-En Sam Won usan karate para agredir a mexicanos; es proveedora de Samsumg
-AI exige a Calderón “saldar deuda de justicia” con familias víctimas de la guerra antinarco
La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un “enérgico llamado” al gobierno federal que encabeza Felipe Calderón para que “salde la deuda de justicia” que tiene con decenas de miles de familias mexicanas que han perdidos a sus seres queridos en lucha contra la delincuencia impulsada por el presidente de la República.
En un comunicado emitido con motivo del Día de Muertos, la organización defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad con las miles de familias que han perdido a un ser querido en esa ola de violencia e inseguridad que azota al país, “víctimas de un Estado que ha fallado en su debe de protegerles.
Ese estado, agregó AI, “ha incumplido su obligación de investigar y llevar a la justicia a los responsables de esas muertes”.
A propósito del Día de Muertos, la organización que tiene su sede en Londres, destacó que en México millones de familias recuerdan con cariño a sus seres queridos “que han partido”. Sin embargo, subrayó, “para muchas familias esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado mexicano mantiene con ellas”.
“Especialmente dolorosa es la situación de todas aquellas familias que han sufrido la desaparición de un familiar y que permanecen a la espera de información sobre su condición o paradero”, señaló AI.
Sin embargo, aclaró que también es fundamental que las autoridades investiguen los crímenes del pasado, pues mientas que varios países de América han dado “pasos positivos e impuesto condenas históricas”, en México esa justicia sigue siendo “un sueño”.
“No se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México, mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad”, afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
A su juicio, con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto de presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonando de hecho estos abusos.
“El gobierno del presidente Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado por parte de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias”, agregó Herrera.
Durante los seis años que ha gobernado Felipe Calderón, se estima que han muerto en el país más de 80 mil personas en la “guerra contra las drogas”, muchas de ellas inocentes, víctimas circunstanciales; también se calcula que más de 200 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la inseguridad.
Según diversas organizaciones, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente tres mil personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública.
“La reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha llevado a muchas familias a ponerse en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad”, agregó Amnistía.
De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en los últimos años ha habido un marcado aumento en los asesinatos de periodistas, activistas y migrantes.
“Las medidas tomadas para proteger a algunos de los grupos más vulnerables ante la violencia se han mostrado insuficientes. La reciente aprobación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas supone una oportunidad para combatir los crímenes contra quienes se dedican a informar o proteger derechos humanos. Sin embargo, para que esto realmente suceda es necesario que el Mecanismo de Protección cuente con recursos adecuados y una implementación con la participación de la sociedad civil. Es necesario además garantizar la investigación de los crímenes para poner fin a la impunidad”, concluyó la organización.
-Frente a la "#guarderiaabc"
En memoria de Francisco José Camou, un hombre justo, a quien tanto quería y quien acaba de morir en Pátzcuaro.
En esta esquina de nuestra patria herida. La que forman dos calles polvosas: Mecánicos y Ferrocarrileros. Aquí en la periferia de Hermosillo, Sonora, la tierra de mis padres. En este lugar sagrado, donde esta noche velamos a casi un centenar de personas, se produjo, hace tres años, un atroz crimen de Estado.
En esta esquina de nuestra patria herida mostró el sistema político, el régimen que padecemos, su verdadero rostro; el más terrible, el más execrable. Aquí la corrupción, el nepotismo, la negligencia del Estado mató a 25 niñas y a 24 niños. 49 bebes, hijos de trabajadores a los que el Estado estaba obligado a prestar bienestar y cuidado.
En esta esquina de nuestra patria herida, frente a esta bodega que, inconcebible, irresponsablemente algún día fue convertida en guardería y luego en tumba, porque así tenía que ser, porque era una bomba de tiempo, hay esta noche un altar de muertos y 49 cruces, cada una con un nombre y una foto.
Y esas fotos de niñas y niños sonrientes, en su primera edad, miran a este país desmemoriado, nos miran a todos. Desde su muerte que no debió haber sucedido nos interrogan, nos recuerdan que si no hay justicia para ellos no habrá justicia para nadie, nunca.
“¿Qué somos —dice Verónica Velasco mi compañera— si no sabemos cuidar a nuestros niños? ¿De qué futuro hablamos, qué futuro merecemos en un país donde por negligencia el Estado asesina a los niños?”.
