lunes, 20 de octubre de 2014

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 20 Octubre 2014

-Ordenan reinstalar a comunicador que criticó supuesto alcoholismo de Calderón
Comentarista y analista político de Cadena RASA durante 24 años, Alberto Vieyra Gómez, fue despedido el 10 de octubre de 2010 por criticar el supuesto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón.

En febrero pasado un tribunal colegiado en materia de trabajo ordenó su reinstalación, sin que a la fecha se haya cumplido el fallo.

Según el comunicador, en febrero de este año el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia de Trabajo ratificó el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial número 2, a su favor.

Ambas instancias, dice, dictaminaron que deberá ser reinstalado en su puesto como comentarista y analista político o, en su caso, la empresa deberá pagar la liquidación de rigor conforme a derecho. De no acatar el fallo, dicha empresa deberá ser embargada, advierte Vieyra Gómez.

“Después de siete meses y a pesar de que un juez ha ordenado a la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial Número 2 ejecutar el laudo como lo marca la ley, sospechosamente, la citada junta continúa violando los derechos del comunicador, argumentando que el asunto está ya en poder de un actuario. De ese tamaño es el tortuguismo que impera en la aplicación de la justicia en el ámbito laboral”, critica el comunicador en una carta enviada a Apro.

-Gobierno de Peña no tiene ni idea de dónde buscar a los 43 normalistas
ACAPULCO, Gro.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvieron un encuentro privado con padres de familia y normalistas de Ayotzinapa, donde los funcionarios no expusieron indicios de que estén vivos los 43 estudiantes desaparecidos.

Ni siquiera tienen idea de dónde pueden buscar a las víctimas y sólo se comprometieron a seguir con las labores de búsqueda en la zona norte y la región de Tierra Caliente de la entidad, donde el gobierno federal asumió el control de la seguridad pública en 12 municipios, luego de que determinó que las autoridades municipales tienen nexos con la delincuencia.

En respuesta, los normalistas y padres de familia de los desaparecidos reprocharon la indolencia gubernamental y dijeron que aunque desconfían del trabajo de la PGR, el gobierno federal tiene la obligación de ofrecer una explicación sobre el tema de los desaparecidos.

“Nos explican ciertas detenciones, pero el punto medular es encontrar a los desaparecidos y, desgraciadamente, la información que nos dieron no es la que esperábamos. Tampoco cumplieron nuestra expectativa sobre la información del paradero de nuestros compañeros”, indicó un miembro de la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa entrevistado al término de la reunión con autoridades federales.

El encuentro se registró esta tarde en el hangar de la PGR del aeropuerto internacional del puerto de Acapulco, donde el secretario de Gobernación y el titular de la PGR arribaron a bordo de un jet privado.

Este hecho se caracterizó por la ausencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien prácticamente fue desplazado por el gobierno federal, debido a que dejó de ser interlocutor entre las víctimas de la barbarie desatada en Iguala y las autoridades.

Al respecto, un representante del grupo de padres de familia de los desaparecidos dijo que seguirán insistiendo a las autoridades la presentación con vida de los 43 estudiantes, a pesar de que se reducen las expectativas de que ello ocurra.

La postura del gobierno federal frente al caso Ayotzinapa avala los señalamientos que hizo el padre José Alejandro Solalinde, quien afirmó que de acuerdo con testigos de la masacre y desaparición de normalistas, los estudiantes “ya están muertos”, y criticó que las autoridades traten de “administrar políticamente” el conflicto.

Los padres de familia y los normalistas acudieron a la reunión privada acompañados por activistas y defensores de derechos humanos, como el director del Centro de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y Miguel Álvarez, de Serapaz.

Por otra parte, normalistas de Ayotzinapa y la dirigencia del magisterio disidente se deslindaron del incendio provocado en las oficinas del programa de asistencia social esterar de la administración de Aguirre.

En tanto, Aguirre Rivero convocó a empresarios del ramo hotelero para que le manifestaran su apoyo y rechazó la necesidad de que el gobierno federal envíe un comisionado ante el nivel de ingobernabilidad que se vive en la entidad y la falta de capacidad política de sus operadores para desactivar los conflictos sociales que van en aumento.

“No es que me oponga a que venga o no un comisionado, pero yo creo que acciones como las que se están desplegando y con una expresa coordinación, pues no veo el caso”, atajó el mandatario al término de un acto público donde otorgó plazas para egresados normalistas.

-Detiene PGR a Amado Yáñez, dueño de Oceanografía
Elementos de la PGR detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Amado Yáñez, propietario de Oceanografía y acusado de fraude por 600 millones en contra de Banamex, con lo que cambia su situación jurídica con nuevas acusaciones y no podrá seguir su proceso en libertad.

Al respecto, fuentes federales precisaron que el juez que lleva el caso determinó que Amado Yáñez, en calidad de administrador único de la empresa Oceanografía y los funcionarios de Banamex involucrados en el caso, cometieron delitos de carácter grave al dañar bienes de gran jerarquía tutelados por el Estado, entre ellos la estabilidad y solidez del sistema financiero mexicano.

Según la resolución judicial del caso y con base en las pruebas aportadas por el MP Federal, el fraude en contra de Banamex fue un delito continuado al registrarse entre septiembre de 2013 hasta el 10 de febrero pasado.

En ese lapso se presentaron 166 estimaciones falsas e incluso alteradas de los contratos que realizó Oceanografía con Pemex Exploración y Producción.

Esta noche, Yáñez declara ante la SEIDO por las acusaciones de lavado de dinero, así como por delitos financieros y fiscales, aparte de los procesos abiertos que tiene en en su contra por el fraude a Banamex y por el uso de documentos apócrifos para garantizar los “créditos” de Pemex.

Los tropiezos de Amado Yáñez con la justicia iniciaron el 23 de marzo, cuando fue a declarar ante el MP por el caso de Oceanografía, acto seguido fue arraigado en su casa de Acapulco, episodio que desembocó con la orden de captura que emitió un juez y que finalmente fue cumplida este lunes 20.

-Hubo lenta reacción oficial en Iguala, dice enviado de la ONU
El representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, informó a la Cámara de Diputados que en las primeras 72 horas de la agresión armada contra estudiantes de Ayotzinapa se configuraron los elementos suficientes para determinar la desaparición forzada de los normalistas, pero el Estado mexicano no aplicó los protocolos para su búsqueda.

Durante una reunión esta noche con la comisión especial que investiga el asesinato y desaparición de la Normal de esa población, ocurrida en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, Peña Palacios explicó que para determinar la desaparición forzada se deben cumplir tres elementos: la privación de la libertad; que ésta ocurra a manos de una autoridad, y en este caso se presume que la policía municipal participó; y la negación del paradero de las víctimas.

Los diputados federales explicaron que Peña Palacios refirió que estos tres elementos ya se habían cumplido en las primeras 72 horas de la desaparición de los 43 normalistas y que "la autoridad no actuó con celeridad".

Al respecto, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano e integrante de la comisión especial, Ricardo Mejía, resaltó que la definición del relator adjunto contrasta con la conclusión que la semana pasada les presentó el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien les habló de una privación ilegal de la libertad.

Señaló que al constituirse la figura de desaparición forzada, se trata de un delito de carácter federal, además de otros que se cometieron durante el asesinato de normalistas y civiles y la participación en estos hechos de elementos del Estado mexicano, en este caso los policías municipales de Iguala, que estaban bajo el mando del alcalde prófugo, José Luis Abarca.

Refirió que durante la reunión, que fue de carácter privado, a petición expresa del relator adjunto, también se abordó la posible omisión por parte del Ejército mexicano para evitar la agresión contra los jóvenes.

En pleno centro de Iguala, explicó, se encuentran las instalaciones del batallón número 27, cuyos elementos no intervinieron, a pesar de que algunos normalistas llegaron hasta ese lugar para solicitar auxilio.

