-Protesta semidesnudo diputado en Veracruz
-Ratifican PRI y PAN ternas de Peña para Pemex, CFE y Fondo Petrolero
-Un VIDEO muestra cómo chofer de transporte público en Guadalajara baja a patadas de su unidad a un ladrón
En redes sociales han difundido un video donde se observa cómo el chofer de una unidad de transporte público en Guadalajara baja a patadas a un sujeto que intentaba asaltarlo.
En la grabación de unos 30 segundos, se observa como un sujeto se sube y comienza a exigirle el dinero al conductor, sin embargo éste le dice que no tiene, por lo que el ladrón comienza a buscar el efectivo. Segundos después el chofer se levanta de su asiento y comienza a empujar hacia la puerta y a patear al delincuente, quien intenta sacar algo de su bolsillo; sin embargo finalmente el conductor lo lanza fuera de la unidad y cierra las puertas.
El ladrón comienza a gritarle desde afuera de la unidad que avanza para alejarse del lugar. El hecho fue captado por la cámara de seguridad del transporte.
-Senadores exigen al gobierno 'apretarse el cinturón'
-Detienen a líder de la tribu yaqui, Mario Luna
-Mantienen cerrados 35 pozos cercanos al río Sonora en Querétaro
-Saquean normalistas a transportistas en Atoyac
-Piden maestros bilingües para municipios con población indígena
-BBVA Bancomer, Banamex y HSBC, los más sancionados: Condusef
-“Profunda preocupación” en la ONU por agresiones a periodistas en México
-Siempre he respetado las instituciones: Padrés a Osorio
-Doblan las manos a Grupo México; crea fondo con 2 mil mdp para reparar daños en Sonora
-Se manifiestan estudiantiles y trabajadores estatales en Morelia
-Ligan a exfuncionario de Sedesol con el Cártel de Sinaloa
-Congreso de Morelos ordena auditar créditos autorizados al gobernador
-Cada año 120 mil adultos piden pensión alimentaria al GDF pese a radicar en otra entidad
-Fiestas patrias dejarán derrama de $600 millones al comercio: Canacope
-Crítica, situación de campesinos de 7 estados por bajos precios de granos, señalan
-México y España firman acuerdo de cooperación en materia laboral
-Padrés: ley faculta construcción de presa sin permisos; sólo basta aviso
-Cubiertos "todos los frentes" para construir nuevo aeropuerto: SCT
-Ifetel llega a su primer aniversario criticado y "sin legitimidad": especialistas
-EU amagó con multar a Yahoo si no entregaba datos de usuarios
Yahoo anunció que hará público más de mil 500 páginas de documentos previamente secretos, relacionados con la disputa legal de la empresa, en 2007 y 2008, por la expansión de las leyes de vigilancia estadunidenses. “En 2007, el gobierno estadunidense enmendó una ley, para exigir información de los usuarios, a quienes ofrecen servicios en línea. Nos rehusamos a acatar con lo que percibimos era una vigilancia inconstitucional y demasiado extendida, y retamos a la autoridad del gobierno de Estados Unidos”, se lee en un comunicado de Yahoo. Yahoo perdió el caso y la corte le ordenó que le diera al gobierno estadunidense los datos de los usuarios que requería.
La compañía “se volvió una de las primeras en entregar información al programa PRISM de la Agencia Nacional de Seguridad, lo cual permitió que el gobierno accediera a los historiales de los usuarios de Internet, sus chats, correos electrónicos, búsquedas, según los documentos filtrados por Edward Snowden ”, escribe Cora Currier, en The Intercept. En cierto momento, el gobierno amenazó con imponer a Yahoo una multa de 250 mil dólares diarios, si no liberaba los datos. Hoy fue anunciada la decisión de que la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) abre los archivos del proceso, a petición de Yahoo. Ahora, dice la empresa, trabajan para hacer que esos documentos estén disponibles.
“A pesar de la desclasificación y la liberación de los documentos, partes de ellos continúan clasificados, los desconoce hasta nuestro equipo”, se lee en el comunicado de Yahoo. La compañía seguirá intentando que se haga público el material completo.
-Captan en video asalto a joyería de tienda departamental
Veracruz. Bajo el argumento de ser un integrante más de la organización fundada por su padre César del Ángel, el diputado local priista Marco Antonio del Ángel Arroyo bailó y protestó semidesnudo con los integrantes del Movimiento Campesino Los 400 Pueblos, en Xalapa.
Del Ángel Arroyo llegó hasta el centro de la capital del estado, donde desde la tarde del miércoles los 400 Pueblo mantienen un campamento que trasladarían hasta la Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno, ocupada por los integrantes de la agrupación Antorcha Campesina.
El legislador quedó en bóxer y zapatos sin calcetines, con una fotografía del exgobernador Patricio Chirinos Calero como taparrabo que se movía al ritmo de la chunchaca que bailaban campesinos de todas las edades y de diferentes partes del estado que integran la organización.
El pretexto para el desnudo legislativo fue que debía exigir justicia igual que lo hacen los demás; asegura no es la primera vez que se encuera, como lo ha hecho en diversas ocasiones su padre, quien estuvo preso varios años acusado de delitos diversos.
Dijo que así como su madre fue víctima de secuestro y su padre encarcelado "injustamente", él también ha sido víctima de "represión de los gobiernos que han despojado a los compañeros de sus tierras, golpeado a las mujeres".
Con los nueve votos mayoritarios a favor de los senadores de PAN, PRI y Partido Verde, y sólo tres en contra de los legisladores del PRD, la Comisión de Energía aprobó los nombramientos enviados por el Ejecutivo federal para integrar los consejos de administración de Pemex y CFE y el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo.
En esta última instancia resurge Luis Téllez, el exsecretario de Energía zedillista y exsecretario de Comunicaciones y Transportes del calderonismo, a pesar de los duros cuestionamientos de la senadora Dolores Padierna, del PRD, por el vínculo del actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con Sempra Energy, compañía gasera y eléctrica del oeste de Estados Unidos.
Junto con Téllez se integrarán a este organismo responsable de administrar la renta petrolera el exsecretario de Educación foxista, Rafael Rangel Sostmann, vinculado a Cemex y exrector del Tec de Monterrey; el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles y Arturo Manuel Fernández Pérez, vinculado a Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres, el tercer hombre más rico del país.
“Es una tecnocracia dorada”, acusó la perredista Dolores Padierna, mientras el senador del PVEM, Carlos Alberto Puente, aseguró que los aspirantes cuentan con los requisitos que exige la ley “y no existe algún conflicto de interés”.
El panista Jorge Luis Lavalle Maury también habló a favor de las propuestas del Ejecutivo federal para Pemex y CFE ya que, aseguró, cuentan con “un amplio conocimiento de los mercados de ambos sectores”.
