Expolicías federales protestan contra despidos injustificados.
Foto: Susana Gil
Presionado para poner en marcha la Gendarmería Nacional el próximo julio, el gobierno de Enrique Peña Nieto no encontró mejor manera de disponer de plazas y contratar nuevos agentes que el despido de más de 2 mil policías federales adscritos a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a los que se suman los incluidos en una lista de 721 integrantes de la División de Fuerzas Federales a quienes se les inició un procedimiento administrativo.
Y el pasado 16 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó el método empleado para depurar a las policías del país: a propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por unanimidad la Primera Sala declaró constitucional el uso del polígrafo como examen de control de confianza. “Sirve para prevenir conductas antisociales dentro de los cuerpos de seguridad pública y su uso no viola los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso”, concluyeron los ministros.
Por ello la abogada Reynalda Velasco interpondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja por violaciones al derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en sus procedimientos administrativos de separación del cargo la Policía Federal (PF) se constituye en juez y parte.
Velasco es defensora de 200 de los 2 mil policías despedidos el año pasado, y actualmente también de los 721 miembros de la División de Fuerzas Federales; éstos –incluidos en una lista emitida el pasado enero por Francisco Carrillo Curiel, director general adjunto de Enlace Jurídico– tienen la instrucción de seguir trabajando normalmente hasta que la Coordinación de Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación (Segob) les deje de pagar salarios.
El pasado 10 de abril el Movimiento Nacional por la Dignificación del Policía Federal entregó un oficio al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el cual señala: “Hemos sido capacitados y entrenados en técnicas y tácticas de seguridad, incluyendo asesoramiento de países extranjeros, para lo cual se han invertido más de 7 mil millones de dólares; sin embargo ni la estrategia ni los recursos han dado los resultados esperados y, después de un año de gobierno, a la fecha suman más de 23 mil muertos producto de la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
“A un año de su administración hemos sido despedidos arbitrariamente más de 2 mil policías federales por no aprobar un examen que viola nuestros derechos y garantías constitucionales”, señala el movimiento.
Los uniformados también se inconforman porque los inhabilitan para seguir trabajando en el área de seguridad: “Para colmo nos boletinan en Plataforma México como delincuencia organizada, negándonos el derecho de audiencia para defendernos y el derecho constitucional para buscar un trabajo lícito, porque desde el momento en que nos estigmatizan como delincuentes, nos envían a formar parte de la delincuencia organizada.
“No se acepta, no se entiende, que violentando nuestros derechos humanos y garantías constitucionales pretendan constituir la nueva gendarmería”, reclaman en el documento.
En el escrito –con copia para el presidente Enrique Peña Nieto– piden que se instale una mesa de diálogo y se suspenda toda acción de separación, cese, remoción o cualquier forma de terminación del servicio, hasta revisar caso por caso de los despedidos; y en aquellos en los que se compruebe el despido injustificado, sean reintegrados a sus trabajos.
También promovieron que se elabore una iniciativa de ley para reformar el artículo 123 apartado B, fracción XIII, para que los reincorporen si la resolución judicial determina una separación, cese o remoción injustificados.
Reuniones en la Segob
Gobernación accedió a reunirse con los inconformes el 8 de mayo. Por la dependencia acudieron Flavio Hernández Peralta, subdirector de Análisis e Información Política, y Juan Carlos García Azcona, subdirector de Conciliación. Acordaron que la Segob solicitaría a la CNS una tarjeta informativa de los criterios generales utilizados para el cese y despido de los policías, pues dijeron no tener información al respecto.
También acordaron analizar los casos de los 721 agentes que han sido notificados –aunque no cesados–, acusados de delincuencia organizada o por no reunir los requisitos de permanencia en la institución.
Los representantes del movimiento se comprometieron a presentar a Gobernación el mayor número de expedientes de quienes han sido despedidos bajo criterios “poco claros”, para que se corroboren las anomalías en su perjuicio y el caso se turne a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que encabeza Lía Limón.