Porque de asesinato hablamos. Asesinato de 49 niñas y niños. Asesinato fraguado desde el momento mismo en que el Estado, en que el régimen, mediante el esquema de subrogaciones, renuncia a un deber, a una obligación con los trabajadores que pagan sus cuotas al IMSS y sus impuestos.
Asesinato en el que son cómplices quienes otorgan las concesiones de las guarderías a parientes y amigos. Los altos funcionarios federales que consienten la corrupción y el nepotismo. Los funcionarios estatales y municipales que cierran los ojos y permiten que en una bodega, en una trampa mortal se atienda, sin condiciones mínimas de seguridad, con negligencia criminal a los hijos de los trabajadores.
Asesinato de los dueños que gastaron unos pesos para hacer unas cuantas adecuaciones y se hicieron, se siguen haciendo, de millones. Asesinato de quienes, desde Los Pinos, en el IMSS, en el gobierno del estado y el municipio los han encubierto desde el primer momento y han impedido que rindan cuenta de sus actos.
Asesinato que, de alguna manera, con nuestra desmemoria consentimos y toleramos todos. En cualquier país civilizado la muerte de 49 niñas y niños en una instalación del Estado hubiera provocado la caída del gobierno o al menos una profunda crisis institucional. Aquí no pasó nada.
No cayó el gobierno. No se cuestionó al régimen. Al modelo económico. No hay nadie en la cárcel pagando por este crimen. No está la gente en la calle acompañando, tumultuariamente, a las madres y padres coraje que hoy, como lo fueron las madres de la Plaza de Mayo, son la luz y la esperanza en esta patria que herida e indiferente se nos deshace entre las manos.
Se va Felipe Calderón Hinojosa impune. Tiene el cinismo de sonreír; de presumir su trágica y fallida gestión. Lo más aterrador de su legado es la manera en que, gracias al inclemente bombardeo propagandístico, a la sumisión de los medios que amplificaron incondicional e irresponsablemente su insensibilidad, nos hemos contagiado de su falta total de respeto por la vida.
Ya no es la vida el valor supremo. Instituida ha quedado entre nosotros la pena de muerte. Acostumbrados estamos a desayunar con masacres y decapitaciones masivas. A explicarnos con el mismo “se matan entre ellos” de Calderón los asesinatos de los que nos enteramos sin sentir ya asombro alguno ante el horror y la barbarie.
Hoy podemos darnos el lujo de olvidar que en esta esquina de nuestra patria herida 25 niñas y 24 niños, víctimas de la corrupción, la negligencia del Estado, esperan todavía, a tres años de su muerte, que se les haga justicia.
Nos dice Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, padre de Xiunelth Emmanuel, que con sus ojos grandes es uno de los 49 niños que nos miran, que él no ha querido entrar a la sala donde murió su hijo. Lo hará el día en que esta esquina, esta cuadra sea un memorial y se haga justicia.
Él se lo debe a su hijo Xinuelth. Nosotros se lo debemos a Manuel. Mientras él no pueda cumplir su duelo, responder a su hijo, rendirle homenaje ahí donde murió será esta, nuestra patria, un lugar inhóspito y oscuro para todos.
Se lo debemos también a Paty Duarte y José Francisco García, padres de Andrés, y a Estela y Julio Márquez, padres de Yeyé, y a María Jesús Coronado, madre de Paulette, y a Abraham y a Moisés y a todas esas madres y padres que no se rinden, que no olvidan.
Más nos vale tomar conciencia —porque, como dice Verónica, el que no cuida a sus niños nada merece— que no solo la vida de los padres de esos 49 niñas y niños se vino abajo en esta esquina de nuestra patria herida. También nosotros nos desplomamos ese 5 de junio. También nosotros.
-Calderón saboteó a Josefina y pactó con Peña: Espino
Manuel Espino acusa en su libro El poder del águila: Felipe Calderón saboteó la campaña de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, y prefirió pactar con Enrique Peña Nieto.
Expulsado del PAN por órdenes del propio Calderón, según él, Espino afirma en su libro que está en circulación, editado por Miguel Angel Porrúa, que la derrota fue también consecuencia de los errores de Vázquez Mota, de su “hechura artificial y (la) fragilidad de sus propuestas”, así como del abandono del PAN y su presidente, Gustavo Madero.
