-Pide IFAI a la PGR abrir archivos sobre movimientos estudiantiles de 1968 y 1971
La Procuraduría General de la República (PGR) deberá abrir los expedientes relacionados con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 o declarar la inexistencia de los mismos.
Así lo ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular, luego de que la PGR, a través de la Coordinación General de Investigación, informó que la información de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y el 10 de junio de 1971 en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, era “inexistente”.
Sin embargo, al recurrir la respuesta ante el IFAI la dependencia puso disposición del solicitante más de 19 mil fojas con documentos de la antigua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) a través de un correo electrónico distinto al especificado en su solicitud.
De acuerdo con el IFAI, la sola reproducción en copia simple le hubiera ocasionado al solicitante un costo mayor a los nueve mil pesos, sin tener certeza de encontrar en los documentos la información solicitada.
Al analizar el caso, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, señaló la existencia de omisiones en el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia debido a que la PGR “no hizo una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas que pudieran tenerla”.
Asimismo, puntualizó, la PGR no emitió una resolución fundada y motivada sobre la inexistencia de la información.
Salas Suarez consideró además que la información relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos “no sólo debería ser pública, sino que las instituciones depositarias de dicha información tendrían que tratarla de forma especial y aplicarle el principio de máxima publicidad, “permitiendo su consulta, análisis y estudio de forma oportuna, permanente y expedita”.
Ese soporte histórico, abundó, “debe estar siempre presente en la memoria de los mexicanos no sólo como un dato histórico, sino como un recordatorio permanente de que garantizar los derechos fundamentales en nuestro país ha sido un sendero difícil de recorrer y sobre el cual debe existir memoria”.
Y advirtió:
“No invocar el principio de máxima publicidad de la información sobre expedientes que contienen evidencia de crímenes contra la humanidad o genocidio como lo tipifica el Código Penal Federal, contradice la Ley de Transparencia así como los principios mismos de la Democracia”.
Por tanto, señaló el comisionado ponente, la labor del IFAI en la defensa de las garantías individuales de los mexicanos es “fundamental” y “contribuirá a fortalecer la incipiente democracia mexicana” y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.
Por ello propuso al pleno del IFAI ordenar a la PGR modificar su respuesta y realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, así como poner a disposición del solicitante, de ser posible, versiones públicas de los documentos solicitados para su consulta presencial. Asimismo, sugirió al ciudadano solicitar acceso a las 19 mil fojas mencionadas, si es de su interés.
De hecho es la segunda ocasión que el IFAI resuelve un recurso de revisión sobre expedientes de la extinta Femosp. En 2013 resolvió un caso en el que la PGR también declaró la inexistencia de la información e igual que en este caso, el IFAI le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva de la información.
-Destina gobierno federal más de 480 mdp para sustituir focos incandescentes
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) otorgó a Osram, Philips Mexicana e Iluminación Especializada de Occidente contratos para abastecer al gobierno federal de 32 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA), para el Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas.
La empresa que quedó en primer lugar fue Osram al presentar un importe unitario con IVA incluido, de 14.88 pesos, por lo que obtuvo el 70 por ciento del porcentaje de adjudicación que equivale a 22 millones 400 mil de LFCA, es decir, un contrato por 333 millones 312 mil pesos.
En segundo lugar quedó Philips Mexicana, con un precio por lámpara de 15.07 pesos, por lo que obtuvo un 20 por ciento del porcentaje de adjudicación. El monto del contrato para esta empresa será por 96 millones 448 mil pesos y la cantidad de lámparas adjudicadas es de 6 millones 400 mil.
El tercer contrato fue para Iluminación Especializada de Occidente que presentó un costo unitario de 15.80 pesos por lámpara, con lo que se le otorgó el 10 por ciento del porcentaje de adjudicación, que representa 3 millones 200 mil lámparas y un monto de contrato por 50 millones 560 mil pesos.
El monto total de los contratos es de 480 millones 320 mil pesos, en el cual se destaca un ahorro de 159 millones 680 mil pesos, respecto al presupuesto autorizado por el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que era de 640 millones de pesos.
Una parte de este ahorro se utilizará para la adquisición de 6.4 millones de lámparas adicionales, en estricto apego a la legislación correspondiente.
El Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas, se realizará en localidades de hasta 100 mil habitantes de todo el país y busca apoyar la eliminación en el mercado de las lámparas incandescentes de 60 y 40 watts.
Se entregarán un total de 32 millones de LFCA para atender a 6.4 millones de familias, a través de 26 mil 642 tiendas Diconsa y se estima que la entrega a beneficiarios inicie en noviembre del 2014.
Los usuarios que deseen acceder a este programa, deberán acudir a la Tienda Diconsa de su localidad, con una identificación oficial y su recibo de luz, donde se verificará que se encuentre en el padrón de beneficiarios elegibles y entregarán al menos un foco incandescente que será destruido en su presencia y se le darán 5 LFCAs a cambio.
-Por derrame tóxico en Sonora, multarán con 40 mdp a Grupo México
El gobierno federal alista una demanda por responsabilidad ambiental contra la empresa minera de Grupo México por el derrame de tóxicos que contaminó el río Sonora, considerado ya como “el peor desastre ambiental en la industria minera” del país.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra, informó en conferencia prensa que se trabaja en el estudio para determinar la multa que deberá pagar la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de grupo encabezado por Germán Larrea, para reparar los daños.
“De acuerdo a estimaciones, lo que solicitaremos al juez de distrito que conocerá de esta demanda por responsabilidad ambiental, el costo de la remediación pudiera llegar a considerar miles de millones de pesos”, aseguró.
Este martes, las autoridades ambientales del gobierno federal confirmaron que el derrame de residuos tóxicos sobre el río Sonora fue provocado por las malas condiciones de operación de la minera y no por el exceso de lluvia.
Según el informe “Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora”, las autoridades iniciaron un juicio de responsabilidad ambiental contra la minera, que podría derivar en una multa aproximada de 40 millones de pesos, así como la obligación de reparar los daños y compensar a los afectados.
Pero aún con la evidencia de las afectaciones y las responsabilidades, las autoridades ambientales carecen de atribuciones para clausurar totalmente las operaciones de la minera, según Guerra Abud.