También pidieron el inicio del procedimiento para reparar el daño cometido en perjuicio de los uniformados y que sean reincorporados en sus cargos o, en su caso, se les liquide.
Pero el 13 de mayo, cuando los integrantes del movimiento fueron de nuevo a la Segob, Hernández Peralta y García Azcona se negaron a firmar el documento con los reclamos de los agraviados, con el argumento de que sólo habían recibido la instrucción de comentar los asuntos, sin darles solución.
–¿Cuántos casos piden que se turnen a asuntos jurídicos y a derechos humanos? –se le pregunta a la abogada Velasco.
–Tenemos un listado de 2 mil 34 elementos despedidos en 2013, aunque están activamente conmigo 200; estamos solicitando que se analice a todos los de Fuerzas Federales, de Seguridad Regional y los que están en procedimiento, que son 721. El resto ya está separado del cargo.
“La PF no tiene el interés en apoyar a los elementos aun cuando han reconocido errores. El 10 de enero de este año, en la última reunión con Francisco Cortés, director jurídico, reconoció que había errores en los procedimientos, que efectivamente hubo violaciones porque no se admitían pruebas, que el reporte integral de evaluación no era una prueba contundente para determinar que el elemento no cumplía con un perfil, pero como ya se habían separado a los elementos del cargo, no podían hacer nada para reparar ese daño.
“Nos citó a una reunión el 24 de enero, porque nos daría una respuesta sobre qué acciones se podían tomar para apoyar a los elementos y lo único que nos ofreció en ese momento fue que con la gente que ya tiene procedimiento, concluir su juicio de nulidad e indemnizarlos de acuerdo a lo que pudiera establecer el Tribunal Fiscal, además de apoyo psicológico.
“Muchos compañeros lo tomaron a burla y él dijo: ‘Sí, sabemos que emocionalmente están mal, se les dañó por haberlos separado del cargo, pero lo único que podemos hacer es ofrecerles institucionalmente el apoyo psicológico’”, aclara la abogada.
Explica que dentro del juicio de nulidad, “cuando el Consejo Federal de Desarrollo Policial emite una resolución en la cual establece que analizó todo el expediente y que por lo tanto separa del cargo al elemento, recurrimos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa solicitando que invalide esa resolución, y el efecto sería que le restituyera todos sus derechos, que se pudiera reincorporar.
“Lo que hace el Tribunal Fiscal es que revisa la resolución, se ofrecen pruebas, solicita a la PF el expediente y busca las pruebas en las que la corporación se basó para determinar que el elemento tenía que ser separado de su cargo. Pero el Tribunal Fiscal, al hacer la valoración, ha determinado que no hay pruebas de que un elemento no cumple con un perfil y debe ser separado de su cargo.
“Sin embargo –continúa–, como el (artículo) 123 no permite reinstalarlo, entonces hay que indemnizarlo; sólo que es tardado porque después de la resolución del Tribunal Fiscal, la Policía Federal se inconforma, promueve el recurso de revisión y se va otros meses al Tribunal Colegiado para que éste diga si la resolución que emitió el Tribunal Fiscal es la adecuada para el caso.”
–¿Cuántos fallos ha emitido el Tribunal Fiscal a favor de los policías?
–Son 30 favorables. Los 30 están en el Colegiado. Creo que se resolverá en dos o tres meses, y de ratificar la resolución del Tribunal Fiscal, tendrá que proceder al pago –puntualiza Velasco.
–¿Y de la reforma al 123?
–En el primer documento que se ingresó a la Segob y a la Presidencia el 10 de abril pedimos que de acuerdo a sus facultades (porque, como sabemos, el presidente puede promover una iniciativa preferente) se promoviera la reforma al 123, apartado B, fracción 13, porque como está redactado actualmente les impide la reinstalación. Hace un año el diputado José Francisco Coronato, de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa de reforma al 123, donde propone que se permita la reinstalación; sin embargo, nunca la incluyeron para su discusión.
