-Tecámac.
La ASF señaló a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de desechar expedientes y elementos recabados sobre presunto manejo irregular de recursos, violaciones a la ley y casos en los que se ha acreditado daño al erario, con el argumento de “improcedencia”.
En respuesta a los cuestionamientos de diputados sobre la falta de sanción a funcionarios públicos pese al cúmulo de observaciones, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, precisó que sus facultades no llegan a la sanción.
Fuente: El Universal