El informe
El documento menciona que desde el derrame ocurrido el pasado 6 de agosto, 24 mil personas han sido afectadas en sus propiedades o en su salud. Incluso, al menos cinco personas han sido hospitalizadas al presentar náuseas, sudoración, dolor gástrico y debilidad física.
Apoyado con fotografías y mapas, explica que se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado en el Arroyo Tinajas, municipio Cananea, en Sonora. Los tóxicos, asegura, provenían de de las instalaciones de la Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM).
Al día siguiente, habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi.
El 8 de agosto, la empresa notificó del incidente a la autoridad federal vía telefónica. La Comisión Nacional del Agua realizó una visita técnica al lugar y elaboró un Dictamen Técnico.
De acuerdo con la dependencia, “el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa”.
El informe aclara que Grupo México “ha argumentado públicamente que el percance se ocasionó por ‘lluvias por arriba de la media’. Sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (Conagua) demuestran que esto es absolutamente falso”.
Los daños ambientales
Según el documento, el derrame alcanzó al menos cuatro cuerpos de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km), Río Bacanuchi (64 km), Río Sonora (190 km) y Presa El Molinito (15.4 millones de m3). Ésta última fue cerrada por precaución, sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación.
El 9 de agosto, la Conagua aplicó Protocolos de Atención de
Emergencias Hidroecológicas. Entre las acciones se incluyó la restricción del uso del agua en el río y en los 322 pozos y norias
ubicados 500 metros a cada margen del río.
También levantó un muestreo de remanentes de la pileta y se establecieron 21 puntos de medición a lo largo de los ríos para monitorear los niveles de contaminación. Según el informe, hasta el 24 de agosto se habían realizado mil 20 muestreos analizados por laboratorios certificados en Hermosillo y la Ciudad de
México.
Como resultado, los especialistas encontraron contaminantes como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo; cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad del río previo al derrame.
A raíz de ello, la Conagua evaluó el impacto del derrame e inició procedimiento administrativo en contra de la empresa para la remediación, cuyas obras serán determinadas por el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) en las próximas semanas.
También le impuso la obligación para realizar el monitoreo de agua superficial y subterránea dos veces al mes durante cinco años y le ordenó eliminar los bordos y represas emergentes cuando termine la contingencia.
Para atender a la población afectada, la Comisión dispuso de 32 pipas para distribución de agua potable y 10 plantas potabilizadoras portátiles en la región afectada, entregó recipientes para almacenar 500 mil litros e instruyó la presencia de 37 funcionarios para hacer la medición permanente de la calidad del agua en la zona afectada.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también dictó medidas a cumplir, según el informe: Suspensión del riego del patio de lixiviados en donde se originó la fuga, neutralización del pH con cal y limpieza de producto resultante del Río Bacanuchi, caracterización, evaluación de daños ambientales y remediación de los mismos.
La dependencia informó que en la visita realizada el pasado 22 de agosto, se detectó un Bordo de Contención de seis kilómetros de aguas abajo de la pileta, sobre el Arroyo Tinajas, que muestra señales de fuga de material contaminado que debió ser retirado por Grupo México.
24 mil afectados
El informe del gobierno federal menciona también las actividades realizadas por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a raíz del derrame de tóxicos en los alrededores del Ríos Sonora.
Según la Comisión, desde el 8 de agosto a la fecha se han detectado 24 mil 48 personas afectadas. Más: Hasta el miércoles 20 se tenían identificados cinco casos –cuatro hombres y una mujer mayores de 42 años– con sintomatología asociada al derrame.
A estas personas se les otorgó atención médica primaria y especializada. Cuatro continúan bajo seguimiento y una decidió continuar su atención en medio particular. Ninguno requirió de hospitalización.
De acuerdo con la Cofepris, el 22 de agosto se inició un procedimiento administrativo de verificación sanitaria en las instalaciones de Grupo México, con base en la Ley Federal de Salud y la Norma Oficial Mexicana 127 SSA-1-1994. El propósito es “identificar responsabilidades de la empresa en materia de salud y en su caso a ejecutar medidas precautorias y definitivas para que cesen las causas de riesgo sanitario en la región”.
El procedimiento está en la etapa de verificación y dictaminación sanitaria. Concluirá hasta que exista evidencia de que la empresa haya implementado el plan de corrección emitido por la Comisión.
En tanto se determina la responsabilidad, según el informe, la Cofepris aplica un programa de vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades. Éste incluye visitas de brigadas de salud casa por casa para identificar casos sospechosos de intoxicación o riesgos asociados. Además, distribuyen material de prevención –plata coloidal y trípticos, realizan monitoreo entomológico y verifican las acciones para el “Correcto Uso del Agua”.
Hasta el momento, según la dependencia, se ha visitado mil 101 viviendas en 12 las localidades Aconchi, Baviácora, San José de Baviácora, Mazocahui, La Capilla, La Estancia, San Felipe de Jesús, Huépac, Ranchito de Huépac, La Bombita, Ojo de Agua y Bacanuchi.
También se ha dado información a res mil 521 personas, se han entregado mil 91 sobres de suero Oral y se censaron sanitariamente 737 domicilios. Además, se ha hecho promoción de las medidas de protección personal para prevenir daños a la salud.
Multa de 40mdp: Profepa
De acuerdo con el informe “Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora”, luego del derrame la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) revisó que la minera de Grupo México estuviera en cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados y de la NOM 159 y de las medidas dictadas el pasado 12 de agosto.
Pero según la dependencia, el 18 de agosto interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable, cuya pena podría ir de uno a nueve años de cárcel.
También inició un juicio de Responsabilidad Ambiental para la reparación de los daños. Esta incluye: Multa por aproximadamente 40 millones de pesos, reparación equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño y en su caso la compensación, revisión exhaustiva por la Profepa, de todos los centros de producción de la empresa y muestreo y análisis de suelos en 22 sitios sobre el cauce seco del Arroyo Tinajas.
Al final del informe, el gobierno federal menciona que la Conagua mantendrá el monitoreo de la calidad del agua en el río Sonora y el seguimiento de las medidas de urgente aplicación y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) identificará las superficies para la restauración de suelos.
En tanto, la Secretaría de Salud mantendrá el monitoreo de casos y otorgamiento de atención médica oportuna, la Cofepris continuará con la verificación sanitaria hasta la total corrección de las anomalías identificadas y la imposición de sanciones administrativas.