De Vázquez Mota escribe: “Sin solidez estratégica en su campaña, con una gran improvisación de acciones mal ejecutadas y cambios abruptos en la agenda, rápido cayó en el desorden. Esas y otras evidentes deficiencias fueron aspectos que desde el primer momento mermaron sus ya de entrada escasas posibilidades”.
Y enseguida señala: “Con ese pretexto Calderón secuestró al comité de campaña imponiendo a sus incondicionales. Aquí se dio un punto de inflexión: en lo que más pareció un sabotaje que un intento de ayudar genuinamente, el presidente ‘reforzó’ a la candidata con un equipo de reconocidos perdedores, personajes carentes de experiencia exitosa en campañas y que repetidamente han mostrado su incapacidad de operar electoralmente”.
Añade: “Los mismos que fueron derrotados en ciudades emblemáticas para el PAN durante el sexenio recibieron un encargo para el que evidentemente no estaban preparados: ganar una contienda presidencial”.
Refiriéndose a Juan Ignacio Zavala, Guillermo Anaya Llamas, Maximiliano Cortázar, su cuñado, compadre y exvocero de Calderón, Espino enjuicia:
“Ese grupo de desprestigiados calderonistas suplantó al equipo josefinista, como si de un Caballo de Troya se tratase. Los resultados sugieren que por no haber quedado su delfín, Ernesto Cordero, Calderón decidió impedir que Vázquez Mota ganara la presidencia”.
En el capítulo “La derrota anticipada del PAN” –uno de los diez que integran el libro de 420 páginas, que apenas el miércoles fue presentado en el Polyfórum Siqueiros–, Espino se ocupa también del PAN, de sus dirigentes y específicamente de Madero:
“Ante la debacle comenzó la emigración de dirigentes y líderes regionales del PAN. Incluso el mismo presidente nacional del partido, Gustavo Madero, descuidó la campaña para regresar a su escaño de senador. Por su parte, con las piedras dejadas por las ruinas de lo que destruyeron, los calderonistas comenzaron a construir puentes con el puntero en las encuestas, lo que equivale a una rendición de la casa presidencial”.
Esta total ausencia de compromiso y de mística de la cúpula del PAN, la falta de capacidad de Vázquez Mota en el primer debate –que “la colocó en un escaparate que demostró su hechura artificial y la fragilidad de sus propuestas”–, así como las justificaciones de “falta de recursos” para la campaña, generó desánimo y resignación entre panistas, apunta Espino.
“La candidata demostró que era diferente: Con capacidades y talentos menos desarrollados que los de sus competidores. así, un mes antes de la elección ya había quedado relegada a una tercera y lejana posición en la competencia. Para los electores, la opinión pública y los analistas serios quedó claro que la suerte ya estaba echada. Al paso de los días y de los desangelados eventos de campaña del PAN, cada vez más mexicanos comenzaron a decir: ‘Josefina no va a ganar la elección’. No era clarividencia política, sino sentido común”.
-Antes del 1 de diciembre se conocerá el gabinete de Peña: Videgaray
El coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, aseguró que antes del 1 de diciembre se conocerán a los miembros del gabinete del presidente electo Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, el coordinador también dijo que en los próximos días, se enviará una propuesta de reforma administrativa que contiene elementos de reorganización del gobierno federal de reformas a la ley orgánica, apuntando, que una de las cosas que hay que revalorar como país es el papel de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, adelantó que Enrique Peña Nieto está listo para trabajar con el que resulte ganador en las elecciones de Estados Unidos, asegurando que sería un trabajo interesante para los dos países dado que son administraciones que comienzan al mismo tiempo.
Al cuestionársele sobre la reforma fiscal, de que propondrán un aumento del IVA del 16 al 22%, el funcionario respondió que las características que propondrá Peña Nieto es algo que tendrá que ocurrir en los primeros 12 meses de la administración.
“Esa reforma tendrá muchos aspectos y no estamos en condiciones de adelantar cuales serán las características especificas, si los objetivos implican un régimen fiscal más simple, una mayor competitividad en la economía y, por su puesto que fortalezca la capacidad financiera para nuestros mexicanos”, comentó.
-Alertan por inconstitucionalidad de marinos en Monterrey
MONTERREY, N.L.- Los patrullajes de marinos por calles de la ciudad son inconstitucionales y contravienen recomendaciones de Naciones Unidas para desmilitarizar las calles de México, denunció esta mañana la activista Consuelo Morales Elizondo.
La presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) dijo que no hay una justificación legal para que los elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) patrullen las calles de Monterrey.
“El único supuesto contemplado dentro de las atribuciones, en donde se tiene contacto con la sociedad civil y autoridades civiles es la de fomentar y participar con autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas, en aspectos relacionados con el medio marítimo”, explicó.
El miércoles 31, la panista Margarita Arellanes Cervantes, al asumir la Presidencia Municipal de Monterrey presentó al contralmirante Augusto Cruz Morales como secretario de Seguridad. Junto con él llegaron a la administración de la ciudad 18 funcionarios de la Marina que ocuparán puestos como Tránsito, Alcoholes, Comercio y otras oficinas administrativas, y 90 elementos navales que recorrerán las calles en trabajo preventivo.
La alcaldesa dijo que el contralmirante ayudará a sanear las corporaciones de seguridad a través de un plan de depuración inmediato y aseguró que “los miembros de la Marina Armada de México cuentan con los permisos necesarios para desempeñar su ámbito municipal”.
Morales Elizondo afirmó que la pretendida depuración a través de trabajo de inteligencia para dejar a las corporaciones exentas del crimen organizado no está contemplada ni en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México ni en el 30 de la Ley de la Administración Pública Federal.
Al hacer un análisis jurídico de la participación de los marinos en territorio regiomontano, encontró que los efectivos de Semar pueden coadyuvar con dependencias municipales o estatales únicamente por orden expresa del presidente de la República y mediante decreto del Ejecutivo federal.
“Nunca se habla de ejercer funciones que puedan cubrir las de vigilancia de tránsito, depuración o alcoholes”, dijo.
En conferencia de prensa ofrecida hoy en oficinas del organismo, Morales Elizondo expuso que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la ONU (GTDFI) recomendó el 31 de marzo del 2011, después de su visita a México, que fueran retiradas las fuerzas militares del trabajo de seguridad publica para prevenir desapariciones forzadas y establecer protocolos de seguridad para el uso de la fuerza de parte del ejército y todas las corporaciones policíacas.
“La estrategia federal de militarizar las comunidades no ha resuelto el problema de la violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de la delincuencia organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias instituciones”, dijo.
“La estrategia de militarización ha complejizado (sic) el problema, favoreciendo la comisión de un número mayor de abusos de la autoridad contra la ciudadanía”, señaló.
Al pronunciarse en contra de la militarización, Morales dijo que la delincuencia organizada terminará cuando acaben la corrupción y la impunidad dentro de las corporaciones encargadas de la procuración de justicia.
“Se corre el riesgo, de acuerdo con casos documentados, de que la ciudadanía sea la más afectada en la vulneración de sus derechos con la definición de estrategias militares en un área civil que, de por sí, se encuentra en un estado de grave vulnerabilidad”, afirmó.
Además que no se cuenta con protocolos de actuación, mucho menos de coordinación entre las diferentes corporaciones militares y policíacas, abriendo la puerta, así, a la impunidad”, sentenció.
Morales dijo que tramita una entrevista con la alcaldesa Arellanes para externarle su inquietud.
Desde el miércoles recorren la ciudad patrullas de la Semar, así como elementos de esa corporación, con sus propios uniformes y armamento, montados en pickups de la Policía Municipal de Monterrey.
-Absuelve juez a Pablo Salazar y 54 excolaboradores
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- El exgobernador Pablo Salazar y 54 de sus excolaboradores fueron absueltos del proceso penal que llevó a prisión al exmandatario y seis personas más por el delito de peculado, que involucró unos 104 millones de pesos.
Aunque Salazar Mendiguchía sigue en “reclusión domiciliaria” por una decena de procesos penales que se le iniciaron tras las muertes de bebés en un hospital público de Comitán, a fines de 2002 y principios de 2003, siete de sus excolaboradores que estaban en prisión fueron puestos en libertad y más de 50 de ellos, que estaban en calidad de prófugos, fueron eximidos del proceso penal que les inició la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El 7 de junio de 2011, el exgobernador fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por agentes de la Procuraduría de Chiapas y trasladado a Tuxtla Gutiérrez, para luego ser llevado al penal de El Amate, en Cintalapa.
