Han dicho ser víctimas de actos ilegales de parte de supuestos agentes federales que buscan detenerlos
Presumen que hay órdenes de presentación vinculadas al caso de Tomás Ángeles
En los pasados cuatro días, al menos seis mandos del Ejército Mexicano –tres coroneles, dos mayores y un teniente coronel, cuyos nombres se mantienen en reserva en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales– han solicitado la protección de la justicia federal a diversos jueces de amparo en el país.
Según registros de las listas de acuerdos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los juzgados primero, séptimo y décimo tercero de distrito en el estado de México, Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, han recibido demandas de amparo de los mandos militares que han dicho ser víctimas de actos ilegales de parte de supuestos agentes federales que pretenden detenerlos.
Negativas a discreción
Fuentes judiciales consultadas indicaron que el propósito de estos amparos es que los militares confirmen si existe alguna orden de presentación girada por fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), ante la presunción de que se les investigue en la misma averiguación previa que se abrió contra el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare.
De su lado, un juzgado federal en la ciudad de México negó ayer la suspensión definitiva en vía de amparo que solicitó el general de brigada Ricardo Escorcia.
El sábado anterior –en otras resoluciones judiciales– también se negó la protección provisional a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, quienes junto con Escorcia Vargas permanecen retenidos en la casa de arraigo de la PGR, pues varios testigos han declarado en su contra dentro de una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
En el caso del general Escorcia, el juzgado décimo de distrito en materia de amparo, a cargo de Gilberto Romero Guzmán, rechazó conceder la suspensión provisional debido a que los delitos imputados al militar son graves y la ley de amparo no protege a los quejosos cuando están sujetos a este tipo de investigaciones. En su demanda, Escorcia aseguró que es víctima de tratos inhumanos, degradantes, de incomunicación y de tortura.
En la demanda de garantías que presentó Escorcia reclamó como acto principal el arraigo que, a solicitud de la Siedo, autorizó por 40 días el juez primero penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, Luis Núñez Sandoval, según la demanda número 489/2012.
La Siedo indaga a los militares por delitos contra la salud y delincuencia organizada, pues con base en los dichos de testigos protegidos, como el llamado Jennifer, así como militares y agentes federales presos, presume que brindaban protección a cambio de sobornos de narcotraficantes como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Les creen más a los delincuentes
Guadalupe García, esposa del general brigadier Roberto Dawe González, arraigado desde la semana pasada por supuestos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuestionó que las autoridades federales concedan mayor credibilidad a delincuentes que a los tres generales arraigados que han entregado la mayor parte de su vida para defender a México.
En entrevista, la mujer pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que apoye a su marido y al general de división Tomás Ángeles Dauahare, pues aseguró que ni siquiera han enviado abogados especializados en derecho militar para que les brinden una adecuada defensa, como parte de sus derechos fundamentales.
En tanto, el abogado Alejandro Ortega Sánchez, defensor del general Tomás Ángeles, aseguró este martes que aún no se le ha permitido acceso al expediente de su defendido y que incluso la Procuraduría General de la República (PGR) le ha negado autorización para hacerse cargo de la defensa legal, al tiempo que la señora Leticia Zepeda, esposa del general Ángeles, canceló entrevistas con medios de comunicación, al parecer por recomendación del abogado de su esposo.
Sólo calumnias
De su lado, los hijos del general de brigada Roberto Dawe González publicaron este martes una carta en Internet en la que aseguraron que son calumnias y difamaciones las acusaciones hechas por ex militares y testigos protegidos de la PGR que imputaron al militar en activo tener vínculos con la delincuencia organizada.
Los familiares de Dawe destacaron la trayectoria de 44 años de servicio del militar y su participación en la aplicación del Plan DN-3 ante la presencia de huracanes, además de su colaboración en el auxilio de población civil tras la explosión de gasoductos de Guadalajara en 1992, y su participación en el combate al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.
Fuente: La Jornada
