-Sujetos disparan contra 4 personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México
Cuatro personas fueron baleadas la tarde de este miércoles cuando caminaban por calles del Centro Histórico, sin que hubiera personas detenidas por este hecho.
Los dos hombres y dos mujeres caminaban por la calle de Moneda, casi esquina con Academia, cuando de acuerdo a los testigos al menos dos hombres en una motoneta se acercaron y dispararon directamente.
Las víctimas recibieron varios impactos en las piernas, por lo que no se reportó que el estado de salud de alguno de ellos fuera de gravedad.
Al lugar llegaron varias ambulancias, cuyo persona atendió a quienes se identificaron como Ruth Ivette López, de 19 años de edad; Ulises Espino, de 28, José Luis Rodríguez, de 42, y Rosalinda Torres Oliva, de 52.
Tras ser estabilizados en las ambulancias, los lesionados fueron trasladados para su atención a los hospitales Balbuena y Rubén Leñero.
-Pemex coloca bono a 12 años por mil millones de euros
Petróleos Mexicanos colocó este miércoles un bono a 12 años por mil millones de euros, con un rendimiento de tasa mid swap más 175 puntos base, informó un servicio financiero de Thomson Reuters.
El papel tiene un cupón de 3.75% y un precio de 99 mil 753 euros. Ofrece un retorno de 3.776%.
Barclays, HSBC y Morgan Stanley actuaron como agentes colocadores mientras que las calificaciones de la deuda son Baa1/BBB+/BBB+, respectivamente.
"La demanda total recibida alcanzó seis veces el monto emitido, siendo ésta la mayor demanda en una emisión de euros realizada por Pemex", añadió.
La intención de la emisión de deuda es "diversificar la base de inversionistas y hacer más eficiente el costo de financiamiento".
Entre los principales inversionistas que participaron en la colocación se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras principalmente en Europa y Asia.
"Esta transacción representa la segunda emisión de Pemex en 2014 en los mercados internacionales, habiendo emitido ya en dólares y en pesos, demostrando la habilidad de fondearse en distintas monedas y mercados", concluyó.
Pemex sufrió en 2013 una pérdida neta de unos 12.480 millones de dólares con un promedio de producción diaria de 2,5 millones de barriles.
-Aclara Pemex que no entregará recursos a chontales que exigen indemnización por fuga de gas
Villahermosa, Tab. La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que no entregará recursos en efectivos a los pobladores de las zonas chontales de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez, que mantienen bloqueos a instalaciones petroleros para demandar el pago de indemnización que le atribuyen a la fuga de gas del pozo Terra 123, accidentado en octubre del año pasado.
Dijo que las versiones en ese sentido son infundadas y ratificó su compromiso de colaborar “en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades ubicadas en zonas de influencia petrolera, e indicó que “desmiente versiones surgidas recientemente en el sentido de que otorgaría recursos en efectivo a personas y grupos demandantes”.
Explicó que a través de un acuerdo signado el pasado 6 de diciembre con el gobierno del estado se integró el Grupo Interinstitucional de Planeación y Seguimiento, en el cual se instituyó la subcomisión especial para el caso Pozo Terra 123.
En un comunicado, la paraestatal relata que con el propósito de atender las demandas de las comunidades aledañas al pozo se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo el pasado mes de marzo, pero durante éstas un grupo de delegados se levantó inconforme con los acuerdos y reinició los cierres a diversas instalaciones petroleras.
-Se deslinda Gómez Urrutia de crimen de exfuncionario
El líder minero Napoleón Gómez Urrutia se deslindó hoy del crimen del exsubsecretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Emilio Gómez Vives, ocurrido el pasado jueves 3 en la delegación Álvaro Obregón.
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) informó que Gómez Urrutia envió ayer un escrito al procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, para informarle que no tiene “nada que ver” con el asalto al exfuncionario federal.
Mauricio Gómez García, hijo del funcionario victimado, incriminó a Gómez Urrutia en los hechos luego de recordar que su progenitor recibió amenazas de muerte tras la consignación del expediente penal en contra de Gómez Urrutia, caso en el que su padre fue “pieza clave”.
Además comentó que debido a tales amenazas sus progenitores tuvieron la protección de un escolta por parte de la Secretaría de Gobernación, misma que les fue retirada una vez que Emilio Gómez Vives concretó su jubilación en el 2006.
Mauricio Gómez también comentó que hace ocho meses el matrimonio sufrió el robo de una camioneta, dos computadoras portátiles y varios discos duros con información relacionada con Gómez Urrutia.
Además, comentó que en días pasados nuevamente recibió llamadas de amenaza, presuntamente realizadas desde el interior de algún reclusorio, por lo que dejó su domicilio para radicar temporalmente en el estado de Veracruz.
En el escrito dirigido al titular de la PGJDF, el dirigente minero negó dichas imputaciones y anunció que procederá penalmente contra su acusador.
Y añadió:
“Como se ve, de manera independiente al dolor propio de la pérdida de su padre en un asalto, resulta por demás evidente que Mauricio Gómez Vives, nombre que publican en la prensa, se conduce con una ligereza que alarma y que lo coloca en la ilegalidad”.
-Acusan de robo y extorsión a opositores a gasoducto Morelos en Puebla
PUEBLA, Pue.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) fincó cargos a los tres activistas opositores al gasoducto Morelos por robo agravado, extorsión y privación de la libertad, entre otros delitos.
Pese a que las aprehensiones de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez; del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores, y de Abraham Cordero, dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, fueron consecutivas, la PGJ destacó en un boletín que a los tres se le acusa de distintos delitos cometidos en fechas y lugares diferentes.
En el caso de Enedina, actualmente presa en el penal de Cholula, la dependencia resaltó que se le acusa de los delitos de “oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público y robo calificado”.
Según la averiguación previa 496/2014/Atlixco, abundó, Rosas Vélez obstaculizó la construcción del gasoducto en el municipio de Atlixco, además de que despojó de sus pertenencias a varios trabajadores de una empresa.
En cuanto a Juan Carlos, preso en el penal de Cholula, la Procuraduría señala que el activista “enfrenta cargos por delito contra la infraestructura hidráulica, despojo y extorsión, entre otros ilícitos”.
También resaltó que, el 16 de mayo de 2012, Flores Solís cometió los delitos antes señalados en la comunidad de Santa María Acuexcomac, perteneciente al distrito judicial de Cholula, por lo que se inició a la averiguación previa 18/2012/SPCHO.
En relación con Abraham, la PGJ informó en otro boletín que se abrió una averiguación contra el activista por “su probable responsabilidad en delitos cometidos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad”.
La Procuraduría detalló que de acuerdo con el proceso penal 55/2014, Cordero Calderón agredió a varias personas que residían en un terreno de Tianguismanalco, Atlixco, además de que las privó de su libertad durante varias horas y amenazó con hacerles daño.
“Una vez que los hoy agraviados presentaron su denuncia ante el agente del Ministerio Público, se realizaron diversas indagatorias y diligencias en coordinación con la Policía Ministerial y la Dirección de Servicios Periciales, a través de las cuales se obtuvieron los elementos de prueba necesarios para acreditar dichos ilícitos”, acotó la PGJ.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala ha asegurado que la detención de tres de los líderes del movimiento en contra del gasoducto Morelos tiene como único objetivo desarticular la resistencia social que hasta ahora ha detenido el avance del megaproyecto.
Los integrantes del FPDTA señalaron que es evidente que los expedientes fueron armados para criminalizar a los activistas y atemorizar a los participantes en la lucha contra el gasoducto.
-Crean diputados comisiones para investigar contratos de Pemex y Línea 12
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, determinó autorizar la creación de dos comisiones, una de investigación para analizar el tema de los contratos firmados por Pemex a partir del año 2006 con empresas como Oceanografía; así como una comisión de seguimiento al caso de la Línea 12 del Metro.
El coordinador del Partido Verde Ecologista (PVEM), Arturo Escobar, indicó que cada comisión se conformará con 19 integrantes, y de acuerdo a la integración proporcional de las bancadas, 8 de los miembros de cada una serán del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, agregó que tras una larga discusión en ese órgano de gobierno, se avaló la integración de las comisiones.