El día de su captura, la PGJE dijo que Salazar Mendiguchía, junto con varios exfuncionarios, desvió recursos por 104 millones de pesos.
La dependencia señaló que, a través de una aseguradora, los inculpados contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre de 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes que Pablo Salazar culminara su gestión al frente del gobierno del estado.
Los involucrados dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que la exfuncionaria realizó, a través de diversos cheques, el 27 de febrero de 2007, es decir, tres meses después de concluir su gestión y cuando ninguno tenía ya la calidad de servidores públicos.
Según la PGJE, el expediente penal, integrado en 21 tomos contenidos en 9 mil 117 fojas útiles, comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y de grafoscopía, así como testimoniales en los que se corroboró que Pablo Salazar sostuvo que ese dinero era “un bono sexenal” por fin de su administración.
En este proceso, Salazar Mendiguchía y 54 de sus excolaboradores fueron implicados en el delito de peculado, a lo que se les sumó los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Entre los primeros capturados estuvieron Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romero, quienes actualmente se desempeñan como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo y director de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Hacienda estatal, respectivamente.
También estuvo preso y luego quedó libre Manuel Miranda Rodas, exdirector de los Servicios Educativos para Chiapas y exsubsecretario de Educación Federalizada durante la administración de Pablo Salazar.
La misma situación encararon Leonardo Muñoz Arellano, exsubsecretario de Protección Civil; el exdirector del Instituto del Deporte, William Alfonso Maldonado Máuregui, y el extitular de la Secretaría de Educación estatal.
Sin embargo, luego de varios meses de litigios en el Poder Judicial de la Federación (PJF), por el fin el juez primero de distrito de Chiapas, del Vigésimo Circuito, otorgó el 18 de octubre anterior el recurso de amparo a Salazar Mendiguchía y 54 de sus excolaboradores.
El 19 de octubre, el PJF notificó la sentencia juez tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, residente en Cintalapa de Figueroa.
De acuerdo con la resolución, se ordena al juez tercero dejar “insubsistente la orden de aprehensión del 07/06/2011 y emita una nueva”; no obstante, ni el juez ni la PGJE reactivaron el proceso penal.
En este caso, el número de expediente único nacional asignado para la sentencia fue el 10578092. Este recurso fue promovido por David Santiago Tovilla, exjefe de Comunicación Social; Sara Yarith García Cortés, exsecretaria de despacho en Gubernatura, y Patricia Araceli Flores, exsecretaria particular de Pablo Salazar, así como otra decena de los excolaboradores del exmandatario.
Ni la Procuraduría local ni la defensa de Salazar habían dado a conocer la información de forma oficial. Sin embargo, en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se señala la resolución del recurso interpuesto bajo el número 748/2011.
Este fue el proceso penal que llevó a prisión a Pablo Salazar, luego le iniciarían una decena de procesos penales más, entre ellos varios por la muerte de una veintena de bebés en el hospital público de Comitán.
Como se recordará, 20 días antes de esta resolución del juez federal, la PGJE y el hijo del exgobernador, Pablo Salazar López, dieron a conocer que un juez del ramo penal concedió al exmandatario “un incidente no especificado de reclusión domiciliaria, con el fin de ser atendido de un añejo padecimiento de hernia hiatal, cuyos síntomas presentaron un aumento y progresión en los últimos meses, y para el cual no podía recibir la atención médica adecuada dentro del penal”.
Según los reportes, tanto de la PGJE como del hijo de Pablo Salazar, los jueces concedieron la “reclusión domiciliaria” solicitada el 28 de septiembre anterior.
Actualmente, Salazar Mendiguchía se encuentra con una fuerte vigilancia policial en la casa marcada con el número 6 en el Andador del Quijote, de la colonia 16 de Septiembre en el municipio de San Fernando, a unos 5 kilómetros de la capital del estado.
Ahí, elementos de la PGJE y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) despliegan vigilancia sobre el domicilio.
Incluso, guardias uniformados resguardan los alrededores de la residencia propiedad de su hermano, ubicada en una exclusiva zona habitacional.
En una de sus últimas intervenciones, el exmandatario retó a su sucesor Juan Sabines Guerrero a encararse “en el territorio del no poder”, pues Pablo Salazar sostiene que detrás de las averiguaciones previas iniciadas en su contra se encuentra “una venganza política”.
