-Calderón va por la elección de Estado (Álvaro Cepeda Neri)
El Estado soy yo
Luis XIV
Las perversidades de Carlos Salinas de Gortari, que tras el homicidio de Luis Donaldo Colosio impuso a Ernesto Zedillo, han sido reeditadas y superadas por Felipe Calderón luego de cinco años en el poder presidencial y que inició cuando, deslegitimado, cínicamente, justificó su golpe electoral con su “haiga sido como haiga sido” y se encaramó en la Presidencia de la República con la complicidad del Instituto Federal Electoral (IFE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los militares. Así que no cabe ninguna duda de que recurrirá, primeramente, a narcocriminalizar el proceso electoral para suspenderlo, lo que hace a dúo con el policía de Gobernación, Alejandro Poiré Romero.
Luego intentará un golpe de Estado con un presidente interino –y si es un militar, mejor–, ya que no quiere entregar el cargo a los partidos Revolucionario Institucional ni al de la Revolución Democrática, pues habiendo pasado el trago amargo de la derrota de su favorito Ernesto Cordero, a como dé lugar quiere imponer a Josefina Vázquez Mota. Pero como ésta se rezagará al tercer lugar en cuanto Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto desplieguen sus alas electorales y despeguen en busca de los ciudadanos, Calderón está preparando más maniobras para, de una u otra manera, no entregar la banda presidencial ni a su enemigo perredista ni su rival priísta. Quiere lo que se llama una elección de Estado.
Calderón es el “clásico” provocador que antes y después de sus insolencias como haber presentado una diapositiva para, gráficamente, mostrar a los consejeros de Banamex (éste privatizado por Vicente Fox sin pagar un centavo de impuestos), que su candidata “a huevori” (en latín mexicano), estaba a cuatro puntos del priísta, es un individuo políticamente perverso y retador; goza de su maldad a sabiendas de que la impunidad por sus actos está por encima de toda sanción. Primero vomita sus diatribas y después ordena a sus empleados que emitan un boletín para aclarar que no quiso decir lo que dijo y, religiosamente, pronuncia su mea culpa en una farsa de fantasma de opereta, con su doble cara a la Victoriano Huerta y a la Tragedia de Macbeth. Algunos de los que le conocen así lo pintan (Julio Scherer García, Calderón de cuerpo entero).
Se comporta como un Luisito XIV, al creer que el Estado es él, mientras en el Día de la Bandera, tenebrosamente, insistió que respetará la democracia y las elecciones, al confundir el Estado con el gobierno e ignorar su ilegitimidad (cada vez se confirma que López Obrador le ganó en las elecciones presidenciales de 2006 y, en una de esas, lo repetirá), presume de representar a la sociedad, cuando no es ni lo uno ni lo otro. Autoritario, antirrepublicano y antidemocrático, ataca lo de que “El Estado somos nosotros [el pueblo, la sociedad, los individuos como personas y ciudadanos], donde el Estado no es un superior de sus súbditos, no domina a los hombres […] Está constituido como una estructura jurídica y fines políticos y que, compuesto, pues, por seres humanos, no vive sino de ellos y por ellos, y no es más que un orden específico de la conducta humana”, como asentó el jurista, político y filósofo del derecho austríaco, Hans Kelsen, en su brillante ensayo para la educación política democrática, “Esencia y valor de la democracia”(tras innumerables ediciones a partir de 1934, la más reciente en Ediciones Coyoacán, con traducción de Luis Legás Lacambra y Rafael Luengo Tapia). Pero los autocráticos, los autoritarios, como Calderón, vociferan frente al espejo “¡el Estado soy yo!”.
A lo largo de más de cinco años (quehan parecidoun siglo), Calderón avienta la piedra sin esconder la mano. Y acto seguido, envía boletines para negar su acción o, indirectamente sostiene, como cuando echó las campanas encuestadoras a favor de la candidata del Partido Acción Nacional, que se mantendrá obediente y respetuoso de las normas electorales que le impiden intervenir o exponerse a sanciones. Es su táctica para provocar y amenazar, a sabiendas de que el IFE y el TEPJF no se atreverán ni siquiera a llamarle la atención o a amonestarlo. Y cuando mucho hacen pronunciamientos generales para convocar a los funcionarios a respetar el proceso electoral.
Ya Fox “puso en peligro” las elecciones viciadas de ilegitimidad por su presunto fraude. Ahora Calderón está poniendo las condiciones para dar paso al golpismo, al intentar suspender las elecciones al narcocriminalizarlas. Para esto, Poiré, brazo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, insistió en la reciente entrevista que le hizo la reportera Silvia Garduño (Reforma, 25 de febrero de 2012) –obviamente por órdenes de Calderón–, que la “injerencia de la delincuencia organizada en la contienda sigue siendo un riesgo”.
A ningún precio aceptará Calderón que la oposición obtenga el triunfo electoral por la Presidencia de la República. Intentará imponer a la candidata panista, lo que parece imposible; y de aquí a junio, seguirá sondeando, provocando e interviniendo para que ni López Obrador ni Peña ganen en las urnas, para lo cual, continuará con su plan golpista de narcocriminalizar las elecciones y suspenderlas.
El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ha contribuido para que Calderón cumpla su amenaza, cuando públicamente advirtió a la nación que la delincuencia tiene pleno dominio de la mitad del país y rebasó al estado de derecho. El titular de la Secretaría de Marina, Francisco Saynez Mendoza anda en las mismas.
El militarismo y el calderonismo se han puesto de acuerdo sobre una eventual suspensión de las elecciones, provocar la designación de un presidente interino (mejor si es un general) y dar un plazo para nuevas elecciones. La alternativa de Calderón es imponer sucesora o cancelar las votaciones: elección de Estado con Josefina o presidente interino por la vía del Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral o el golpismo militar sustentado en que la delincuencia pone en riesgo el proceso electoral.