Detalló que la comisión de investigación de Pemex, se ocupará de los casos en que la
Auditoria Superior de la Federación (ASF), haya hecho observaciones, de modo que no se restringirá al caso Oceanografía.
Indicó que de los 19 integrantes, 8 serán del PRI, 4 del Partido Acción Nacional (PAN), 3 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y uno del Partido Verde (PVEM), otro más del Movimiento Ciudadano (MC), otro del Partido Nueva Alianza (PANAL) y otro del Partido del Trabajo (PT).
"¿Qué se buscó con la integración, con la conformación de esta manera?, la proporcionalidad puntual que hay de los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara y en la Junta de Coordinación Política. Y el otro criterio es que haya una inclusión de todas las fuerzas, que nadie se sienta excluido de participar en dicha comisión", dijo.
Añadió que el acuerdo será presentado a la Mesa Directiva de San Lázaro, para que el Pleno de su visto bueno y posteriormente la Junta designe a los respectivos presidentes.
En el caso de la Línea 12, manifestó que tiene por objetivo dar seguimiento a las fallas en la construcción de esa obra.
En el de Pemex, se trata de una comisión investigadora que cuenta con las firmas de respaldo de 150 diputados que pidieron hacer uso del derecho de las minorías contemplado en el
artículo 93 de la Constitución.
-Mexicanos se llevan primer, segundo y tercer lugar en concurso mundial de robótica
Por primera vez en la historia del concurso de robótica más importante a nivel mundial, RobotChallenge 2014, jóvenes del IPN obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en las categorías de Microsumo, Nanosumo y Estilo Libre de la competencia.
Los estudiantes Diego Daniel Navarro Hernández, Daniel Rubén Rojas Rodríguez, Óscar Alberto Trejo Espinosa y Adrián Sánchez Reyes, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacatenco, llegaron a la final de Microsumo con dos prototipos de su creación.
Se trata de Bettlejuice y MicroAZTK, con los que ganaron para México el primer y segundo lugar, respectivamente, en la competencia robótica que se llevó a cabo en la Universidad de Viena, Austria, informó en un comunicado el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los robots se enfrentaron en la batalla final, después de vencer a rivales de Rumania, Lituania, Alemania y Polonia, entre otros.
La precisión en el diseño, desarrollo y ensamblaje de los prototipos, especialmente en su sistema de transmisión y estabilidad, nos permitió tener la supremacía en el concurso al que acudieron expertos en robótica de alrededor de 40 países”, indicó Navarro Hernández.
Por separado, otro equipo de alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), integrado por Francisco Román Barajas García y Rafael Hernández Tovar, también destacó en la categoría de Microsumo con el robot Excelso, que ganó el tercer lugar.
Asimismo, Barajas García y Hernández Tovar se adjudicaron otro tercer sitio en la Categoría de Nanosumo con el prototipo Nano BSG, el cual pasará a la historia de este concurso por ser el primer robot en conseguir esa posición no sólo para México sino también para América Latina.
Sus creadores señalaron que estos triunfos reflejan el gran esfuerzo y dedicación que han puesto en el desarrollo de sus diseños, para que estén en constante evolución y a la altura de los mejores prototipos europeos.
En tanto, en la categoría de Estilo Libre, el robot pianista Rohmus, de Miguel Adad Martínez Genis, de la UPIITA, fue la sensación de la competencia robótica, en la que también se adjudicó el tercer lugar por la ejecución de música clásica que impactó al público y a los jueces por encima de los prototipos con avances tecnológicos.
El mejor de los premios no fue precisamente el tercer lugar, sino ver cómo el público que acudió de diversos países del mundo se conmovían al escuchar, de un robot, la interpretación de Oda a la Alegría, de Beethoven; El Lago de los Cisnes, de Tchaikovski, y Minuet en Sol, de Bach, entre otras”, expuso.
Martínez Genis relató que la emoción lo invadió hasta las lágrimas cuando supo que, en 1813, en ese mismo recinto de la Universidad de Viena, Beethoven presentó por primera vez su Séptima Sinfonía “y hoy, después de 200 años, otra de sus obras es interpretada por mi robot”.
-Castillo a autodefensas: no hay marcha atrás en desarme
APATZINGÁN, Mich.- Después de tres días consecutivos de bloqueos y marchas encabezados por José Manuel Mireles, líder de las autodefensas, hoy el comisionado Alfredo Castillo aseguró que sigue en pie el plan de desmovilizar a los civiles armados en Tierra Caliente.
A puerta cerrada en las instalaciones del penal del poblado de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, Castillo se reunió con algunos de los líderes de las autodefensas.
A través de un tuit, el comisionado federal para la seguridad en Michoacán manifestó que el plan para desarmar a las autodefensas se mantiene y avanza.
“En La Ruana, en diálogo y avanzando en el acuerdo para la desmovilización y desarme (de las autodefensas)”, anotó en su cuenta de Twitter.
La reunión fue muy discreta y no se sabe el resultado, únicamente lo que Castillo deslizó en el breve mensaje, donde confirma que la reunión de trabajo realizada en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, fue para revisar el plan de desarme.
Por su parte, el doctor José Mireles, coordinador general de las autodefensas de Michoacán y quien no ha sido invitado a participar en estos encuentros con el comisionado federal, convocó a nuevas movilizaciones para los próximos días.
Para este jueves 10 citó a un mitin en el monumento a Emiliano Zapata en la glorieta de Cuatro Caminos, que une la ciudad de Uruapan, Apatzingán, Nueva Italia y Tepalcatepec. Y para el viernes 11, a otra manifestación en Pátzcuaro.
Mireles ha rechazado el plan de desarme del gobierno federal alegando que se dejará a las comunidades a la deriva y en manos del crimen organizado, principalmente de Los Zetas y del Cártel del Golfo (CDG), a quienes señala como los que están merodeando para entrar a Michoacán.
El doctor oriundo de Tepalcatepec ha sostenido en los últimos días una actitud contraria a las intenciones del gobierno federal, que la semana pasada anunció el desarme de las autodefensas. Ayer Mireles encabezó una caravana de unas 100 camionetas y autos que recorrieron unos 20 kilómetros desde Apatzingán a Nueva Italia, en la región de Tierra Caliente, como muestra de la fuerza y unidad de las autodefensas.
También acusó a Castillo de reunirse con únicamente tres representantes de autodefensas, dejando a un lado a 33 de igual número de poblaciones que también tienen una representación en el Consejo General. Por eso dijo que no son válidas las declaraciones de dirigentes y comisionado de que ya se aceptó el desarme en la entidad.
-Banco Mundial recorta a 3% previsión de crecimiento para México
El Banco Mundial (BM) recortó de 3.4 a 3% su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año.
Además recomendó a los inversionistas cautela y paciencia sobre las reformas estructurales, aunque aceptó que darán un mayor impulso a la economía. De manera particular, se espera que 2015 sea el año en que los cambios se empiecen a materializar.
Al presentar hoy el informe Perspectivas económicas de América Latina, el economista en jefe del organismo internacional, Augusto de la Torre, señaló que “soplan vientos de optimismo” luego de la aprobación de las reformas estructurales.
Según el directivo, “puede haber cierta impaciencia, pero estas reformas tienen que pasar por un proceso, primero en el Congreso, luego las reglamentaciones y, al final su implementación, es un proceso lento, pero hay que tener paciencia”.
Mientras tanto, la economía mexicana da muestras de un avance lento que, ni con el ejercicio “a tiempo” del gasto público, se ha podido acelerar.
Por ejemplo, apenas ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inversión fija bruta continuó en números negativos durante enero.
Y este miércoles la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reveló que las ventas tuvieron una caída de 2.4% en marzo.
De acuerdo con De la Torre, “aún así somos optimistas de que en 2015 se materialicen las reformas, principalmente por la inversión que se va generar a partir de la reforma energética, y por eso es que hay una buena ventana de optimismo hacia delante”.
Para el economista, lo que está pasando con México “es fascinante”.
“Su moneda poco a poco se convierte en un peso de reserva. Se trata de un mercado profundo que permite que cuando hay sacudidas globales los inversionistas busquen el peso mexicano, explicó.
También señaló que “el peso poco a poco se convierte en una moneda de reserva, no al nivel del dólar o del euro, pero sigue ganando terreno. Esto lo que refleja es el nuevo estatus de una moneda líquida y atractiva”.