La diputada Lilia Aguilar (PT), integrante de la comisión especial, resaltó el hecho de que hasta el momento la búsqueda de los estudiantes ha sido encabezada por familiares y policías comunitarios, pero no por el Estado mexicano, como exigen los estados de otros países en casos de desaparición forzada, cuyos protocolos demandan la actuación de los gobiernos en las primeras 72 horas.

-Ofrece gobierno $64.5 millones por información sobre paradero de 43 normalistas
El gobierno de México ofreció una recompensa millonaria para quien ofrezca información que permita dar con el paradero de 43 estudiantes de magisterio desaparecidos desde hace semanas luego de ser detenidos por policías y entregados a miembros de un grupo de narcotráfico.

En un anuncio pagado, publicado el lunes en algunos diarios mexicanos, el gobierno informó que entregará hasta 1.5 millones de pesos (cerca de 111 mil dólares) por cada uno de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, es decir, un total de 64.5 millones de pesos (unos 4.7 millones de dólares).

También ofrece 1.5 millón de pesos por información que lleve a la detención de los responsables de la desaparición.

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, una municipalidad del sur de México, luego de ser atacados por policías locales de esa y otra localidad vecina.

Hasta ahora han sido detenidas cerca de 50 personas, en su mayoría policías municipales, aunque no se sabe qué sucedió con los alumnos.

Las autoridades también han localizado fosas clandestinas con restos humanos, aunque la Procuraduría General de la República sostiene que hasta ahora ninguno corresponde a los jóvenes, en un caso que se ha vuelto en uno de los mayores desafíos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El anuncio de la recompensa se publicó el mismo día en que está previsto un encuentro entre familiares de los estudiantes y autoridades federales que investigan la desaparición, según informó Tlachinollan, un centro de derechos humanos que acompaña el caso.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo la noche del domingo a la prensa que se han hecho casi 500 recorridos por tierra, agua y aire, en conjunto con los familiares.

Lo que se sabe hasta ahora es que policías de los municipios vecinos de Iguala y Cocula, ambos en el estado sureño de Guerrero, detuvieron a los jóvenes y los entregaron a miembros de los Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico surgido a raíz de divisiones internas en el cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Agentes federales han asumido la seguridad pública en esas dos municipalidades.

Rubido anunció el domingo que las labores de seguridad en otras 13 municipalidades, 12 de Guerrero y una en el vecino Estado de México, quedaron bajo control de la Policía Federal luego de encontrar presuntos vínculos con el crimen organizado de los agentes locales.

-Crimen infiltró policías en Guerrero, admite Peña Nieto
XALAPA, Ver.- El presidente Enrique Peña Nieto confirmó que el domingo pasado las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en 12 municipios de Guerrero.

A Iguala y Cocula, donde fuerzas federales asumieron las tareas de seguridad, se sumaron ayer Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuellar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala.

Peña justificó esta acción al aludir que había evidencias de que las corporaciones policiacas de esos ayuntamientos guerrerenses estaban infiltradas por bandas del crimen organizado.

En Poza Rica de Hidalgo, municipio sacudido por el crimen organizado y ubicado al norte de Veracruz, el presidente dijo que hay una acción decidida de que las fuerzas federales “intervendrán” en los municipios donde, “de acuerdo con investigaciones de inteligencia”, el gobierno federal obtenga pruebas de que hay infiltración del narcotráfico.

Acompañado del gobernador Javier Duarte y de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, Peña Nieto aseguró que el trabajo de combate al crimen organizado y su infiltración en las corporaciones policiacas locales se hará con el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

“Por eso, (las fuerzas federales) hoy se ocupan de la seguridad de 12 municipios más del estado de Guerrero y, como lo hacemos ahí, vamos a seguir trabajando para que junto con los gobiernos locales sigamos poniendo orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo las encargadas de dar seguridad a las familias mexicanas”, expuso.

En gira de trabajo, Peña Nieto admitió que los “esfuerzos colectivos” para reforzar la seguridad pública y combatir la delincuencia se ven “empañados” por los sucesos ocurridos en Iguala.

El presidente insistió en que para su administración será “fundamental” llegar al fondo de las investigaciones en el asesinato de seis personas y 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Y también dio un espaldarazo a Duarte por la integración de la Fuerza Civil, el nuevo brazo de élite de la Policía Estatal.

“Quiero felicitarlo y desde ahora augurarle el mejor de los éxitos en este esfuerzo de su gobierno, la puesta en marcha de la Fuerza Civil, un nuevo cuerpo de seguridad pública que estará, a partir de mañana, al servicio de todos los veracruzanos”, dijo el Ejecutivo federal durante la entrega de apoyos correspondientes al programa “Prospera”, dijo.

Peña recordó que el gobierno de la República trabaja en total coordinación con las autoridades, tanto estatales como municipales de todo el país.

“Desde la administración federal trabajamos en equipo, en cooperación y colaboración con los otros órdenes de gobierno para cumplir en todos los frentes que nos permitan propiciar desarrollo y progreso para los mexicanos”, sostuvo.

Peña Nieto y Robles, así como Duarte y funcionarios locales, presentaron el programa “Sin hambre, Veracruz prospera”, el cual pretende acabar con los índices de hambruna en municipios marginales y serranos de la entidad.

En esta entidad se encuentran los ayuntamientos de Soledad Atzompa, Mixtla de Altamirano y Tequila, ubicados entre los municipios con mayor marginación y hambre del país.

-Hijos de líder sindical nacional del IMSS, en la nómina de Morelos 
CUERNAVACA, Mor.- El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Manuel Vallejo Barragán así como dos de sus secretarios gremiales mantienen en nómina y como comisionados a siete de sus hijos, que en conjunto representan un egreso de más de un millón 700 mil pesos al año para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) De acuerdo con una investigación realizada por el diario El Universal, Vallejo Barragán tiene a tres de sus hijos en nómina; el tesorero del sindicato a dos y el secretario de conflicto a otros dos, todos con un sueldo que va de los 15 a los 30 mil pesos mensuales. Barragán tienen a tres de sus hijos en la nómina de la institución “comisionados” a labores sindicales sin la necesidad de cubrir una jornada laboral para ganarse el sueldo y acumular antigüedad. Manuel, Clara y Margarita Vallejo Cisneros tienen sueldos mensuales de 16 mil 313 pesos para el primero y de 15 mil 801 pesos para cada una de las mujeres. 

Asimismo destacaron que reciben primas vacacionales y de antigüedad, gratificación de fin de año equivalente a tres meses de sueldo, 16 días hábiles de vacaciones, fondo de ahorro, ayuda para actividades culturales y recreativas, Infonavit-Fovissste y pago de guardería. Indicaron que el ingreso más reciente es el de Margarita de 19 años que dio de alta hace poco más de nueve meses y en este lapso ya fue nombrada “Jefe de Oficina A” en los edificios centrales así como comisionada sindical con matrícula de empleada 98386419. 

Por otro lado, Clara de 31 años de edad tienen cinco años y nueve meses de antigüedad y se “desempeña” como jefa de oficina en el estado de Morelos, de donde es originario su padre, bajo la matrícula de empleada 99183207. Manuel tiene alta como abogado y también es comisionado en Morelos, tiene 28 años y entró al IMSS en febrero de 2011, ostentando el cargo de digitalizador y supervisor de control de calidad de archivos sonoros en la Fonoteca Nacional, mismo que posee dos salarios de puestos públicos. 

Otro de los líderes de la cúpula sindical del SNTSS es el químico Adolfo Pineda Díaz, quien se desempeña como secretario de Conflictos, tiene a dos hijos, Juan Adolfo y Juan Jesús Pineda Villanueva, dentro de la nómina del IMSS y con cargos de comisionados sindicales y ambos perciben un sueldo de 15 mil 801 pesos. 