-Pemex, saqueado por el presidencialismo de Alemán a Calderón (Álvaro Cepeda Neri)
El 1938 el general Lázaro Cárdenas expropió la entonces inmensa riqueza petrolera, explotada por manos extranjeras, para darle viabilidad e independencia económica a la nación y sustentar el despegue industrial del país. A partir del presidente Miguel Alemán Valdés (1946), la corrupción política-administrativa del presidencialismo hizo de Petróleos Mexicanos (Pemex) una fuente de saqueos (directa o indirectamente) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de por medio y ahora con la de Energía, que usaron para sus fines personales Juan Camilo Mouriño y su familia, con la complicidad de César Nava y el propio Felipe Calderón.
Sesenta y seis años exportando petróleo y los mismos de rapiña, desde la cúpula presidencial y de sus dirigentes sindicales (que no se han hartado de saquearlo). De Alemán a Ernesto Zedillo fue una surtidora de dólares para gastarlos como si fueran suyos y no de la nación, a la que desde entonces le han tocado migajas. En la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) censuró las malversaciones petroleras, pero el foxismo y el calderonismo hicieron lo mismo, pero con el agravante de haber culminado el saqueo (tan ladrones unos como otros). La riqueza natural no renovable del oro negro acusa pavorosa disminución en sus reservas –aun con los nuevos descubrimientos– y la quiebra de Pemex.
Solamente los trabajadores petroleros han recibido algunos beneficios de esta empresa pública; pero sus “líderes” tienen contratos para sus empresas y los politiquillos, antes del Partido Revolucionario Institucional (ahora del PAN), junto con contratistas nacionales y extranjeros, se han aprovechado de sus relaciones de poder económico y político y la telaraña de intereses para saquearla; y cada titular de la Presidencia ha echado mano del capital de la paraestatal para usarlo para pagos, bonos y aguinaldos de sus colaboradores como si fuera gasto corriente. Y como no hay ningún control sobre las ventas de Pemex –mucho menos rendición de cuentas–, entonces sus cúpulas administrativas, públicas y privadas desvalijan, como rateros vestidos de funcionarios y empresarios, sus entradas multimillonarias.
Esto ha provocado su quiebra, pues lleva no menos de 50 años acusando pérdidas. Pero Calderón acaba de responsabilizar a sus trabajadores en activo y pensionados, y amenaza con que los jubilados están en “peligro” de perder o ver reducidas sus pensiones. Pero nada dijo del saqueo que ha hecho el calderonismo. Éste, en vez de corregir los desvíos y el botín, se fue encima de la parte obrera de Pemex; mientras convive con la dirigencia sindical atracadora y su director Juan José Suárez Coppel (un panista encubridor).
La nación sabe que los de “arriba” asaltan a la empresa y se llevan, a manos llenas, la riqueza en dólares que genera la venta del petróleo. Van y vienen aniversarios de la expropiación de 1938, y los funcionarios en sus cargos la celebran, pero callan los asaltos que han llevado a cabo y señalan que Pemex va a la baja, casi en la quiebra, que ya no hay reservas, que van a construirse refinerías y etcétera. Lo cierto es que la empresa paraestatal en 74 años ha generado mínimos beneficios al país, pero se han enriquecido líderes, políticos, empresarios y una pandilla depredadora.
-Los caranchos y los necrófagos de Pemex (Marcos Chávez)
El vuelo de los caranchos entre el tumulto de necrófagos (del griego nekros: cuerpo o muerto, y phagos, comer), de animales carroñeros que, sin mesura, ahítan los despojos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Y todavía quieren más, como si padecieran el síndrome de Prader-Willi (patología congénita definida por el apetito insaciable) comparable al propósito fundamental de la acumulación capitalista: la ansiedad mórbida por maximizar siempre la tasa de ganancia (mientras más alta sea ésta, más se anhela). No tiene límites el imperativo de acrecentar las fortunas. Les han resultado insuficientes las generosas concesiones obtenidas y los incentivos pavlovianos recibidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo desde 1983, con la mirada benévola del Judicial, de manera legalmente dudosa, con su interpretación o la modificación arbitraria de la Carta Magna, es decir, pisoteándola impunemente o con medidas calificadas de ilegales, que desprenden el tufo de la corrupción.
Quieren toda la industria petrolera, como coto privado, para depredarla a placer, bajo la cobertura constitucional (como antídoto a las retorcidas interpretaciones legales que podrían convertirse en una pesadilla, ya que, eventualmente, podría llegar un gobierno con la Carta Magna en ristre y la chocarrera ocurrencia de querer instaurar el estado de derecho que acabaría o acotaría los desmanes que privan en la jungla capitalista vernácula). Desde luego no serían los casos de Josefina Vázquez Mota ni de Enrique Peña Nieto, que, para granjearse los deleites de los necrófagos locales y foráneos (y en caso de encaramarse alguno de ellos en la silla presidencial), les prometen la profundización de la reprivatización de la industria. De manera “pragmática”, “audaz”, “despojándonos de ataduras ideológicas”, dijo el delfín del oligarca Emilio Azcárraga Milmo y de otros de la misma pandilla. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, es desconfiable. Primero dice que respetará los contratos otorgados a empresas privadas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de petróleo. Pero inmediatamente añade que “no queremos dorar la píldora a nadie” y “más vale que se sepa” que no se concederán nuevos contratos ni se privatizará el crudo, ni la generación de energía eléctrica, que están reservados a la nación. Que “no vamos a caer en la tentación de privatizar Pemex”. Enigmáticamente agrega que “todo eso se va a corregir. No quiero hablar de una segunda expropiación, pero sí se va a aplicar lo que establece la Constitución. Se manejará a Pemex con eficiencia”.