Como consejeros independientes de Pemex quedaron Alberto Tiburcio Celorio, expresidente de la consultora Ernst & Young, contador público que presidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), de 1994 a 1995; Octavio Francisco Pastrana, expresidente de British Petroleum (1995-2007) y excontratista de Pemex y CFE desde la empresa Arendal, dedicada a la construcción de ductos; el académico Carlos Elizondo Mayer Sierra, exdirector general del CIDE, y Jorge Borja Navarrete, actual consejero profesional que fue el único ratificado. Fue director general de ICA Fluor e integrante de su comité ejecutivo desde 1993.
En el Consejo de Administración de CFE se avaló al Nobel de Química, Mario Molina; al consultor privado Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, Rubén Filemón Flores y Enrique Zambrano Benítez.
En la grabación de unos 30 segundos, se observa como un sujeto se sube y comienza a exigirle el dinero al conductor, sin embargo éste le dice que no tiene, por lo que el ladrón comienza a buscar el efectivo. Segundos después el chofer se levanta de su asiento y comienza a empujar hacia la puerta y a patear al delincuente, quien intenta sacar algo de su bolsillo; sin embargo finalmente el conductor lo lanza fuera de la unidad y cierra las puertas.
El ladrón comienza a gritarle desde afuera de la unidad que avanza para alejarse del lugar. El hecho fue captado por la cámara de seguridad del transporte.
-Senadores exigen al gobierno 'apretarse el cinturón'
Las bancadas del PAN y PRD en el Senado exigieron al gobierno una reforma al gasto en vez de exigir más sacrificios fiscales y endeudamiento a los ciudadanos, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la que Acción Nacional insistió en una contrarreforma fiscal.
A su vez, el PRI en voz del senador José Yunes arropó la política económica del presidente Enrique Peña Nieto y sostuvo que pese a la caída en la plataforma petrolera será compensada con los ingresos tributarios, que podrían llegar a cifras históricas para el año que entra por 10.7% del PIB, mientras que este año alcanzará el 7.1%.
Al fijar su postura respecto del Segundo Informe de Gobierno, el petista Manuel Bartlett reprobó la política económica, que ha llevado a una caída de la plataforma petrolera y a que se apruebe una reforma que, dijo, privatiza al sector energético.
A su vez, el ecologista Armando Melgar reconoció que la reforma fiscal implicó costos qué asumir, pero confían en que la plataforma petrolera se irá recomponiendo con los años gracias a la reforma energética. Aplaudió el incremento del 30% en inversión física durante los últimos 7 años y los apoyos que habrá al campo, así como las inversiones anunciadas por 26 mil millones de pesos en los próximos 36 meses para el sector energético.
En su turno, el perredista Mario Delgado y Armando Ríos Piter compararon cifras para resaltar la caída que hay en el salario mínimo y dijeron que hoy se compran apenas 2 kilos de tortilla, mientras que antes se podrían comprar cuatro.
En su exposición, Delgado Carrillo aseveró que la reforma estructural pendiente es la del gasto público y es hora de que el gobierno ajuste su gasto.
"Ya no nos venga a pedir más deuda y a darnos explicaciones estériles de la falta de crecimiento. El sacrifico que están haciendo las empresas y la gente es muy significativa ¿Cuándo le va a tocar al gobierno?", preguntó Delgado.
Quien criticó que mientras miles de familias caían en desgracia durante el segundo semestre de 2013, Hacienda prefirió aumentar el déficit público a cumplir con la ley y apretarle el cinturón al gobierno, reduciendo el gasto en publicidad o en partidas no prioritaria.
"Mejor endeudar a los mexicanos que reducir los spots en televisión, hay una controversia constitucional por ese manejo, que hizo este Senado, pendiente de resolver en la Corte", abundó.
Al recordar que el año pasado el Congreso le aprobó un mayor déficit, pero también le impuso metas de reducción de 5 por ciento del gasto en sueldo de mandos medios y superiores y de 5 % en el gasto operativo corriente estructural, sin que a la fecha se haya informado de sus resultados.
A su vez el vicecoordinador económico de la bancada panista, Francisco Búrquez, recordó que su partido se puso de manera férrea a la Reforma Fiscal "porque sabíamos que sería un error de graves consecuencias.
Hizo notar que el Gobierno había prometido un crecimiento cercano al 5% y ahora la estimación es de solo 3.7%; además, ofreció una reforma fiscal justa", para que paguen más los que más tienen, "sin tomar en cuenta que al subir la tasa de impuestos al 35%, uno de los niveles más altos del mundo, ha provocado un desplome de la inversión, y por lo tanto de las oportunidades de empleo".
Acusó que esta reforma derivó en una caída de 23 lugares a nivel mundial en materia de competitividad.
"Ustedes se comprometieron a una reforma que fortaleciera las finanzas del Estado Mexicano y lo que observamos en el periodo 2013-2014 es un incremento en los ingresos del gobierno de 18%, a costa del ingreso laboral de las familias, que ha disminuido en términos reales en 4.5% en el mismo periodo", insistió.
Al puntualizar que la ciudadanía empieza a sentirse en la antesala de una de las grandes crisis recurrentes del PRI, de las cuales apenas se estaba recuperando.
Por ello, demandó "no financiar programas electoreros vestidos de sociales, con más pasivos, es un error costoso; por lo tanto, lo que se debe hacer es un presupuesto equilibrado con cero déficit, para lo cual ahora sí el gobierno tiene que apretarse el cinturón y reducir su gasto público, donde hay mucha tela por cortar".
Hermosillo, Son. El procurador de Justicia del estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, confirmó la detención del líder de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, acusado de los delitos de secuestro y robo.
En conferencia de prensa, el procurador señaló que uno de los delitos que se le imputa es el cometido el pasado 8 de junio de 2013, contra otro integrante de la propia etnia, reportado como desaparecido por sus familiares. Agregó que aunque algunos medios de comunicación informan del fallecimiento del presunto secuestrado, hasta el momento no se ha confirmado el dato.
Por otra parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana; Servicios de Asesoría para la Paz, A.C (Serapaz) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana, pidieron una acción urgente para demandar la liberación del vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna, quien fue detenido esta mañana en Ciudad Obregón, Sonora " por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales".
Hasta las 15 horas aún no se había podido confirmar el paradero de Luna, ni los cargos que se le imputan; defensores de derechos humanos se dirigían al Centro de Readaptación Social de Hermosillo hacía donde se piensa que podrían haberlo trasladado, informó Citlali Hernández, vocera de Serapaz.
"Desde hace meses diversas organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado que las acusaciones imputadas a Mario son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la Tribu Yaqui, ya que esto ocurre en el marco de la defensa de su agua, ante la construcción y operación del Acueducto Independencia" señalaron las organizaciones.
Subrayaron que se tiene conocimiento de un proceso penal que se sigue contra Mario Luna "sin que existan evidencias de su participación en dichos eventos".
