La madrugada del domingo 11 de octubre de 2009, el Gobierno Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) con fuerza pública, derivado de la publicación del Decreto por el que se Extingue el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro en el Diario Oficial de la Federación, con el que dejó sin empleo a 44,000 trabajadores electricistas.
El decreto se sustentó, como es de dominio público, en que desde su creación LFC “no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas”, las cuales del 2001 al 2008 “se incrementaron en más de doscientos por ciento” y en 2009 sumarían 41,945 millones de pesos; que su costo casi duplica sus ingresos por ventas, pues de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que su costo sumó 433,290 millones de pesos; que el organismo registra un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos; y que sus resultados “son notablemente inferiores” respecto de la Comisión Federal de Electricidad.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) publicó un manifiesto al día siguiente, en el que documentaba que:
1. La Secretaría de Hacienda dispuso que el Kw/hora les cueste 88 centavos a los grandes empresarios, mientras que a los usuarios domésticos se les vende a 97 centavos el Kw/hora;
2. Hasta julio pasado, LFC destinó 54 millones 797,683.1 pesos al pago de energía que la CFE le vende carísima. Precisamente, el monto de las transferencias federales que recibe; y
3. A la fecha, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a particulares 772 permisos para la generación de energía eléctrica, cerca del 35% de la capacidad instalada.
En las intensas movilizaciones que siguieron los siguientes días, Martín Esparza denunció, además, que la Torre Mayor de Reforma, hoteles de la Zona Rosa y de Polanco, el periódico Reforma, unomásuno, la Presidencia de la República y todas las dependencias federales no pagaban la energía eléctrica. Además, dijo que las repetidoras de Telmex tenían equipos de medición manipulados por los administradores de Luz y Fuerza, no por los trabajadores.
Denunció que en la zona centro del país, 70% del consumo de electricidad corresponde a 46,000 grandes industriales, que pagan en promedio a 46 centavos el kilovatio-hora, mientras los usuarios domésticos lo pagan a 1 peso 50 centavos. “Y todavía a fin del año ese recibo de luz de los industriales es deducible de impuestos”, dijo.
Informó que un tercio del total de la generación de energía eléctrica en México está en manos de empresas trasnacionales como Iberdrola y Unión Fenosa, de España; Mitsubishi y Nichimen-AES, de Japón; Enron, Intergen y GE-Bechtel, de Estados Unidos; EDF, de Francia, y TransAlta, de Canadá, entre otras.
Esas denuncias no eran nuevas. El SME había acusado desde años antes tanto el intento de asfixiar a la empresa restringiendo recursos para su infraestructura, como la existencia de tarifas diferenciadas de energía doméstica e industrial, que favorecía a esta última, y la participación extranjera en la generación de energía en México.
En diciembre de 2008, por ejemplo, el sindicato denunció las reducciones tarifarias que recibirían los industriales mexicanos en el pago del servicio de energía eléctrica llegarían hasta casi 50%, según un acuerdo de la Secretaría de Hacienda de noviembre de 2008.
En esas mismas fechas, Esparza señaló que “Industrias, hoteles, restaurantes y comercios como Vips, Sanborns, Oxxo y gasolineras” no pagaban la energía eléctrica. “Son más de 6,000 millones de pesos los que pierde cada año” LFC.
Los meses siguientes de la extinción de LFC, el Gobierno Federal hizo una intensa campaña de desprestigio de los trabajadores electricistas, acusándolos de aviadores, abusivos e incluso atribuyéndoles las deficiencias en la administración de la empresa.
En estos tres años, el SME siguió la disputa jurídica en cada una de las tortuosas instancias laborales, en medio de la intentona de golpe de estado a la dirección del sindicato, con la negativa de la toma de nota por el Gobierno Federal.
Los abogados de los trabajadores combatieron ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje (expte. IV-239/2009), como explicaron reiteradamente en la opinión pública, la justificación de la extinción de la empresa, empezando por que la ley no prevé la “quiebra” de organismos descentralizados, además de que Luz y Fuerza del Centro había sido creada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es decir, por el Poder Legislativo, no por Decreto del Poder Ejecutivo.
Igualmente, argumentaron que LFC nunca dejó de cumplir sus fines ni “su funcionamiento” resultaba inconveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, ya que fue su administración la que, como se documenta con las denuncias del SME, actuó deliberadamente contra la empresa, por lo que el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que señala dicha motivación para la disolución de un organismo paraestatal no era aplicable.
Señalaron las violaciones a la Constitución en sus artículos 73, fracción X, respecto de la facultad legislativa para decidir sobre el servicio de energía eléctrica; y 14 y 16 constitucionales, por no haber citado a audiencia al sindicato y los trabajadores, previa privación definitiva de su fuente de trabajo.
Los juristas Néstor y Carlos de Buen señalaron, en cuanto a las disposiciones laborales violadas por el decreto del Ejecutivo, los artículos 5º y 123 constitucional, seguidos por los artículos 434 y 435 de la Ley Federal del Trabajo, que plantean que en caso de incosteabilidad de la empresa el patrón, previa terminación de la relación laboral, debía haber obtenido autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Hace unos días, en una larguísima sentencia de 449 páginas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito Amparo Directo 1337/2010 promovido por el SME resolvió finalmente que el SME tiene razón: no estuvo justificada la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, como patrón sustituto, deberá reinstalar a los trabajadores electricistas despedidos y pagarles los salarios caídos de estos tres años.
Aún podría ser impugnada esta sentencia definitiva ante la Suprema Corte de Justicia, si es que ésta decidiera declararse interesada, pero no tendría autoridad moral para así declararlo, dado que en 2010 se declaró incompetente para conocer sobre la impugnación al Decreto Expropiatorio de Luz y Fuerza. Veremos qué sucede en estos días.
Por lo pronto, los trabajadores electricistas tienen un triunfo judicial firme que debe acatarse.
Y vemos con gusto que los sindicatos independientes como el SME pueden ser fieles defensores de sus agremiados.
¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Vivan los electricistas!
Fuente: Revista Emet