-El plan de Osorio Chong contra Ayotzinapa
El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende eliminar las pocas normales rurales que quedan en el país. Y para ejecutar su plan tiene a su mejor adalid de la educación y supuesto aliado de los estudiantes del Poli: Miguel Ángel Osorio Chong. La historia de Osorio Chong contra las normales rurales empieza en el 2005  en El Mexe, Hidalgo cuando el actual secretario de Gobernación era gobernador. La Escuela Normal Rural Luis Villarreal, con 81 años de historia, fue liquidada por Osorio Chong. Para realizar su plan contó con la invaluable colaboración de la maestra Elba Esther Gordillo. 

El argumento de ambos fue inapelable: “Ya no se necesitan maestros rurales”. Pero la realidad es aplastante: 45 por ciento de las escuelas de educación básica son rurales y necesitan un normalista que comprenda el entorno. ¿Entonces, por qué desaparecer las normales rurales? No será porque son semilleros de lucha social. Terminaba así un proceso de acoso y violencia contra los normalistas. Cuando Osorio Chong era secretario de gobierno, la normal inició las movilizaciones de protesta. El 19 de febrero de 2000, la policía entró al plantel educativo violando la autonomía. 

Los policías comandados por el señor Chong desalojaron, torturaron y detuvieron a estudiantes y padres de familia que intentaban proteger su escuela. La ira del estado se lanzó incluso contra los normalistas que estaban en huelga de hambre frente al palacio de gobierno. 

La última generación de la Normal Rural de El Mexe fue de 76 normalistas en 2008. El plan para desmantelar normales rurales ha funcionado. De las 30 que existían, ahora solo quedan 17, la mayoría con grandes dificultades para su supervivencia. 

El objetivo del estado es eliminarlas a todas, ir cerrando paulatinamente el resto. En este contexto no sorprende la situación que vive actualmente la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Al ingresar al plantel cualquier visitante, puede comprobar la pobreza de sus instalaciones. Los normalistas terminan sus estudios a base de mucho esfuerzo. 

La mayoría son hijos de campesinos, estudiantes de 17 y 18 años con una conciencia social crítica, que ya quisieran muchos estudiantes de las universidades públicas y privadas del país. Recorrer la normal rural de Ayotzinapa, es recorrer la historia de marginación y extrema pobreza que cubre al estado de Guerrero, cuna de grandes luchas sociales y de ejércitos guerrilleros. Bajo esas condiciones de miseria, cualquiera puede comprender la existencia de grupos subversivos. 

La versión no oficial difundida ahora por la Secretaria de Gobernación a cargo del señor Osorio Chong es francamente descabellada. Intentan vincular a los normalistas con el cártel del narcotráfico Los Rojos, antagónico de los Guerreros Unidos. 

El dinero es muy escandaloso, imposible de ocultar. ¿Cuántos de los “periodistas” que ahora repiten la versión de Gobernación han visitado la normal rural de Ayotzinapa? Hay que recorrer sus humildes aulas, sus patios, sus pasillos, para descubrir la pobreza en la que viven. 

Más allá de los merolicos que repiten las versiones oficiales para desacreditar el movimiento estudiantil de los normalistas, lo más interesante de esta estrategia mediática de difamación, es que el objetivo principal del señor Osorio Chong es desaparecer la normal de Ayotzinapa, semillero de líderes y luchadores sociales. Para ello cuenta con la invaluable colaboración del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuya última estrategia es lanzar en ese interminable hoyo negro de impunidad donde están las víctimas de desaparición forzada, a los 43 normalistas. 

No importa que los 28 cadáveres de las primeras fosas sean recientes y tengan entre ocho y diez días de haber muerto; no importa que las versiones y evidencias que muestran algunos involucrados en el levantamiento forense de los cuerpos, indiquen que pueden ser los 43 normalistas desaparecidos, no importa nada, el señor procurador intenta tratar a los mexicanos como personas sin inteligencia, asegurando antes del resultado de las pruebas de ADN que ninguno de esos cadáveres recientes pertenecen a los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Entonces quiénes son? La opinión pública no puede ser tratada como tonta. 

El gobierno debería avergonzarse de estar apostando al olvido. Sus planes a futuro es que esos 43 normalistas sean una cifra más en la interminable lista de los 300 mil desaparecidos que existen en México. La otra apuesta del gobierno es desaparecer la normal rural de Ayotzinapa. Y las últimas cifras así lo demuestran. 

De 145 egresados el año pasado, solo 11 de ellos obtuvieron plaza. Cuando uno de los jóvenes preguntó que iban a hacer los demás, el funcionario de la Secretaría de Educación sonrío y le espetó una simple respuesta: “ser campesinos, jardineros, albañiles….” Ante esta estrategia de acoso y desmantelamiento, la pregunta surge inmediatamente: ¿Cuál fue el crimen cometido por los 43 normalistas para ser sometidos a desaparición forzada? Educarse. Intentar ser maestros. Obtener una conciencia social para ser librepensadores. 

La actual política de criminalización contra los estudiantes es grave. Revela una enorme torpeza del gobierno, pero también una involución a etapas tan oscuras donde surgieron ejércitos guerrilleros para defenderse de la opresión del estado. 

De la matanza de Tlatelolco a Tlatlaya y Azotzinapa. ¿Es eso a lo que le tira el señor Osorio Chong? Retrasar la entrega de los cuerpos a sus padres es un grave error, independientemente si son normalistas o no. Retrasar los resultados de ADN de los familiares de los 43 normalistas demuestra una inmensa falta de escrúpulos de la clase política mexicana. ¿Dónde están las voces de los intelectuales protestando por esto? ¿Dónde están los maestros, académicos, escritores, artistas, alzando la voz por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa? México necesita a las normales rurales. 

Fue Lázaro Cárdenas quien garantizó el derecho a una educación laica y gratuita a través de las normales rurales. 

Ese ejército de educadores ha combatido la tentación del estado de mantener a una parte de la población sin educación para someterla al arbitrio de sus decisiones. 

La existencia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que agrupa a estudiantes de las pocas normales rurales que existen en el país, representa el espíritu de lucha por la supervivencia de estos importantes y fundamentales centros de estudio, que significan muchas veces, la única alternativa para romper la herencia de marginación y pobreza. En tiempos del PRI la involución es asombrosamente rápida. ¿Saben quién era el Osorio Chong de hace 35 años? Gustavo Díaz Ordaz fue quien cerró 15 normales rurales, provocando revueltas estudiantiles que culminaron en la matanza de Tlatelolco. 

Apostarle, señor Osorio Chong, a la desaparición de las normales rurales, puede agitar las aguas de las revueltas estudiantiles. Ya vimos de que es capaz el estado que desaparece 43 normalistas. ¿Será capaz también de cometer más masacres contra los jóvenes estudiantes y repetir irremediablemente la historia? Tal vez, la solución sea que todos, desde nuestro lugar de confort, desde nuestro espacio de lucha; estimulemos, organicemos, el ejército de educadores que el gobierno pretende desaparecer. 

Combatir la barbarie, el campo de exterminio que habitamos gracias a la clase política corrupta e impune que nos gobierna, es nuestra obligación.

-Secuestros sacuden Nuevo León; gobernador aplica política de “no pasa nada”
MONTERREY, N.L.- El gobernador Rodrigo Medina sigue los pasos a su homólogo de Tamaulipas, Egidio Torre, cuando afirma, “con orgullo”, que Nuevo León registra “cero secuestros”, pese a que las estadísticas de su Procuraduría arrojan que los secuestros y desapariciones continúan creciendo en la entidad.

“Ahora, al día de hoy, les puedo decir con orgullo que tenemos cero secuestros en Nuevo León”, aseguró Rodrigo Medina durante su mensaje del quinto informe, afirmación que fue celebrada por los funcionarios e invitados que asistieron al evento en el Palacio de Gobierno.

La política de intentar disimular la violencia e inseguridad con discursos es practicada por Torre Cantú, quien asegura que en “Tamaulipas no pasa nada”, aunque la entidad está en los primeros lugares a escala nacional en asesinatos relacionados con el crimen organizado, secuestros, extorsiones, desapariciones y robos con violencia.