Por esa inquietante razón, Gerardo Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró “indispensable”, el 19 de marzo de 2012, una “seria revisión” del artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias, para legalizar la asociación de Pemex con los empresarios (algo así como el dinero sucio que se blanquea y reaparece alegre y legalmente limpio), para abrir las puertas a la participación de la inversión privada, bajo la rectoría estatal, ya que la empresa “necesita una transformación de fondo para acortar la brecha frente a las prácticas dominantes de la industria a nivel internacional y cambios institucionales que lo hagan posible”. Esa medida, agregó, debe ser complementada con la orientación de la renta petrolera hacia la inversión, en activos productivos capaces de suplir en el futuro esta riqueza no renovable y generar en el ínter un valor agregado sustantivo y sostenible para la sociedad, y la corrección de las restricciones fiscales, sindicales y legales que padece Pemex. Su idea es que la empresa comparta con ellos los riesgos de los proyectos de las inversiones intensivas, como en los yacimientos de aguas profundas, cuya tasa de éxito promedio es de apenas 20 por ciento, pero con un alto potencial de rendimiento si salen adelante.
Que a Pemex le urge una reforma de fondo, todo mundo lo afirma, salvo Felipe Calderón, quien está convencido que, gracias a su trunca contrarreforma de 2008, que fue remendada en el mismo sentido por los priístas, ha recuperado su “viabilidad de largo plazo”, su papel de “palanca para el desarrollo nacional”. Y el director de la paraestatal Juan José Suárez Coppel, que seducido por el lirismo de Calderón, señaló que con el manoseo legal se puede maximizar el aporte de la empresa al bienestar de todos los mexicanos, olvidándose que cada mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enflaquece sus bolsillos con el alza de los precios de los derivados del crudo. Sólo algo empaña el delirio de Calderón: las pensiones de sus trabajadores que, dice, amenazan la viabilidad financiera de Pemex. Puede organizar un asalto militar como lo hizo con los electricistas. Pero le gusta negociar y propone buscar una “solución creativa”. Acaso comprar a los líderes sindicales para imponer el esquema maquinado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero existe un problema. No es que los capos sean incorruptibles, sino que éstos ya se encolumnaron con Peña, y el capo mayor, Carlos Romero Deschamps, reviró que el problema se debe a que la contrarreforma de 2008 no se tradujo en una mayor eficiencia de la empresa.
¿Acaso supone Gutiérrez que los empresarios poseen un misterioso halo y que con su sola participación todo se vuelve eficiente, competitivo y rentable? ¿No será que quieren que Pemex y la sociedad asuman los riesgos y los quebrantos y ellos la rentabilidad?
En Argentina la firma española Repsol enfrenta una pesadilla: la cancelación de las concesiones en las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y el riesgo de la nacionalización de su filial Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿Por qué razón?, porque se dedicó a especular con los precios, repartir dividendos y saquear a la empresa, al enviar los capitales a Repsol, en lugar de invertir el dinero en la infraestructura, en la búsqueda de nuevos yacimientos y en su explotación, por lo que el país huésped sufre la caída de las reservas. La “nueva” generación de banqueros salinistas resultaron simples especuladores y mancillaron los blasones de los hombres de presa. Al igual que los concesionarios de las carreteras. El empresario de nombre de santo, Juan Diego Gutiérrez Cortina (presidente del Consejo de Administración de Gutsa) no queda mejor parado. Ni Gastón Azcárraga (Mexicana de Aviación). Ni Alberto Baillères (Peñoles). Ni los azucareros ni los mineros. Mucho menos Emilio Azcárraga Jean o Ricardo Salinas Pliego, con sus turbios negocios con los priístas-panistas.
Pemex sufre una especie de bulimia. Se excede en la ingesta de divisas pero luego las expele, por lo que su delgadez financiera, en su física infraestructura y la oferta de sus productos es alarmantemente ostensible. No lo hace por gusto, sino en virtud a la terapia de purgas, diuréticos, laxantes y enemas a la que es sometido por el gobierno, los directivos de la empresa y los carroñeros empresarios. Es obvio que no la quieren matar, sólo desean maximizar el saqueo de la renta petrolera (mientras no se pueda dinamitar el artículo 27 constitucional). No sería extraño que en lo que resta del calderonato y embriagados por el influjo del santo pastor alemán, Benedicto XVI, Calderón, priístas y panistas hagan el milagro y precipiten su demolición. No sea que llegue el diablo.
Las cuitas de Pemex son harto conocidas y se pueden mencionar brevemente:
1) El salvaje pillaje fiscal al que ha sido sometido en el periodo de 1998-2012, justo cuando el precio medio de exportación subió 40 por ciento nominalmente, o seis veces más si se resta la inflación externa a los dólares. En 1998-2011 acumula un rendimiento de operación por 7.1 billones de pesos reales. Si se le resta el pago de intereses netos, las variaciones cambiarias y la posición monetaria, el rendimiento antes del pago de impuestos queda en 7.4 billones. Pero después de la liquidación del montón de tributos, que suman 8.2 billones, las ganancias se convierte en una pérdida por 686 mil millones de pesos (mmp) (ver gráficas).