Mientras, todo se queda en previsiones en el mediano plazo, porque al menos en 2014 la economía mexicana crecerá menos de 3%, de acuerdo con los especialistas. Aunque el resultado puede empeorar.
-Enfrenta Peña reclamos de industriales de Nuevo León
MONTERREY, N.L.- El presidente Enrique Peña Nieto enfrentó hoy un severo reclamo de los industriales nuevoleoneses: le exigieron reorientar el gasto público federal para reactivar la economía del país.
En su discurso de toma de posesión como presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Álvaro Fernández Garza, manifestó que la adversidad del entorno económico internacional preocupa seriamente a los empresarios del estado que gobierna Rodrigo Medina de la Cruz.
“Aunque varios de los factores que provocaron esta situación se han atenuado, aún se presentan debilidades en el mercado interno y en la confianza de los consumidores y productores. Por esa razón nos gustaría observar una verdadera reingeniería en el gasto público, que garantice que los recursos se orienten hacia las áreas prioritarias para el desarrollo económico”, dijo.
El empresario, quien fue reelecto durante la 70 Asamblea General de la Caintra, precisó que si la dirección del gasto se replantea y ello se suma a las inversiones programadas del sector privado, el dinamismo de la economía nacional puede detonar nuevamente.
En el auditorio de Cintermex y ante la presencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, Fernández Garza manifestó que 2013 fue un año de lento desarrollo para el país, con un crecimiento apenas superior a 1%, lo que provocó mermas en los micro, pequeños y medianos empresarios de la entidad.
El gobierno, dijo, es un actor fundamental en la economía del país y por ello no debe postergar sus compras e inversiones. “El ejercicio oportuno del gasto es una variable importante para reactivar el ritmo del mercado interno”, puntualizó.
Al referirse a la reforma fiscal aprobada el año pasado, el presidente de la Caintra señaló que “es perfectible”, y pidió a Peña Nieto continuar el diálogo con los empresarios para explorar juntos alternativas que beneficien al país.
Asimismo propuso considerar los impuestos al consumo, tomando en cuenta que en otros países han demostrado su efectividad para ampliar la base de contribuyentes de todos los sectores.
Fernández Garza también demandó un régimen específico para pequeñas y medianas empresas (Pymes) que simplifique los trámites y frecuencia de las declaraciones.
En respuesta a los planteamientos de la Caintra, Peña Nieto señaló que el gobierno federal trabaja para que el Estado tenga un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable en las siguientes décadas. Y subrayó que las reformas en materia económica traerán “claros beneficios para el sector industrial de México”.
Las enmiendas a la ley, añadió, han beneficiado principalmente a las pymes, ofreciéndoles mejores condiciones para competir.
“Con la reforma constitucional en materia de competencia económica se combaten las prácticas monopólicas, asegurando la libre competencia y concurrencia en todos los sectores de la economía. Con ella se benefician directamente las pequeñas y medianas empresas, porque se eliminan las barreras de entrada y se nivela el terreno de juego”, detalló.
Sobre la reforma educativa, también aprobada en 2013, aseguró que su instrumentación mejorará el nivel académico, y a mediano plazo –añadió– se fortalecerá el capital humano y la capacidad innovadora.
Respecto de la reforma energética, sostuvo que significará el cambio económico más importante en los últimos 50 años de México, y para los industriales, dijo, representará mayor seguridad en el abasto de energético y menores costos a favor de su competitividad.
Luego de mencionar que el gobierno federal amplió los proyectos e inversión en infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria, con un aceleramiento del gasto en esa materia, Peña precisó que en los primeros dos meses de este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invirtió 308% más en comparación con el mismo lapso el año pasado.
-Impugnan CNDH e IFAI el Código Nacional de Procedimientos Penales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dicho Código –que entrará en vigor en enero de 2015– regirá las investigaciones criminales y los procesos orales en todo el país.
Los recursos de inconstitucionalidad se recibieron en la Oficialía de Partes de la SCJN. De acuerdo con el procedimiento legal, deberán ser llevadas al ministerio de turno y éste elaborará el proyecto para ser sometido al pleno para su resolución.
La intención de la CNDH es que la Corte declare inconstitucional 13 artículos del nuevo Código, relacionados con la geolocalización sin orden judicial de celulares y equipos de cómputo, las atribuciones a policías de investigación y las medidas cautelares que pueden imponerse contra quienes sean acusados de algún delito.
La impugnación también incluye el artículo 155 que enumera las 14 medidas cautelares que los jueces están facultados a imponer a los procesados, entre ellas, la obligación del reo de presentarse periódicamente ante el juez, la exhibición de garantías económicas y el embargo de bienes, la prohibición de concurrir a ciertos lugares o reuniones, la separación del domicilio y la colocación de localizadores electrónicos, entre otras medidas.
La CNDH impugnó también los artículos relacionados con las facultades del Ministerio Público para asegurar cuentas y llevar el registro forzoso de detenidos que no cooperen, así como las atribuciones de los jueces para mantener el orden en las audiencias, incluido el arresto hasta por 15 días, y las actuaciones de investigación que no requerirán permiso de los jueces de control.
Según el organismo defensor, las operaciones encubiertas, las entrevistas a testigos y las revisiones corporales, no pueden realizarse sin control judicial. En general, para la CNDH el Código Nacional de Procedimientos Penales es violatorio de los derechos humanos.
El argumento del IFAI se refiere a la inconstitucionalidad de sólo un artículo, el 303 del Código Nacional, que faculta a las procuradurías ordenar a las empresas concesionarias de telecomunicaciones la geolocalización de aparatos electrónicos relacionados con la investigación de un delito.
También les permite preservar los datos hasta por 90 días en los casos de delitos relacionados o cometidos con medios informáticos. Según su consideración, ello viola la protección de los datos personales.
El enero pasado, los ministros del máximo tribunal del país avalaron –por ocho votos contra tres– la llamada ley de geolocalización. Esta norma permite a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes sin necesidad de una orden judicial y sólo en caso de que se muestre que la víctima corre peligro, o sea de “extrema urgencia”.
El argumento de los ministros fue que dicha ley es una medida “indispensable” para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, así como para la protección de las víctimas.
El Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó el 5 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con la intención de unificar los procedimientos penales federales y estatales de manera gradual a más tardar el 18 de junio de 2016.
-Exigen a Peña y Hollande debatir sobre agresiones a reporteros y activistas
En vísperas de la visita del mandatario francés François Hollande a México, organizaciones civiles internacionales exigieron incluir en la agenda de conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto temas como la violencia contra comunicadores, así como la impunidad que la envuelve y la inoperancia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En una carta dirigida a Hollande, directivos de Reporteros sin Fronteras (RSF) y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) alertaron sobre “la preocupante situación de la libertad de información” en México, donde han sido asesinados 80 comunicadores y 17 se encuentran desaparecidos.
Luego de apelar al papel que juega Francia en el plano internacional, sobre todo por su liderazgo en las Naciones Unidas (ONU), los defensores piden al presidente francés abordar con Peña Nieto “el tema crucial del alarmante grado de impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra los actores de la información”.
En la misiva detallan que la impunidad es producto de la colusión entre “el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas, con frecuencia corruptas”, además de que las investigaciones de crímenes contra periodistas “a menudo se cierran apresuradamente o se ven frenados por la lentitud burocrática”.
La situación se agrava, abundaron, debido a que “las autoridades tienden lamentablemente a descartar de entrada que el móvil del crimen estuviera relacionado con la actividad profesional de la víctima, acusando a los mismos periodistas de tener nexos con el crimen organizado”.
Entre los casos emblemáticos de la impunidad los directivos de RSF y WAN-IFRA destacan los homicidios de la corresponsal de Proceso Regina Martínez (Xalapa, Veracruz, 28 de abril de 2012); de Andrés López Bello (Oaxaca, 17 de julio de 2013), y de Gregorio Jiménez (Coatzacoalcos, Veracruz, 5 de febrero pasado).
Ante la violencia, alertaron, “numerosos medios de comunicación han renunciado oficialmente a tratar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas; de allí un clima de autocensura, perjudicial para la libertad de prensa”.