En el caso de Nuevo León, la postura de Rodrigo Medina se puede desmentir con las estadísticas de la PGJE, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional y del estudio “Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León”, realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Las cifras evidencian que los delitos relacionados con las privaciones ilegales de la libertad vienen aumentando desde el 2009 a la fecha.

La Procuraduría de Nuevo León reporta 34 secuestros hasta septiembre pasado, mientras que las cifras del gobierno federal arrojan que, hasta agosto del presente año, se han registrado 31 casos.

No obstante, hay que precisar que la PGJE decidió “maquillar” las cifras subdividiendo este delito en cinco rubros: plagio, privación ilegal de la libertad, rapto, secuestro y trata de personas.

Si se suman todos los ilícitos denunciados a la dependencia por rapto, plagio, secuestros, privación ilegal de la libertad y trata de personas, las estadísticas arrojan que de enero a septiembre existen 360 averiguaciones abiertas sobre estos crímenes.

La PGJE reporta en este periodo 38 denuncias por privación ilegal de la libertad; plagio, 0; secuestro con 34; las de rapto suman 161 denuncias, y trata de personas un caso.

El año pasado, el total de los cinco delitos fueron 470 denuncias. En 2012 sumaron 540, es decir, un promedio mensual de 40 privaciones ilegales de la libertad.

El estudio “Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León”, coordinado por la doctora Patricia Cerda Pérez, catedrática de la UANL, destaca que por cada secuestro que se denuncia hay al menos uno o dos más que no se reportan ante las autoridades.

Las estadísticas muestran que 57% del total de las privaciones ilegales en 2012 estuvieron relacionadas con delincuencia organizada, 42% fueron “secuestros puros” y cerca de 1% fueron “secuestros exprés”.

Cerca de 78% de las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron hombres y 22 mujeres. Peor aún, pues 27% del total de las mujeres secuestradas fueron violadas, precisa el reporte de la UANL.

La investigación determinó que el perfil del secuestrador se modificó en los años recientes, debido a que su promedio de edad bajó y ahora es de entre 18 y 30 años.

Además, en los últimos dos años se ha detenido a cerca de 300 bandas relacionadas con delincuencia organizada, de los que más de 50% de esos grupos se dedicaba a secuestrar.

Repuntan plagios de 48 horas

Un viernes por la noche de septiembre de 2013, “Ramón” salió pasadas las 1:30 horas de una fiesta en una colonia ubicada al poniente de San Nicolás. Transitaba por una solitaria calle para tomar avenida Manuel L. Barragán cuando se topó con un retén instalado por miembros del crimen organizado, el cual era protegido discretamente por patrullas de la policía municipal estacionadas en calles cercanas.

Después de bajarlo del auto, lo subieron a una camioneta y amordazaron y le taparon la cara con cobijas, mientras otro delincuente condujo su auto.

Los criminales se lo llevaron con rumbo desconocido.

En una casa de seguridad los delincuentes, que en todo momento amenazaban con matarlo, le quitaron sus identificaciones y revisaron todos sus mensajes y contactos en el celular.

Posteriormente, lo torturaron dándole golpes en los glúteos con una tabla. Querían que les proporcionara nombres, direcciones y todos los datos posibles de amigos y familiares.

A éstos les exigieron un pago de 250 mil pesos, recursos que deberían reunir en menos de 48 horas. Luego redujeron la cantidad a 50 mil y al final terminaron aceptando un monto de 27 mil pesos.

Cuando soltaron a Ramón, le advirtieron que si denunciaba irían contra su familia cercana y le recordaron que ya tenían todos los datos y direcciones sobre dónde viven, en qué trabajan, etcétera.

Ese tipo de secuestros se ha replicado en diversas colonias populares y de clase media de los municipios metropolitanos de San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Apodaca y Benito Juárez, por mencionar los principales.

El estudio de la UANL reporta que en la zona metropolitana de Monterrey, en los últimos dos años, se han cometido secuestros en 172 colonias.

En el caso de los secuestros “tradicionales”, el promedio del pago por el rescate fue de 250 mil pesos, y en los “exprés” la cantidad promedia los 25 mil pesos.

También se estima que al menos 6% de los plagiados fueron asesinados, así que esos casos pasaron a engrosar el número de los desaparecidos que son buscados por organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los de Derechos Humanos (Cadhac).

El secuestro, subraya la investigación de la UANL, produce daños psicológicos en las víctimas y sus familiares, genera un estado de crisis emocional, lo cual repercute en la situación económica, laboral, académica y social.

El estudio de la UANL enfatiza que los secuestros y las privaciones ilegales se han convertido en la peor tragedia para las familias del país, debido a que en muchos casos las mujeres son violadas, en otros los hombres son mutilados y en todos los secuestros las familias quedan en la ruina después de pagar los rescates.

Patricia Cerda plantea que la Ley de Víctimas debería incluir un apartado especial y fondos para que se apoye a estas familias que han padecido un secuestro.

En Nuevo León se priva de su libertad a más de 80 personas por mes, contando los casos que no se denuncian, y la amenaza de ser víctima de un secuestro se presenta indistintamente en todas las clases sociales, debido a que es el delito con mayor crecimiento, concluye la investigación de la UANL. Por cierto, el estudio se elaboró con estadísticas de la propia PGJE y esa es una realidad que refuta las cuentas alegres que ofreció Medina de la Cruz en su último informe.

-Acusan vía penal a exfuncionarios de Granier por desvío de 340 mdp
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió revisar la petición del partido Morena para realizar una consulta popular sobre la reforma energética.

La pregunta que se realizaría el domingo 7 de junio del próximo año, cuando se celebren comicios federales, es: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la exploración del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”.

La SCJN tiene veinte días para resolver la constitucionalidad de la petición de consulta y, en breve, la ministra Olga Sánchez Cordero deberá presentar un proyecto de resolución sobre el tema, el cual después se someterá a votación del pleno.

Si se aprueba, la petición regresará al Congreso de la Unión para que éste publique la convocatoria de la consulta popular.

El domingo 19, en el marco del 44 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, su hijo, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, confió en que la Corte valide la consulta popular, solicitud que también realizó este partido político de manera paralela a Morena.

“Quiero pensar que la Corte va a encontrar los razonamientos que hemos hecho más que suficientes y válidos de la consulta que se está demandando, espero que esto se dé y, el en transcurso de 20 días, tengamos la resolución de la Corte y que sea favorable para la consulta.

“A partir de ahí empezaremos la campaña para llamar al voto y poder en su momento echar abajo estas reformas”, indicó Cárdenas tras realizar una guardia de honor en el Monumento a la Revolución.

-Detienen a mandos policiacos de Ixtapan de la Sal; los ligan al narco
El director de Seguridad Pública de Ixtapan de la Sal, Efraín Pedroza Flores, y el subdirector, Marco Antonio Álvarez, fueron detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, informó el secretario general de Gobierno del estado de México, José Manzur Quiroga.

Agregó que las aprehensiones se dieron como parte de la investigación que realiza el gobierno federal, luego de asumir el control en 13 municipios de la entidad gobernada por Eruviel Ávila.

Ambos funcionarios serán investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aseguró.

Detalló que los mandos policiacos “estaban en el proceso de control de confianza; incluso fueron de los preparados o que estaban siendo preparados en Tlaxcala”.

Manzur Quiroga dijo que hasta este lunes no se tenía pensado separar de su cargo al presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, perteneciente al PRD.

En tanto, éste se dijo dispuesto a coadyuvar en las investigaciones de la PGR contra 101 policías municipales, por supuestos nexos con la delincuencia organizada. Éstos fueron desarmados por las autoridades federales.

Justificó:

“Yo honestamente no sé nada, yo no tengo ni porqué preocuparme. Esto es derivado de los problemas de Iguala, Guerrero, porque somos de aquí de la parte sur, la más pegada, al municipio de Pilcaya, Guerrero, donde también tomaron la misma decisión”.

