martes, 2 de diciembre de 2014

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 2 Diciembre 2014

-“Que ni se aparezcan los normalistas que los vuelvo a matar”: funcionario priista
LEÓN, Gto.- Un funcionario del Instituto Municipal de la Juventud en el gobierno priista de León publicó en redes sociales una serie de comentarios donde insulta a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y también a quienes han participado en las protestas y movilizaciones exigiendo su localización y castigo a los responsables de este crimen.

“Que ni se me aparezcan los putos normalistas que los vuelvo a matar a los hijos de la chingada”, publicó Juan Carlos Carrera Carreño en su muro de Facebook el lunes por la noche, tras las movilizaciones ciudadanas efectuadas en distintas ciudades del estado y del país, al cumplirse dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Carrera Carreño laboraba hasta hoy en la Unidad de Promoción del Instituto de la Juventud en la administración de la alcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez,

Esto escribió:

“Durante todos estos años, la yoga me a ayudado a tener prudencia y paciencia, paz y armonía y sobre todo tranquilidad para no reventarles el hocico a todos esos putos mugrosos anarquistas de mierda con secundaria trunca, que hacen sus marchas pendejas sin tener puta idea de lo que quieren… ooommmmmm y que ni se me aparezcan los putos normalistas que los vuelvo a matar a los hijos de la chingada…perdón, son mis 5 minutos de bipolaridad (sic)”.

El gobierno municipal emitió hoy mismo un comunicado condenando las expresiones de violencia del colaborador del Instituto de la Juventud, e informando que éste había renunciado este martes a su puesto en la dependencia.

“En el Fideicomiso Promoción Juvenil fomentamos el acceso pleno al ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos, en particular el derecho a la libre expresión dentro del marco de respeto y tolerancia”, señala el comunicado en el cual se aclara que los comentarios de Carreño no representan la postura de la dependencia.

“El instituto no admite bajo ninguna circunstancia acciones que inciten a la violencia, ni compartimos ningún discurso de odio”, puntualizaron las autoridades, al señalar que el personal ha recibido cursos de “sensibilización” del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Según el gobierno leonés, se solicitó una explicación al funcionario, quien “ofreció una disculpa” y posteriormente presentó su renuncia.

-Separan a funcionario en León por dichos sobre anarquistas
LEÓN, Guanajuato. El además activista juvenil dijo que practica yoga para tener paciencia y prudencia, pero que las marchas por la desaparición de los normalistas le molestan

En un comunicado, el Instituto Municipal de la Juventud señaló que rechaza toda expresión de violencia emitida por Juan Carlos Carrera Carreño, "quien hasta hoy laboraba como Agente de Desarrollo dentro de esta entidad paramunicipal".

Carrera Carreño denostó en su cuenta de Facebook a los manifestantes que protestan por la desaparición de los normalistas de Ayotnizapa.

"En estos años la yoga me ha ayudado a tener paciencia y prudencia, paz y armonía y sobre todo tranquilidad para no reventarles el hocico a todos esos putos mugrosos anarquistas de mierda con secundaria trunca, que hacen sus marchas pendejas sin tener puta idea de lo que quieren", se lee.

"Y que ni se me aparezcan los putos normalistas que los vuelvo a matar a los hijos de la chingada (sic)", escribió anoche en la red social el además activista juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, el organismo señaló este martes que "a pesar de que los comentarios fueron realizados desde su cuenta personal de Facebook y fuera del horario laboral, el Instituto Municipal de la Juventud no admite bajo ninguna circunstancia acciones que inciten a la violencia, ni compartimos ningún discurso de odio".

Ante esta situación, el Fideicomiso Promoción Juvenil dijo que asume su responsabilidad institucional y le solicitó una explicación a Carrera Carreño, quien ofreció una disculpa por los efectos causados por sus desafortunadas expresiones en la red social y posteriormente presentó su renuncia, posteó.

Destacó que en el Fideicomiso se fomenta el acceso pleno al ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos, en particular el derecho a la libre expresión dentro del marco de respeto y tolerancia.

En su perfil de Facebook se presenta como Robín Carreño Kilcher, muestra un identificación como agente de Desarrollo de la Unidad Administrativa de Promoción Municipal y exhibe fotografías con diversos priístas dentro de la sede de la localidad.

-Se crucifican indígenas en el Congreso de Chiapas
Chiapas. Los indígenas, Asunción Rodríguez Gómez y Juana Gómez Gómez se crucificaron en forma simbólica en la entrada principal del Congreso del Estado para exigir la inmediata liberación de su familiar, Florentino Gómez Girón, quien se encuentra detenido desde el pasado mayo, en el penal "El Amate" presuntamente por el robo de siete cabezas de ganado.