En coordinación con la Conagua, continuarán con monitoreos conjuntos de los pozos para levantar las suspensiones cuando cumplan con las normas ambientales y sanitarias.
El informe lo presentaron los titulares de la Semarnat, Juan José Guerra; de la Profepa, Guillermo Haro; de la Conagua, David Korenfeld y de la Cofepris, Mikel Arriola.
Protestan habitantes
Pobladores de las localidades afectadas por la carencia de agua provocada por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, tomaron alcaldías y cerraron caminos rurales para demandar al gobierno y al Grupo México definan fuentes de abastecimiento del líquido.
“Ya no queremos más agua embotellada. Queremos que los responsables de la contaminación del Río Sonora perforen nuevos pozos lejos del caudal intoxicado”, reclamaron habitantes de Banamichi, quienes tomaron la alcaldía.
El munícipe Jesús Lauro Escalante Peña, los justificó al decir que están cansados de acarrear agua en garrafones y que quieren fuentes de abastecimiento constantes, no paliativos.
Loyda Valdez, representante del grupo Ciudadanos de Banamichi Unidos por el Desastre Ecológico en el Río Sonora, resumió las afectaciones:
“La gente quiere bañarse a gusto, trabajar… Existe riesgo de enfermedades y epidemias; ya se perdieron todas las actividades económicas, el turismo, cosechas, ganadería, elaboración de quesos. Es mucho lo que hemos perdido y vemos con impotencia la ineficiencia de las autoridades, que desde el primer momento debieron buscar fuentes permanentes de abastecimiento de agua”,
En San Pedro de Ures, otro grupo cerró la carretera interestatal que conecta a la capital con los pueblos de la sierra, exigió la presencia del mandatario estatal Guillermo Padrés Elías.
En el poblado Puerta del Sol, en el mismo municipio, otro grupo provocó largas filas de automóviles varados, luego de cerrar con llantas, troncos y piedras el único camino que conecta a Hermosillo con los pueblos afectados por el derrame. Exigieron la presencia del gobernador de Sonora y la perforación de un pozo lejos de los márgenes del río.
-Senadores del PRD dan espaldarazo a Mancera por ‘minisalarios’
Los senadores del PRD acordaron este martes respaldar la propuesta del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para ajustar a la alza el salario mínimo.
En uno de los resolutivos de la quinta plenaria que culminó este día, el grupo parlamentario del PRD en el Senado consideró que se debe abordar con seriedad el tema del incremento a los ‘minisalarios’, como “un imperativo ético que permita ubicar en el centro de toda política económica y social el bienestar de las y los trabajadores y sus familias, y la reactivación del mercado interno”.
Otros de los temas que se comprometieron a impulsar los legisladores de izquierda en el próximo periodo ordinario de sesiones, destacó la senadora Angélica de la Parra, son las reformas anticorrupción, la política del Distrito Federal, la migratoria y, por supuesto, vigilar que la consulta popular en materia energética “sea atendida conforme a derecho”.
Así, los perredistas buscarán impulsar la reforma política del Distrito Federal para dotar a sus ciudadanos de “derechos plenos en su organización y gestión pública”.
Una prioridad más del PRD en la Cámara alta, explicó De la Peña Gómez, es concretar la reforma constitucional contra la corrupción y sus leyes reglamentarias “para eliminar el esquema perverso de hacer negocios privados y obtener privilegios a expensas del servicio público, con total impunidad”.
Descarta Zambrano alianza con PAN en 2015
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, descartó este martes, en el marco de la clausura de los trabajos de la quinta plenaria de senadores perredistas, la posibilidad de una alianza con el PAN de cara a las elecciones de 2015.
Por el contrario, advirtió Zambrano, el partido se seguirá enfocando en construir “la agenda de la gente” en temas clave como el campo, los ‘minisalarios’, la reforma política del Distrito Federal, migrantes y anticorrupción, entre otros.
También aclaró que, independientemente de sus diferencias con Miguel Barbosa, coordinador de la bancada perredista en el Senado, apoya la decisión de que sea éste quien presida la Mesa Directiva, en señal de respeto por el acuerdo que se tuvo desde hace dos años entre el PRI, PAN y el propio PRD
“Me sumo a la decisión unánime de los 22 senadores, en el sentido de que sea Miguel (Barbosa) quien presida la Mesa Directiva del Senado”, aclaró Zambrano Grijalva.
Por último, criticó al expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que el fracaso de las reformas que trató de impulsar se debió a una falta de apoyo por parte de PRD y PRI.
“No valen la pena las declaraciones de un desmemoriado y desvergonzado como Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a la Presidencia de la República por la vía del fraude electoral”, fustigó el dirigente perredista.
-Arranca Moreno Valle su “Disneylandia”… sin permisos del INAH
SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- Aunque este día se publicó el decreto expropiatorio de terrenos aledaños a la Gran Pirámide, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reveló que, de nueva cuenta, el gobierno de Rafael Moreno Valle arrancó un proyecto de parque temático sin contar con permisos.
El delegado del INAH, Francisco Ortiz Pedraza, dijo que hasta ahora la institución no ha recibido información sobre el proyecto que tiene el gobernador para construir el “Parque de las Siete Culturas”, en terrenos aledaños a la Pirámide de Cholula.
Situaciones similares han ocurrido con otros proyectos del gobierno morenovallista, pues igual inició el Viaducto Zaragoza, el teleférico y el distribuidor Cholula sin contar con la autorización del INAH.
En un oficio dirigido a los vecinos de San Pedro Cholula, fechado el jueves 7, el delegado del INAH igual confirma que no han recibido solicitud oficial para el desarrollo de un proyecto en la zona arqueológica de esa localidad.
En el escrito, Ortiz Pedraza señala que en un recorrido que hizo con autoridades municipales y estatales, “verbalmente se expresaron ideas para desarrollar obras en esos terrenos”.
En tal ocasión, “aprovechamos la oportunidad para solicitar al mandatario, y así lo hicimos, la entrega de una copia del proyecto y, por supuesto, las gestiones ante el INAH para la autorización correspondiente, mismas que hasta la fecha no han sido entregadas”, detalla.
Este martes, el ayuntamiento de San Andrés Cholula hizo efectiva la expropiación de 17 predios de particulares, la mayoría terrenos de cultivo, que forman parte de 24 hectáreas donde se proyecta construir el “parque temático” que propone el gobierno estatal como atractivo turístico.