El domingo pasado, elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal desarmaron a 101 policías municipales, incluidos sus mandos, para investigarlos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, como en 12 corporaciones de Guerrero.

-Consigna la PGR a líder templario detenido en el DF
El jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en los municipios michoacanos de Antúnez, Mújica y Parácuaro, Mario Alberto Romero Rodríguez y/o Efraín, El Tucán, fue consignado ante un juez de Distrito en el Estado de México, por delitos contra la salud, portación de arma de fuego, cohecho y posesión de cartuchos.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal trasladaron a El Tucán, detenido el sábado 18 en el Distrito Federal, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, Altiplano, en Almoloya.

De acuerdo con la dependencia, Romero Rodríguez o Efraín Rosales Isaac era cercano a Nazario Moreno, Enrique Plancarte y Servando Gómez Martínez, La Tuta, los últimos tres líderes de Los Caballeros Templarios, y también se encargaba de proporcionar los precursores químicos a la organización criminal para elaborar drogas sintéticas.

El día de la detención de El Tucán, quien supuestamente perpetró ataques contra militares y marinos, la Comisión Nacional de Seguridad informó que se trataba de “uno de los mayores opositores a la presencia de grupos de policías comunitarios en la región de Apatzingán, lo que provocó que fuera considerado como un objetivo relevante para las fuerzas federales en la estrategia de seguridad en Michoacán”.

A Romero Rodríguez, sostuvo, se le considera como el principal organizador de actos violentos en contra de grupos de seguridad civiles, como los bloqueos e incendios de vehículos ocurridos el pasado 5 de enero en Antúnez, en los que se utilizó, bajo amenaza, a la población civil para que participara en dichos eventos.

“El ahora detenido también está señalado por orquestar la emboscada a elementos de Ejército en el poblado Las Anonas, municipio de Apatzingán, en el que falleció un elemento del Ejército Mexicano y cinco resultaron heridos”, indicó.

Durante su detención, a El Tucán se le aseguró un arma corta, dos cargadores abastecidos, aproximadamente un kilogramo de droga sintética y un vehículo.

-Rectoría de la UAM rechaza unirse a paro nacional por caso Ayotzinapa
La rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) rechazó sumarse al paro nacional estudiantil convocado para el próximo miércoles 22 en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un desplegado difundido en diarios nacionales y su página de Facebook, dirigido a la opinión pública, las autoridades de la UAM aseguraron que “la suspensión de actividades mediante paros, diluyen la posibilidad de intercambio y acción colectiva que se pueden dar entre nuestra comunidad”.

Agregaron que el paro “retrasa y afecta la realización de cursos, el avance de proyectos de investigación, las entregas de trabajos estudiantiles, el cumplimiento de convocatorias y compromisos académicos, entre otras actividades permanentes”.

El comunicado está firmado por el rector general, Salvador Vega y León, así como por el de la unidad Azcapotzalco, Romualdo López Zarate; Cuajimalpa, Eduardo Abel Peñalosa Castro; Iztapalapa, José Octavio Nateras Domínguez; Lerma, Emilio Sordo Zabay; y Xochimilco, Patricia Alfaro Moctezuma.

Y aunque con esta postura las autoridades fijaron su rechazo a participar en el paro nacional estudiantil, también exigieron la aparición de los normalistas con vida.

“Es jurídica, ética y humanamente inaceptable” que los 43 estudiantes desaparezcan “sin ningún rastro”.

Recordaron que no se tiene noticia de su paradero desde el 26 de septiembre de este año y que presuntamente hay participación de funcionarios públicos y policías de los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero.

Y agregaron: “Consideramos que esto constituye una violación muy grave a los derechos humanos que no puede quedar impune. Las autoridades gubernamentales deberán asumir plenamente sus responsabilidades, esclarecer los hechos y castigar, en el marco de la ley, a los responsables intelectuales y materiales de estos sucesos”.

Como universitarios, continuaron, “nos sumamos a la exigencia de la sociedad para que los normalistas sean encontrados y aparezcan vivos. Nos solidarizamos con la angustia de sus familiares y compañeros, y nos sumamos a la indignación que este acto provoca en todo México”.

No obstante, justificaron el rechazo al paro con el argumento de que “la UAM debe participar en este asunto desde sus propios fundamentos: Aportando propuestas con el estudio, análisis y crítica de la situación que aqueja a la nación en su conjunto. Por lo anterior es imprescindible que la UAM continúe con sus actividades de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura con las que diariamente la  institución contribuye al desarrollo de nuestra sociedad”.

Y concluyeron: “La educación es una palanca para el progreso de la sociedad y de las personas, un bien que no debe ser desperdiciado”.

El pasado 18 de octubre, la asamblea interuniversitaria acordó impulsar el “Día de acción global por Ayotzinapa” y participar en la marcha que se realizará del Ángel de la Independencia al Zócalo. También llamaron a las escuelas a impulsar la discusión para construir un paro nacional estudiantil de 48 horas para los días 22 y 23 de octubre.

-Ratifica la SCJN: Ejército debe juzgar a narcomilitares
Por seis votos contra cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los militares acusados de narcotráfico y otros delitos federales deben ser juzgados por tribunales castrenses.

Los ministros ratificaron así el criterio que la Corte fijó en 2012 sobre los límites del fuero de guerra, por el que juzgados civiles deben encausar a militares por delitos en que las víctimas sean civiles.

En esta ocasión el caso sometido a revisión fue un amparo promovido por el soldado Luis Alberto Martínez Campos, condenado en 2007 por el Supremo Tribunal Militar por permitir el paso de un cargamento de mariguana hacia Estados Unidos.

La ministra Margarita Luna Ramos explicó, al hablar en favor de la ponencia de Mario Pardo Rebolledo, que un grupo de elementos de la Sedena –en el que estaba Martínez Campos–, quienes resguardaban un retén en la frontera norte, permitieron “el paso de droga” y por ello fueron “son consignados a un juez militar”.

Sin embargo, acotó Luna Ramos, Martínez Campos dijo que debió “haber sido juzgado por un tribunal civil, en función de que si bien es cierto que no hubo un civil involucrado en la coparticipación del delito, al tratarse de un ilícito en contra de la salud, pudiera decirse que quien está involucrada es la sociedad mexicana”.

No obstante, la ministra argumentó que “no existe involucrado ningún paisano como la Constitución lo determina, y que por tanto está correctamente aplicado el artículo 57, fracción II”, que señala que “si no está involucrado un civil, quien es competente para juzgarlo es el Tribunal Militar”.

También sostuvo que “el hecho de que los delitos contra la salud pudieran decirse que atentan contra la sociedad, no están referidos en los artículos 13 y 57 de la Constitución, por lo que debe ser juzgado por un tribunal militar”.

En contra del proyecto sufragaron el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, así como Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y José Ramón Cossío Díaz.

-Secuestros sacuden Nuevo León; gobernador aplica política de “no pasa nada”
MONTERREY, N.L.- El gobernador Rodrigo Medina sigue los pasos a su homólogo de Tamaulipas, Egidio Torre, cuando afirma, “con orgullo”, que Nuevo León registra “cero secuestros”, pese a que las estadísticas de su Procuraduría arrojan que los secuestros y desapariciones continúan creciendo en la entidad.

“Ahora, al día de hoy, les puedo decir con orgullo que tenemos cero secuestros en Nuevo León”, aseguró Rodrigo Medina durante su mensaje del quinto informe, afirmación que fue celebrada por los funcionarios e invitados que asistieron al evento en el Palacio de Gobierno.

La política de intentar disimular la violencia e inseguridad con discursos es practicada por Torre Cantú, quien asegura que en “Tamaulipas no pasa nada”, aunque la entidad está en los primeros lugares a escala nacional en asesinatos relacionados con el crimen organizado, secuestros, extorsiones, desapariciones y robos con violencia.

