viernes, 23 de marzo de 2012

Salen megaobras mal, caras y tarde

Atribuyen fallas a proyectos ejecutivos inadecuados y predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas, entre otras causas

En la construcción de las grandes obras públicas, el Gobierno federal y las administraciones estatales, incluido el DF, pagan más caro y reciben las edificaciones mucho tiempo después de lo programado.

Esa es la conclusión de un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que comprende el periodo 1999-2010.

En el estudio "Problemática General en Materia de Obra Pública", entregado a los diputados federales y en poder de REFORMA, la ASF analiza 80 construcciones, entre ellas la nueva sede del Senado, la Estela de Luz y el edificio de Plataforma México.

También abarca obras carreteras, puentes, libramientos, trabajos de perforación de petróleo, plantas de gas, plataformas petroquímicas, oleoductos, reconfiguración de refinerías, líneas de transmisión de energía y la rehabilitación de una central geotermoeléctrica y de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Además de las obras federales, hay cinco edificaciones efectuadas por los gobiernos del DF, Veracruz y el Estado de México que tienen los mismos problemas.

"Se detectaron como principales deficiencias la planeación incompleta en cuanto al alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, el diseño de contratos inequitativos, indefinición del tipo de contratación y la forma de pago considerando las fuentes para su financiamiento.

"También (se detectó) predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas", destaca el órgano de fiscalización en el estudio.

Otra falla, de acuerdo con la Auditoría Superior, es de técnica, porque la causa fundamental de los desfases está constituida en el insuficiente desarrollo de los proyectos ejecutivos.

"La falta de ingeniería de detalle, la indefinición de la tecnología por utilizar en el desarrollo de la obra o la imprecisión en el sitio de los trabajos son causa de los desfases, situación recurrente a pesar del mandato de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece como requisito para el inicio de cualquier obra, la existencia del Proyecto Ejecutivo totalmente terminado", indica el texto.

El órgano especializado revisó 80 obras realizadas entre 1999 y 2010 con montos superiores a los 100 millones de pesos, y determinó que en todos los casos hubo modificaciones a los contratos originales por inadecuados proyectos ejecutivos.

De acuerdo con la revisión hecha hasta la Cuenta Pública del 2010, la última que ha entregado la ASF a la Cámara de Diputados, 65 por ciento de las obras carecieron de proyectos ejecutivos completos en el arranque de las mismas.

En cuanto a las fallas económicas, corresponden a la inoportunidad y retraso en la asignación y disponibilidad presupuestaria, transferencias tardías y reducciones en las partidas asignadas.

Como una causa más, la ASF identificó errores en la ejecución de las obras, como el hecho de que los plazos de la construcción no corresponden a la realidad y complejidad de las mismas, aunado a incumplimiento de las empresas y supervisoras de obra.

En el estudio Problemática General en Materia de Obra Pública, la Auditoría Superior advierte que las obras tienen deficiencias de carácter social por no cumplir con derechos de vía, servidumbres de paso y tenencia de la tierra.

Todo ello aunado a problemas ambientales y conflictos sindicales.

En el aspecto técnico, se tienen numerosas fallas porque no se cumplen con estudios previos de mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales.

Hay indefiniciones en normas técnicas y de calidad para la ejecución de la obra, así como en las especificaciones generales y particulares de construcción, bases de licitación inadecuadas o incompletas, licitaciones mal evaluadas.

Otra falla es la insuficiencia de personal técnico capacitado para elaborar los proyectos y evaluar las propuestas presentadas por los particulares en las dependencias y entidades, lo que da poca certeza a su autorización, cita la ASF.

Supervisión especial

Para el órgano de fiscalización, una de las mayores medidas de corrección sobre la situación que prevalece con las obras públicas es que haya gente capacitada que supervise la realización de las mismas.

"Es recomendable que las dependencias y entidades cuenten con personal técnico suficiente y debidamente capacitado para tomar las mejores decisiones técnico-económicas, ante indefiniciones y particularidades de los proyectos de obra", menciona el estudio.

Resalta que es necesario que se mejoren las tareas de supervisión en todas sus modalidades, a lo largo de las distintas etapas de los proyectos de infraestructura.

"Sin ellas, los compromisos y las metas de corto plazo difícilmente se cumplirán y, al final del proceso, se comprometerá la oportunidad y el impacto positivo de las obras públicas para la sociedad", resalta el estudio.

El diagnóstico de la ASF recomienda reforzar los procesos institucionales de planeación y programación con el personal conocedor, a fin de que haya una adecuada definición del alcance de los proyectos y se tome en cuenta el estudio de costo-beneficio, así como las problemáticas ambientales y sociales.

Se requiere que los contratos sean claros y equitativos para las partes; que se precisen fuentes de financiamiento, la etiquetación del recurso y su forma de pago; y que se establezca la coordinación necesaria entre los entes para la obtención oportuna de las licencias y permisos.

En los aspectos técnicos, la ASF señala que se debe tener un proyecto ejecutivo completo conforme a la legislación y que se cuente antes de las obras con especificaciones de construcción, normas de calidad, pruebas de laboratorio y programas de ejecución terminados.

Respecto al proceso de contratación, la Auditoría Superior indica que se debe contar con bases de licitación claras, definición de tiempos reales para la ejecución de las obras y la precisión de criterios transparentes y puntuales para la adjudicación y descalificación de ofertas.

Y falta a refinería estudio ambiental

La Refinería Bicentenario no sólo enfrenta retrasos y subejercicios: también carece de un estudio de impacto ambiental, lo que podría provocar un nuevo retraso en el proyecto.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, después de dos años y medio de que se decidió que Hidalgo sería la sede de esta obra, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha presentado un manifiesto de impacto ambiental.

La paraestatal aseguró que aún tiene tiempo de presentar el documento, pues no ha empezado a "intervenir" el terreno con las obras de la refinería, ya que apenas están licitando las ingenierías.




Fuente: Reforma