Los habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula se declararon en resistencia para evitar que este proyecto se lleve a cabo, pues consideran que lo que busca es “convertir la zona arqueológica en un Disneylandia”, que desplazaría a los habitantes originarios de estas comunidades.
Además los lugareños, quienes promovieron un recurso de revocación en contra de la declaratoria de utilidad pública que decretaron los ayuntamientos de los dos Cholula, advierten que el proyecto prevé la construcción de espejos de agua, que implicarían excavación en el subsuelo aledaño a la Gran Pirámide, el cual está protegido por el INAH.
“Lo cual requeriría previamente un peritaje de afectación y proyecto de salvamento arqueológico. Asimismo, se requirió primero un proyecto ejecutivo de lo que se planea hacer con profundidad y localización precisa para que el INAH autorice o niegue los permisos correspondientes”, señalaron los vecinos en un escrito.
Contrario a seguir los lineamientos que legalmente corresponderían, abundaron, las autoridades locales primero proceden a expropiar y luego solicitarán los permisos. “Que si no los obtiene, ya nos perjudicó en nuestro patrimonio, aplicándose el dicho popular: ‘Fusílalos y luego averiguamos’”, advirtieron.
En su pronunciamiento, proponen al gobierno un proyecto incluyente con los vecinos y oriundos de la zona cholulteca para atraer visitantes y mejorar la calidad de vida de las personas.
El estudio para justificar la declaratoria de utilidad pública, acusaron, olvidó que en la zona que pretende afectar se aplica la Ley de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la cual dispone que es utilidad pública la investigación, la protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos.
La única justificación que promueve el gobierno estatal, expusieron los vecinos, es la derrama económica que deja el turismo, pero no se considera impulsar y difundir el legado histórico de Cholula.
“Lo necesario para fortalecer la economía de Cholula son los proyectos interdisciplinarios que involucren a diferentes sectores de la población”, puntualizaron.
En abierta contradicción, señalaron, el gobierno se propone construir un parque temático sin considerar la posibilidad del salvamento arqueológico de la zona, algo que sí es necesario.
Los habitantes de Cholula además advirtieron que el proyecto morenovallista incurre en errores históricos y de conocimiento de la cultura e identidad de los cholulas.
“Escribir sobre un proyecto y ni siquiera conocer el número de barrios que hay, 10 y no 8 como refiere el documento, significa una desconexión con la realidad. La iglesia de Los Remedios no es del siglo XVI. Son conocimientos básicos para quienes toman decisiones. Todo esto lo que refleja es una distorsión que sirve únicamente de pretexto para la expropiación”.
Además, “no hay en el proyecto denominado Parque de las 7 Culturas algo que justifique una expropiación de terrenos y casas por utilidad pública con el pretexto absurdo de un rescate de la zona arqueológica cuando nada aporta al respecto”, acusaron.
-Familiares de psiquiatra acusado de crimen exigen su liberación
MÉRIDA, Yuc.- Familiares y amigos del presidente del Colegio de Psiquiatría de Yucatán, Enrique Lara González, uno de los dos médicos implicados en el homicidio de su colega Felipe Triay Peniche, realizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno para exigir su liberación.
Encabezados por la esposa, Carla Wilema Vivas Vázquez, encargada del área jurídica de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), los manifestantes exhibieron un boleto de autobús como prueba de que el día del crimen Lara González se encontraba en Cozumel, en un viaje de trabajo.
Asimismo, denunciaron que la detención del galeno –que ocurrió el sábado 23 cuando viajaba en su vehículo particular junto con su familia por la carretera Mérida-Conkal, y no el lunes pasado– fue “ilegal y arbitraria”, porque durante seis horas, la policía retuvo incomunicados a su esposa y sus dos hijos, de dos y siete años, en una unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Vivas Vázquez definió a Lara González como “un hombre triunfador, con una reputación intachable, buen padre de familia, esposo magnífico, amigo sin igual, una persona amable, un médico responsable” y sostuvo: “él nunca le haría daño a nadie”.
La mujer insinuó que su pareja es víctima de una confabulación para implicarlo en este crimen por “envidia” –dijo– sin señalar a alguien en particular.
Vivas Vázquez solicitó una audiencia con el gobernador Rolando Zapata Bello pero sólo fue atendida por el subsecretario de Gobierno, Carlos Sobrino Argáez.
“Ahora sólo creo en la justicia divina y no en la de Yucatán”, dijo al salir, y advirtió que continuarán las manifestaciones de apoyo a su esposo.
En el homicidio de Triay Peniche también está involucrado el director de la Unidad de Psiquiatría de la Clínica T1 del IMSS, Pablo Santos García Gutiérrez.
Los dos son acusados de homicidio calificado y el lunes pasado tuvieron su primera audiencia de imputación en la sala 3 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).
Ambos estuvieron representados por la defensores de oficio, aunque luego fueron sustituidos por abogados particulares. En el caso de García Gutiérrez la defensa quedó a cargo de su padre, quien se identificó como abogado.
Triay Peniche fue asesinado el pasado 16 de agosto en el departamento de García Gutiérrez ubicado en la colonia García Ginerés de esta ciudad. El cadáver fue desmembrado y conservado en hielo en ese sitio. Cinco días después fue abandonado dentro de su camioneta en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Ciudad Caucel.
En la audiencia, ante Luis Edwin Mugarte Guerrero, juez Segundo de control del primer departamento judicial del estado con sede en esta capital, los acusados se reservaron su derecho a declarar y solicitaron un ampliación del término para la definición de su situación jurídica por lo que las diligencias se reanudarán este miércoles 27.
Sin embargo, Lara González afirmó que su detención se dio en modo y tiempo diferentes a los señalados por la Fiscalía, y denunció además que fue violentado en sus derechos, pues su arresto se dio “de forma arbitraria” el sábado pasado cuando se encontraba a bordo de su vehículo particular con su familia.
Según su dicho, al momento de su detención sólo le dijeron que estaba acusado por lesionar a un servidor público y fue incomunicado.
Por su parte, García Gutiérrez, quien presenta golpes en el ojo derecho, primero dijo estar de acuerdo con lo establecido por los fiscales sobre la forma en que fue detenido, pero después se contradijo.
Indicó que la noche del pasado viernes 22 de agosto fue detenido por personas no identificadas quienes lo golpearon. Dijo además que fue torturado y que no le brindaron atención médica para atender sus heridas.
