Argumentan millonarios pagos de sobornos desde 1998 hasta la fecha
El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización “ocurre desde 1998 y hasta la fecha”, según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los lavadores de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
Así lo revela el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, que se inició por conspiración para lavado de dinero y fraude bancario en contra de Cano Martínez (Caso 12-cr-00435), en la que se detalla la forma en que operó esta red de corrupción, en la que se presume que se lavaron activos por alrededor de 20 millones de dólares, a través de al menos 14 cuentas bancarias abiertas en México y Estados Unidos.
Ayer fuentes del Departamento de Justicia de EU confirmaron que “hasta ahora” no ha presentado denuncia penal alguna en contra de Tomás Yarrington y que solo se han interpuesto denuncias civiles para obtener el aseguramiento de los bienes, pero se proyecta que por el cargo de conspiración para lavar dinero el fiscal pida al juez la pena máxima de 20 años en contra del ex gobernador de Tamaulipas una vez que la denuncia penal sea llevada a la corte.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) cuenta con la evidencia que liga las operaciones del empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, quien presuntamente lavó dinero del cártel del Golfo en Estados Unidos, con Yarrington Ruvalcaba y otros implicados.
“Hasta ahora se ha procedido civilmente para obtener los aseguramientos de las propiedades correspondientes a Tomás Yarrington, aun aquellas en las que se utilizaron testaferros. Esta investigación no solo está basada en las declaraciones de testigos protegidos, se cuenta con evidencias documentales legales, entre otras”, explicó un agente relacionado con el tema que no puede ser identificado por no estar autorizado para hablar públicamente.
“Tras los requerimientos civiles, el siguiente paso es la parte penal y una orden de aprehensión que se espera ejecutar en cualquiera de los dos países, ya sea en Estados Unidos o por extradición si Yarrington o los involucrados se encuentran ubicados en México”, apuntó.
El proceso
El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y fue conducida en Browsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.
“Todo esto es trabajo de la DEA, el Departamento de Seguridad Interna, del área de investigaciones criminales del Departamento de Hacienda y la Oficina del Procurador General de Texas, además de que la Procuraduría General de la República de México ha trabajado con las agencias estadounidenses de manera conjunta tanto en asistencia legal binacional como con información sobre el caso”, agregó el agente.
El expediente
De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas —del que EL UNIVERSAL tiene copia—, desde 1998 el cártel del Golfo “pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente”, a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los sobornos, detalla, “fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente”, y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.
Cano Martínez, empresario originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, presuntamente ayudó a ocultar los recursos obtenidos ilícitamente por servidores públicos y candidatos en la entidad, por lo que enfrenta cargos en Texas. Se le acusa de “realizar y supervisar las transferencias de ingresos y ganancias de México a Estados Unidos, obtenidos por el pago de sobornos a candidatos a cargos de alto nivel y funcionarios con elevadas posiciones” en el estado.
El producto de los sobornos fue utilizado por Cano Martínez para comprar activos en EU, adquisiciones en las que se utilizó a terceros o prestanombres, y empresas “fachada”.
Fuente: El Universal