Hacen un llamado al gobernador del Estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, "para detener esta escalada represiva en contra de los representantes de la Tribu y para que se abran caminos de diálogo que encuentren salidas a este conflicto" .
También piden a las autoridades competentes que informen del paradero de Mario Luna y que se garantice su seguridad física y psicológica y se respete su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.
Querétaro. Por tiempo indefinido la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mantendrá cerrados unos 35 pozos que se encuentran a 500 metros a la redonda del Río Sonora, donde se registró un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre.
En tanto, prevén que se presente a mediano y largo plazo afectaciones a la población en daños a riñones e hígados, por ello, mantendrán una vigilancia permanente para unas 25 mil personas que radican en las inmediaciones.
"Había 35 pozos en un cinturón de 500 metros a la vereda del río y esos 35 pozos ya se clausuraron y se está tomando muestra todos los días y las muestras conforme a la normal 127 de potabilidad de agua y afortunadamente pudimos aislar en materia de saneamiento básico a la población asociada al problema a los municipios adyacentes y las comunidades".
Por lo pronto, por la contaminación del afluente, provocado por Grupo México, unas 12 personas presentaron complicaciones en su salud, principalmente dermatitis, afirmó el titular del organismo, Mikel Arriola.
"Al día de hoy se han identificado 12 casos, estos casos han presentado síntomas, en algunos casos dermatitis, en otros casos intoxicaciones leves y solamente un caso requirió hospitalización".
Entrevistado en el marco inaugural de la Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, destacó que encontraron altos niveles de cobre en los pozos de la zona.
Es por ello, que realizan abastecimiento de cinco millones de metros cúbicos de agua a los pobladores de las zonas que pudieron resultar afectadas.
Mientras tanto, también se han habilitado dos pozos donde se logró ubicar agua no contaminada.
"Nosotros en los pozos encontramos los niveles por encima de la norma en cobre que son unidades de pesos y por eso tomamos la decisión de cerrarlo (...) y hoy se están habilitando otros dos pozos a dos kilómetros del río, donde tenemos la certeza de que no llegó el derrame para que podamos tener surtimiento adicional de agua, pero no vamos a levantar ninguna medida de seguridad hasta que estén conforme a las normas".
Atoyac de Álvarez. Instalados sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Buenos Aires, casi un centenar de estudiantes de distintas normales rurales del país y Guerrero, saquearon vehículos que transportaban frituras, alimentos y refrescos.
Embozados hombres y en su mayoría mujeres, se colocaron sobre la carretera federal para "botear" a los automovilistas a los que obligaban a entregar monedas, y al mismo tiempo despojar a los transportistas que llevaban productos Barcel, Marinela, Coca Cola, Danone, Bimbo y otros.
El grupo de normalistas que se cubría el rostro con un pañuelo y una gorra, llegó desde las diez de la mañana, hasta las seis de la tarde, y aunque estaba lloviendo permanecían en el retén.
La mayoría eran mujeres procedentes de la normal rural de Amilcingo, en el estado de Morelos, quienes iban acompañadas por estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", de Tixtla.
El grupo de normalistas dijeron ser integrantes del Frente de Normales del Estado, los cuales estaban apostados sobre la vía federal, como lo han venido haciendo en los últimos cinco años sin que nadie les diga nada, reveló un mando de Seguridad Pública de Atoyac de Álvarez.
Los futuros maestros colocados sobre la carpeta asfáltica impidiendo el paso y exigían y obligaban a todos los automovilistas dinero, a los camiones de pasajeros de transporte público federal le sacaban combustible, a los de transportistas de productos comerciales los paraban y saqueaban su mercancía.
Junto a la carretera estaba parado un autobús con una manta que rezaba "Al Movimiento Estudiantil", ahí permanecieron saqueando autobuses y camionetas comerciales que por ahí transitaban.
Chilpancingo. Representantes de los municipios de Tlacoapa, Acatepec, Zapotitlán Tablas y Atlixtac solicitaron el envío de maestros bilingües, ya que los profesores que solo hablan castellano no están en condiciones de instruir a los niños que habitan en sus demarcaciones.
Amador Cortés Robledo, representante de Tlacoapa, indicó que hasta el cierre del curso escolar pasado, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) tenía contratados a maestros bilingües que impartían clase en dichos municipios.
Pero los contratos otorgados para los jóvenes indígenas eran solo de cinco meses y medio, estos vencieron y la dependencia ya no los recontrató, razón por la que ahora más de 700 alumnos no tienen la cobertura que requieren.
Dijo que la SEG contrata solamente a personal monolingüe, gente que solamente habla castellano y que no se puede comunicar con los alumnos de la zona tlapaneca.
Por esa razón, acompañado de un grupo de representantes de los cuatro municipio, Cortés Robledo solicitó al gobernador Ángel Aguirre Rivero que canalice hasta esa parte de la Montaña solo a maestros bilingües.
Los 700 alumnos que actualmente no tienen la cobertura se distribuyen en 11 escuelas de nivel primaria y 14 en preescolar, lo que genera preocupación entre los padres de familia.
Lamentó que en la SEG le den preferencia a las personas que no tienen el perfil, lo que provoca que desde 2012 las escuelas se hayan quedado paulatinamente sin maestros bilingües.
Por cláusulas abusivas y prácticas no sanas en sus productos financieros, las instituciones bancarias que recibieron más sanciones en el primer semestre del año son BBVA Bancomer, Banamex y HSBC, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Al dar a conocer la actualización del Buró de Entidades Financieras, el presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, precisó que BBVA Bancomer encabeza la lista de sanciones, con 280, seguido de Banamex, con 261, y HSBC, con 128.
Estas tres instituciones concentraron 82% de las sanciones impuestas a la Banca Múltiple y 80% del monto total, que al primer semestre ascendieron a 810, equivalentes a 18.8 millones de pesos.
El Buró de Entidades Financieras es una herramienta de consulta y difusión sobre los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, así como los reclamos de los usuarios, prácticas no sanas en que incurren, sanciones administrativas impuestas, cláusulas abusivas de sus contratos e información en torno de su desempeño.
El Buró cuenta con información de 3 mil 162 entidades, es decir 72% del total de instituciones registradas en el SIPRES (Registro de Prestadores de Servicios Financieros), y muestra información de cuatro sectores financieros.
En el último reporte se detectaron 11 prácticas no sanas, 39 cláusulas abusivas (siete más que en el trimestre anterior) y 338 observaciones por parte de la Condusef.
Durante el segundo trimestre no se detectaron “prácticas no sanas” adicionales, por lo que se mantuvo en 11 el número registrado en el Buró en BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Afirme y Banca Mifel.
Dichas prácticas tienen que ver con los criterios y políticas de las entidades financieras, que se alejan de los estándares de atención al usuario y afectan sus derechos.