José López Portillo apenas se apropió del 99.9 por ciento de los rendimientos; Miguel de la Madrid, 98.9; Carlos Salinas de Gortari, 92.3; Ernesto Zedillo inició la rapacería: le quitó el 100.4 por ciento; Vicente Fox, sólo el 108.2 por ciento; y Calderón el 112. Ello explica que la deuda de Pemex pasara de 313 mmp, en 2002, a 569 mmp, en 2006, y a 782.8 mmp, en 2011. De menos de 30 mil millones de dólares (mmd) a 52.3 mmd y 56 mmd. Que en 2011 sus pasivos (1.7 billones; 109.8 mmd) superen sus activos (1.5 billones; 123.5 mmd), por lo que su patrimonio es negativo (192 mmp; 13.7 mmd).
2) Los funcionarios de la paraestatal que deliberadamente administran su desmantelamiento. La Auditoría Superior de la Federación ha desnudado sus obscuros manejos. Periodistas como Ana Lilia Pérez y Nancy Flores (de las revistas Contralínea y Fortuna) han documentado prolijamente sus turbias actividades. Recientemente Flores publicó cómo Suárez Coppel y sus muchachos manejaron 1.2 billones de pesos, en 2010, a través de empresas internacionales creadas con carácter privado, con el objeto de evadir la supervisión pública y manejar los recursos de la empresa a su capricho. Tales operaciones se realizan en los paraísos fiscales, conocidos popularmente como lavaderos o blanqueadores de dinero. (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/03/18/pemex-envia-1-2-billones-a-paraisos-fiscales/). ¿Dónde está la refinería de Tula? Se ha documentado que la importación de gasolinas (compradas a precios menores y vendidas onerosamente a Pemex) ha sido un jugoso negocio para los vendedores. ¿También para los compradores?
3) La conversión de Pemex en una administradora de contratos privados, igualmente oscuros, caldo de cultivo para la corrupción, por bordear el terreno de la ilegalidad y las operaciones anómalas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la paraestatal ha otorgado el 46 por ciento de sus contratos de manera directa a sus proveedores, mientras que otras empresas petroleras entregan sin licitar sólo 15 por ciento de sus convenios. En su estudio, que revisa a 34 países, señala que esa clase de adjudicaciones ha redundado en sobrecostos, que oscilan entre 10 y 35 por ciento, ya que no existe competencia. ¿Acaso no es el objetivo? Es decir, para que los amigos o los “socios” obtengan y repartan las ganancias extraordinarias. Pemex regentea alrededor de 303 mil 100 contratos. Entre 2009 y 2018, se estimaba que realizaría inversiones (731 proyectos de largo plazo) por un monto de de 227.7 mil millones de dólares. La empresa pública tiene más de 4 mil proveedores registrados en su padrón y alrededor de 50, el 10-11 por ciento son las principales beneficiarias. Para el periodo de 2012-2016 se tienen planeadas inversiones promedio por 325 mmp, con empresas que serán por invitadas, por licitación y adjudicación directa. Según cálculos de la OCDE los sobrecostos en México podrían involucrar entre 32 mmp y 114 mmp. Por ello, la Organización recomienda que se amplíen las licitaciones abiertas y competitivas y que centralice las adquisiciones, para “luchar contra las licitaciones fraudulentas”. También que participe más activamente e indicadores para facilitar la compatibilidad y la posibilidad de evaluarlas en el orden federal, en cooperación con la Comisión Federal de Competencia, como si tuviera una utilidad.
La OCDE quiere que se pierda, o al menos se reduzca, el negocio del contratismo. ¿Acaso es muy descarada la corrupción?
A contracorriente se ha iniciado el proceso de la segunda ronda de licitaciones de contratos integrales para la exploración y producción de campos petroleros, la versión nueva de los convenciones alemanistas acusadas de anticonstitucionales.
4) La negativa gubernamental por instrumentar una reforma fiscal integral, compensada con la expoliación de Pemex. Los grandes empresarios ganan por partida doble: con sus servicios con la paraestatal y otras obras públicas; y con los bajos o nulos pagos de impuestos, por la vía de la evasión o las deducciones.
5) La política petrolera neoliberal impuesta por priístas y panistas, conforme los esquemas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el “consenso” de Washington, cuyo objetivo es reprivatizar la industria energética.
Ante la estrategia de desmantelamiento de la industria petrolera existe la opción enseñada por el general Lázaro Cárdenas, por Venezuela, Ecuador o Rusia, cuyos resultados han sido mejores que los alcanzados por los neoliberales.
-Megaminería tóxica en México: muerte y saqueo 500 años después
Jorge Peláez Padilla*
En memoria de Bernardo Vázquez Sánchez
(…) Si ahora los muertos hablan
con sus voces de sangre
y sus cuerpos sumidos,
que, en el coro de los vivos,
nadie guarde silencio
Ledo Ivo,Hora de hablar
El 15 de marzo de 2012, cuando muchas familias (en realidad las pocas que pueden) se preparaban para escapar del puente, Bernardo Vázquez Sánchez, líder de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), fue asesinado por sicarios. También fueron heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vázquez Sánchez. Los asesinos –claramente identificados por la comunidad– fueron enviados por el presidente municipal de San José del Progreso, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acusado del asesinato de otro opositor al proyecto minero, perpetrado el 18 de enero de 2012, y por ese motivo prófugo de la justicia. Pero al dirigir los dedos que dispararon las armas se encuentran, de manera directa, la minera canadiense Fortuna Silver Mines (que opera en México con el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán) y la impunidad y el desdén que reinan en la administración de Gabino Cué Monteaguado, gobernador de la entidad.