La semana pasada la abogada y algunos integrantes del Movimiento por la Dignificación del Policía estuvieron en la oficina del senador priista Omar Fayad solicitando audiencia para que promueva la iniciativa, pero no los atendieron. “Está ocupado en las reformas política y energética”, les dijeron.
Métodos cuestionados
–¿El punto del polígrafo también se toca en el documento entregado a la Segob? –se le pregunta a Velasco.
–Sí. Por eso el encono de los compañeros, porque muchos de ellos fueron cesados después de la prueba del polígrafo. Desafortunadamente se ha hecho mal uso de este instrumento, porque con base en éste le dicen que tienen relación con la delincuencia organizada. De alguna manera los poligrafistas, evaluadores, toman roles hasta de videntes pues en algunos reportes señalan que el elemento es propenso a delinquir en aproximadamente tres años y tiene vínculos con la delincuencia organizada. Eso genera mayor descontento.
“Incluso la SCJN validó el criterio el pasado 16 de mayo, cuando dijo que el uso del polígrafo es constitucional y debe seguirse usando para que la sociedad tenga la certeza de que los elementos de policía son confiables. Obviamente ello afecta a los policías y contradice la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada en el Congreso de la Unión a finales del año pasado y que está por analizarse en el Senado.
“Que ahora la Corte diga que es constitucional, implica que se seguirá aplicando y seguirá generando despidos de manera injustificada”, afirma.
–¿Hay algún otro aspecto en que la Corte perjudique a los policías?
–Sí. A principios de año también se pronunció sobre las evaluaciones de control y confianza. Dijo que no son violatorias de los derechos humanos, no son inconstitucionales y se deben aplicar para que la sociedad tenga confianza en los elementos y tenga seguridad de que no están relacionados con la delincuencia organizada. Pero, como hemos visto, este tipo de métodos sólo se utilizan para despedir a gente porque necesitan plazas para la creación de la Gendarmería Nacional que operará en julio.
–¿Los 721 que están en la lista de la Segob serán despedidos para contratar a nuevos elementos para la Gendarmería?
–Es lo que sabemos. La idea es liberar plazas de la gente que está en Seguridad Regional (antes Caminos y Fuerzas Federales) para utilizarlas en la Gendarmería. Tiene una dirección de proximidad social y un perfil de reacción que es con el que cuentan las fuerzas federales. Si se ingresa a la página web de la CNS se encuentra que desde el año pasado no ha emitido convocatoria para ocupar plazas en la División de Seguridad Regional y Fuerzas Federales, sólo para la Gendarmería y las divisiones de Inteligencia e Investigación.
–¿Se dijo que la Gendarmería iba a estar integrada por militares y marinos?
–Así se anunció, pero el problema fue que los elementos de la Marina y del Ejército no quisieron incorporarse; por eso mandaron invitaciones a los que estaban en Seguridad Regional y Fuerzas Federales. Hay compañeros a quienes les llegó el oficio para integrarse a la Gendarmería, no aceptaron y posteriormente les notificaron su baja de la corporación.
–¿Cuántos recibieron el oficio?
–La mitad de los mil despedidos de Seguridad Regional. Les ofrecían cambiarse con el mismo grado y sueldo, pero los agentes no tenían la certeza de que cumplirían. Uno de los agentes se cambió y ahora lo lamenta porque, como lo pensaron, la Segob incumplió el acuerdo. Perdió grado y algunas prestaciones.
“Es lamentable. La Corte se alió con el gobierno federal para seguir despidiendo a los policías federales sin sustento jurídico. Seguirán usando el polígrafo y violando su derecho a un debido proceso; por eso nos vamos a la Comisión Interamericana”, asegura la abogada.
Fuente: Proceso| PATRICIA DÁVILA