La autoridad informó que al cierre del primer semestre del año, 18 de las 45 instituciones muestran al menos una cláusula abusiva (40% del total de instituciones evaluadas), que se define como cualquier estipulación, término o condición establecida en los Contratos de Adhesión y que causa un desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes, en detrimento o perjuicio del usuario.
De esta forma, el Buró de Entidades identificó 39 cláusulas abusivas en 18 instituciones de Banca Múltiple: Banamex, siete); BBVA Bancomer, seis; Banco Bajío, cinco; Bansi y Santander, tres cada uno; Banregio y Banorte, dos cada cual, y Banco Famsa, HSBC, Scotiabank, BanCoppel, Banco Walmart, Multiva, Mifel, CiBanco, Actinver, Fundación Dondé Banco y Banco Base, una cada uno.
Un elemento que se añade al Buró de Entidades Financieras es el reporte de las acciones de defensa que la Condusef ha iniciado en materia de prácticas irregulares de cobranza.
Al mes de junio, el Buró reportó 9 mil 499 acciones, de las cuales Banamex encabeza la lista con 2 mil 956, seguido por BBVA Bancomer (mil 960), Santander (mil 062), HSBC (810) y Banorte (705), concentrando casi 80% de las quejas.
Por productos ofrecidos por las instituciones bancarias, la cuenta de nómina es el producto mejor calificado y el promedio de las 14 instituciones evaluadas se colocó en 8.94. Por el contrario, la tarjeta de crédito es el producto con menor calificación. El promedio de las 18 instituciones evaluadas es de 6.72.
Sin embargo, siete de las 18 instituciones evaluadas en el producto tarjeta de crédito resultaron con calificaciones reprobatorias: Banorte, BBVA Bancomer, Santander, Famsa, HSBC, Banamex y Scotiabank.
Las oficinas de la ONU manifestaron su “más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas en México”, y exigieron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto garantizar la labor de los comunicadores “aun cuando publiquen informaciones críticas hacia las autoridades”.
En un comunicado, las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) resaltaron la grave situación que enfrenta el periodismo mexicano.
De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de enero de 2013 al 31 de julio último se han abierto 10 investigaciones por crímenes contra periodistas y tres más por desapariciones.
Las oficinas de la ONU se dijeron consternadas por la agresión contra Karla Janeth Silva, corresponsal de El Heraldo de León, en Silao, Guanajuato, el pasado jueves 4, así como el ataque armado contra el periodista y locutor de la radio comunitaria de Luvianos, Estado de México, La Calentana, Indalecio Benítez, hecho en el que resultó muerto su hijo Juan diego de 12 años, el 1 de agosto.
A esos hechos las representaciones de la ONU añadieron el asesinato de Octavio Rojas corresponsal del diario El Buen Tono de Veracruz, en Cosalapa, Oaxaca, el 11de agosto; la agresión a Ignacio Domínguez, director del semanario veracruzano Tinta Verde, quien fue también reportero del Diario de Xalapa, cuya casa fue baleada y dejaron una cabeza de cerdo en la puerta de entrada como amenaza.
Javier Hernández Valencia, representante de la OACNUDH, sostuvo que para esa oficina como para el Consejo de Derechos Humanos, actualmente en sesión, son objeto de su “principal atención”, lo relacionado con “la defensa y protección del derecho a la vida y la integridad de los periodistas en México, al igual que el respeto y promoción de la libertad de expresión y el trabajo periodístico en el país”.
En tanto que la representante de la UNESCO, Nuria Sanz Gallego, anunció la capacitación de autoridades del país en todos niveles, así como “profesionales y técnicos del ámbito del periodismo, en pro de la prevención de actos de esta naturaleza teniendo como referencia el Plan de Acción de las naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas coordinado por la UNESCO”.
Los organismos instaron al Estado mexicano a “adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias, tanto a nivel federal como estatal, para proteger y garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de las y los periodistas, incluido el fortalecimiento de los programas de prevención y protección, el respaldo público a la importante labor que realizan los periodistas aun cuando publiquen informaciones críticas hacia las autoridades y la obligación de los funcionarios de abstenerse a emitir declaraciones públicas que estigmaticen a las y los periodistas”.
Además, sostuvieron que las anteriores medidas deben estar ineludiblemente unidas al “deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las agresiones en la medida que el actual nivel de impunidad propicia la repetición de las agresiones contra los periodistas y sus familias”.
Hermosillo. El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, aseguró que siempre ha sido respetuoso de las instituciones y lamentó que se haya cancelado la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se llevaría a cabo este viernes, ya que se trataba de encontrar las soluciones a los conflictos políticos que ha causado el derrame tóxico.
"Siempre he sido respetuoso de las instituciones, y seguiré dando mi mayor esfuerzo para que el diálogo sea la vía para solucionar cualquier diferencia", indicó Padrés Elías a través de un comunicado.
El gobernador dijo que está dispuesto a restablecer el diálogo en el momento que las autoridades federales así lo deseen, pues se trata de encontrar la solución a la problemática que viven miles de sonorenses afectados por la contingencia ambiental.
En el documento, el mandatario estatal agradece al presidente Enrique Peña Nieto la intervención para lograr que Grupo México creara un fideicomiso de dos mil mdp, porque "al final de cuentas, lo único que interesa es que se repare el daño causado a la población y creo que en eso hoy se dio un gran paso".
Busca Padrés restablecer relación con la Federación
En entrevista con Carlos Zúñiga, para las 10 de Milenio, el mandatario sonorense señaló que estará pendiente para poder dialogar con el secretario de Gobernación sobre los problemas que aquejan a los habitantes del estado, así como de tratar de fortalecer las relaciones con la Federación.
Padrés Elías reiteró que lo que ha buscado es ayuda por el derrame tóxico y que Grupo México se haga responsable de la contingencia, por lo que reconoció que el gobierno federal haya llevado a la mesa a la empresa.
Acerca de los funcionarios federales, el gobernador señaló que como ciudadano y funcionario tiene la obligación de resaltar lo que le parece no es correcto para el país y la entidad.
"Esperare los momentos y las formas necesarias para seguir construyendo, somos un gobierno del estado muy respetuoso pero también muy enérgico", expresó.
Sobre la cancelación de la reunión, indicó que se enteró a través de los medios de comunicación.
El gobierno federal le dobló las manos a Grupo México al anunciar hoy que el consorcio propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, creará un fideicomiso con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos para subsanar las afectaciones provocadas por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
En conferencia de prensa, en la que participaron también el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, detalló que las subsidiarias Buenavista del Cobre y la Operadora de Minas se comprometieron a reparar en su totalidad el daño por el derrame y a las personas afectadas, como lo anunció en la víspera el asesor de la presidencia del Grupo México, Horacio Sánchez Unzeta.