También resaltaron que además de los asuntos graves hay un clima contrario a la prensa, pues “los periodistas constantemente son víctimas de intimidaciones y agresiones, en ocasiones por las mismas fuerzas del orden”, y prueba de ello es que entre septiembre y octubre pasados RSF registró 65 agresiones contra comunicadores en cobertura de manifestaciones, siendo uno de estos casos el de Melina Zurita, corresponsal de la Agence France-Press (AFP).
Asimismo recordaron la reciente agresión hacia el director del diario Noroeste, Adrián López Ortiz, atacado por hombres armados quienes lo despojaron de su vehículo y pertenencias el 2 de abril; las amenazas de muerte contra la corresponsal de RSF Balbina Flores Martínez, el 12 de marzo, y el allanamiento y robo de la casa del director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez, el 16 de marzo anterior.
Frente a este panorama, los defensores de la libertad de expresión lamentaron que hasta ahora el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “no ha alcanzado sus metas, debido a la pesada burocracia y a que actualmente atraviesa una crisis administrativa”.
Después de recordar que el Mecanismo fue creado en octubre de 2012, los representantes de RSF y WAN-IFRA señalaron a Hollande que, a principios de este mes, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, se entrevistó con el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, a quienes expresó “la necesidad de reforzar este mecanismo”.
Los defensores pidieron al mandatario francés transmitir a Peña Nieto algunas recomendaciones para combatir la impunidad por crímenes cometidos contra comunicadores y activistas.
Así, consideraron necesario “reformar a profundidad el sistema judicial, con el fin de luchar contra la impunidad y garantizar una protección real de los periodistas”, y con ello llevar a cabo “investigaciones a fondo sobre los asesinatos, las amenazas y los ataques a los actores de la información”.
Además, recomendaron reforzar los medios con que cuenta la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como los del Mecanismo, “con el fin de establecer medidas de protección eficaces cuya aplicación sea obligatoria para todas las autoridades, tanto locales como federales”, a fin de que el Mecanismo sea “capaz de actuar de manera preventiva e intervenir desde que la víctima recibe amenazas”.
La petición a François Hollande fue suscrita por el presidente y el secretario general de RSF, Alain Le Gouguec y Christophe Deloire, respectivamente; el presidente y el director ejecutivo de WAN-IFRA, Tomas Brunegard y Vincent Peyrègne, así como por el presidente de World Editors Forum, Erik Bjerager.
También se sumaron a la demanda de intermediación con Peña Nieto el integrante del consejo de administración de RSF y de WAN-IFRA, Philippe Massonnet, así como el presidente del Comité Latinoamericano de WAN-IFRA y uno de los consejeros, Marcelo Rech y François Dufour, respectivamente.
-Impulsan ONG frente común contra la criminalización de la protesta
Organizaciones civiles anunciaron hoy la creación de un Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el inicio de la campaña en redes sociales #QueNoTeApaguen con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre su derecho a disentir.
En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustín (Centro Prodh), representantes de los grupos no gubernamentales dieron a conocer el documento Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, en el que se analizan 11 iniciativas y reformas legislativas “encaminadas a la restricción y a la criminalización de la protesta social”.
Entre las propuestas legislativas puestas bajo lupa destacan las siguientes leyes: la General de Regulación de Manifestaciones Públicas; la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la iniciativa de reformas a la Ley de Propiedad Industrial, la Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal.
Además de la reforma al artículo 29 constitucional y su ley reglamentaria; ley antiterrorismo, contenida en el Código Penal federal, y las leyes de geolocalización, dispuestas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las ONG también revisaron las iniciativas de regulación de manifestaciones impulsadas en los Congresos de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Según los inconformes, esas legislaciones e iniciativas no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, y lo que realmente buscan es “inhibir y limitar los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación”, tendencia que empezó a observarse a partir de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.
Dolores González Sarabia, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), alertó sobre una “represión desproporcionada a la protesta social y una tendencia a penalizar a los grupos sociales, a través de la criminalización desde la óptica delincuencial”.
La activista destacó que los funcionarios públicos de distintos niveles han sido los encargados de “deslegitimar y descalificar” la protesta social, sin considerar las agendas de quienes han recurrido a tomar las calles para exigir el cumplimiento de compromisos o demandas insatisfechas.
También consideró preocupante que debido a la criminalización de la protesta social “se cierren los caminos para procesar la inconformidad”.
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, condenó el “andamiaje legal para criminalizar la protesta social, que es la forma lícita en la que se exponen los disensos”, y alertó sobre la persistencia de “una obsesión por el control de los espacios donde se pueda originar la organización social”.
El sacerdote dominico criticó las propuestas legislativas impulsadas en los estados de San Luis Potosí, Quintana Roo y Jalisco, así como el Distrito Federal, encaminadas a la “burocratización del ejercicio de la protesta social, que representa una censura previa al promover que antes de manifestarse los ciudadanos tienen que dar aviso o solicitar un permiso de la autoridad correspondiente”.
Es inadmisible, dijo, que las iniciativas busquen criminalizar el derecho a la protesta si se bloquea un edificio público o si se toman las calles.
Concha Malo destacó que, en el proceso de criminalización de la protesta, los más afectados han sido los jóvenes, detenidos por manifestarse o incluso por su vestimenta.
Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, se refirió a los riesgos de aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por Peña Nieto, la cual, en su opinión, se apresta a crear un “cerco” de las redes sociales y contiene un mecanismo de “censura previa”.
Además reprobó que a través de esta iniciativa se pretenda violentar el “criterio más importante de las redes, que es la neutralidad”, al dar atribuciones al gobierno para ordenar a los proveedores de servicios de Internet a “bajar contenidos que consideren ilegales”.
Al señalar que ello afecta la protesta social, porque muchos movimientos surgen y convocan a través de las redes sociales, Maldonado consideró violatoria la práctica de la geolocalización y que, sin orden de un juez, la PGR pueda ordenar el almacenamiento de información generada por los ciudadanos hasta por dos años.
Incluso valoró como grave que la iniciativa de Peña Nieto otorgue facultades al Ejecutivo federal para “bloquear señales por motivos de seguridad nacional o de seguridad pública, que son vagos o ambiguos, por lo que cualquier acto puede ser considerado una amenaza a la seguridad nacional, es decir, se pretende castigar el disenso”.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), se refirió a la reforma al artículo 29 constitucional como parte del paquete de las iniciativas derivadas de la reforma político-electoral decretada en febrero pasado.
Más aún, consideró riesgoso que ahora se le den poderes al titular del Ejecutivo para suspender garantías “sin la aprobación del gabinete de seguridad, las secretarías de Estado, la PGR y los departamentos administrativos, aparte de que se flexibiliza la mayoría calificada del Congreso o la Comisión Permanente para facultar al presidente a suspender garantías”.
Al detallar los riesgos de concentrar en unas cuantas manos la decisión de suspender garantías constitucionales, Cortez insistió en que las propuestas que criminalizan la protesta son un instrumento de represión social para acallar el disenso.
El defensor convocó al presidente de la CNDH y a los titulares de los organismos locales de derechos humanos, así como a los legisladores que se manifestaron en contra de las iniciativas violatorias, a “ejercer sus facultades para interponer controversias constitucionales, porque al ser autoridades están obligadas a respetar y promover los derechos humanos como lo dicta la Constitución en el artículo primero”.
Asimismo consideró violatorio a los derechos de los mexicanos que, en el afán de controlar los espacios de expresión, “el gobierno federal y el capitalino hayan expropiado el Zócalo, negando uno de los objetivos del espacio público que es el centro de debate”.
Miguel Moguel, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, destacó que ante las señales represivas visualizadas desde la llegada de Peña Nieto al poder, la organizaciones han dado seguimiento al cumplimiento de la recomendación 07/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, además de que han emitido comunicaciones de alerta a las relatorías de libertad de expresión de ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Agregó que el lunes 7 las ONG enviaron una carta al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, para que haga valer su facultad de recurrir a la SCJN e interponer controversias constitucionales contra las acciones que criminalizan la protesta.
Además, destacó el arranque de la campaña #QueNoTeApaguen, encaminada a crear conciencia entre la sociedad sobre su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Pilar Tavera, de Propuesta Cívica, puntualizó que las tres exigencias de la organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social están dirigidas a los poderes legislativos federales y locales para que rechacen las reformas violatorias al derecho a la protesta.