La vocera del Frente Popular, "Ricardo Flores Magón" Idolina Gómez Ramos, explicó que determinaron intensificar las acciones de protesta, ya que desde hace 14 días se encuentran en huelga de hambre y no han tenido respuesta a sus demandas.

El intenso frío que azota los altos de Chiapas, han provocado problemas respiratorios en un poco más de una veintena de niños que se encuentran en el improvisado campamento que instalaron para demandar la liberación de Florentino Gómez Girón. Con ellos, también se encuentra, Luz Irelia Sánchez Díaz, quien desde ayer presenta quebranto de salud.

Gómez Ramos solicitó la inmediata intervención del gobernador, Manuel Velasco Coello para que se ordene una exhaustiva investigación y aclaren el supuesto robo de las cabezas de ganado. "Vamos a seguir luchando para que se aclare esta injusticia. Llegaremos hasta sus últimas consecuencias" advirtió.

Media hora más tarde, Pedro y Aníbal Gómez Gómez fueron crucificados, ya que por el estado de salud en que se encuentran Asunción Rodríguez Gómez y Juana Gómez Gómez fue necesario sustituirlos

-Da ultimátum PRD a CFE
El dirigente estatal del PRD Candelario Pérez Alvarado dio a conocer que podrían retomar de nueva cuenta las calles si la CFE no deja de acosar a aquellas personas que se encuentran en resistencia civil.

En rueda de prensa el líder del perredismo tabaqueño comentó uqe desde hace algunas semanas los diferentes comités municipales le informan que se incrementan los cortes masivos en los municipios por parte de la empresa, por lo que no están respetando la mesa de acuerdos que existe entre el gobierno estatal y la CFE.

Ante tal situación Pérez Alvarado exigió a CFE "que deje de presionar a los compañeros en resistencia civil y no quieren verlos de nueva cuenta en las calles, porque los van a encontrar"

Comentó que este tipo de acoso se ha incrementado sobre todo en los municipios de Centro, Cárdenas Y Macuspana; agregó que empleados de CFE les llevan a los deudores una propuesta para que empiecen a pagar y que de esta manera les cortan la luz.

Por ello hizo un llamado a los compañeros a que no firmen nada y les pidió estar alerta ante los llamados de los comités municipales; pidió también no agredir a los trabajadores, ya que son empleados de la empresa y sólo hacen su trabajo.

Expresó que son 285 mil los que su partido tiene registrados en resistencia civil en el estado.

-Protesta en EU por Ayotzinapa
Una organización convoca a manifestarse en 43 ciudades para pedir al gobierno de EU que deje de destinar recursos a México para combatir el narcotráfico

-Anonymous - responde Reforma que prohibe manifestaciones PAN Y PVEM #YaMeCanse #1DMX

-Irrumpen manifestantes en Televisa Mexicali; piden renuncia de EPN
Mexicali.- Un grupo de manifestantes irrumpió en el estudio de canal 3 de Televisa Mexicali para protestar por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la destitución del presidente Enrique Peña Nieto.

Alrededor de 80 personas, la mayoría embozadas tiraron el cerco de entrada de la repetidora de Televisa de la capital de Baja California donde se encontraba la directora regional Katya Bustillos.

La irrupción se produjo a las 19:10 horas, minutos después de terminar el noticiero local conducido por el director de noticias Miguel Larre.

-Angélica Rivera creó empresa en EU para adquirir departamento en Miami

-EPN me dijo que vivió en #laotracasaenlaslomas: Katia D’Artigues

-Ofende a diputados priistas que los llamen “pendejos y ladrones”
Ofendidos porque los llamaron “pendejos y ladrones”, diputados del PRI reclamaron “eliminar” del diario de debates esos señalamientos y, en cambio, exigieron “seriedad” en la discusión sobre la creación de la comisión especial para indagar la licitación del tren México-Querétaro

Luego de que el PRI intentó acabar con las exigencias de la oposición para indagar la presunta venta de la mansión de Sierra Gorda 150, propiedad de Angélica Rivera, y su relación con el constructor consentido del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la creación de una comisión especial, el diputado Manuel Huerta, del PT, soltó a los priistas desde tribuna:

“Es un error lo que están haciendo, creando esta comisión y más poniéndole plazo de tres meses, pues en las calles la gente está desbordada, no van a poder ocultar las cosas… hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo pendejo y lo corrupto”, fustigó.

Y añadió que esta comisión no es más que “una tapadera”; enseguida pidió a los priistas que no olviden que “no es una paloma, es una gaviota”, en alusión al apodo que recibe Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Manuel Añorve, vicecoordinador priista, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles, que retirara del diario de debates los señalamientos de Manuel Huerta, quien solicitó que se dejaran; de lo contrario, acusó, se le estaría coartando su libertad de expresión.

