Las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados son caras, poco productivas y carecen de integrantes especializados en sus temas; son los órganos legislativos más peleados por los grupos parlamentarios, por lo que les generan fricciones con las demás bancadas y también al interior de sus cúpulas por las presidencias.
Su importancia no es para menos, manejan anualmente recursos por casi 111 millones de pesos para la contratación de personal, gastos de operación y hasta para su comida; inversión que no se ve reflejada en su trabajo, dictaminan solo 52 por ciento de los asuntos turnados, ni de panzazo pasan.
Las definen como “un mal necesario” porque sería imposible desahogar decenas de iniciativas y puntos de acuerdo en el pleno cameral. Para esta 62 Legislatura, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro acordó la creación de 11 comisiones ordinarias que se sumarán a las 44 que estaban en funciones.
A éstas se adicionaran 26 especiales, en las que predominarán las “ocurrencias” de los diputados y su afán de integrar una comisión para ejercer el jugoso presupuesto. Los temas que se barajean para conformar una de ellas van desde “conectividad social”, “del café”, “movilidad sustentable” hasta una para “promover acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global”.
LA GRAN CONGELADORA
De acuerdo con el último reporte de Integralia, durante la Legislatura anterior las comisiones registraron diferentes volúmenes de trabajo según las diferentes áreas de su competencia. En promedio, cada una recibió 12 minutas, 104 iniciativas y 79 puntos de acuerdo, de las que dictaminaron 51.9 por ciento de las minutas que les fueron turnadas, siendo solo cinco: Asuntos Indígenas, Reforma Agraria, Fomento Cooperativo y Economía Social, Ciencia y Tecnología y Participación Ciudadana las que desahogaron 100 por ciento de sus asuntos.
Además, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del periodo anterior, hasta el 29 de marzo de este año el pleno cameral había turnado a comisiones cuatro mil 492 iniciativas de ley desde el 1 de septiembre de 2009, pero solamente han sido dictaminadas 813, es decir, 18 por ciento del total.
A este rezago legislativo se suman los más de 200 asuntos canalizados a comisiones en el arranque de la 62 Legislatura, en el que Puntos Constitucionales es a la que más se envían, con 43.
Por esta sobreacumulación de trabajo, el académico de la UAM Pablo Javier Becerra definió al Congreso de la Unión como la “gran congeladora”. Explicó que la saturación de trabajo en comisiones se deben a dos motivos: uno por la gran presentación de iniciativas y dos por el poco o nulo trabajo en el interior de las comisiones.
“Que haya demasiadas iniciativas parece positivo, porque hubo una época en la que todas eran del gran legislador, el Presidente, y ahora es importante que los diputados hagan sus propuestas. Sin embargo, el problema es que muchas veces presentan asuntos superficiales o frívolos con tal de aparecer en el récord”, afirmó.
Agregó que decenas de asuntos son turnados a comisiones en cada sesión, mismos que nunca se llegan a dictaminar “en lugar de discutirla, están dispuestos a congelarla. Hacen foros, discusiones a lo largo de años y esas iniciativas quedan congeladas”.
Además, de acuerdo con la Ley Orgánica, las comisiones están obligadas a sesionar cuando menos una vez al mes. También se contemplan plazos máximos para desahogar las iniciativas que le son turnadas. En la Cámara de Diputados el plazo es de 45 días, salvo iniciativas de reforma constitucional cuyo plazo es de 90 días. Sin embargo, a decir de Becerra, pocas veces se cumple con este mandato:
“El problema de las comisiones es que solo trabajan cuando están obligadas a presentar un dictamen o un proyecto de dictamen, pero los meses previos no trabajan. Los tiempos de nuestro Congreso también dificultan: trabaja medio año y los otros seis meses están en receso. Se supone que deberían trabajar en ese receso, pero en los hechos no es así, trabajan en periodos de sesiones y eso afecta tanto el quórum del pleno y del interior de las comisiones”, afirmó.
