El costo total de la obra inconclusa fue calculado en 210 millones 579 mil 791 pesos
Entre 2009 y 2010, el Gobierno de Chiapas, que encabeza Juan Sabines, realizó pagos improcedentes por 182.6 millones de pesos a tres empresas constructoras que no cumplieron en tiempo con la edificación de la Ciudad Rural Sustentable de Jaltenango.
Así lo determinó una auditoría conjunta llevada a cabo por las Secretarías de la Función Pública federal y estatal, de acuerdo con el expediente CHIS/FONREGION-SI/11, del cual REFORMA tiene copia.
La Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas le pagó a las compañías el total de la construcción del nuevo desarrollo inmobiliario a pesar de que éste se encontraba a un 13.3 por ciento de su avance.
"Se determina que la Secretaría de Infraestructura no cumplió con las obligaciones y facultades establecidas en el Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo determinado... al autorizar pagos improcedentes por $182'690,796.81 con IVA, del recurso federal otorgado a través del Fondo Regional", concluye la auditoría.
El costo total de la obra fue calculado en 210 millones 579 mil 791 pesos, de acuerdo con el contrato SI-OBRA-2009/605F, firmado en octubre de 2009, y fue cubierto con recursos federales del Fondo Regional (Fonregión).
En el documento se establece que el contrato sería a precio alzado, es decir, que los pagos se irían efectuando conforme al porcentaje de avance que tuviera la construcción, y ésta debía ser realizada entre diciembre de 2009 y septiembre de 2010.
Para tal efecto se elaboró un calendario, en el cual se proyectaron 10 pagos entre diciembre de 2009 y septiembre de 2010, siempre sujetos al avance de la obra. Sin embargo, el cronograma no fue respetado y los pagos se formularon de manera diferente, incluidos dos anticipos por un monto de 63.6 millones de pesos.
Sin embargo, en junio del año pasado, un grupo de auditores acudió a hacer una revisión física de la obra y encontró que no estaba terminada al 100 por ciento como había reportado la Secretaría de Infraestructura del Estado.
Sólo había un avance de 13.23 por ciento, que justificaba el pago de 27 millones 888 mil 994 pesos y no del total.
Por ello, la auditoría recomendó que la Secretaría de Infraestructura de Chiapas deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos pagados indebidamente.
Además, se debe iniciar un procedimiento de responsabilidades contra los servidores públicos encargados de la operación y supervisión del Fondo.
El desarrollo inmobiliario, de acuerdo con el Gobierno chiapaneco, fue proyectado para 625 viviendas, las cuales servirán para reubicar a igual número de familias de localidades en situación de dispersión, pobreza, carencia de servicios básicos y vulnerabilidad a riesgos por fenómenos naturales.
Como fue planeada para que fuera autosustentable, se proyectó que contara con servicio de agua potable, red de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales, red de distribución eléctrica y alumbrado público fotovoltaico.
También para que en ella hubiera mercado, panadería, módulo de nixtamalización y tortillería, refresquería, cafetería, dos tiendas, un corredor microindustrial con herrería, carpintería y bloquera-ladrillera, así como una plaza cívica, dos canchas de usos múltiples, dos templos religiosos, un parque urbano, un módulo de vigilancia y una terminal de transporte público tipo regional.
Las empresas encargadas del desarrollo inmobiliario fueron: Tu Casa en el Sureste S.A. de C.V., que fungió como la responsable principal de la construcción, así como Grupo de Ingeniería y Comercial Cersa S.A. de C.V., y Elram Construcciones e Inmobiliaria S.A. de C.V., que colaboraron con experiencia técnica y supervisión del control de calidad.
Durante el periodo establecido para la construcción, la Secretaría Estatal de Infraestructura reportó que la obra se iba desarrollando conforme a lo proyectado, por lo que los fondos federales fueron entregados y pagados a las empresas ejecutantes del proyecto hasta cubrir el total, hasta la revisión de los auditores en junio.
"Cabe señalar que la obra referida además presentó las siguientes irregularidades: un atraso de acuerdo al programa de ejecución contractual de 200 días al 11 de junio de 2011 (incumpliendo a la Cláusula Cuarta del contrato)", indica el documento.
Además, los auditores encontraron otras irregularidades, como modificaciones al proyecto original, pues los constructores cambiaron la ubicación de los templos católico y adventista, sin informar de ello al Gobierno de Chiapas.
En un primer intento por deslindarse de la realización de los pagos improcedentes, el ingeniero Marbel Méndez Cruz Pérez, supervisor de obra por parte de la Secretaría de Infraestructura, aseguró a los auditores que su firma había sido falsificada en algunos de los reportes de avance.
Ante esta aseveración, los auditores recomendaron que se presentara una denuncia por falsificación de documentos oficiales, por lo que el 4 de noviembre de 2011 Méndez Cruz Pérez se presentó ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, ante quien ya no sostuvo su dicho, pues adujo que se había confundido ante la presión que le había ocasionado la inspección.
"Ya que se fueron (los auditores) me puse a analizar con calma dichos documentos, habiendo llegado a la conclusión que efectivamente caí, como ya quedó señalado, en un error involuntario, y sí resulta ser mi firma", sostuvo en su declaración ministerial.
En sus recomendaciones, la auditoría señaló que los 182.6 millones de pesos que fueron pagados de manera improcedente deben ser devueltos por la Secretaría de Infraestructura y que se debe iniciar un procedimiento de responsabilidades a los servidores públicos encargados de la operación y supervisión del Fondo.
"La Secretaría de Infraestructura deberá efectuar el reintegro inmediato a la Tesorería de la Federación de los pagos improcedentes por $182,690,796.81, más los intereses generados desde la fecha del pago de las estimaciones correspondientes", indicó.
Fuente: Reforma