Sabines Guerrero dejará en un mes el gobierno de Chiapas y entregará la estafeta a Manuel Velasco Coello, del PRI-PVEM.
-Clausuran empresa donde supervisor coreano golpeó a empleado, en Querétaro
Querétaro, Qro. El secretario del Trabajo en Querétaro, Tonatiuh Salinas Muñoz, informó que la empresa Sam Won, donde un ciudadano coreano golpeó a un trabajador mexicano, fue clausurada de manera temporal, luego de detectarse diversas irregularidades en su operación.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal mencionó que una de las principales anomalías de la planta es que no otorgaba antigüedad a los 350 trabajadores con los que cuenta.
Asimismo, señaló, la empresa carecía de licencia de funcionamiento y había reportes de jornadas extensas y bajo sueldo.
Salinas Muñoz dijo que durante el tiempo que esté clausurada, la planta deberá cubrir el pago de los salarios de los trabajadores.
Agregó que se hará una revisión extensa de la empresa, en coordinación con autoridades federales y municipales, para tomar “medidas ejemplares. Cada una de las instancias irá determinando cuáles serán las sanciones”.
Por otra parte, el secretario del Trabajo anunció el inicio de un programa general de inspecciones en todo el estado y detalló que hay alrededor de 12 mil trabajadores queretanos en unas 38 empresas de Corea del Sur y a todas se les inspeccionará.
Indicó que el procurador general de Justicia de la entidad, Arsenio Durán Becerra, le informó que el coreano Kim Jaeoak, quien que agredió físicamente al empleado mexicano no se presentó hoy a declarar.
Aseguró que se analizarán otras medidas para que atienda a la acusación por el delito de lesiones, y comentó que incluso se podría usar la fuerza pública para llevarlo a seguir con el proceso.
El pasado miércoles se difundió un video, en el que un trabajador de la mencionada empresa coreana fue agredido por un supervisor, lo que motivó el repudio de autoridades locales y sindicatos.
-Firma Calderón Ley de Asociaciones Público-Privadas
El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Luego de la aprobación de la Ley en diciembre de 2011 y de su entrada en vigor el 17 de enero de 2012, el Ejecutivo disponía de 12 meses para la emisión del Reglamento, el cual establece los lineamientos para la realización de proyectos de construcción de infraestructura y prestación de servicios al sector público o al usuario final, a cargo de la iniciativa privada.
Señala que la participación de las dependencias y entidades en proyectos de Asociaciones Público Privadas podrá ser con recursos federales presupuestarios, del Fondo Nacional de Infraestructura u otros recursos públicos federales no presupuestarios, o aportaciones distintas a numerario (licencias, permisos, concesiones, bienes inmuebles).
La participación de las entidades federativas y los municipios en este tipo de proyectos de inversión, siempre que éstos se realicen con mayoría de recursos federales, indica el documento.
También incluye la posibilidad de llevar a cabo proyectos de investigación científica aplicada, de innovación tecnológica, así como proyectos de inversión productiva, cuyo objetivo implique investigación científica, desarrollo tecnológico o impulso de actividades académicas. El Reglamento permite realizar proyectos de Asociaciones Público Privadas sin la obligación de crear infraestructura adicional a los particulares.
-Respalda PRI en San Lázaro a Duarte tras vetar reforma a Código Civil de Chihuahua
El PRI en la Cámara de Diputados respaldó al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, quién vetó las reformas al Código Civil del estado, aprobadas en el Congreso de aquella entidad, con objeto de permitir el matrimonio entre jóvenes de 16 años, y de 14 cuando se presentarán casos de embarazo.
En San Lázaro, Lourdes Quiñones, a nombre del grupo parlamentario priísta, se encargó de presentar un punto de acuerdo, que obligará al Congreso de Chihuahua a rectificar su determinación, porque “perjudicaba el desarrollo integral de las niñas”.
Precisamente el pasado 18 de octubre, el Congreso de Chihuahua aprobó las reformas al Código Civil del estado para posibilitar los matrimonios entre las parejas de 16 años de edad y 14 cuando haya embarazo, lo que va en contra de la legislación mexicana. Tal cambio al artículo 136 señalaba que para contraer matrimonio, “el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años, salvo que exista embarazo se permitirá a los catorce años”.