Su versión fue rebatida por los fiscales, quienes afirmaron que ya obraba una carpeta de investigación sobre el acusado a raíz de que fue detenido el sábado pasado en la colonia Maya de esta ciudad por conducir con exceso de velocidad.
Según los fiscales, al darle alcance los oficiales de tránsito notaron las lesiones que hoy presenta en la cara. Además, señalaron, agredió a los uniformados con un arma blanca”.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del estado el asesinato de Triay Peniche ocurrió hace 15 días luego de una convención de médicos psiquiatras que tuvo lugar en esta ciudad y el móvil fue eliminarlo de la competencia por un importante cargo que la víctima estaba por recibir.
-Demanda Cárdenas poner fin a “cuotas” dentro del PRD
En vísperas de la elección interna del PRD, su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, consideró necesario poner fin a la práctica de “cuotas” entre las distintas “tribus” perredistas.
Al término de un encuentro con jóvenes e integrantes del Frente Amplio de Izquierdas (FAI), coalición que impulsa al ingeniero para que encabece el partido, Cárdenas Solórzano también hizo un llamado a la unidad del perredismo.
Dijo que este es un momento decisivo en la vida del país, “por la consolidación del neoliberalismo”, y una fecha clave porque se deben renovar los órganos de dirección del PRD.
No obstante, consideró “sumamente” importante que algunas corrientes perredistas se hayan unificado en el FAI y confió en que este frente no está unido sólo para esta elección, sino que “habrá de prolongarse en la vida interna del partido para lograr su transformación interna, la cual permita, entre otras, terminar con esta práctica de cuotas que ha distorsionado la vida y la democracia internas en el PRD”.
Esas prácticas, añadió, los ha llevado a tomar decisiones “de manera absurda, no democrática”, excluyendo a la base del partido. “Deben recuperar su capacidad de decisión y el respeto de los dirigentes”, consideró.
También resaltó que el PRD tiene tareas importantes a futuro, entre ellas la consulta popular sobre la reforma energética; revertir las leyes en materia de telecomunicaciones, “en fin, de todo esto de lo que se precia el gobierno y que va claramente contrario a los intereses fundamentales de la República”.
Asimismo, Cárdenas pidió a los perredistas comenzar a dar pasos para fortalecer al partido para las elecciones intermedias del 2015, creando grupos de trabajo, comités de base donde no existen, que es en buena parte de los estados de la República, así como “dar pasos para aumentar nuestra militancia, para tener procesos, métodos sencillos para la afiliación”.
Y algo muy importante, “dado que estamos frente a una elección, el próximo 7 de septiembre, ya prácticamente con ella encima, que seamos muy claros en cuál es nuestra propuesta hacia el partido. Cómo terminar con el régimen de cuotas, diría yo, cómo ponemos fin a estas decisiones tomadas en función de pesos relativos y que sabemos bien, compañeros, que en muchos casos y en repetidas ocasiones las grandes decisiones del partido en sus congresos se han tomado entre unos cuantos a espaldas de las mayorías”, acusó.
Luego, en entrevista, Cárdenas sostuvo que está buscando la unidad de las izquierdas sobre la consulta popular, por lo que evitó criticar la decisión de Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de rechazar la propuesta de unificar esfuerzos con el PRD.
“Estamos llamando a todo mundo, y cada quien asume sus responsabilidades”, acotó.
-Inoculó PRI el “cáncer cultural” de la corrupción: Madero
A seis días de que el presidente Enrique Peña Nieto declaró que la corrupción en México es un “tema cultural”, Gustavo Madero, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), también definió este fenómeno como un “cáncer cultural”, aunque lo atribuyó al diseño del sistema priista de siete décadas.
Madero, quien rechazó que el PAN no haga nada contra conductas de corrupción de sus integrantes –como los “moches” practicados por los diputados y el excoordinador Luis Alberto Villarreal–, acusó a “medios” de comunicación de “etiquetar la corrupción en un partido y en un personaje, cuando no es cierto”, porque este fenómeno está en partidos, gobiernos y asociaciones.
En rueda de prensa al concluir la reunión plenaria de los diputados federales, celebrada en el hotel María Isabel Sheraton, Madero aseguró que el PAN “está combatiendo de frente este cáncer, que es un cáncer cultural, que es la corrupción y que fue, precisamente, el diseño del sistema político que el PRI durante 70 años fue inoculando en toda la sociedad.
“Este es el cáncer que tenemos que sacudirnos de dentro, de fuera, de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, de todos los partidos, los medios de comunicación, los gobiernos, las asociaciones, todos tenemos que avanzar y reconocer que este mal existe y que tenemos que combatirlo”.
Luego se refirió a Villarreal, quien reapareció hoy desde que fue relevado del cargo, y afirmó que éste y Jorge Villalobos, el también removido vicecoordinador, seguirán apoyando al PAN.
“He hablado con él (Villarreal) varias veces y, sin duda, todos estos liderazgos seguirán trabajando en la Cámara de Diputados, en el partido, son personas que tienen mucha experiencia y mucha capacidad y que seguirán estando al servicio del partido y del grupo parlamentario”, subrayó.
Al respecto, informó que el PAN impulsará una agenda de transparencia y anticorrupción en el periodo legislativo septiembre-diciembre, que es una promesa incumplida por Peña.
“Ahora que hablamos del segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, algo con lo que se inauguró y presentó y presumió es, precisamente, una agenda para combatir la corrupción e hizo la iniciativa de desaparecer la Secretaría de la Función Pública”, recordó.
Y aunque el PAN estuvo de acuerdo, siempre y cuando hubiera una alternativa, no ha habido avance. “Queremos exigir que se avance en este tema, porque el tema de combate a la corrupción es uno de los problemas prioritarios de la agenda nacional”.
El presidente del PAN afirmó que sigue habiendo necesidad de más reformas en los ámbitos ambiental, educativo, de salud, el campo y de combate a la pobreza, para que las recientemente aprobadas “no queden en unas cuantas manos ni tampoco que promuevan los privilegios”.
Sobre el arancel de casi 15% que impuso Estados Unidos al azúcar de México, Madero reprobó esa decisión comercial proteccionista de un país “que es un gigante económico, pero temeroso a los vecinos y a la apertura comercial”.