También buscan, abundó, que la CNDH “asuma su responsabilidad de acudir a la SCJN y recurrir al mecanismo de acción de inconstitucionalidad”, y a los poderes ejecutivos federal y local para que “se abstengan de violentar los derechos de la libertad de expresión a través el uso de la fuerza o las actuaciones penales”.
Después de convocar a una marcha para este jueves 10 a las seis de la tarde partiendo de Televisa al Senado, Tavera reconoció que la iniciativa de la sociedad civil para enfrentar la criminalización de la protesta social “es también una batalla cultural, la ciudadanía tiene que entender que no se pueden restringir los derechos humanos” alegando el daños a terceros.
-Formal prisión a estudiante de Derecho por empujar a compañero a las vías del Metro
El estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arit Yosef González Villegas, de 22 años, recibió auto de formal prisión por empujar a un compañero a las vías del Metro y causarle la muerte.
El Juzgado Séptimo de lo Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, notificó la resolución este miércoles a González Villegas en la rejilla de prácticas.
El joven enfrentará un proceso penal por el delito de homicidio simple doloso, tras recabarse las pruebas suficientes que lo acreditan como presunto responsable de empujar a la víctima, identificado sólo como Daniel, de 22 años.
Hace una semana, el miércoles 2 de abril, ambos estudiantes acudieron a beber en bares cercanos a la estación del Metro Copilco.
Poco después de las 22:00 horas llegaron a dicha estación y, entre empujones, comenzaron a discutir en los andenes.
Justo en el momento en el que llegó el tren 21 con dirección a Indios Verdes, González Villegas arrojó a Daniel a las vías. quien falleció instantáneamente.
Arit Yosef intentó huir junto con otros amigos que lo acompañaban, pero fueron detenidos afuera de la estación.
Días después del incidente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dio a conocer un video en el que se muestra cómo sucedieron los hechos ese día.
-Grave falla amenaza seguridad de información privada en Internet
El defecto informático llamado Corazón Sangrante (Heartbleed) –grave error en el protocolo de seguridad OpenSSL que es usado por 66% de los sitios web, y que permite robar la información protegida– ha puesto en riesgo la privacidad de datos bancarios, comunicaciones privadas, correos electrónicos y documentos en Internet.
El protocolo de seguridad permite que las contraseñas, correos o tarjetas de crédito no puedan ser vistos por otros, y se representa por la imagen de un pequeño candado junto a la barra de dirección del navegador.
“El error Heartbleed permite a cualquier persona en Internet leer la memoria de los sistemas protegidos por las versiones vulnerables del software OpenSSL. Esto compromete las claves secretas que se utilizan para identificar a los proveedores de servicios y para cifrar el tráfico, los nombres y las contraseñas de los usuarios y el contenido real. Esto permite a los atacantes espiar las comunicaciones, se roban los datos directamente de los servicios y de los usuarios y para suplantar a los servicios y los usuarios”, dice el sitio web de Codenmicon.
Mediante la falla, cuyo nombre técnico es CVE-2014-0160, un atacante puede acceder a “las joyas de la corona”, es decir, las llaves de encriptación de las páginas, según el portal Heartbleed.com. Estas llaves, añade, “permiten al atacante desencriptar todo el tráfico, pasado y futuro, de los servicios protegidos, así como imitar el servicio a su gusto”.
La vulnerabilidad ya afectó a millones de servidores que hospedan sitios de Internet, entre ellos el de Yahoo!, asevera el portal de ciberseguridad Netcraft. Sin embargo, precisa, no todos los sistemas adoptaron esta versión vulnerable de OpenSSL.
Pese a que el error existe desde 2012, fue hasta la noche del pasado lunes 7 cuando lo descubrió un equipo de ingenieros en seguridad informática, lo que provocó un temblor en la red.
Los ingenieros desaconsejan a los usuarios cambiar sus contraseñas y asegurarse de que el servidor del portal de Internet actualizó la versión de OpenSSL que utiliza. De no ser así, los nuevos datos se encontrarían expuestos.
Por otra parte, advierten que lo más prudente a la fecha es no entregar datos personales ni realizar transacciones en línea durante los próximos días.
-La Sagarpa prohíbe pescar a indígenas del Golfo de California
Indígenas de la tribu Cucapá, que habitan en el Golfo de California, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de condenarlos a la miseria y de no respetar sus usos y costumbres.
Hila Hurtado, coordinadora de la Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapá, denunció que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitió un decreto por medio del cual se prohíbe a dicha comunidad indígena que viven a los márgenes del Delta del Río Colorado a pescar, pese a que se trata de una actividad histórica que ha dado identidad a este pueblo originario de menos de 500 habitantes.
Según el decreto de Cuota de Captura emitido por la Sagarpa, cada embarcación de las zonas pesqueras de Sonora y Baja California sólo únicamente podrán capturar 5.7 toneladas de curvina golfina.
La venta de ese producto es insuficiente para sobrevivir todo el año, dice en entrevista telefónica Hurtado, quien asegura que para obtener ese tonelaje se requiere una inversión de unos 30 mil pesos, para obtener una ganancia de 27 mil, fondos con los que tendría que sobrevivir una familia el resto del año.
Y es que desde que en 1993 se declaró Reserva de la Biósfera al Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, los cucapás que viven en el municipio de Mexicali, Baja California, se consideran en peligro de extinción al verse afectada su principal fuente de trabajo.
“De nuestros antepasados aprendimos a sobrevivir de la pesca, es nuestra tradición ancestral, a nosotros no se nos consultó como pueblos originarios que el Delta del Río Colorado y el Golfo de California se convertiría en Reserva de la Biósfera, y con ello ya no tenemos de qué vivir”, apunta Hilda Hurtado.
Hurtado es líder de una de las tres cooperativas pesqueras indígenas de esta región de Baja California, en la que hay registradas ciento once embarcaciones del pueblo cucapá. En la Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapá hay 61 embarcaciones inscritas.
“Le hemos pedido al señor Enrique Martínez y Martínez que mínimo nos incremente a 700 kilos de curvina golfina por embarcación la cuota de pesca, no nos vamos a hacer ricos, es una actividad de sobrevivencia”, insiste Hurtado.
La dirigente indígena recuerda a las autoridades federales que pese a ser un pueblo que vive en la pobreza, “ninguna instancia nos ha ayudado, a pesar de que tienen un programa de Cruzada contra el Hambre, para nosotros sólo es hambre porque con el decreto a eso nos condena el gobierno federal”.
Asesorados por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) los cucapás interpusieron un recurso de amparo y una queja contra el decreto de la Sagarpa fechado el 24 de febrero, pero una juez de primera instancia y un tribunal colegiado les negaron el derecho a los indígenas “al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugres que habitan y ocupan las comunidades”, como lo establece el artículo segundo constitucional.
Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la CCDH apunta en entrevista telefónica que los jueces federales “hicieron a un lado su obligación de poner por encima los derechos humanos de los pueblos indígenas y los tratados internacionales, antes que el decreto de la Sagarpa, ejercer el control de convencionalidad como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Ramírez Baena recuerda que en septiembre de 1990 México ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce entre otras cosas, “el derecho a la consulta previa, libre e informada en toda política pública que les afecte, situación que no ocurrió con la determinación de nombrar Reserva de la Biósfera al Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, donde existen vestigios precolombinos de que los cucapás era un pueblo de pescadores”.
El representante de la CCDH agrega que las resoluciones judiciales desconocieron además los artículos uno y dos de la Constitución, y la jurisprudencia de la SCJN sobre el control de constitucionalidad, del 29 de noviembre de 2011, por el que los jueces están obligados a “preferir los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales a pesar de las disposiciones contrarias que se encuentren en cualquier normativa inferior”.
Para el defensor, al no desechar el decreto de la Sagarpa, “el Poder Judicial Federal perdió la oportunidad histórica de hacer valer el Estado Social y Democrático de Derecho, dando una lección de justicia a las autoridades, en este caso a la Sagarpa, de respetar el derecho al debido proceso en sus resoluciones”.
Al no verse favorecidos por los instrumentos legales, Hilda Hurtado dice que los miembros de su cooperativa no van a detenerse. Van a seguir pescando como lo han hecho toda la vida los cucapás.