“En caso de que el monto de 2 mil millones de pesos no sea suficiente, las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras de Grupo México aportarán la cantidad adicional que se determine”, puntualizó.
Asimismo, el funcionario dijo que la reparación de los daños se llevará a cabo de manera inmediata, con base en los resultados que dé a conocer el Comité Técnico encargado de evaluar las reclamaciones que realicen las personas afectadas.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó por su parte que el fideicomiso “no implicará recursos fiscales del gobierno”. Todo será aportado por Grupo México.
Y el titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos, explicó que los 2 mil millones de pesos no son el monto total del daño, se trata de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones.
“Esta obligación que asume la empresa va más allá de la ley federal de responsabilidad ambiental, porque se está incluyendo reparación de daños materiales”, dijo.
Castillejos indicó que Grupo México asumió la obligación de que “corregir procesos, corregir acciones, corregir formas de actuar para evitar cualquier daño a la población”.
Cancelan encuentro Osorio Chong-Padrés
Por la mañana, en declaraciones a Radio Fórmula, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, confirmó que este viernes se reunirá con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para atender la contingencia generada por el desastre ecológico provocado por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
La reunión se acordó luego de que Padrés solicitó apoyo al presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria que padecen alrededor de 23 mil personas de los municipios de Aconchi, Arizpe, Ures, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Baviácora.
“Lo importante en este momento es atender a la gente del río Sonora, no es tiempo de estar litigando en los medios de comunicación; vamos tomándonos de la mano, no sólo para enfrentar la remediación, sino para abrir un frente común contra el principal responsable, que es Grupo México, puntualizó el gobierno estatal en un comunicado.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado por la tarde en la que confirma que dicho encuentro no se llevará a cabo “hasta en tanto no existan las condiciones necesarias para un diálogo constructivo y respetuoso”.
En la entrevista, Padrés Elías, quien en días pasados corresponsabilizó a los delegados estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del desastre ecológico, comentó que el problema de fondo es la contaminación de los ríos.
Y refirió que, como lo dijo ayer en un desplegado dirigido a Peña, Sonora y los afectados “nos necesitan unidos, trabajando hacia el mismo fin”.
Sobre la supuesta negligencia en que incurrieron los delegados federales de las dependencias señaladas, porque –según dijo el gobernador– no cumplieron con su responsabilidad de verificar la aplicación de las normas de funcionamiento de la mina Buenavista del Cobre, evitó entrar en polémica y manifestó que todo eso se tratará de forma institucional con Osorio Chong.
Respecto de su exigencia de destituir al titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, así como a los delegados de esa dependencia, de la Semarnat y de Conagua, reconoció que es facultad del presidente de la República tomar la decisión de removerlos de sus cargos.
Ayer, en un desplegado al que tituló “Sonora alza la voz”, Padrés aseguró que los funcionarios federales encargados de prevenir y corregir el derrame tóxico de la mina de Grupo México “fallaron y le siguen fallando a los más de 23 mil sonorenses” que viven en las márgenes del Río Sonora.
Precisó que hay pruebas documentales y testimoniales en poder de los alcaldes de Cananea y Arizpe, y de habitantes de la región cercana a la mina, “que denunciaron meses antes el riesgo inminente de un derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, y no fueron escuchados, ni por Profepa, ni por Conagua, ni por Semarnat”.
Señaló además que tras el derrame, “estas instancias de su gobierno, específicamente los delegados, nos han dejado prácticamente solos a los sonorenses”.
En respuesta a esos señalamientos, el gobierno federal salió en defensa de sus funcionarios y le recordó a Padrés Elías que es decisión del Ejecutivo su designación.
“Es preciso enfatizar que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en aquel estado (Sonora) es facultad exclusiva del presidente de la República y no del gobernador de aquel estado”, subrayó en conferencia de prensa Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal.
Y exhortó al mandatario estatal “a redoblar esfuerzos y colaborar con la Federación en beneficio de los sonorenses”.
Además, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, ordenó ayer una investigación para saber si la presa que se ubica en terrenos del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos de construcción respectivos.
En conferencia de prensa, el funcionario federal precisó que se realizará una visita de inspección para saber si también hay afectaciones a terceros.
En caso de que no se cuente con los permisos o concesiones se actuará conforme a la ley para su clausura, subrayó Korenfeld, luego de que los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acusaron al gobernador de Sonora de construir de manera ilegal una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia.
El pasado miércoles 10, la Profepa interpuso una denuncia penal contra la minera Grupo México por la crisis ambiental que causó en Sonora.
“Hemos entregado ya a la PGR (Procuraduría General de la República) los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas”, confirmó el titular de la dependencia, Guillermo Haro.
En conferencia de prensa, señaló que la investigación indica que el derrame ocurrió por la falla de una contratista de la minera que no la supervisó. Y mencionó que el próximo lunes 15, de acuerdo con sus investigaciones, se podrían anunciar nuevas medidas de seguridad que pudieran implicar la clausura provisional o definitiva de otras instalaciones de la mina Buenavista del Cobre.
“La PGR informará de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad (de los) directivos de la empresa”, expuso.
Haro sostuvo que entregaron los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas y también “el peritaje que confirma que el fallo en el llamado tubo, en la tubificación que presentó, y el derrame, se produjeron por una falla técnica, totalmente atribuible a la empresa contratista y a la propia minera, que tiene la obligación de revisar el trabajo de quienes están a su servicio”.
Agregó: “La Procuraduría General de la República está trabajando en los dictámenes, está tomando declaraciones y seguramente informará en su oportunidad de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad de los presuntos responsables, directivos de la empresa”.
Morelia. La falta de liquides que enfrenta el gobierno de Michoacán provocó que diversas organizaciones estudiantiles y trabajadores estatales realizarán una serie de acciones, bloqueos y paro de actividades a manera de protesta ante el adeudo no sólo en el pago de nómina sino en la erogación de los montos correspondientes del Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes).
Desde temprana hora periodistas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión a quienes les adeudan desde hace cuatro meses el pago salarial y sostienen una relación laboral por contrato; de manera pacífica se manifestaron frente a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de los recursos devengados.
No obstante, tras algunas horas de protesta, autoridades estatales pactaron el compromiso de que será este viernes cuando sean cubiertas las quincenas atrasadas de los empleados. En este sentido, trascendió que la instancia estatal ofreció su respaldo a los trabajadores y reconoció su labor como comunicadores al frente de la institución.
Y es que se trata de al menos 68 trabajadores de este medio de comunicación institucional quienes no han recibido su quincena de manera puntual.
A esta protesta se sumaron estudiantes de la escuela Normal Urbana Federal, quienes se apostaron frente a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de becas cuyos montos les han atrasado por más de cinco meses y que afecta a más de 10 mil estudiantes del nivel medio superior y superior.