Esas medidas son contraproducentes para la economía de ambos países que firmaron un Tratado de Libre Comercio desde 1994 y forman parte de otras acciones preocupantes.
“Esto es involucionar, es avanzar en la dirección contraria a como se deben de ir construyendo mayores puentes, mayores intercambios; construir bardas en la frontera, hacer una campaña en contra de los migrantes, asustar sobre el vecino, como lo está haciendo el gobernador de Texas, son actitudes preocupantes de nuestro vecino del norte y debemos hacer un llamado para que esto se corrija a la brevedad”, planteó.
-Madre acusa negligencia por muerte de su bebé en hospital de Cuetzalan
CUETZALAN, Pue.- Una mujer indígena acusa de negligencia a médicos del Hospital General de Cuetzalan por la muerte de su recién nacida.
A punto del llanto, Estefany Márquez Fuentes, de 21 años, explica que al momento del parto unos doctores le dijeron que regresara en 10 días mientras que otros afirmaron que no tenía suficiente dilatación.
Relata que el pasado martes 19 acudió al nosocomio debido a que desprendía mucho líquido vaginal. Ahí fue atendida por el doctor Alonso, quien le dijo que no tenía suficiente dilatación y “no se le habían roto las membranas”.
El médico consideró que no era nada grave pero pidió a la paciente realizarse un ultrasonido, el cual ella pagó de su bolsa en una clínica particular.
Márquez Fuentes detalla que en el hospital revisaron el estudio que arrojó que sí tenía líquido, pero le aseguraron que no requería ser intervenida en ese momento.
Comenta que al regresar al nosocomio el médico Alonso no estaba y la revisó otro doctor, quien le dijo que no tenía dilatación y que podía volver en uno o 10 días.
La mujer acusa que los médicos contaron con suficiente tiempo para atenderla pero sólo cayeron en contradicciones y nunca la canalizaron para llevar un adecuado alumbramiento; sólo cuando la vieron sangrar, señala, la atendieron de emergencia.
Agrega que la madrugada del miércoles 20 comenzó a sentir dolores y luego fue internada. No obstante, fue regresada nuevamente a su casa y la citaron a las 9:00 horas de ese mismo día.
Durante la consulta el médico le dijo que continuaba sin dilatación y le ordenó caminar.
“Regresé a las 4 al hospital y cada vez sentía más dolor, estaba otro médico y me dijo que llevaba seis de dilatación, que ya me iba a internar, salí para avisarle a mi suegra y vi que tenía sangrado. Me volvieron a revisar y el médico dijo que ahora tenía 9 de dilatación, me subieron con las embarazadas y me pasaron a quirófano”, detalló Estefany.
Recuerda que escuchó que su recién nacida apenas podía llorar. Posteriormente los médicos le informaron que la niña había muerto por ingerir sus propios desechos, lo que le ocasionó un paro cardiaco.
“Nunca vi a mi hija con vida, sólo me llevaron con ella pero ya había fallecido”.
Márquez Fuentes, trabajadora de una tienda en la cabecera del municipio de Cuetzalan, vive con su esposo Mario Alberto, de 23 años, quien trabaja como chofer. Cuenta que la pequeña muerta hubiera sido su primera hija.
Estafany indica que en el hospital de Cuetzalan argumentan que la niña murió porque ingirió su propio excremento, que “no podía nacer, no podía respirar y por eso no pudo vivir”.
Afirma que como ella hay muchos casos de negligencia médica y que espera que alguna organización la apoye para proceder legalmente.
La mujer considera necesario que haya médicos efectivos que se compadezcan de la gente.
El Hospital General de Cuetzalan está clasificado como de segundo nivel. Fue inaugurado el 24 de enero de 2011 por el entonces gobernador Mario Marín Torres con un costo de 188 millones de pesos, aunque no entró en operación por falta de servicios como agua potable y electrificación.
En septiembre de 2011 fue inaugurado por el ahora gobernador Rafael Moreno Valle y el 24 de febrero de 2012 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa realizó una visita a sus instalaciones.
El nosocomio enfrenta múltiples problemas, entre ellos la falta de atención por no contar con suficientes especialistas; los conflictos internos entre la administración, dirección y sindicato y ahora por los señalamientos y denuncias que el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP) y ciudadanos hacen del servicio.
-Confirman reunión de ministros de educación en México
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, dio a conocer en conferencia de prensa la realización de la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, que servirá de preparación para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz los días 8 y 9 de diciembre, bajo el lema Iberoamérica siglo XXI: Educación, Innovación y Cultura.
Acompañado por el secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, y del titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, señaló que México ratificará así su compromiso con el impulso a la educación y la cultura.
Según comunicado del Conaculta, anunció que en la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, que por primera vez se realiza en México, se presentarán proyectos de largo alcance, y de ser aprobados se elevarán a consideración de los jefes de Estado y de Gobierno en diciembre próximo.
Entre ellos dos sustanciales: el proyecto Paulo Freire, relativo a la movilidad académica para estudiantes de programas universitarios de formación docente, en materia de educación inicial, primaria, secundaria, especial, bachillerato y técnico profesional. Este será un instrumento excepcional para desarrollar en los jóvenes una identidad Iberoamericana.
El segundo, referido al Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje 2015-2021, “que servirá para responder a las demandas de educación de jóvenes y adultos en el actual contexto de la región”.
A su vez, Marchesi Ullastres afirmó que “con la realización de las conferencias y encuentros multilaterales, además de los eventos culturales, México se convertirá en la Capital Iberoamericana de la Educación y la Cultura”.
Tovar y de Teresa apuntó que en el contexto de estas cumbres, México ha impulsado la inclusión de la agenda cultural de la región con la creación de un Espacio Digital Iberoamericano.
Y anunció la realización del Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil, a realizarse del 29 de agosto al 7 de septiembre en diversos espacios y teatros del Centro Cultural del Bosque, con la participación de más de 300 especialistas y creadores de la región.
-Acusan a hija de exgobernador de usar cargo como trampolín electoral
OAXACA, Oax.- El director del departamento técnico del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de esta entidad, Humberto Ramírez Trejo, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que acusa a la titular del Instituto Nacional de Economía Socia (INAES), Narcedalia Ramírez Pineda, de incurrir en un conflicto de intereses al favorecer con financiamiento a organizaciones vinculadas a su padre, el exgobernador Heladio Ramírez López, y a su hermano Luis Antonio Ramírez Pineda.