Esa modificación al Código Civil local contraviene –a decir de la diputada y oficial mayor de la bancada del Revolucionario Institucional– los derechos humanos de los jóvenes. “Se tienen que reconocer y salvaguardar los derechos de las mujeres en las diferentes etapas de su vida, en especial proteger a las niñas, niños y adolescentes; y en todo caso se tienen que prevenir los embarazos en las adolescentes y permitir que tengan un desarrollo físico, emocional e intelectual pleno”.
Quiñones, oriunda de Chihuahua insistió en que las reformas al Código Civil en el estado de Chihuahua violaban la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, aprobada en 1990 por el Estado mexicano y hacía caso omiso a las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
“Es destacar que dichas reformas resultaban una regresión en la materia, toda vez que se contraponían con la ley fundamental y con diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos de la Niñez…es menester que el Estado, en sus tres niveles y Poderes de gobierno, realice lo conducente a efecto de garantizar el desarrollo integral de los infantes y adolescentes”.
-Ordena IFAI a la Marina informar sobre seguridad en instalaciones de Pemex
La Secretaría de Marina (Semar) deberá buscar y entregar la información relacionada con sus operativos de protección y seguridad a las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre septiembre de 2008 y el 30 de julio de 2012, para evitar el robo de hidrocarburos, instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
Dicha resolución fue tomada luego de que una particular solicitara datos sobre las acciones que la Marina ha tomado desde la primera noticia de robo de hidrocarburos, condensado de gas y/o de campo.
Además, pidió conocer los registros o documentos a través de los cuales Pemex le ha solicitado apoyo a la Armada; datos estadísticos de robo de hidrocarburos, resultados de operativos, y notificaciones recibidas respecto de ese acto ilícito.
Aunque en primera instancia el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer sobre dicha información, la solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, que fue turnado a la comisionada presidente del organismo, Jacqueline Peschard.
Ante una nueva solicitud, la Semar reiteró su incompetencia, pero durante el análisis jurídico del caso Peschard indicó que la dependencia sí es competente para conocer esos datos, pues forma parte del grupo interinstitucional para el combate al robo de combustibles en Pemex.
Por ello, el pleno del Ifai revocó la incompetencia alegada por la Marina y le instruyó una búsqueda exhaustiva de la información, sin omitir los archivos del Estado Mayor General.
De igual manera, estipuló que en caso de que los documentos que se localicen contengan información susceptible de ser clasificada, el sujeto obligado deberá elaborar las versiones públicas correspondientes.
-Exhorta IFE a AMLO a no ver "fantasmas" ante eventual registro de Morena
El consejero electoral Marco Antonio Baños exhortó a Andrés Manuel López Obrador a no ver “fantasmas” en la actuación del Instituto Federal Electoral (IFE) ante el eventual registro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como partido político.
El consejero electoral fue entrevistado luego de que el excandidato presidencial consideró que se le podría negar el registro como partido político a Morena.
Baños Martínez expresó: "No sé a qué se refiera Andrés Manuel López Obrador con el asunto de que alguien quiere impedir que una organización ciudadana logre el registro como partido político; me parece que no hay que tener fantasmas ni ver fantasmas, hay un procedimiento legal que empieza hasta el mes de enero".
"Para qué empezamos a deliberar un asunto donde a partir de enero cualquier organización ciudadana que pretenda constituirse como partido político deberá notificar esa pretensión al Instituto Federal Electoral y a partir de ese momento empezar el procedimiento legal”, expuso.
Agregó que el IFE no sigue consigna alguna ni responde a intereses externos, "sino que resuelve el registro de los nuevos partidos o resolverá el registro de los nuevos partidos estrictamente con base en el cumplimiento de los requisitos legales y de los lineamientos que se emitan para este propósito”.
El consejero del IFE recordó que existe un procedimiento legal que establece requisitos sin los cuales no se podría conformar una organización en términos de partido político; tiene que celebrar asambleas estatales, una asamblea nacional o asambleas distritales, según como elija.
Además se tiene que acreditar la membresía de por lo menos 0.26 por ciento del total del Padrón Electoral, que son alrededor 220 mil ciudadanos que deberían de aparecer registrados en esa organización ciudadana que quiere constituirse como partido político.
El Consejo General del IFE habrá de emitir los lineamientos para la conformación de los nuevos partidos políticos con carácter nacional, para que en enero presenten al órgano electoral toda su documentación.