La lucha de los pobladores de San José del Progreso contra la Minera Cuzcatlán comenzó en 2008, cuando se enteraron que el presidente municipal, de espaldas a la población, otorgó los permisos para que la empresa operara en el territorio del municipio. El proceso de resistencia llevó a que los pobladores inconformes pidieran a las autoridades información. Como ésta nunca llegó, y en su lugar sólo encontraban mentiras y dilaciones, decidieron en una asamblea comunitaria oponerse a la nueva explotación minera y tomar acciones. Se ampararon en que como pueblos originarios debieron de ser consultados. Entre las medidas tomadas destacó el bloqueo a los accesos a la mina (que en esos momentos estaba en construcción). Esta acción se llevó a cabo entre el 16 de marzo y luego el 6 de mayo de 2009. Ese último día fueron violentamente desalojados.
La resistencia detonó en la comunidad todo un proceso organizativo y autogestivo por parte de los opositores a la Minera Cuzcatlán. También se generaron formas autónomas de financiamiento para la resistencia y los pobladores se empoderaron a contrapelo de las formas tradicionales de hacer política. La complicidad de las autoridades municipales con la empresa minera, las amenazas constantes a los pobladores y la ingobernabilidad e inseguridad en que habían sumido al municipio, llevó a que los opositores organizados y empoderados, solicitaran, en varias ocasiones, la desaparición de poderes en el municipio, petición que nunca fue tomada en cuenta por el Congreso de Oaxaca.
Todas las acciones coordinadas de resistencia no pudieron impedir que la mina se instalara, pero sí lograron retrasar el inicio de operaciones hasta el 1 de septiembre de 2011 (www.fortunasilver.com/s/home.asp). No obstante, el trabajo de la minera continuó encontrando obstáculos, ya que los opositores se han negado sistemáticamente a que extraiga agua de un pozo profundo en las cercanías de la comunidad, en una zona donde el propio estado ha reconocido la escasez del vital líquido.
El conflicto escaló cuando, en un supuesto acto de instalación de agua potable para la comunidad, el 18 de enero de 2012, policías municipales e integrantes del Cabildo abrieron fuego contra los pobladores, lo que causó la muerte de Bernardo Méndez Vásquez y heridas de bala a Abigaíl Vásquez Sánchez. A partir de ese momento las múltiples advertencias respecto a las amenazas por parte de los pobladores afines a la minera –armados y nucleados en torno a la organización SanJosé Defendiendo sus Derechos, AC– cayeron en oídos sordos y en las redes de la indolencia y la pasividad del gobierno de Oaxaca. El resultado: el reciente asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez.
¿Cómo es posible que se pueda atentar de esa manera contra las comunidades y personas que lo único que intentan es defender sus derechos y hacer escuchar su voz?
Una de las posibles respuestas podemos rastrearla en la impunidad que reina en Oaxaca (como en el país). El caso del sistemático y selectivo proceso de aniquilamiento de los integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala –que llevó incluso al ataque de una caravana de paz que culminó con el asesinato de los activistas por los derechos humanos Beatriz Alberta Cariño y Jiri Jaakkola, en 2010–, es sólo uno de los tantos ejemplos en el estado. En éste, como en otros casos, la impunidad ha sido la regla. En el resto del país los ejemplos sobran: piénsese en el ataque impune a los derechos de la periodista Lydia Cacho por parte del empresario Kamel Nacif, en complicidad con el exgobernador de Puebla Mario Marín y el gobernador en turno de Quintana Roo (2006), Félix González Canto; la brutal represión a los pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, arengada desde los medios de comunicación y contemplada por millones como un reality show (mayo de 2006); los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Estado de México, y el exterminio de los defensores de derechos humanos que exigen justicia: el de Mariano Abarca, opositor a la implantación de ingenios por parte de empresas extranjeras en Chiapas, en la localidad de Chicomuselo (noviembre de 2009); el asesinato en 2011 de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Ostula, Michoacán (Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz Crisóstomo, entre otros), y Sonora (Nepomuceno Moreno)… La lista sería interminable.
Con este clima de impunidad que el Estado genera por omisión y muchas otras veces por su acción directa represora, es perfectamente entendible que las mineras tengan licencia para dividir y matar de cara a la opinión pública.
Otra vía de respuesta a la pregunta formulada la encontramos si nos asomamos a todo el entramado institucional y jurídico, conformado a modo para garantizar la expansión de empresas mineras trasnacionales en el país. La puerta a todo el proceso de despojo y venta del país la abrió la modificación al artículo 27 constitucional, en 1992, y la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A ello se suma la conversión en ley de los pliegos petitorios de los empresarios mineros, a través de la aprobación de la Ley Minera de 1992 y sus subsiguientes reformas.
A todo lo antes referido hay que agregar la debilidad de la legislación internacional (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que, ante la parcialidad de las instituciones del Estado y la ignorancia o indolencia de los jueces, no ha podido hacer frente a la capacidad de corromper que tienen las empresas del ramo.
Con sólo poner algunos ejemplos de esta complicidad jurídica con la situación de muerte y despojo que generan las mineras, basta mencionar que la Ley Minera le otorga a esta actividad privada el carácter de “utilidad pública y preferente” (artículo 6). Esto permite expropiar en caso de que los particulares o los pueblos no quieran vender o rentar sus tierras o territorios, y exenta a las empresas mineras del pago de impuestos estatales y municipales. Además las concesiones son otorgadas por 50 años, prorrogables a otros 50 más (Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación minera en México, Colegio Oficial Agentes de la Propiedad Industrial, México, Distrito Federal, 2011).
Por si todo lo anterior fuera poco, las empresas del ramo están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, ya que éste se lo tributan en sus países de origen (http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-privilegios.html). Gracias al TLCAN empresas canadienses y estadunidenses no pagan impuesto alguno por la extracción del mineral o sobre el valor de las ventas. Al final, sólo sufragan el 2 por ciento por concepto de nóminas, el impuesto sobre el valor agregado y un risible –como si no fuera indignante– impuesto anual que oscila entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, que no distingue en el tipo de mineral que se extrae.