En el caso de Nuevo León, la postura de Rodrigo Medina se puede desmentir con las estadísticas de la PGJE, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional y del estudio “Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León”, realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Las cifras evidencian que los delitos relacionados con las privaciones ilegales de la libertad vienen aumentando desde el 2009 a la fecha.

La Procuraduría de Nuevo León reporta 34 secuestros hasta septiembre pasado, mientras que las cifras del gobierno federal arrojan que, hasta agosto del presente año, se han registrado 31 casos.

No obstante, hay que precisar que la PGJE decidió “maquillar” las cifras subdividiendo este delito en cinco rubros: plagio, privación ilegal de la libertad, rapto, secuestro y trata de personas.

Si se suman todos los ilícitos denunciados a la dependencia por rapto, plagio, secuestros, privación ilegal de la libertad y trata de personas, las estadísticas arrojan que de enero a septiembre existen 360 averiguaciones abiertas sobre estos crímenes.

La PGJE reporta en este periodo 38 denuncias por privación ilegal de la libertad; plagio, 0; secuestro con 34; las de rapto suman 161 denuncias, y trata de personas un caso.

El año pasado, el total de los cinco delitos fueron 470 denuncias. En 2012 sumaron 540, es decir, un promedio mensual de 40 privaciones ilegales de la libertad.

El estudio “Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León”, coordinado por la doctora Patricia Cerda Pérez, catedrática de la UANL, destaca que por cada secuestro que se denuncia hay al menos uno o dos más que no se reportan ante las autoridades.

Las estadísticas muestran que 57% del total de las privaciones ilegales en 2012 estuvieron relacionadas con delincuencia organizada, 42% fueron “secuestros puros” y cerca de 1% fueron “secuestros exprés”.

Cerca de 78% de las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron hombres y 22 mujeres. Peor aún, pues 27% del total de las mujeres secuestradas fueron violadas, precisa el reporte de la UANL.

La investigación determinó que el perfil del secuestrador se modificó en los años recientes, debido a que su promedio de edad bajó y ahora es de entre 18 y 30 años.

Además, en los últimos dos años se ha detenido a cerca de 300 bandas relacionadas con delincuencia organizada, de los que más de 50% de esos grupos se dedicaba a secuestrar.

Repuntan plagios de 48 horas

Un viernes por la noche de septiembre de 2013, “Ramón” salió pasadas las 1:30 horas de una fiesta en una colonia ubicada al poniente de San Nicolás. Transitaba por una solitaria calle para tomar avenida Manuel L. Barragán cuando se topó con un retén instalado por miembros del crimen organizado, el cual era protegido discretamente por patrullas de la policía municipal estacionadas en calles cercanas.

Después de bajarlo del auto, lo subieron a una camioneta y amordazaron y le taparon la cara con cobijas, mientras otro delincuente condujo su auto.

Los criminales se lo llevaron con rumbo desconocido.

En una casa de seguridad los delincuentes, que en todo momento amenazaban con matarlo, le quitaron sus identificaciones y revisaron todos sus mensajes y contactos en el celular.

Posteriormente, lo torturaron dándole golpes en los glúteos con una tabla. Querían que les proporcionara nombres, direcciones y todos los datos posibles de amigos y familiares.

A éstos les exigieron un pago de 250 mil pesos, recursos que deberían reunir en menos de 48 horas. Luego redujeron la cantidad a 50 mil y al final terminaron aceptando un monto de 27 mil pesos.

Cuando soltaron a Ramón, le advirtieron que si denunciaba irían contra su familia cercana y le recordaron que ya tenían todos los datos y direcciones sobre dónde viven, en qué trabajan, etcétera.

Ese tipo de secuestros se ha replicado en diversas colonias populares y de clase media de los municipios metropolitanos de San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Apodaca y Benito Juárez, por mencionar los principales.

El estudio de la UANL reporta que en la zona metropolitana de Monterrey, en los últimos dos años, se han cometido secuestros en 172 colonias.

En el caso de los secuestros “tradicionales”, el promedio del pago por el rescate fue de 250 mil pesos, y en los “exprés” la cantidad promedia los 25 mil pesos.

También se estima que al menos 6% de los plagiados fueron asesinados, así que esos casos pasaron a engrosar el número de los desaparecidos que son buscados por organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los de Derechos Humanos (Cadhac).

El secuestro, subraya la investigación de la UANL, produce daños psicológicos en las víctimas y sus familiares, genera un estado de crisis emocional, lo cual repercute en la situación económica, laboral, académica y social.

El estudio de la UANL enfatiza que los secuestros y las privaciones ilegales se han convertido en la peor tragedia para las familias del país, debido a que en muchos casos las mujeres son violadas, en otros los hombres son mutilados y en todos los secuestros las familias quedan en la ruina después de pagar los rescates.

Patricia Cerda plantea que la Ley de Víctimas debería incluir un apartado especial y fondos para que se apoye a estas familias que han padecido un secuestro.

En Nuevo León se priva de su libertad a más de 80 personas por mes, contando los casos que no se denuncian, y la amenaza de ser víctima de un secuestro se presenta indistintamente en todas las clases sociales, debido a que es el delito con mayor crecimiento, concluye la investigación de la UANL. Por cierto, el estudio se elaboró con estadísticas de la propia PGJE y esa es una realidad que refuta las cuentas alegres que ofreció Medina de la Cruz en su último informe.

-“Cortina de humo”, la captura de socio de extesorero de Granier: PAN
VILLAHERMOSA, Tab.- El Partido Acción Nacional (PAN) tachó de “cortina de humo” de la justicia tabasqueña la detención de Martín Alberto Medina Sonda, socio del extesorero José Manuel Saiz Pineda, y exigió detener a los principales secretarios del exgobernador Andrés Granier Melo, acusados de “saqueadores”.

Luis Felipe Hernández García, abogado defensor de Medina Sonda, acusó de violatoria la detención de su cliente y anunció que acudirán a la vía del amparo para que enfrente en libertad la acusación de sustracción de menores que se le imputa, a la que tiene derecho, por no ser un delito grave, aseguró.

Sin embargo, el procurador Fernando Valenzuela Pernas no descartó la presentación de una demanda penal contra Medina Sonda porque tienen “la presunción” de que fue “un asesor importante en la Secretaría de Finanzas”, de la que fue titular Sáiz Pineda, preso en esta capital desde junio de 2013.

El diputado y coordinador de la bancada local del PAN, Francisco Castillo, dijo que el arresto de Medina Sonda es sólo una cortina de humo de la PGJE y exigió detener a personajes “clave” en el multimillonario desfalco a Tabasco, como los principales secretarios del gabinete del exgobernador priista Andrés Granier.

“Para nosotros es más importante que los actores como (Andrés) Granier y muchos secretarios, como los de Educación, Salud y Obras Públicas, sean castigados”, manifestó.

Los extitulares de la secretaría de Salud, Educación y Obras Públicas, Luis Felipe Graham, Beatriz Luque Grenne y Héctor López Peralta, respectivamente, se encuentran bajo investigación y, los dos primeros, prófugos de la justicia.

El abogado Luis Felipe Hernández, defensor de Medina Sonda, dijo estar de acuerdo que el juez tercero penal de Tabasco, en busca de la verdad histórica y jurídica de los hechos, lleve a cabo las investigaciones contra su cliente en la causa penal 236/2012, pero no acepta que se le haya negado la libertad provisional bajo caución, “a la que tiene derecho por mandato constitucional y procesal”.

También destacó que, conforme al artículo 145 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, la sustracción de menores no es considerada como delito grave, por lo que la retención de Medina Sonda en la cárcel “resulta violatorio de sus derechos humanos y garantías constitucionales, en virtud de que se le priva del acceso a tener un justo proceso en libertad cuando tiene derecho a ello”.

“Desde luego que la negativa de la libertad provisional bajo caución que le fue negada a mi asesorado será atacada por medio de los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance, es decir, a través del juicio de amparo”, anunció en un comunicado.