“Sabemos que nos estamos arriesgando a que una vez más nos quiten el pescado, los vehículos, las embarcaciones y hasta que nos metan a la cárcel, pero pescar es nuestra forma de sobrevivir y no nos queda otra más que seguir haciéndolo”, sostuvo Hurtado.
-Demandan trabajadores de la PGJ de Guerrero incremento salarial del 40 %
Acapulco, Gro. Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Policías Ministeriales en Acapulco, se concentraron en las instalaciones de la Fiscalía Regional de la PGJE, ubicadas en la colonia Progreso, para exigir, entre otras demandas, un incremento salarial del 40 por ciento.
Apenas, la noche del martes, concluyó el paro de labores en oficinas del Poder Judicial de Guerrero, donde los trabajadores exigían también incremento a su salario.
Sin embargo, este día inició otra protesta por parte de los trabajadores de la PGJE, secretarios, peritos, agentes del Ministerio Público e investigadores ministeriales, quienes se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía regional desde las 9 de la mañana, e informan que no dejarán de atender a la ciudadanía, pero subrayaron que desean ser escuchados.
Son unos 40 trabajadores de diversas agencias y oficinas de la PGJE quienes exigen mejores prestaciones laborales y herramientas para desempeñar sus labores. Se informó que la movilización también se realizó en Chilpancingo.
-Incendio consume fábrica de plásticos en Yucatán; no hay lesionados
Mérida, Yuc. Un espectacular incendio registrado la tarde de este miércoles en la bodega recicladora “Hilos y Plásticos del Sureste” arrasó con el local, dejando millonarias pérdidas materiales y seis personas sofocadas por el humo.
Los bomberos tardaron horas en controlar por completo el siniestro y se requirió el apoyo del “carro de ataque” del Aeropuerto de Mérida que lanza poderosos chorros de agua.
Este es el primer megaincendio que ocurre en Yucatán debido a las altas temperaturas que se han reportado en las recientes dos semanas, por arriba de los 40 grados centígrados, y a la sequía imperante.
El siniestro inició a las 15:30 horas cuando el fuego en la maleza, que estaba detrás de la fábrica, se salió de control. Las llamas avanzaron sobre las bardas perimetrales de este negocio, ubicado en la calle 20-A con 9 y 26, de la colonia San Francisco, en el municipio de Umán, colindante con Mérida, y empezaron a incendiarse las montañas de plástico de desecho.
El fuego avanzó a rápidamente y los empleados no pudieron controlar el incendio, por lo que salieron del lugar pues en cuestión de minutos las llamas habían llegado a la bodega. La gruesa columna de humo negro que se veía desde varios kilómetros a la redonda.
El propietario del negocio José Luis Gómez Barrera dijo que las pérdidas son millonarias, aunque no dio un estimado.
Ante la situación, el “carro de ataque” de los bomberos del Aeropuerto de Mérida llegó al lugar para sofocar el incendio. Esta es la primera vez que el vehículo sale del aeropuerto para apoyar una contingencia de este tipo, a solicitud del gobierno del estado.
-Respalda Gaviño Ambriz decisión de GDF de evitar devolución por Línea 12
El presidente de la Comisión de Investigación para la Línea 12 del Metro, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge Gaviño Ambriz, respaldó la decisión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de buscar todos los mecanismos legales para evitar la devolución de los más de 489 millones de pesos reclamados por la Secretaría de la Función Pública, de gastos no comprobados en la construcción de la llamada Línea Dorada.
Entrevistado luego de una reunión de los legisladores que integran dicha comisión con el titular de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF), Hiram Almeida Estrada, el legislador adelantó que mañana sostendrán un encuentro con el subsecretario de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas, para que exponga los motivos de dicha reclamación.
Con esa información, dijo, los partidos y la ALDF estarían en condiciones de pronunciarse al respecto.
onsideró sin embargo que Mancera, como cualquier otro gobernante, tiene la responsabilidad de cuidar los recursos del gobierno.
“El jefe de gobierno tiene la obligación de salvaguardar los recursos fiscales, que finalmente son recursos de todos, para invertirlos en la ciudad y no regresarlos a la federación”, apuntó.
Respecto de la reunión con el Contralor, dijo que fue un acuerdo de la comisión tener reuniones fuera del órgano legislativo con el funcionario, así como con la SFP para un intercambio de información y puntos de vista.
Dijo que está avanzando la investigación que realiza la dependencia y hasta el momento ha tomado declaración de 28 personas entre funcionarios, ex servidores públicos y particulares.
-ALDF pone a disposición teléfono para obtener apoyo jurídico en caso de acoso
La diputada local Polimnia Romana Sierra informó que el mismo día en el que MVS denuncio la presunta operación de una red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos mujeres quienes dijeron haber prestado sus servicios como edecanes en ese instituto político, se comunicaron con ella para solicitarle asesoría jurídica por estar dispuestas a presentar denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Tras indicar que ambas mujeres son asesoradas por su equipo de abogados puso a disposición de cualquier otra persona que desee recibir este tipo de asesoría el teléfono 51 30 19 00 extensiones 503 y 505 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para obtener apoyo jurídico.
En conferencia de prensa anunció que someterá a consideración del pleno una serie de reformas al Código Penal del Distrito Federal, para hacer más fuertes las penas a funcionarios públicos que acosen, amenacen o apliquen violencia económica a cambio de favores sexuales y que a aquellos servidores públicos a los que se les compruebe cualquiera de esas acciones se les cancele la posibilidad de participar en elecciones a cargos de representación popular.
Indicó que adicionalmente y en conjunto con la diputada Dione Anguiano en los próximos días iniciarían la campaña preventiva “amor y poder” para exhortar a las mujeres a conocer sus derechos y denunciar en caso de sufrir acoso sexual por parte de funcionarios públicos.
Sierra dijo que la campaña que consistirá en pegar carteles en las oficinas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Gobierno del Distrito Federal cuenta con el apoyo de la Secretaria de Economía del gobierno capitalino, Patricia Mercado.
-Autodefensas rurales se extienden en el país frente a intención de privatizar ejidos: CNPA
La creación de “autodefensas por la propiedad social en el medio rural” se extiende por todo el país, ante la intención gubernamental de privatizar el ejido con la reforma al campo, señaló en el marco de los plantones que campesinos llevan a cabo en las secretarías de Economía, Sedesol, Sagarpa y Sedatu, el presidente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
Indicó que será por todas las vías legales que la fuerza campesina defenderá su derecho a la tierra, porque la oposición a la reforma al campo es mayor que a la energética.
En tanto, dirigentes de este movimiento, Francisco Yasser Chef, Yuri Uribe y Luis Manuel de la Cruz demandaron la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) a fin de sea más equitativo el comercio de alimentos entre los dos países y a precios justos.
-Demandan aspirantes excluidos abrir más universidades de calidad
Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes) se manifestaron esta tarde frente a la torre de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para demandar a las autoridades educativas federales la apertura de más instituciones universitarias “de calidad” y que en las casas de estudios ya establecidas se incremente la matrícula de primer ingreso.
Una comisión que representó a los 70 manifestantes entregó un documento a personal de la Secretaría de Servicios de la Comunidad de la casa de estudios en el que demandan que se instale (como desde hace nueve años) una mesa de negociación para resolver la problemática.
Los funcionarios universitarios expresaron que confían en que la Secretaría de Educación Pública convoque a esas negociaciones, donde habrá representación de la UNAM.
-Asigna Consar más 805 mil cuentas de trabajadores entre cinco administradoras de Afore
Las cuentas individuales de fondos para el retiro de 805 mil 923 trabajadores fueron asignadas entre cinco administradoras de Afore por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) por no haber elegido una administradora durante un año calendario. Esas cuentas involucran más de 12 mil 647.8 millones de pesos en recursos acumulados.
El organismo informó que, además, otras 43 mil 434 cuentas fueron devueltas (reasignadas) a la Prestadora de Servicios (un fondo administrativo que presta los servicios de registro y control de cuentas individuales no hayan elegido administradoras de fondos para el retiro (Afore) en una cuenta concentradora). Las cuentas reasignadas involucran recursos por poco más de 873.8 millones de pesos. Otras mil 396 cuentas con algo más de 23.55 millones de pesos fueron transferidas de una Afore a otra por no haber tenido movimientos durante dos años.