Este saqueo encuentra en los mercados internacionales otro motivo de expansión. Al día de hoy, la tendencia del oro y la plata se reporta, como balance, al alza. La onza de oro se vende a 1,660.5 dólares, mientras la de plata se cotiza en 32.62. Para tener una idea de lo que esto significa, sólo Peñasquito (mina propiedad de Goldcorp, en Zacatecas) producirá este año 425 mil onzas de oro y 28 millones de onzas de plata (www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9128251), lo cual representa en términos monetarios una ganancia de 705 millones 712 mil 500 dólares y 912 millones 800 mil dólares, respectivamente. El resultado se expresa en que hoy casi el 30 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado para la explotación minera. Además, entre 2001 y 2010, se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que se produjo en 300 años de explotación colonial (www.jornada.unam.mx/2011/11/14/minera.pdf).
Por si no fuera suficiente con el saqueo de nuestra riqueza, estas empresas, que se presentan como “ecológicas” y “socialmente responsables”, dejan tras de sí una estela de muerte y destrucción ambiental: contaminación de las aguas con cianuro y metales pesados y en el agotamiento de sus fuentes hídricas, debido a que la minería es una actividad altamente consumidora del vital líquido (una mina consume como promedio 250 mil litros diarios de agua, el equivalente a lo que una familia campesina consumiría en 20 años).
Para ir en búsqueda de esta riqueza ya tienen, como hemos señalado, gran parte de la normatividad a su favor. Si se les atraviesan individuos, pueblos o una sociedad organizada en el camino del saqueo, tienen la suficiente capacidad económica para sobornar a funcionarios, quebrantar la justica y crear conflictos inter e intracomunitarios que debiliten el tejido social y dividan a las familias y pueblos. Si a pesar de ello la oposición continúa, recurren a los asesinatos selectivos de líderes sociales, sea directamente o a través de sicarios de las propias comunidades, como en el caso de la asociación San José Defendiendo sus Derechos.
Luchar contra esos monstruos del despojo, el ecocidio y la corrupción fue lo que le costó la vida a Bernardo Vázquez. En ello, el Estado mexicano es corresponsable por permitir el saqueo y la impunidad de estos nuevos conquistadores, y cómplices son todos los que con indolencia miran y callan.
El 17 de marzo de 2012, mientras la familia de Bernardo y más de 600 personas asistían al sepelio, y lloraban, con rabia y enojo, otra muerte más, los paseantes llenaban playas, balnearios y salones de baile; los políticos seguían alistándose para el inicio de otra campaña electoral más de nuestra hueca democracia; y los aviones Hércules continuaban cargando el oro y la plata y elevando vuelo hacia Canadá, llevándose además de la riqueza nacional, la vida de Bernardo y de muchos otros, la tierra que da cobijo a las plantas y animales que hacen posible que el planeta respire, los hogares y calles donde nos relacionamos con otros y construimos eso que llamamos humanidad.
-El caso Cassez y la Suprema Corte (Sergio Méndez)
Siempre he sostenido públicamente que creo en la inocencia de Florence Cassez. Soy un convencido de que la ciudadana francesa es víctima de una terrible injusticia generada por los abusos intolerables de las autoridades mexicanas. Creo también que es víctima de un linchamiento público provocado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y sus aliados del Movimiento Blanco. Me parece muy desalentador que buena parte de la sociedad mexicana no aprecie, en su enorme gravedad, los efectos perniciosos de las conductas ilegales de la policía y de los agentes del Ministerio Público. Pienso que nadie está seguro en México; cualquiera, en cualquier momento, puede ser víctima de los abusos de las autoridades. Me parece incomprensible que un sector de la población de mi país clame sólo por venganza y deje de lado la justicia, valor que parece inalcanzable.
En el caso de Cassez está en juego el futuro de nuestras libertades. El asunto es tan paradigmático por sus implicaciones políticas y sociales que Calderón se atrevió a confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una actitud que fue muy criticada por la opinión pública.
Lo único bueno en este terrible escenario fue la actuación de la Corte. Demostró una enorme solidez, integridad e independencia, en un caso tan complejo y plagado de aristas; logró mantener el equilibrio. No niego que me habría encantado que la Primera Sala aprobara el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que proponía otorgar el amparo y la libertad a Cassez. El proyecto fue valiente, generoso y pulcro jurídicamente. Sin embargo, en los asuntos legales nadie tiene la verdad absoluta. Es importante también reconocer que, tanto en el disenso como en el acuerdo, los ministros y la ministra de la Primera Sala mostraron contundencia y coherencia argumentativa, así como la independencia de sus criterios, también valientes.
Las posturas de quienes integran la Primera Sala de la Corte se fueron de un extremo a otro, pasando por el centro, y es allí en donde, al parecer, el tribunal constitucional se quedará para resolver el caso de Cassez. De la libertad propuesta por Zaldívar en el proyecto que fue desechado a la improcedencia del recurso, como lo sostuvo el ministro Guillermo Ortiz, la postura intermedia es la del ministro José Ramón Cossío, que propuso otorgar el amparo, pero no para el efecto de liberar a Cassez, sino para anular algunas pruebas vinculadas a las violaciones procesales cometidas en su contra.
Cossío dejó claro que otro resultado (seguramente más benéfico para Cassez) se habría presentado si la Corte hubiera conocido del caso mediante el ejercicio de la facultad de atracción y no mediante la revisión del amparo directo; en la primera (la atracción), el máximo tribunal se hubiera podido pronunciar con libertad respecto de todo el proceso: en cambio, en la segunda (la revisión), la Corte sólo lo podía hacer respecto de ciertos temas de constitucionalidad que no le permiten conocer de todo el juicio, sino únicamente algunas de sus partes. Es por ello que Cossío señaló que la naturaleza limitada del recurso impedía otorgar el amparo liso y llano a la ciudadana francesa, lo que hubiera implicado su liberación.