El procurador Valenzuela Pernas reveló que la PGJE tiene una importante línea de investigación contra Medina Sonda, debido a que tiene la presunción “de que fue un asesor importante en la Secretaría de Finanzas, en el área financiera más que nada”.

“Tenemos idea de que fue él quien participó en asesorías”, destacó, para enseguida aclarar que pese a que el delito por el que fue recapturado Medina Sonda no está relacionado con el millonario desfalco al erario de Tabasco, no descartó la posibilidad de presentar demanda penal en su contra.

El funcionario reiteró que la reaprehensión por el delito de sustracción de menores se logró el pasado jueves en Cancún, Quintana Roo, por una acción coordinada de la PGJE, PGR e Interpol.

También explicó que la mamá de los tres menores hijos de Medina Sonda presentó denuncia en Tabasco y el juzgado tercero le fijó fianza, pero no llegó a firmar, por lo que en diciembre pasado se ordenó su recaptura y se solicitó la intervención de la PGR e Interpol para su localización.

Sobre los 8 millones de pesos en efectivo incautados dentro de una avioneta en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, en noviembre de 2007, procedentes de Tabasco y que Medina Sonda reclamó como suyos, el procurador Valenzuela Pernas dijo que es un asunto que se mantiene en litigio con un distrito en Cancún.

“Hay muchas diligencias que por el sigilo de la investigación no podemos compartir”, indicó. Luego mencionó que más exfuncionarios de Granier Melo están siendo buscados por la PGR e Interpol, sin mencionar nombres.

-Simón Neumann deja la Secretaría de Desarrollo Urbano del DF
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció el séptimo cambio en su gabinete ampliado, con la llegada de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en sustitución de Simón Neumann Ladenzon.

El ex titular de la dependencia ocupará el puesto de asesor especial ‎encargado de dar seguimiento al desarrollo de los Centros de Transferencia Modal (Cetram), algunos de los cuales serán modernizados como es el caso de Chapultepec.

Durante la administración pasada, Gutiérrez, quien cuenta con una maestría en urbanismo por la UNAM y es Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid, fue director general de Desarrollo Urbano.

Desde su llegada, Neumman fue cuestionado por grupos sociales y ambientalistas, que consideraron había un conflicto de intereses, pues fue fundador de la empresa Dekah Inmobiliaria.

La aplicación de la Norma 26, para la construcción de vivienda de interés social, provocó que muchas inmobiliarias construyeran departamentos de lujo bajo su cobijo, sin respetar el precio máximo establecido de 709 mil pesos.

Ello provocó el año pasado se cancelara e impulsarán dos nuevas normas: la 30 y 31 para vivienda de interés social y media, pero las expresiones en contra de diferentes sectores de la sociedad provocó se diera marcha atrás.

Durante su administración, sin embargo, se impulsaron cambios de uso de suelo en zonas como Vallejo, donde se construye un nuevo complejo con usos mixtos, donde convivirán viviendas, con servicios y comercio; y nuevos edificios en edificios antiguos o con vestigios arqueológicos, como en la colonia Narvarte.

La ampliación del programa Ecoparq a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coyoacán derivó en manifestaciones, que han detenido la instalación de los parquímetros, aunque el proyecto sigue.

Su programa para regularizar la publicidad exterior tampoco se concretó en el primer polígono de actuación en la Glorieta de Insurgentes.

Para organizaciones sociales, vecinales y ambientalistas, su relevo “es el resultado de una muerte anunciada con anticipación, por lo que esperamos haya respeto a los usos de suelo, edificaciones catalogadas; se respete nuestra opinión sobre la instalación de parquímetros y regule la publicidad exterior de a deverás”.

-Ofrece gobierno $64.5 millones por información sobre paradero de 43 normalistas
El gobierno de México ofreció una recompensa millonaria para quien ofrezca información que permita dar con el paradero de 43 estudiantes de magisterio desaparecidos desde hace semanas luego de ser detenidos por policías y entregados a miembros de un grupo de narcotráfico.

En un anuncio pagado, publicado el lunes en algunos diarios mexicanos, el gobierno informó que entregará hasta 1.5 millones de pesos (cerca de 111 mil dólares) por cada uno de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, es decir, un total de 64.5 millones de pesos (unos 4.7 millones de dólares).

También ofrece 1.5 millón de pesos por información que lleve a la detención de los responsables de la desaparición.

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, una municipalidad del sur de México, luego de ser atacados por policías locales de esa y otra localidad vecina.

Hasta ahora han sido detenidas cerca de 50 personas, en su mayoría policías municipales, aunque no se sabe qué sucedió con los alumnos.

Las autoridades también han localizado fosas clandestinas con restos humanos, aunque la Procuraduría General de la República sostiene que hasta ahora ninguno corresponde a los jóvenes, en un caso que se ha vuelto en uno de los mayores desafíos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El anuncio de la recompensa se publicó el mismo día en que está previsto un encuentro entre familiares de los estudiantes y autoridades federales que investigan la desaparición, según informó Tlachinollan, un centro de derechos humanos que acompaña el caso.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo la noche del domingo a la prensa que se han hecho casi 500 recorridos por tierra, agua y aire, en conjunto con los familiares.

Lo que se sabe hasta ahora es que policías de los municipios vecinos de Iguala y Cocula, ambos en el estado sureño de Guerrero, detuvieron a los jóvenes y los entregaron a miembros de los Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico surgido a raíz de divisiones internas en el cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Agentes federales han asumido la seguridad pública en esas dos municipalidades.

Rubido anunció el domingo que las labores de seguridad en otras 13 municipalidades, 12 de Guerrero y una en el vecino Estado de México, quedaron bajo control de la Policía Federal luego de encontrar presuntos vínculos con el crimen organizado de los agentes locales.

-Detienen a jefes de seguridad pública de Ixtapan de la Sal
Toluca, Méx. José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México, confirmó la detención del director de Seguridad Pública de Ixtapan de la Sal, Efraín Pedroza Flores, junto con el subdirector, para ser investigados por la Procuraduría General de la República, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En entrevista, precisó que hasta este lunes no se ha contemplado la separación temporal del cargo del presidente municipal de extracción perredista, Ignacio Ávila Navarrete.

Los policías “estaban en el proceso de control de confianza, incluso fueron de los preparados o que estaban siendo preparados en Tlaxcala”, señaló el funcionario estatal.

Por su parte, el alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, dijo estar dispuesto a coadyuvar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República hacia 101 policías a su cargo, por supuestos nexos con la delincuencia organizada, mismos que fueron desarmados por las autoridades federales.

“Dicen, porque yo honestamente no sé nada, yo no tengo ni por qué preocuparme, esto es derivado de los problemas de Iguala, Guerrero, porque somos de aquí de la parte sur, la más pegada, al municipio de Pilcaya, Guerrero, donde también tomaron la misma decisión.

“Qué bueno que vienen a hacer este tipo de revisión, yo con toda seguridad, todos mis oficiales de policía de verdad que no tengo ningún problema, aquí no hay secuestros, no hay robos de automóviles, aquí no hay nada”, aseguró.

En tanto el gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas, precisó que en este municipio turístico, este domingo, el Ejército, la Marina y la Policía Federal, desarmaron a 101 policías municipales, incluidos sus mandos, para investigarlos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, como en 12 corporaciones de Guerrero.

Señaló que en coordinación con fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado también participa en operativos para seguridad de la población del municipio ubicado al sur del Estado de México.

-EZLN se une a demanda por presentación de los normalistas
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que se unirá este miércoles a las acciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace tres semanas.

En un comunicado, el EZLN dijo que también reclamará la libertad de los yaquis Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez.

El comunicado está firmado por el subcomandante insurgente Moisés, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN.

“Como parte de esa jornada global, los pueblos zapatistas iluminaremos con nuestra pequeña luz algunos de los caminos que nuestros pasos andan”, añadió la declaración.