El grupo estudiantil cerró la circulación sobre la avenida Ventura Puente para demandar la entrega de un promedio de 35 millones de pesos que no ha erogado el Gobierno estatal pese a que la federación depositó el cincuenta por ciento de un monto global estimado en 70 millones de pesos.
A esta medida se sumaron los 13 Tecnológicos que se ubican en Michoacán donde los estudiantes determinaron paralizar las instalaciones desde las 7..00 horas hasta las 18:00 horas con la misma consigna en virtud de que no han recibido los apoyos correspondientes de Pronabes.
En el caso del Tecnológico Superior Purépecha de Cherán se tomó el plantel en una acción respaldada por más de 600 alumnos que cursan sus estudios en dicha institución, la cual alberga a jóvenes de toda la Meseta Purépecha.
Del mismo modo lo hizo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Uruapan donde decenas de jóvenes bloquearon los accesos al plantel y denunciaron que desde hace 5 meses no se ha pagado este apoyo, lo que representa un total de 5 mil pesos para alrededor de 350 alumnos como adeudo por el mismo concepto quienes advirtieron la posibilidad de apoderarse de algunas vialidades de no obtener respuesta a sus demandas.
De igual forma estudiantes del Tecnológico de Huetamo, paralizaron las actividades con esta misma demanda, acción que determinaron los propios consejeros estudiantiles cuyo acto se repitió en el Tecnológico de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Apatzingán y La Piedad.
Cabe destacar que muchos de los afectados indicaron la ausencia de esta beca ha impedido incluso inscribirse para el actual curso escolar.
Además de toda esta serie de protestas, estudiantes de la Escuela Normal de Educadoras, tomaron la vialidad sobre calzada la Huerta al sur de la capital michoacana, durante algunos minutos en exigencia de la destitución del director Fidel Ramos Zalapa a quien acusan de haber sido impuesto por la autoridad educativa.
Las autoridades estadunidenses vincularon al empresario y exfuncionario sinaloense Ignacio Muñoz Orozco, con el Cártel de Sinaloa.
El exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y exjefe de la oficina de Sedesol en Veracruz en 2010 forma parte de la red de empresas desmanteladas ayer en un operativo “sin precedentes” efectuado en la ciudad de Los Ángeles California, donde fueron detenidos nueve presuntos delincuentes y confiscados 65 millones de dólares al grupo criminal.
Según el portal electrónico del semanario sinaloense RíoDoce, Muñiz Orozco es dueño de una de las empresas –María Ferré— que presuntamente lavaban dinero al Cartel de Sinaloa.
El empresario fue presidente de la Canaco de 1991 a 2001 y tiene 31 tiendas de ropa en el país, ocho de las cuales se encuentran en Sinaloa. Actualmente, vive en la Ciudad de México.
“Nos hemos enfocado en las actividades de lavado de dinero en el Distrito de la Moda, basados en una gran cantidad de información sobre numerosas empresas que participan en el mercado negro del peso mexicano”, explicó ayer Robert Dugdale, asistente del fiscal de Estados Unidos, que supervisa la División Criminal en el Distrito Central de California.
En las acciones, agregó, también participó personal de Servicio de Impuestos Internos (IRS), y corporaciones locales y estatales de California.
Las autoridades estadunidenses aseguraron también que el Cartel de Sinaloa utilizó un negocio del Distrito de la Moda para aceptar y lavar dinero proveniente del rescate de un ciudadano estadunidense, secuestrado por el grupo criminal y torturado en una finca en México.
Otras dos acusaciones ejecutadas alegan que varios negocios de este distrito comercial de Los Ángeles participaron en el mercado negro de pesos mexicanos (BMPE).
El proceso consiste en que personas que necesitan ‘lavar’ dólares adquiridos en negocios ilícitos en Estados Unidos, principalmente el narcotráfico, contactan a un intermediario en Los Ángeles.
El intermediario busca negocios en el extranjero, en este caso en México, que compran productos a vendedores de Estados Unidos y que necesitan dólares para pagar por esa mercancía.
El intermediario hace arreglos para que los dólares obtenidos ilegalmente les sean entregados a los vendedores con base en Estados Unidos.
Una vez que los productos enviados a México son vendidos, los comerciantes de ese país entregan el dinero adeudado en pesos al intermediario, quien a su vez hace el pago al traficante de drogas, completando el ciclo de lavado.
Las empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear de Los Ángeles, y María Ferre –propiedad de Ignacio Muñoz Orozco- de México fueron señaladas como los principales negocios de una lista de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero.
Cuernavaca, Mor. El Congreso del estado y el gobernador, Graco Ramírez, se enfrascaron en una disputa por el manejo de 500 millones de pesos para la construcción de una nueva sede del Poder Legislativo.
El miércoles pasado, el Congreso determinó auditar las dos líneas de crédito -por un monto total de 4 mil 184 millones de pesos- que le autorizó al Ejecutivo en octubre de 2013, y modificó el decreto del crédito para que 500 millones de pesos, destinados a la construcción de la nueva sede del poder legislativo, sean reasignados al Congreso.
El mandatario estatal respondió que “no existe ninguna atribución constitucional o legal para que el Poder Legislativo adquiera y construya el recinto que pretende”, y además advirtió que esos recursos fueron parte del presupuesto de egresos de 2013.
Los diputados argumentaron, al aprobar el punto de acuerdo que ordena la auditoría, que el próximo 10 de octubre se cumplirá un año de la autorización para la contratación de la deuda y el gobierno del estado, “no ha enviado a los integrantes de la Comisión Especial de Vigilancia ningún documento, oficio, comunicación o material, donde se informe el monto, forma y términos de los créditos o empréstitos contratados, incluyendo plazo, gracia, tasas de interés ordinaria y moratoria, así como información sobre la aplicación de los recursos correspondientes, como lo dispone el artículo 40 de la Ley de Deuda Pública para el estado de Morelos”.
Por ello, aseguraron los diputados, se ordenó a la Auditoría Superior de Fiscalización audite en qué se gastaron 2 mil 806 millones de pesos del crédito autorizado, y si la otra línea de crédito (de mil 300 millones de pesos) realmente la contrataron para refinanciar la deuda pública que heredaron. El titular de la Auditoría tendrá 30 días para saber en qué se gastaron esos recursos, una vez que se inicie la revisión de ese dinero, dice el punto de acuerdo.
Para reasignar los 500 millones de pesos de deuda destinados a la construcción de una nueva sede, los legisladores argumentaron que “el poder ejecutivo no ha podido adquirir el terreno, presentar el proyecto ejecutivo, licitar la obra ni iniciar los trabajos de construcción del nuevo recinto parlamentario. Con la modificación del citado decreto, la LII se convertirá en líder del proyecto a fin de poder iniciar los trabajos relativos a la adquisición del precio adecuado y la referida construcción”.