Si bien no dejo de simpatizar con el proyecto de Zaldívar, la postura de Cossío también abre la posibilidad de que Cassez sea liberada, no ya por la Suprema Corte, sino por un tribunal inferior. Creo que, por las posturas que adoptaron los ministros y la ministra de la Primera Sala –particularmente los tres que están a favor de otorgar el amparo–, el nuevo proyecto de sentencia, que será elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, deberá conciliar las posturas de Zaldívar y Cossío, que no me parecen esencialmente contradictorias. La propia ministra ponente expuso en su intervención, en la sesión de la Primera Sala del 21 de marzo pasado, su apoyo al proyecto de Zaldívar, que finalmente fue desechado.
Es indispensable, por el bien de la justicia en México, que Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero sean flexibles para incorporar las opiniones de los tres al nuevo proyecto, pues de no alcanzarse la votación necesaria para otorgar el amparo en esta nueva ocasión, el asunto seguramente sería turnado al pleno de la Suprema Corte; si esto último pasa, será muy difícil que Cassez obtenga la libertad. Es probable que el resto de los ministros (que integran el Pleno) tengan criterios menos flexibles tanto para admitir el recurso como para otorgar el amparo.
El proyecto de Zaldívar propuso que los temas constitucionales a tratar en el recurso fueran: 1) el principio de buena fe ministerial; 2) la interpretación de “sin demora” en la puesta a disposición ante el Ministerio Público; 3) la asistencia consular; 4) el “acceso a la justicia” y la “equidad procesal”; y 5) la presunción de inocencia. Cossío indicó que los temas netamente constitucionales sólo son los puntos 2 y 3. Sobre los efectos, el proyecto de Zaldívar propuso la libertad inmediata; en cambio, Cossío manifestó que los efectos sólo podían ser 1) la eliminación de las declaraciones de las víctimas en las que identifican a Cassez como consecuencia de las transmisiones en los noticieros, y 2) la eliminación de la primera declaración ministerial de Cassez. Entre estas dos posturas habrá que conciliar para que el caso se resuelva favorablemente.
Si se genera un proyecto intermedio, quizá lo que ocurra es que la Corte otorgue el amparo para efectos y le ordene directamente al tribunal de apelación que dicte una nueva sentencia, al considerar las definiciones constitucionales y dejando fuera las declaraciones de las víctimas. Así, el tribunal de apelación podría liberar a Cassez, condenarla o bien ordenar la reposición del procedimiento. El camino aún es largo para Florence.
-FRENTES POLÍTICOS
I.Apoderarse de foros ajenos no es de inteligentes. Los trabajadores de Mexicana irrumpieron en el auditorio del WTC, en donde la panista Josefina Vázquez Mota se reuniría con organizaciones de la sociedad civil. Y no pudo hacerlo. Canceló para evitar confrontaciones con el grupo de revoltosos encabezado por Miguel Ángel Yudico, secretario general del sindicato de la aerolínea, y David Silva, secretario de trabajo y conflictos. Los provocadores lograron su cometido, descarrilar la reunión, y, de paso, volverse tan nocivos como el SME. ¿Quién les hizo el encarguito?
II.Las multitudes serán el sello de su campaña. Luego de que tardó más de 40 minutos para llegar al estrado, el aspirante del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, ofreció cambiar el rostro de la pobreza en Chiapas. En San Juan Chamula, el abanderado priista firmó un nuevo compromiso ante notario público para impulsar un programa ambicioso para elevar la educación en el país, con lo que todas las escuelas de las zonas indígenas tendrán servicios básicos. Se ofreció como el cambio y la esperanza renovada para México.
III.El discurso amoroso. Andrés Manuel López Obrador pide más debates, sí, “pero sin teleprompter, sin estar leyendo o fingiendo” porque caer en esas prácticas “es prueba de que no quieren que se sepa que no tiene substancia (Peña Nieto)” y además, repercutiría en la gente “y pueden llegar a pensar que es muy inteligente”, dijo imitando con las manos y el rostro al priista. A ojos de AMLO, el abanderado del PRI sólo dirigiría al país “al despeñadero”. Es un producto chatarra —acusó—, de telenovela. Amoroso no se escucha, sólo denostando. ¿Así va a estar?
IV. El presidente Felipe Calderón acudió a las exequias del ex rector de la UNAM, ex titular de la PGR y ex secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, para presentar sus condolencias. Lo definió como un gran mexicano, un auténtico hombre de Estado. El rector de la UNAM, José Narro, acompañado por los ex rectores Juan Ramón de la Fuente, Francisco Barnés y Guillermo Soberón, le rindió honores. Fue de Narro el discurso de adiós a un “gigante de nuestro país”. Los asistentes recibieron el féretro con un Goya y aplausos por alrededor de cinco minutos.
V.Los números insólitos. Como parte del desastre Godoy, el gobierno de Michoacán dio a conocer el desglose de la deuda que dejó el perredista que gobernó por tres años. Asciende a 38 mil 868 millones de pesos. Detalla que 16 mil 316 millones de pesos corresponden a deuda contratada a corto y largo plazo al pasado 15 de febrero, cuando el priista Fausto Vallejo asumió el gobierno estatal. Otros 12 mil 67 millones competen a pasivos identificados el 27 de marzo de este año por la nueva administración y que nunca fueron transparentados. Urge investigar en qué cuentas bancarias quedaron tantos ceros.
