Entre esas normas están la de protección a activistas y periodistas, así como contra la trata
El ex presidente Felipe Calderón incumplió durante su sexenio con la obligación constitucional de expedir los reglamentos de más de 40 leyes aprobadas por el Congreso, lo que obstaculiza la aplicación de éstas.
Deberá ser ahora el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el que expida los reglamentos, sin los cuales es complicado ejecutar y complementar cabalmente las normas contenidas en las reformas y nuevas leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
De acuerdo con un reporte del Senado, entre las leyes que Calderón dejó sin las disposiciones reglamentarias necesarias –según señala el artículo 98 de la Constitución– están la de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, contra la Trata de Personas, de Registro de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, General de Cambio Climático y de Salud en Materia de Cuidados Paliativos.
Entre esas más de 40 leyes aprobadas por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo hay varias cuyo plazo para publicar el reglamento venció hace años.
La más antigua es la reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2007, cuyo reglamento debió emitir Calderón el 9 de julio de ese año.
Están también sin reglamento la Ley Federal de Extinción de Dominio, por la que el ex presidente se confrontó con el Partido Revolucionario Institucional, al señalar que los legisladores del tricolor no aprobaban ese ordenamiento –encaminado a acelerar el proceso para que bienes y propiedades del crimen organizado pasen a manos del Estado– con la rapidez que él quería.
Según el documento del Senado, el rezago dejado por Calderón incluye la nueva Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, cuyo reglamento, que deberá incluir la restructuración administrativa de la dependencia, debió estar listo el 14 de diciembre de 2009.
También quedó sin expedir el reglamento destinado a la operación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas de esos ilícitos –cuyo plazo venció en diciembre de 2012–, así como el de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que debió estar listo el 28 de noviembre de 2011.
La reforma que adiciona el artículo 41 de la Ley General de Salud y reforma el artículo 98 de la misma, publicada el 14 de diciembre de 2011, no puede ponerse en práctica porque no se ha expedido el reglamento con las disposiciones para la integración y funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética y las características que deben tener los nosocomios.
Entre las leyes que carecen de reglamento hay cinco en las que no se señala expresamente plazo al Ejecutivo, aunque, se precisa en el reporte del Senado, eso no releva al Ejecutivo federal de la obligación de expedirlo.
Entre ellas se ubica la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que se promulgó el 29 de mayo de 2009. Casi cuatro años después, la dependencia opera con su viejo reglamento, de junio de 2003.
Es el mismo caso de la reforma a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, promulgada en julio de 2007; de la nueva Ley Federal de Extinción de Dominio, de mayo de 2009, y de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.
Peña Nieto deberá expedir, además de los más de 40 reglamentos faltantes, otros cuatro que vencen este año, entre ellos el de la recién promulgada Ley General de Víctimas. En esta última, el titular del Ejecutivo cuenta con un plazo de seis meses para hacerlo a partir del pasado 9 de enero, cuando se promulgó.
Fuente: La Jornada | Andrea Becerril