El gobernador, Ramírez Garrido Abreu, refutó hoy que esos recursos correspondan al presupuesto de egresos del poder Ejecutivo del año 2013, “por lo que el crédito aprobado para el año 2013 sólo se puede justificar en el presupuesto de egresos del mismo periodo, y no existe ninguna facultad o atribución constitucional o legal para que el poder legislativo adquiera y construya el recinto que pretende. Como se aprecia, el dictamen es ilegal, y lo haremos valer”.
Sobre la auditoría al uso de los recursos de la línea de crédito, ofreció que harán público, en el portal del gobierno del estado, obras y montos para ubicar en qué se gastó el dinero que pidieron prestado, además de que cada tres meses, entregan la Cuenta Pública del gobierno del estado al Congreso.
Al año alrededor de 120 mil adultos que viven en otros estados de la República solicitan su registro al padrón de derechohabientes de la tarjeta de la pensión alimentaria del Distrito Federal, e incluso muchos de ellos tramitan su credencial de elector utilizando la dirección de algún amigo a familiar que radica en la ciudad de México.
Esto ha obligado al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del DF a reforzar las visitas domiciliarias que se hacen para corroborar que los solicitantes viven aquí, ya que las reglas de operación del programa de la pensión alimentaria establece que este apoyo sólo se puede otorgar a los habitantes de la ciudad de México, con una residencia mínima de tres años.
La secretaria de Desarrollo Social (Sedeso), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comentó que se pensó que con la creación de programas estatales y el del gobierno federal dirigidos a este sector de la población reduciría la presión; sin embargo, no ha sido así, ha crecido.
“Cuando la educadora acude al domicilio, los vecinos les dicen: 'aquí no vive, viene de vez en cuando'. Vienen de todos los estados, pero evidentemente el mayor número de peticiones provienen de gente de la zona metropolitana”, detalló.
Rodríguez Velázquez añadió que de acuerdo con cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) la ciudad de México se ubica en el primer lugar de migración de adultos mayores no sólo de otras entidades sino también de otros países.
En entrevista, luego de entregar 683 tarjetas de la Pensión alimentaria para adultos mayores a nuevos derechohabientes de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Xochimilco y Venustiano Carranza en el Centro Cultural Carranza, la secretaria admitió que se tiene una lista de espera de 22 mil personas, cifra que se espera abatir antes de diciembre.
“El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos autorizó 20 mil tarjetas más, entonces, podremos cumplir y quizás nos sobre un poquito, porque muchos de los que están en la lista vienen de fuera, por lo que la cifra seguramente se irá depurando”, explicó.
Recordó que el padrón actual de beneficiarios asciende a 480 mil y la meta es llegar a 500 mil a fines de este año.
La celebración de las fiestas patrias dejará una derrama de 600 millones de pesos al comercio, aunque una tercera parte será para el ambulantaje, informó el presidente de la Canacope, Gerardo López, quien denunció el cierre de 90 negocios en Plaza de la República a un año de estar el plantón de maestros y la aplicación de la ley seca de manera discrecional, por parte de las autoridades delegacionales.
En conferencia de prensa, Arturo Gelista, presidente de la Asociación de Comerciantes en Abarrotes, Vinos y Licores, señaló que personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF) “nos obliga a firmar un documento, donde nos comprometemos a no vender bebidas alcohólicas, cuando se registran grandes concretanciones o protestas en el primer cuadro de la ciudad”.
La medida se ha extendido a Xochimilco y Coyoacán, con una caída de 40 por ciento en promedio en las ventas del sector, colocándolo en una crítica situación, pues debe pagarse renta y nómina, mientras a los comerciantes ambulantes se les otorga “manga ancha para vender, pero si no firmamos los papeles al rato vienen los inspectores y por cualquier cosita nos clausuran y multan”, argumentó.
La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no ha entregado a los productores de frijol y maíz de siete estados, que comprobaron la entrega de su producto a las comercializadoras, seis mil millones de pesos correspondientes al ingreso objetivo, lo que provocó que cayeran en carteras vencidas, informó Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente del Barzón.
La situación de los campesinos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Sinaloa es crítica y se agrava por los bajos precios de los granos.
El problema es que no se ha resuelto la crisis de los precios y se aproxima la cosecha del ciclo primavera verano, por lo que es necesario que el gobierno apoye a los productores para que al menos recuperen sus costos de producción, para lo cual requieren 16 mil millones de pesos.
Pero no se trata sólo de recursos sino de impulsar una política para que los campesinos mantengan la tendencia positiva de producción; crear una reserva estratégica para los granos básicos, y establecer una comercializadora estatal que adquiera 30 por ciento de la producción para poner orden en el mercado interno, el cual está en manos de monopolios e intermediarios. “No es posible que con un aumento en la producción de maíz y sorgo, los precios de la carne de res, pollo y cerdo hayan aumentado y que el precio de la tortilla no baje”, asentó en conferencia de prensa.
Anunció que los productores del norte y bajío se reunirán el 22 y 23 de septiembre en Zacatecas para definir una estrategia para afrontar la situación adversa y demandar al gobierno y al Congreso de la Unión coloquen en su agenda de prioridades al sector agropecuario y no al tema político electoral.
Los gobiernos de México y España firmaron un Acuerdo de Cooperación en materia laboral, en el marco de la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G-20, que se realiza en Melbourne, Australia.
En este acuerdo, los ministerios del Trabajo de ambos países se comprometen a desarrollar mecanismos de cooperación en materia de inspección de los centros de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, empleo juvenil, certificados de profesionalidad y reconocimiento de las competencias profesionales.
El secretario del Trabajo de México, Alfonso Navarrete Prida, y la ministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez García, señalaron que las conversiones para concretar el acuerdo, iniciaron en Ginebra, Suiza, el pasado mes de junio.
Navarrete Prida además se reunió con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, y la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (ITUC), Sharan Burrow, a fin de dar seguimiento a la agenda común que nuestro país ha construido con la OIT.
En el encuentro, el secretario Navarrete Prida destacó los desafíos y avances registrados en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil en México, inspección de seguridad y salud en los centros de trabajo, la defensa de los derechos de los trabajadores. Por su parte, Guy Ryder destacó la importancia de una protección laboral eficaz que contribuya a contar con centros de trabajo más seguros.
El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, informó que no cuenta con el permiso para la ocupación de zona federal por la presa a su nombre, pues refirió, al tratarse de una obra de defensa solamente basta con dar el aviso correspondiente a las autoridades.
En entrevista para López Dóriga en Radio Fórmula, aseguró que el director de Conagua, David Korenfeld, hizo lo correcto al comenzar la investigación pues se está haciendo una revisión para que se vean todos los permisos y lo que se requiere de una obra de defensa.
“Yo sabía que el estar alzando la voz por los sonorenses y el seguir en la oposición, el no estar de acuerdo con muchas cosas, pues iba a tener algunos efectos y estoy de acuerdo que se haga”, refirió.