VI.En pleno auge electoral binacional, los presidentes de México y Estados Unidos se reunirán en Washington. Felipe Calderón viaja hoy para tener reuniones con Barack Obama y con el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, con quienes realizará un análisis meticuloso de las condiciones de seguridad y de la economía de América del Norte. Esta Cumbre de Líderes de América del Norte revisará la efectividad de la Iniciativa Mérida contra los cárteles del narcotráfico en la zona.
-TRASCENDIÓ
Que apenas al segundo día comenzaron a escucharse las quejas de que en los actos masivos del candidato Enrique Peña Nieto todo el protagonismo y los reflectores son para él.
Del presídium han quedado fuera los dirigentes estatales del PRI, así como candidatos locales que, si tienen suerte, pueden caminar con Peña Nieto por la pasarela de saludos. Pero al llegar al templete son inevitablemente detenidos.
Lo peor es que a los inconformes les dicen que la orden viene directamente del candidato.
Que, en cambio, los dos primeros días han servido para conocer la primera arma secreta de Peña Nieto: Angélica Rivera.
La Gaviota tomó el micrófono en uno de los actos del viernes en Guadalajara y ayer colocó en internet algo así como el diario íntimo del matrimonio. El primer capítulo fue un recorrido de Peña Nieto por las recámaras de las hijas, que medio se quejaban de que las sacaran en pijama, mientras Angélica hacía la narración en off.
Debe ser parte de lo que el coordinador de campaña, Luis Videgaray, describió como el “vamos a empezar el partido como si fuéramos cero a cero”.
Que quienes señalan que Andrés Manuel López Obrador volvió a romper con el PRD por arrancar su gira por Jalisco en Tlajomulco, flanqueado por el ex alcalde de ese municipio y actual candidato de PT, Movimiento Ciudadano y Alianza Ciudadana a la gubernatura de la entidad, Enrique Alfaro, se equivocan.
Si bien oficialmente el candidato perredista al gobierno del estado es el ex alcalde panista de Guadalajara Fernando Garza, éste solo cuenta con el respaldo del PRD local, no así de la dirigencia nacional, que siempre apoyó a Alfaro para que representara las siglas del sol azteca.
López Obrador simple y sencillamente desapareció del mapa a Fernando Garza, para desvivirse en elogios para Enrique Alfaro.
Que quien no recibió precisamente un trato distinguido en el homenaje póstumo a Jorge Carpizo en la UNAM fue el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera.
No solo no tuvo acceso al auditorio donde se realizaba la ceremonia, sino que sufrió la indiferencia del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien prefirió sostener una larga plática con el jurista y gran amigo de Carpizo, Diego Valadez.
-BAJO RESERVA
Periodistas EL UNIVERSAL
Peña Nieto, ¿mensaje o destape?
MENSAJE o destape en Chiapas. Al menos se le vio como un espaldarazo. Durante la gira del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, el senador con licencia del PVEM, Manuel Velasco Coello, se apareció en San Juan Chamula, en una reunión con indígenas. El hecho movió a la clase política chiapaneca. Algunos se preguntaban qué hacía el aspirante presidencial con alguien que ha sido impugnado ante los tribunales electorales. Como usted sabe, el grupo del mexiquense empuja duro para dejar la candidatura chiapaneca en manos del joven político. Los priístas fieles a don Enrique tienen amplias expectativas de recuperar el gobierno del estado. ¿Mensaje o destape?
SEGURAMENTE usted no lo recordará, pero hizo un trabajo eficaz y discreto. John Feeley, el ex poderoso número dos de la embajada de Estados Unidos en México, está a punto de dar un salto en su carrera diplomática. En las próximas semanas, don John se convertirá en un alto funcionario del Departamento de Estado. El Senado estadounidense ratificó a Roberta Jacobson como subsecretaria de Estado para América Latina, después de seis meses de haber sido nominada por el presidente Barack Obama. ¿Cuál es la importancia? Feeley será subsecretario adjunto en el área de Jacobson.
EL JALISCIENSE pronto cobró la factura. Favor con favor se paga. El candidato del PT y Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, organizó a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de las izquierdas, un lleno en la Arena VFG, propiedad del famoso charro Vicente Fernández. El cantante hizo fácil el acceso a las instalaciones para un acto proselitista. Nos cuentan que don Enrique ayudó con la construcción de un puente, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Tlajomulco, para una de las entradas a la arena. Ahora nomás hay que saber si el cantante de rancheras también apoyará a don Andrés Manuel. ¡Ay Jalisco, no te rajes!
A LOS PERREDISTAS de Quintana Roo se les complica cada día más la candidatura al Senado. Gregorio Sánchez Martínez, Greg, su principal carta a la primera fórmula, renunció hace algunos días con el argumento de que no necesita el fuero para defenderse de las acusaciones de desvío de 89 millones de pesos cuando era alcalde de Cancún, sumado a las investigaciones que le sigue la SIEDO y las millonarias demandas en su contra, promovidas por el contratista Esteve Santander. Y ahora la posible segunda opción, Luz María Berinstain, conocida como La Güera, ha sido impugnada por otros perredistas. Nos dicen que todo se trata de un pleito entre Los Chuchos.
FINALMENTE no la pasó tan mal. Los integrantes del equipo de campaña de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, no vieron tan negativo el hecho de que un grupo de trabajadores de Mexicana reventara un evento de la panista con integrantes de la sociedad civil. Nos comentan que ella aprovechó el impasse para grabar spots, que más adelante serán entregados a la autoridad electoral. En esta ocasión escogió un municipio del Estado de México, bastión de su rival priísta, Enrique Peña Nieto.