La Consar dio a conocer que durante marzo y abril pasados se llevaron a cabo los procesos de asignación y reasignación de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan al IMSS, tal y como se encuentra previsto en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR).
Explicó que la asignación se realizó con aquellas cuentas de trabajadores que en un plazo de un año calendario no eligieron la Afore de su preferencia para que les administre sus recursos.
Por lo que hace a la reasignación, es decir, aquellas que fueron devueltas a la cuenta concentradora, fueron aquellas que habiendo sido asignadas con anterioridad no registraron movimientos en seis bimestres consecutivos. Este tipo de cuentas involucran los recursos acumulados por seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
La Consar precisó que las Afore que perdieron cuentas asignadas fueron XXI-Banorte, Principal, Banamex, Inbursa y Azteca. Las que mayor número de cuentas recibieron, debido a los rendimientos obtenidos en su operación, fueron Banamex, Sura, Invercap, Pensionissste y Profuturo GNP.
Para evitar en la mayor medida posible llegar al proceso de asignación o reasignación, la Consar hizo un llamado a los trabajadores que aún no se registran en una Afore para que “soliciten/formalicen su registro y puedan disfrutar de los beneficios que ofrecen las Afore, entre los que destacan: la recepción de tres estados de cuenta al año y la posibilidad de hacer ahorro voluntario con acceso a rendimientos altamente competitivos. El registro es un procedimiento sencillo que puede hacerse en ventanilla, a través de un agente promotor, o bien por Internet”.
-Demanda Profeco reembolso de $115 millones a clientes de Mexicana
La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez Rodríguez, anunció que solicitará a las instancias correspondientes el reembolso de aproximadamente 115 millones de pesos para 10 mil 667 consumidores que resultaron afectados por Mexicana de Aviación y sus filiales, mismos que representa desde el año 2010.
Una vez que se declaró la quiebra de la primera aerolínea del país así como de sus filiales, Mexicana Inter (Link) y Aerovías Caribe (Click), personal especializado de Profeco vigilará el cumplimiento de las obligaciones de la aerolínea a consumidores que se adhirieron al concurso mercantil en tiempo y forma.
“En términos de la sentencia de reconocimiento de créditos, la Profeco insistirá en la indemnización al cien por ciento de los consumidores afectados por el incumplimiento de los servicios contratados a Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.; Mexicana Inter, S.A. de C.V. (Link), y Aerovías Caribe, S.A. de C.V. (Click)”, sostuvo la procuradora.
En su momento, Profeco logró el reconocimiento de una indemnización del 25 por ciento a favor de los consumidores afectados por estas compañías.
La dependencia recomendó a consumidores reconocidos dentro del Concurso Mercantil que consulten periódicamente medios de comunicación y la página www.acolectivas.profeco.gob.mx donde se dará a conocer información relacionada con la etapa de quiebra.
Para atender a quienes presentaron queja o denuncia contra Mexicana, Click y Link antes del 15 de diciembre de 2010, los consumidores involucrados con este caso deberán comunicarse con Norma Gabriela Sánchez Lew, directora general adjunta de acciones de grupo de la Profeco, al teléfono 5625-6700 extensión 1404
También a las extensiones 1292, 1176 y 1357 de la misma dirección para ser atendidos por personal especializado y ser informados si fueron reconocidos como acreedores dentro del concurso mercantil y, si es el caso, del monto correspondiente.
-Piden 80 legisladores de EU a Obama prohibir armas por violencia en México
Washington. Más de 80 legisladores estadunidenses pidieron hoy en una carta dirigida al presidente Barack Obama que renueve la prohibición de armas tipo militar bajo el argumento de que ayudará a reducir la violencia relacionada con las drogas en México.
Los legisladores Eliot Engel, el demócrata de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y John Conyers, del Comité Judicial, sostuvieron que Obama goza de la autoridad de hacer cumplir la prohibición sin recurrir al Congreso.
“El cumplimiento de esta prohibición serviría el doble propósito de mejorar la seguridad pública en los Estados Unidos y reducir la violencia conectada a las drogas en México”, señalaron.
La prohibición a la importación de armas tipo militar estuvo vigente en el gobierno de George Bush padre (1989-1993) luego que un estadunidense usó un rifle AK-47, de fabricación rusa, para asesinar a cinco niños y herir a otros 30 en California en 1989.
Aunque el presidente Bill Clinton renovó la prohibición, su sucesor George W. Bush (2001-2009) abandonó su cumplimiento.
“Lo instamos a hacer cumplir plenamente la prohibición (...) y a ampliarla para incluir las nuevas pistolas de tipo AK-47 que combinan el poder de un rifle con la portabilidad de una pistola”, señalaron los legisladores en su misiva.
Aunque la administración Obama declaró en algún momento su apoyo al restablecimiento de la prohibición de armas de asalto, que el expresidente George W. Bush dejó expirar en 2004, decidió no impulsarla en medio de la oposición en el Congreso de ambos partidos.
La petición de los legisladores incluye prohibir las rifles semiautomáticos que no sean de uso deportivo con cargadores de más de 10 balas, así como de aquellos rifles que los fabricantes alteran para hacerlos pasar como deportivos, entre otros.
“Con el restablecimiento de estas importantes restricciones, seremos capaces de reducir la violencia en los Estados Unidos y en nuestro vecino México”, concluyeron.
Cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) encontró que un 68.5 por ciento de las 99 mil 691 armas recuperadas en México entre 2007 y 2011 procedían de Estados Unidos.
-Protesta la SRE por la ejecución de Ramiro Hernández
El mexicano Ramiro Hernández Llanas fue ejecutado hoy en Texas con una inyección letal y falleció a las 18:28 horas, pese a los llamados nacionales e internacionales al gobierno de Estados Unidos para evitar la aplicación de la pena de muerte.
De inmediato, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la ejecución y destacó que Hernández Llanas se convirtió en el cuarto mexicano ejecutado en franca violación al fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el caso Avena hace más de diez años (31 de marzo de 2004).
El gobierno de México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos, conforme al cual ese país se encontraba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta al señor Hernández Llanas; obligación que subsiste respecto de los otros 50 connacionales incluidos en dicha decisión, señaló en un comunicado.
15 años en el corredor de la muerte
Ramiro Hernández fue ejecutado tras 15 años en el corredor de la muerte, luego de que las cortes estatales desecharan el argumento acerca de su discapacidad mental comprobada y de que la Suprema Corte de Estados Unidos se negara a revisar el caso. Según las autoridades estadunidenses, Ramiro fue acusado de homicidio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo cual fue sentenciado a 25 años de cárcel. Sin embargo, se fugó y se estableció en la comunidad de Kerrville, al noroeste de San Antonio, Texas, donde trabajó ayudando al ranchero Glen Lich, a quien asesinó con una varilla de hierro y a cuya esposa violo después, por lo que fue condenado a muerte.
Hernández Llanas es el sexto prisionero de Texas ejecutado este año, el segundo mexicano. Édgar Tamayo, originario de Morelos, fue ejecutado en la misma prisión de Huntsville el 22 de enero pasado, y murió 17 minutos después de aplicada la inyección letal.
Para Ramiro Hernández se empleó una inyección letal a base de pentobarbital, que produce una muerte más rápida. Funcionarios del Departamento de Justicia Penal de Texas se han negado a identificar la procedencia del poderoso sedante, aduciendo que se necesita el secreto para proteger al proveedor de las amenazas de violencia de los adversarios de la pena de muerte.
Texas y otros estados que tienen la pena capital se han esforzado por encontrar drogas sustitutas o nuevas fuentes de drogas para las inyecciones letales después de que los grandes laboratorios farmacéuticos —muchos con sede en Europa, donde prevalece la oposición a la pena de muerte— dejaron de venderlas a las prisiones y departamentos correccionales.
Apelaciones agotadas
Las apelaciones de Hernández Llanas se agotaron y la junta de libertad condicional de Texas se negó el martes a demorar su ejecución o a conmutarla por prisión perpetua.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desplegó una serie de acciones legales, políticas y diplomáticas, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, hasta agotar todas las instancias a su alcance con el fin de obtener la suspensión de la ejecución del connacional para dar oportunidad a la revisión de su caso. Entre las acciones legales se encuentra la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de emitir medidas cautelares ordenando a Estados Unidos la suspensión de la ejecución, mismas que por la gravedad, urgencia y carácter irreparable del caso, fueron otorgadas por la CIDH el 31 de marzo pasado.