Korenfeld anunció ayer en conferencia que ya solicitó al organismo de cuenca noroeste verificar la documentación de cinco represas que fueron denunciadas en la entidad, entre ellas la que involucra al gobernador, para determinar si el uso de la aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas, tiene concesiones.
En caso de encontrar anomalías, la Conagua procederá en primera instancia con la clausura de la obra; posteriormente, se liberará el recurso hídrico de comprobarse que se violó el derecho de uso de terceros y, finalmente, de no contar con los permisos legales la presa será demolida.
Padrés añadió que lo revelado por Korenfeld, respecto a que la presa no existía antes de 2011, es falso ya que cuenta con el testimonio de más de 20 personas que pueden constatar la existencia de esta obra desde hace más de 60 años, incluso antes de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales.
El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Commings, aseveró que los responsables del plan para la construcción del nuevo aeropuerto en la capital del país están “muy tranquilos” porque se cubrieron todos los frentes que avalan el arranque de esta obra.
“Los 21 meses se han utilizado en esta administración han sido específicamente para un lanzamiento seguro y muy asertivo”, dijo en una conferencia de prensa, realizada en la Secretaría de Gobernación.
Organizaciones sociales y académicos han advertido acerca de las posibles fallas que enfrentará esta magna construcción. Por ejemplo, el factor del ruido para la zona o las características del suelo del área Peñón-Texcoco.
A pregunta directa del tema, Murrieta Commings dijo que se están haciendo muchos análisis y estudios de todo tipo de un proyecto del cual no hay antecedentes, por magnitud e impacto.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) llegó a su primer aniversario criticado y “sin legitimidad” por haber renunciado al derecho de interponer una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR); por renunciar a su autonomía; y cuestionado por no respetar las reglas de contacto con los regulados, como hizo el comisionado Adolfo Cuevas Teja al vincularse con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y emitir su voto sobre la controversia vía telefónica, señalaron especialistas.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez; el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Ramiro Tovar Landa; y la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Aleyda Calleja, coincidieron en que a un año de su creación, el Ifetel cumplió en forma y “más o menos” en tiempo con los principales mandatos que le dio la reforma constitucional, como las declaratorias de preponderancia.
Sin embargo, coincidieron también, todo ese trabajo se ve opacado ante la negativa de cinco comisionados a no interponer la controversia constitucional en contra de la LFTR y por lo menos 52 artículos que le restan autonomía al regulador, invade funciones y entorpece su trabajo, como documentaron las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo.
Aleyda Calleja dijo que, al no defender sus facultades, el Ifetel perdió legitimidad, y aseguró que sus comisionados empiezan a mostrar actitudes similares a los de algunos de los miembros de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), al cuestionar que el comisionado Adolfo Cuevas haya emitido su voto sobre la controversia vía telefónica mientras se reunía en Cancún con miembros de la CIRT que son los regulados, con lo que violentó las reglas de contacto.
“La gran mancha para el Ifetel es no haber promovido la controversia con el pretexto de tener mucho trabajo. Cuando protestaron el cargo se comprometieron a cumplir con la Constitución, pero se negaron a defender su autonomía igual que cuando no defendieron en el Senado el contenido de la Ley como la cláusula Cablecom y la declaratoria de prepoderancia por sector y no por servicios”, acusó Agustín Ramírez.
Ramiro Tovar criticó que los comisionados se hayan negado a presentar una controversia a sabiendas de que la LFTR afecta su desempeño, y en vez de ser un regulador se convirtió en “ejecutor” de lo que dispusieron los legisladores que lo obligaron a ceder facultades.
Yahoo anunció que hará público más de mil 500 páginas de documentos previamente secretos, relacionados con la disputa legal de la empresa, en 2007 y 2008, por la expansión de las leyes de vigilancia estadunidenses. “En 2007, el gobierno estadunidense enmendó una ley, para exigir información de los usuarios, a quienes ofrecen servicios en línea. Nos rehusamos a acatar con lo que percibimos era una vigilancia inconstitucional y demasiado extendida, y retamos a la autoridad del gobierno de Estados Unidos”, se lee en un comunicado de Yahoo. Yahoo perdió el caso y la corte le ordenó que le diera al gobierno estadunidense los datos de los usuarios que requería.
La compañía “se volvió una de las primeras en entregar información al programa PRISM de la Agencia Nacional de Seguridad, lo cual permitió que el gobierno accediera a los historiales de los usuarios de Internet, sus chats, correos electrónicos, búsquedas, según los documentos filtrados por Edward Snowden ”, escribe Cora Currier, en The Intercept. En cierto momento, el gobierno amenazó con imponer a Yahoo una multa de 250 mil dólares diarios, si no liberaba los datos. Hoy fue anunciada la decisión de que la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) abre los archivos del proceso, a petición de Yahoo. Ahora, dice la empresa, trabajan para hacer que esos documentos estén disponibles.
“A pesar de la desclasificación y la liberación de los documentos, partes de ellos continúan clasificados, los desconoce hasta nuestro equipo”, se lee en el comunicado de Yahoo. La compañía seguirá intentando que se haga público el material completo.
-Captan en video asalto a joyería de tienda departamental
Las cámaras de la tienda departamental en la que irrumpieron alrededor de 18 personas para robar las vitrinas del área de joyería captaron el momento en que sucedió el robo poco antes de las 05:00 horas del miércoles.
En la grabación se observa a los asaltantes entrar con la cabeza cubierta con capuchas y con cascos con lámparas para iluminar el área.
La banda rompe con martillos las vitrinas y en alrededor de 40 segundos las saquea. Sin embargo, la presencia de un elemento de la Policía Bancaria Industrial alertó a los ladrones quienes empezaron a huir por el mismo hueco por el que entraron.
En el video se observa cómo dos de los asaltantes son encañonados por el elemento policiaco.
Por la mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida explicó que esta banda podría estar relacionada con otros hurtos de este tipo, algunos sucedidos en tiendas Sanborns en Morelos e Hidalgo, entre otros estados.
"Hace menos de un mes aseguramos un vehículo cargado con objetos de un robo en un Sanborns en Hidalgo, lo aseguramos en la entrada a la ciudad y no tuvimos la oportunidad de hacer detenciones porque huyeron al ver el helicóptero de la SSP y las patrullas. Creemos que podría ser uno de los eventos y otros más que se suscitaron en una ocasión en Morelos, donde detuvimos a 16 personas”, detalló.
Asimismo, dijo que hasta ahora en el DF no se habían visto grupos tan grandes para cometer delitos, pero el convenio de vigilancia y seguridad firmado con las plazas comerciales funcionó el miércoles, aseguró Rodríguez Almeida.
En este robo, la policía capitalina detuvo a tres hombres en el lugar, uno de los cuales, resultó herido con dos disparos de arma en los glúteos.