Según el denunciante, la funcionaria, que ya hizo público su interés por contender por un puesto de elección popular, ha entregado recursos al Instituto Para el Desarrollo de la Mixteca y la Fundación Ayú y utiliza al Instituto como plataforma electoral.
Llama la atención el hecho, dice, de que Ramírez Pineda haya designado a Margarito Pérez Luviano como delegado del INAES en esta entidad, pese a que actualmente funge como director del Instituto para el Desarrollo para la Mixteca y Asesor Técnico de la Fundación Ayú.
Pérez Luviano, dice, “sugiere a todos los interesados que se afilien a la organización denominada Movimiento de Expresión Política para que se le aprueben sus proyectos”.
Asimismo, Ramírez Trejo refiere que Narcedalia Ramírez Pineda es vicepresidenta de diversos organismos que se encuentran vinculados a su familia y cuyo objeto social es precisamente gestionar proyectos a favor de sus agremiados.
Prosigue:
“Oaxaca es la entidad con mayor rezago educativo, económico, donde impera una ingobernabilidad total generada por la sección XXII de la CNTE, y donde se encuentran la mayoría de municipios de alta y muy alta marginación, así como los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin embargo, este tipo de acciones desvirtúan todo”.
En la misiva, el quejoso dice que de enero a la fecha han presentado 32 proyectos al INAES sin que hasta ahora se haya aprobado uno solo.
También resalta que en 2013 la federación asignó al INAES mil 500 millones de pesos, de los cuales 105 se canalizaron en esta entidad y que este año le asignaron 2 mil 500 millones y hasta ahora únicamente se han aprobado 129 proyectos, menos del 10% del año anterior.
-El detenido Esparragoza declara que “El Azul” está muerto
Cristian Iván Esparragoza Gastelúm y/o José Juan Esparragoza Jiménez ratificó hoy en un juzgado federal que es hijo de Juan José Esparragoza Morena El Azul, considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa y que su padre está muerto.
Esparragoza Gastelúm o Jiménez compareció este lunes tras la rejilla de prácticas del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México.
Funcionarios judiciales consultados por La Jornada dijeron que el detenido ratificó durante la audiencia lo que días antes dijo ante funcionarios ministeriales: que es hijo del ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán.
También aseguró que El Azul falleció en junio pasado, sin explicar detalles sobre las causas de su muerte.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado tercero dio inicio a la causa penal 65/2014 en contra del detenido por delitos contra la salud en diversas modalidades, portación de arma de uso exclusivo del Ejército mexicano y posesión de cartuchos de diversos calibres.
-Arancel al azúcar, “retroceso” en el TLC, reprocha México
El gobierno mexicano lamentó “profundamente” la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de imponer cuotas compensatorias contra las exportaciones mexicanas de azúcar y consideró la medida como “un retroceso” en la integración “y delicado balance” de los mercados de edulcorantes de los dos países lograda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La Secretaría de Economía estableció la posición del gobierno mexicano y consideró que la acusación de subsidios al azucar “carece de méritos”. Estimó que las acciones adoptadas por el gobierno estadunidense, “derivadas de las demandas que injustificadamente inició la industria azucarera” de ese país en marzo pasado, “podrían afectar a las familias mexicanas que contribuyen en esta actividad, así como a los usuarios de azúcar en Estados Unidos que dependen de la proveeduría mexicana”.
Ante la acción y los riesgos que de ella derivan la Secretaría de Economía estableció: “El Gobierno de México sostiene que la investigación carece de méritos, y reitera que existen vías mucho más propicias y colaborativas para superar las diferencias que pudieran surgir en el mercado de edulcorantes en Norteamérica. Por lo anterior, ante esta determinación preliminar del USDOC (Departamento de Comercio de Estados Unidos), el gobierno de México continuará el diálogo con las autoridades estadounidenses para explorar un eventual acuerdo que asegure el acceso del producto mexicano y se preserven los derechos de México en el TLCAN.
“En paralelo, el gobierno de México seguirá apoyando en forma activa y decidida la defensa del caso, de la mano con la industria mexicana, y agotará las instancias legales a su alcance para proteger los intereses de México en el marco del TLCAN y de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, dijo la dependencia.
-Periodista regresa a EU tras 22 meses de cautiverio en Siria
Washington. El periodista Peter Theo Curtis regresó este martes a Estados Unidos, dos días después de ser liberado de su cautiverio de 22 meses por un grupo rebelde islamista en Siria, informaron medios estadunidenses.
"He estado tan conmovido y emocionado, más allá de toda palabra, por las personas que se han acercado a mí hoy -extraños en el avión, los asistentes del vuelo y sobre todo mi familia- para darme la bienvenida a casa", dijo Curtis en una declaración entregada por su familia a medios estadunidenses tras su llegada a Boston (norte).
-Exigen justicia para activista indígena bajo proceso penal desde 2012 en Oaxaca
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), solicitó cesar la persecución contra la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), quien está siendo juzgada por los delitos de privación ilegal de la libertad, y contra el consumo y la riqueza nacional en un juicio "activado por la Procuraduría General de la República (PGR) como una estrategia de intimidación, que tuvo como único fin limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social".
En oficio enviado al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicado en Salina Cruz, Anastacio Ochoa Pacheco, la RNDDHM, conformada por 168 defensoras de derechos humanos, pertenecientes a 95 diversas organizaciones ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal, indicó que en los próximos días, dicho juzgador emitirá la sentencia que definirá el estatus legal de la defensora, acusada en el expediente penal 144/2011, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional.
Recordó que las denuncias contra Cruz Velázquez derivaron de la manifestación pacífica que la APIITDTT realizó el 13 de abril de 2011 frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán, Oaxaca, para exigir el respeto a los derechos y al territorio de los pueblos ikjoots (huaves) y binnizá (zapotecas), así como a su decisión de no aceptar el establecimiento, desarrollo y operación de centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec.
Un año después, el 22 de febrero de 2012, Cruz Velázquez fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial, con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal y recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec, de donde fue liberada dos días después bajo fianza.
Desde entonces Cruz Velázquez, integrante de la RNDDHM, tiene la obligación de acudir a firmar al Ministerio Público los días 15 de cada mes, como parte de las obligaciones procesales, lo que obstaculiza su labor como defensora, y contraviene la responsabilidad de las autoridades de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, asevera la organización.