Adicionalmente, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y diversos legisladores federales solicitaron por escrito al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, la suspensión de la ejecución, mientras que el Senado de la República emitió un punto de acuerdo en el que reitera un exhorto respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que apruebe, cuanto antes, el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Asimismo, a través de su embajada en Estados Unidos, el gobierno de México realizó gestiones ante varios países, logrando que se sumaran a este llamamiento Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Suiza, así como la Unión Europea.
Conforme a lo manifestado por el secretario José Antonio Meade en una carta dirigida a la presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 20 de marzo, relativa al incumplimiento del fallo en el caso Avena, el gobierno de México reitera su indignación por la ejecución de ciudadanos mexicanos en contravención a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y destaca su preocupación por el efecto negativo de esta situación en el régimen internacional de asistencia y protección consular.
El gobierno de México insta de nuevo a Estados Unidos a adoptar acciones efectivas que impidan que el estado de Texas, o cualquier otro, lleve a cabo la ejecución de cualquier nacional mexicano en desacato del fallo Avena y en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La SRE expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Hernández Llanas, a quienes continuará brindándoles la debida asistencia consular y acompañándolos en el proceso. En su momento se les facilitó su traslado a esa ciudad y que lo pudieran visitar con la mayor frecuencia posible en los días cercanos a la fecha de ejecución. A solicitud de la familia Hernández Llanas, dicha ayuda se mantendrá en la gestión del traslado a México de sus restos.
México continuará impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los Estados en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
-Piden trabajadores de Mexicana a la Corte atraer declaración de quiebra
Trabajadores de Mexicana de Aviación solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los amparos presentados ante la justicia federal, entre ellos la declaración de quiebra emitida por el juzgado décimo administrativo en materia civil, para que así, el máximo tribunal de justicia “restituya los derechos humanos y las garantías al trabajo, al salario, a la seguridad social y a la felicidad que tenemos los trabajadores” de la aerolínea.
En el marco de un mítin celebrado a las afueras del edificio sede de la Suprema Corte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, Miguel Ángel Yúdico Colín entregó en la oficialía de partes de la SCJN el documento dirigido a los ministros de la segunda sala para ejerzan su facultad de atracción y resuelvan los amparos.
“Los trabajadores de Mexicana ya no tenemos nada que perder y todo que ganar junto con México, hemos decidido jugar hasta el último aliento por nuestras vida, nuestras familias, nuestra empresa y nuestro país”, indica el texto en el que demandan a los ministros que intervengan para poner fin a la serie de acciones inconstitucionales e ilegales que iniciaron hace más de cuatro años en perjuicio de la aerolínea más antigua e importante del país.
En su argumentación, los trabajadores señalan que para diciembre de éste año, las rutas de la empresa las operan otras compañías, lo mismo que las aerovías y los slots y que el monto de los adeudos de las empresas que conforman Mexicana lo que “hará imposible que alguien invierta capital entre ellas y entonces el gobierno federal convertirá en quebranto definitivo, en perjuicio del patrimonio de la federación” por un monto superior a los 4 mil 50 millones de pesos.
En el escrito, los trabajadores señalan que para rescatar la aerolínea libran una batalla legal “sumamente compleja” que se ha traducido en varias demandas de amparo que merecen ser atraídas por la Suprema Corte.
El documento detalla que entre los recursos interpuestos destaca el amparo 883/2013 promovido ante el juzgado décimo primero de distrito en materia civil, el cual aún no ha sido admitido por ningún tribunal colegiado, en el que se reclama la omisión de promover el concurso mercantil de la empresa Nuevo Grupo Aeronáutico SA de CVen los términos del artículo 21 de la Ley de Concursos Mercantiles.
La importancia del juicio radica en que desde el inicio de los juicios mercantiles Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Inter, Aerovías Caribe y Mexicana MRO, el juzgado referido incumplió la ley considerando a la controladora accionaria de las empresas concursales como extraña al proceso y no como las propias compañías concursadas.
En este sentido, señala el escrito que el sindicato solicitó a la Procuraduría General de la República demandara el concurso mercantil de la empresa controladora, de manera que, al estar fuera de la jurisdicción directa del juzgado concursal tiene las manos libre para hacer de sus controladoras lo que quiera y, es dueña de las marcas y de la propiedad industrial de dichas concursadas y de sus acciones.
Sin embargo, la Procuraduría manifestó que no está obligada a hacerlo y por tanto, el juez sobreseyó el asunto, por lo que interpusieron el amparo que, exigen, sean resuelto por la Suprema Corte.
-Ninguna evidencia liga a Fausto Vallejo con 'templarios': PGR
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que de las investigaciones que se han realizado en torno a Los caballeros templarios no existe ninguna evidencia que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, tenga nexos con ese grupo criminal.
Entrevistado en el club de industriales en la ciudad de México, luego de participar en un acto, señaló que se mantiene en la postura de que en “todas” las investigaciones, Michoacán u Oceanografía, se llegue hasta “las últimas consecuencias”.
Tras la detención del empresario del Transporte José Martínez Pasalagua, refirió que las investigaciones siguen su curso y que hasta el momento el detenido continúa declarando en instalaciones de la SEIDO.
-Instala gobierno federal "Comisión Permanente para la Reforma del Campo"
El gobierno federal instaló hoy la "Comisión Permanente para la Reforma del Campo", la cual tiene como objetivo impulsar un cambio estructural para el agro mexicano.
Representantes de los sectores social y empresarial del campo, funcionarios, legisladores y especialistas trabajarán para la definición de propuestas del 22 de abril al 31 de julio próximo. Los líderes campesinos proponen la creación de un organismo público regulador del mercado agropecuario, así como una intervención del Estado mexicano ante las "prácticas monopólicas" del sector.
Se tiene programado realizar siete Foros Nacionales Temáticos con Organizaciones Sociales, Privadas y académicos, seis Foros Regionales con Vocación Territorial, 32 Foros Estatales y un Foro Nacional Global, que a su vez servirá de clausura de los trabajos de consulta, para luego, en septiembre, llevar la propuesta de reforma al Congreso de la Unión.
Al hablar en representación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Subsecretario de Gobierno de esta dependencia, Luis Enrique Miranda Nava, hizo un llamado a hacer política para el campo y no política del campo.
“Aprovechemos el momento de grandes transformaciones que vive México y su impulso reformador para diseñar una política pública clara, de largo aliento y con resultados concretos que vayan más allá de las promesas y la retórica”, apuntó.
Destacó que la determinación de construir es permanente; el diálogo para alcanzar acuerdos es incluyente, porque los objetivos del esfuerzo son claros: “lograr un campo justo, productivo, rentable y sustentable”.
El presidente Enrique Peña Nieto, indicó el Subsecretario, está decidido a construir un gran acuerdo, una sólida alianza, del sector agrario y sus organizaciones con el Estado mexicano. Nos ha convocado a escuchar y atender todas las voces, con vocación plural e incluyente.
En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación estuvieron integrantes de las comisiones legislativas de las Cámaras de Diputados y de Senadores vinculadas al sector; la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), el Colegio de México y el Colegio de Posgraduados.
Por parte de las organizaciones sociales, cuya representación es de 38 agrupaciones estuvieron la Confederación Nacional Campesina, el Congreso Agrario Permanente, el Frente Auténtico del Campo, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y el Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; en tanto que de las privadas tomarán parte el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales.
Como parte de los trabajos de la comisión, se instalarán ocho Comités Técnicos Intersecretariales, los cuales coadyuvarán a generar las sinergias en temas que involucran colaboración interinstitucional: Agua (Conagua, Semarnat, Sagarpa); Insumos y Energía (Sener/Pemex, Sagarpa), Sustentabilidad ambiental (Semarnat, Sagarpa, Conafor), Financiamiento y Banca de Desarrollo (SHCP, Sagarpa), Precios y Mercados (SE, Sagarpa, SHCP), Presupuestos multianuales (SHCP, Sagarpa), Desarrollo social de la comunidad rural (Sedesol, SS, SEP, Sagarpa) y Agrario (Sesatu, Sagarpa).