DISPUTA PARTIDARIA
En los primeros días de la actual Legislatura, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el reparto de las presidencias de comisión que le corresponden a su partido sería de acuerdo con “perfil” y “experiencia” de cada legislador.
Pero el académico de la UAM indicó que pocas veces ocurre este hecho, debido a que los partidos ocupan los órganos legislativos para “premiar” o “castigar” a sus correligionarios. Becerra señaló que el “forcejeo”, como el que actualmente se disputa en San Lázaro, es “muy intenso” debido a que desde una comisión se puede “permitir el avance o frenar una iniciativa”.
“La integración de las comisiones incide en la baja productividad legislativa, los partidos se disputan las comisiones en función de su valor estratégico. Los partidos grandes se quieren quedar con las más importantes y repartir a los demás las de relleno. En ese sentido, se supone que cada comisión guarda un tema relevante, lo cierto es que unos son menos que otros”, dijo.
DE LA OCURRENCIA A LA COMISIÓN
Presidir una comisión tiene sus privilegios, por ello, en cada sesión, los legisladores proponen diversos temas para la creación de una. La operación de dichos grupos de trabajo representa un gasto de 110 millones 949 mil 168 pesos al año, es decir, 2 millones 521 mil 572 por comisión.
Según los lineamientos para la asignación de recursos a comisiones y comités legislativos de la Cámara de Diputados, el presidente de cada una de esas instancias tiene la facultad de contratar un secretario técnico, con sueldo mensual de 38 mil 990 pesos, así como dos asesores “A”, con remuneración de 35 mil 520 pesos cada uno, así como un asesor “B”, con honorarios de 21 mil 11 pesos.
Adicionalmente, cuenta con el apoyo de dos secretarias, un chofer y dos auxiliares administrativos.
Cada uno de los diputados secretarios de las comisiones puede a su vez contratar un asesor “B”, con un sueldo mensual de 28 mil 410 pesos.
Por acuerdo de los coordinadores parlamentarios en el Palacio de San Lázaro, las comisiones de dictamen ejercen, además, 35 mil 880 pesos al mes en “gastos de operación”, un “fondo fijo” de 9 mil 360 pesos y un apoyo de 5 mil 440 pesos en vales para alimentos.
Los presidentes de las comisiones ordinarias tienen a su servicio un vehículo propiedad de la Cámara de Diputados y un teléfono móvil también pagado por el órgano legislativo.
Conforme a los lineamientos, cada uno de las instancias dictaminadoras dispone de una oficina con su respectivo mobiliario, una fotocopiadora, una pantalla de televisión, un equipo de cómputo y un teléfono fijo.
Para sus reuniones de trabajo están previstos los servicios de cafetería, edecanes, diseño y montaje, así como salón con alimentos para 50 personas dos veces al mes dentro del Palacio de San Lázaro.
Los pasajes aéreos y viáticos están sujetos al visto bueno del Comité de Administración y a la autorización de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El “fondo fijo” o “caja chica” se destina a su vez a la adquisición de bienes o servicios con un cargo no mayor a 60 días de salario mínimo (3 mil 739 pesos), pago de pasajes y alimentos al personal en encargo oficial, así como estacionamiento, reparaciones y lubricantes para los vehículos propiedad de la Cámara de Diputados.
Hasta el primer mes de la 62 Legislatura, diputados de las siete fracciones propusieron la creación de las siguientes comisiones especiales: de la industria del café, acceso digital y tecnologías de la información, evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, conectividad social y para la niñez.
Además: desarrollo sustentable, para el impulso de la competitividad, innovación y desarrollo regional, una que aborde la problemática del SME, y otra para el estudio y atención de la problemática de los ninis.
También: para la atención de la Cuenca de Burgos, movilidad sustentable, industria automotriz, para dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, de promoción de acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global, conservación de la Selva la Candona y cañadas; así como de trata de personas y para el impulso de producción de maíz.
Fuente: Milenio