Subraya que las 168 integrantes de la RNDDHM, estarán atentas de la resolución que se emita en los próximos días "y de que la sentencia no sea utilizada como un acto de coerción contra la defensora".
Exigen al gobierno federal, al estatal y de manera particular al Juez Anastacio Ochoa Pacheco, que la emisión de dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora.
Asimismo, que se garantice la presunción de inocencia y el derecho a defender los derechos humanos y que las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones de seguridad, sin represalias y en un ambiente libre de violencia.
-Gobernadores de la Conago se reunen en Veracruz; impulsan Corredor Transísmico
Veracruz, Ver. La Tercera Reunión Ejecutiva de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunió este martes en Veraccruz para impulsar la construcción del Corredor Transístmico y otras vías de comunicación que conecten y lleven progreso a estados de la región.
El anfitrión, Javier Duarte de Ochoa, propuso a los mandatarios de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, quien coordina esta Comisión de la Conago; Campeche, Fernando Ortega Bernés; Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, promover la construcción del Corredor Transístmico, que conectará al Golfo de México a través del puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, con el Pacífico mediante el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.
El Corredor Transístmico unirá a los estados de Veracruz y Oaxaca, pero impulsará el desarrollo de los estados de la región Sur-Sureste; además, consolidará a Veracruz como eje económico regional.
-Fallece adolescente de 15 años por explosión de juego pirotécnico en el estado de México
Tultepec, Méx. Un menor de 15 años falleció la tarde de este martes al estallar un juego pirotécnico triangular de gran impacto, de los llamados palomas, informó protección civil municipal.
Personal de bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Ejército Mexicano que integran la Base de Operaciones Mixtas, arribó al domicilio ubicado en cerrada de Hermenegildo Galeana, en el barrio Ampliación La Piedad.
La dependencia informó que el joven manipuló el artificio y le estalló en las manos, sin dar más detalles. El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense.
Tultepec es un municipio conocido como la Capital de la Pirotecnia. Aquí familias se dedican a la maquila, almacenamiento y venta de artificios, labor que aumenta entre el mes de septiembre y enero.
Familias poseen talleres y bodegas clandestinas con estos artefactos. Cada año son recurrentes los accidentes por explosiones de juegos pirotécnicos afuera de las zonas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.
-Pescadores de Colima bloquean puerto para exigir indemnización por afectaciones
Colima, Col. Más de un centenar de pescadores y sus familias de la laguna de Cuyutlán, municipio de Manzanillo bloquearon los trabajos de la ampliación del puerto en reclamo de una respuesta por parte de las autoridades debido a las afectaciones a su labor.
Cerca de las 10 de la mañana los manifestantes impidieron que los trabajadores hicieran su jornada donde se realiza el relleno y compactación del vaso lacustre para colocar los cimientos y pilares del paso elevado del ferrocarril que ingresará por el túnel en lo que se denomina “Portal Laguna”.
En 2012, un decreto presidencial expedido por Felipe Calderón, prohibió la pesca en la Laguna de Cuyutlán, afectando directamente a más de 500 pescadores ribereños que viven de este oficio.
Posteriormente, lograron que autoridades de la SCT y de la Secretaría de Fomento Económico permitieran la pesca en los vasos 3 y 4 de la laguna, mientras en el vaso 2 se realizarán los trabajos del paso del ferrocarril.
Candelaria Ruiz, presidenta de la cooperativa La Jaiba Manzanillense, pidió a las autoridades una indemnización de 400 mil para cada uno de los integrantes de las cooperativas en una reunión con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en febrero pasado.
Sostuvo que, antes del inicio de la ampliación del puerto, se podían pescar entre 25 y 30 kilos diarios de pescado o mariscos pero que actualmente no llegan ni a un kilogramo “las últimas obras han acabado con la productividad pesquera de la laguna y por ello, el gobierno debe indemnizarlos”.
La presidenta de la Federación de Sociedades Cooperativas de la laguna de Cuyutlán, María del Carmen Velasco Chávez, aseguró que las obras de relleno en la zona alteraron las corrientes y el flujo de agua lo que derivó en la desestabilización de la vida.
La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Manzanillo.
-GDF puso en marcha “Alerta Plateada” para localizar a adultos mayores extraviados
En apoyo de alrededor de 63 mil adultos mayores de 60 años que padecen algún déficit cognoscitivo como el alzheimer, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, puso en marcha esta mañana la Alerta Plateada, a través de la cual los familiares podrán localizar a su padre, madre o abuelo entre otros en caso de que este se extravíe.
Durante el evento realizado en el Teatro Metropolitan, el mandatario capitalino explicó que esta es una acción inédita, ya que se trata de un programa que surgió a iniciativa de la ciudadanía, no del gobierno capitalino.
Recordó que sostuvo una plática con Eugenia (Callejas Guerrero) quien le externó su preocupación por que en su delegación, Benito Juárez, se extravían con frecuencia adultos mayores, que no recuerdan donde es su domicilio.
“Platicamos de lo que es Alerta Ámber (dedicada al extravío de menores), le propuse hacer esa red pero para adultos mayores y así surgió”, recordó.
En su oportunidad, Callejas Guerrero, integrante de la Red Ciudadana, detalló que a través de una pulsera, elaborado con material hipoalergénico, que contará con un código de identificación personal, la cual será entregada a las personas adultos mayores funcionales o con padecimientos congnoscitivos, a través de Locatel se podrá conocer el nombre de quien la porta, el número de un familiar o contacto y el domicilio de la persona.
En caso de que transcurran tres horas sin que se haya podido ubicar algún pariente, el adulto mayor será trasladado a un albergue temporal, en donde permanecerá en tanto se localiza a su familiar.
Al respecto el jefe de gobierno del DF señaló que en la Ciudad de México se estima que hay más de un millón de adultos mayores de 60 años y de estos 63 mil padecen algún déficit cognoscitivo. “Al llamar a Locatel y dar el número de código que trae la pulsera se podrá reintegrar al adulto mayor con su familia. Es un fenómeno doloroso que preocupa, y que tiene que atenderse”, amplió.
Informó que de acuerdo a un análisis que realizó el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del DF, este programa arrancará a partir de hoy con mil adultos mayores en estas condiciones, quienes ya fueron evaluados por geriatras.
