Héctor, de 24 años, no es el único que aún resiente los golpes que recibió y la pérdida de sus cosas. Juan se quedó sin estetoscopio para las prácticas de medicina.
MORELIA, Mich/.- La madrugada del sábado 28 de abril, Héctor despertó por los gritos que escuchó.
Corrió por los pasillos, pero el gas lacrimógeno no lo dejó seguir. En una esquina recibió los primeros macanazos de los policías federales y estatales que entraron a la casa del estudiante donde ha pasado cinco años de su vida.
A él y a sus compañeros los insultaron, los subieron a las camionetas, los golpearon en la cabeza, en las costillas, en la espalda.
Él terminó con un brazo fracturado y sin los libros que necesita para su último año en la Facultad de Derecho, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH).
Héctor, de 24 años, no es el único que aún resiente los golpes que recibió y la pérdida de sus cosas.
Juan se quedó sin estetoscopio para las prácticas de medicina y Luis, sin computadora portátil.
Todos tienen miedo y piden que no se publique su nombre. “Nos trataron como delincuentes, cuando podemos demostrar que somos estudiantes.
Parece que nuestro único delito es vivir en una casa del estudiante”, dice Pedro, de 20 años y alumno de la Facultad de Derecho.
Estos jóvenes son moradores de albergues que tienen, por lo menos, 40 años de historia en Michoacán.
La UMSNH reconoce y destina recursos para 35 casas del estudiante, donde viven cerca de cinco mil alumnos de preparatoria y universidad.
El 28 de abril, tres de estas casas —las tres varoniles— fueron escenario de operativos en los que participaron más de 200 policías federales y estatales.
La historia comenzó porque, como cada año, miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) —organización a la que pertenecen 13 de las 35 casas— exigían que el gobierno les otorgara camionetas y recursos para promocionar a la UMSNH en comunidades de Michoacán.
Cerraron calles y secuestraron carros oficiales. Las negociaciones con los funcionarios terminaron cuando, el viernes 27 de abril, jóvenes quemaron vehículos secuestrados.
La madrugada del sábado, los moradores de las casas Nicolaita y 2 de Octubre despertaron con el operativo que, según los funcionarios, se realizó para rescatar los autos secuestrados.
El mismo sábado, pero horas después, policías estatales ingresaron a la casa Lucio Cabañas, pese que ahí no había autos secuestrados.
En total, 200 jóvenes terminaron en la cárcel. Dos días después, fueron dejados en libertad.
Hoy aún hay 10 estudiantes en el Cereso de Mil Cumbres, un penal de alta seguridad.
“No es justificable la quema de los vehículos, pero si ese acto lo realizaron sólo unos cuantos, ¿por qué nos tocó a todos? ¿Por qué la autoridad no investigó? ¿Por qué nos torturaron? ¿Por qué nos robaron nuestras cosas?”, pregunta Héctor.
Las amenazas
Pedro y Héctor recuerdan que los policías los sacaron de la casa a golpes y los subieron a camionetas: “Si nos movíamos nos pegaban”.
En los separos de la procuraduría estatal les quitaron celulares y carteras. “Separaron a algunos; decían que eran los líderes.
A ellos los golpearon más”. Benjamín, de la Facultad de Arquitectura, agrega: “Nos hicieron firmar cosas que no nos dejaban leer”.
Los estudiantes aseguran que los trataron diferente cuando llegó gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Antes los amenazaron: “No digan que les pegamos, porque les va peor. Digan que se cayeron”.
Para los estudiantes existió violación a sus derechos. Lo mismo piensan académicos como Rogelio Raya, de la Facultad de Derecho de la UMSNH: “No se puede combatir una ilegalidad con otra ilegalidad.
Se entró a las casas sin orden de aprehensión ni de cateo y se les hizo declarar sin abogado”.
Para el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, los operativos fueron “necesarios, porque de lo contrario, hubieran seguido quemando vehículos”.
—¿Por qué no existieron órdenes de cateo y de aprehensión? —se le pregunta. —Ellos estaban en un delito de flagrancia, no era necesaria una orden del juez.
—¿Era necesario llevar a los separos a 200 jóvenes? —Sólo así se pudo precisar quiénes eran responsables directos (de la quema de vehículos); de lo contrario, cómo íbamos a ubicar a los responsables.
—Los estudiantes denuncian que se violaron sus derechos humanos. —En este momento, no tenemos ninguna denuncia, queja.
Ahí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos y atenderemos cualquier recomendación.
Salvador Jara, rector de la UMSNH, explica en entrevista que no tiene evidencias de que los estudiantes hayan sido torturados: “Lo que he visto que se dio fue violencia”, dice y asegura que una comisión universitaria investiga si se dieron violaciones a los derechos humanos.
—¿Los operativos violaron la autonomía universitaria? —Estamos analizándolo. Pedí opinión al Instituto de Jurídicas de la UNAM, a nuestros constitucionalistas, pero no quiero adelantar.
Incluso, pensamos hacer un foro sobre autonomía. —¿Qué les dice a los jóvenes que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión? —Que lo lamento muchísimo, me solidarizo con ellos y sus familias.
Que hay que esperar el veredicto de la justicia. Si hubo violación de sus derechos, actuaremos con toda la fuerza política y lega.
Fuente: El Porvenir