-"Conmina" PRD a sus alcaldes a declarar sobre situación en municipios
La dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordó “conminar” hoy a seis alcaldes de Guerrero y el Estado de México que se presenten a declarar sobre la situación en sus municipios.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD informó que el llamado es para los presidentes municipales de Apaxtla, Teloloapan, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuahtémoc, Coyuca de Catalán en Guerrero, e Ixtapan de la Sal, Estado de México, que fueron postulados por ese partido.

En esos municipios la Policía Federal y el Ejército controlan la seguridad pública desde el domingo pasado. Antes las fuerzas federales también se hicieron cargo en Iguala y Cocula.

El PRD llamó a los otros partidos que gobiernan en la zona donde hay despliegue federal, el PRI, el PAN y el PT, a que convoquen a sus alcaldes a que también se presenten a declarar.

En ese caso se trata de los municipios de Taxco, Arcelia, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Pilcaya y Buenavista de Cuéllar.

El PRD “reiteró su exigencia al gobierno federal y al de Guerrero para que “localicen a los 43 jóvenes normalistas desaparecidos. Tienen la obligación constitucional de encontrarlos, de esclarecer el móvil y de garantizar que no haya impunidad en este brutal hecho”.

-Incendian oficinas del programa social del gobierno de Ángel Aguirre
Chilpancingo, Gro. Las oficinas del programa social del gobierno de Ángel Aguirre “Guerrero Cumple” fueron incendiadas esta mañana en el centro de la capital.

Según el velador de la dependencia, a las cinco de la mañana llegaron dos jóvenes encapuchados que le vendaron los ojos y lo ataron de las manos; posteriormente le prendieron fuego a las oficinas ubicadas en la planta baja y en el primer piso.

Fueron incendiados archivos, computadoras y muebles de oficina, según se pudo observar desde el exterior de las oficinas del programa “Guerrero Cumple”.

Con la llegada de los bomberos se sofocó el fuego, hasta el momento ninguna autoridad del gobierno estatal ha informado de la cuantificación de los daños ocasionados por el siniestro.

-Felicita Peña Nieto al Gobierno de Veracruz por creación de la Fuerza Civil
Poza Rica, Ver. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al gobernador Javier Duarte por la integración de la policía más moderna en el país: “quiero felicitarlo y desde ahora augurarle el mejor de los éxitos en este esfuerzo de su gobierno, la puesta en marcha de la Fuerza Civil, un nuevo cuerpo de seguridad pública que estará, a partir de mañana, al servicio de todos los veracruzanos”.

Durante la entrega de apoyos correspondientes al programa Prospera, el Ejecutivo federal aprovechó para expresar una sincera felicitación al gobernador Duarte por la próxima puesta en marcha de la Fuerza Civil, el nuevo brazo de élite de la Policía Estatal de Veracruz. “Felicidades por este interés e involucramiento en esta tarea para brindar seguridad al estado”.

En este sentido, recordó que el Gobierno de la República trabaja en total coordinación con las autoridades, tanto estatales como municipales de todo el país, “desde la administración federal trabajamos en equipo, en cooperación y colaboración con los otros órdenes de gobierno para cumplir en todos los frentes que nos permitan propiciar desarrollo y progreso para los mexicanos”.

-Alcalde de Ixtapan de la Sal niega nexos con delincuencia
Ixtapan de la Sal, Méx. Tras negar cualquier nexo con la delincuencia organizada, el alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, se dijo dispuesto a ser investigado y a colaborar con la autoridad que lo requiera a fin de que se esclarezca cualquier tipo de señalamiento.

El nombre del edil ha aparecido en mantas colgadas en Guerrero, donde se le acusa de brindar protección al grupo delictivo de los Guerreros Unidos. Las sospechas sobre su persona se acrecentaron, pues ayer domingo, el Ejército desarmó a su policía municipal, pues esta corporación está involucrada en un expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se señala de tener vínculos con grupos criminales.

El edil ofreció este día una conferencia de prensa para aclarar que no tiene ningún vínculo con organización criminal y recalcó que acudirá a la instancia que lo requiera para rendir testimonio y aclarar su situación.

El gobernador del estado, Eruviel Ávila se dijo respetuoso de la investigación que realiza la PGR contra los policías municipales de Ixtapan y expresó que su administración colaborará con lo que se requiera para esclarecer este asunto.

El secretario general de Gobierno, José Manzur confirmó que el director de seguridad pública de Ixtapan, Efraín Pedroza, se encuentra detenido pues ha sido señalado en un expediente de la PGR.

Rechazó que este asunto obligue al alcalde de Ixtapan a pedir licencia temporal en tanto se realizan las investigaciones. “No hace falta que se separe el alcalde, se está investigando, no se está culpando a nadie”, dijo.

Hoy Ixtapan de la Sal amaneció custodiado de policías federales, del Ejército y la Marina, quienes realizan patrullajes en las principales comunidades.

-Desalojados de predio mexiquense marchan por carretera de Atizapán-Nicolás Romero
Nicolás Romero. Méx. Unos 150 vecinos del pueblo de Santa María Cahuacán marchan por carriles centrales de la carretera Atizapán-Nicolás Romero, debido a que fueron desalojados de un predio el pasado 15 de octubre; los manifestantes dijeron ser ejidatarios y posesionarios de las tierras de la zona llamada Salazar.

Los inconformes partieron de la colonia El Puerto hacia el Palacio municipal y ocupan los carriles de la arteria e insistieron en que son dueños de las tierras y que fueron desalojados de un predio con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Agregaron que el paraje de Salazar posee al menos 800 hectáreas enclavadas en zona de bosques. Indicaron que fraccionadores pretenden construir conjuntos urbanos en las tierras. Exigen la intervención del alcalde local Martín Sobreyra, pues aseguraron que el edil conoce la problemática y no puede estar ajeno a la situación, además de que la alcaldía es la que autoriza permisos para nuevas construcciones.

Los inconformes avanzan ocupando todos los carriles con dirección al Palacio municipal, lo que provoca asentamiento vehicular que se prolonga por más de cinco kilómetros, y afecta la circulación de Atizapán de Zaragoza hacia Nicolás Romero.

-Congreso Popular del DF denuncia intimidación de equipo de delegada en Tlalpan
Integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal y del Frente Popular de la Ciudad de México marcharon la tarde de este lunes al centro de la delegación Tlalpan.

Los inconformes exigieron a la delegada Maricela Contreras “de cuenta” del accionar de "sus colaboradores" Toribio Guzmán e Israel Pérez que, a decir de los ciudadanos, se han dedicado a “intimidar, agredir y amenazar” a quienes se oponen a la construcción de una Bodega Aurrera en el pueblo de San Pedro Martir.

El primero se desempeña como titular de la unidad departamental de Promoción Educativa de la demarcación y el segundo es el subdelegado del pueblo de San Andrés Totoltepec. Lied Castilleja, integrante del congreso popular, social y ciudadano aseguró que a la protesta se sumaron habitantes de diferentes comunidades de la zona alta de la demarcación y que en total marcharon más de 500 personas.

En un pronunciamiento los manifestantes acusaron a Toribio Guzman de "encabezar un grupo de choque" conformado por "funcionarios de la delegación y representantes de la empresa Walmart" que el pasado 15 de octubre violentó el derecho a la manifestación de "mujeres, niños y adultos mayores" que se oponen a la tienda departamental.

A Israel Pérez lo señalaron de “encabezar" una asamblea que derivó en amenazas y agresiones en contra de "un grupo de compañeros que ocupan el predio de la Palma en el pueblo de San Andrés Totoltepec. A decir de los inconformes el gobierno delegacional ha tolerado estas acciones.

"El silencio y la omisión de Maricela Contreras para castigar a los responsables y prevenir cualquier violación a nuestros derechos humanos nos hace pensar que ya no hay gobierno en Tlalpan. “Nosotros ya interpusimos una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Fiscalía para Servidores Públicos. Si la delegada en Tlalpan, Maricela Contreras, no nos da garantías y soluciona nuestros problemas nosotros sabemos como defendernos”, establece el pronunciamiento dado a conocer durante la protesta.