Otro diputado priista y quien en las últimas sesiones se ha asumido como un defensor a ultranza de Peña Nieto es el legislador por Michoacán, Salvador Romero, quien exigió “seriedad” en el debate.

La legisladora priista por el Estado de México, Cristina González Cruz, dijo que cuando se acaban los argumentos empieza “el bajo nivel del debate y ello refleja a quien dice esas palabras”.

En tanto, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía, advirtió que aunque no se constituyó la comisión Casa Blanca, “vamos a participar para ir jalando la hebra”.

En el caso del empresario Hinojosa Cantú, abundó, hay tráfico de influencias, corrupción, contratismo y los priistas “quieren esconder la realidad sobre actos de corrupción, pero no lo van a lograr”, advirtió Mejía Berdeja.

La comisión especial para el tren rápido estará integrada por ocho diputados –dos del PRI y uno por cada partido– y se espera que la presida el PAN.

-Insulta burócrata de León a estudiantes
León, México.-   A través de su cuenta de Facebook el funcionario del Instituto Municipal de la Juventud en León, Juan Carlos Carrera Carreño se lanzó contra los estudiantes que realizan manifestaciones para exigir la aparición con vida de 43 normalistas.

Militante del PRI y seguidor del ex Secretario del Ayuntamiento de León, Martín Ortiz quien aspira a la candidatura a la Alcaldía de León, el servidor público posteó en su cuenta de Robbin Carreño Kilcher insultos contra los normalistas desaparecidos y los alumnos que demandan su aparición.

En el mensaje, que fue subido a la red social la noche del 1 de diciembre, llamó "putos" a los manifestantes que ayer en marchas en distintas partes del País exigieron la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.

Carrera Carreño se desempeña como agente de desarrollo en la unidad de Promoción Juvenil del Instituto Municipal de la Juventud.

"Durante todos estos años la yoga me ha ayudado a tener paciencia y prudencia, paz y armonía, y sobre todo tranquilidad para no reventarles el hocico a todos esos putos mugrosos anarquistas de mierda con secundaria trunca, que hacen sus marchas pendejas sin tener puta idea de los quieren", señaló.

El funcionario priista que labora dentro de la administración de la Alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez afirmó en su mensaje que si aparecen los normalistas de Ayotzinapa los vuelve a matar.

"Oooommmmm y que ni se me aparezcan los putos normalistas que los vuelvo a matar a los hijos de la chingada", sentenció.

En la parte final, Carrera Carreño justificó su escrito asegurando que fueron sus cinco minutos de bipolaridad.

"Perdón, son mis 5 minutos de bipolaridad".

El mensaje fue borrado este día de su cuenta.

En su perfil, el funcionario presume fotografías junto a Martín Ortiz y al emblema de la ciudad de León que se sumó a la campaña contra el cáncer.

-Politécnicos retiran bloqueo de Insurgentes Norte
Luego de casi una hora de bloqueo, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se retiraron de Insurgentes Norte donde protestaban por la detención de tres jóvenes durante los desmanes que secundaron la marcha de ayer en Paseo de la Reforma.

Los jóvenes se manifestaron antes en en el juzgado 4 de la delegación Gustavo A. Madero y de ahí se movilizaron a Insurgentes, donde impidieron la circulación a la altura de Montevideo y en las inmediaciones de la estación del Metro Deportivo 18 de marzo.

Con la consigna 'Si el poli es comunista que me anoten en la lista' los manifestantes bloquearon por completo avenida Politécnico Nacional con dirección a Indios Verdes, lo que ya generó caos vial en la zona por la hora de gran afluencia vehicular.

Luego de que se suspendió el diálogo entre representantes de la Asamblea General Politécnica y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes marcharon hacia la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero 4 donde se concentraron a la espera de recibir información sobre la liberación de Demián Reyes Lara, Óscar Espinosa Trigueros y Ariel Javier Flores.

De acuerdo con el abogado Miguel Méndez los delitos que se les imputan a los jóvenes son considerados no graves y podrían salir bajo fianza, sin embargo, no hay información sobre cuándo podrían liberarlos.

-Iguala sí es crimen de Estado: Raúl Vera
El obispo Raúl Vera López afirmo que el caso de Iguala si es un crimen de Estado porque fue un nivel de gobierno quien llevó a los normalistas con el crimen organizado y cuestionó que se hayan  aprobado medidas para regular las manifestaciones ciudadanas.

Dijo que el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam debe aceptar esta responsabilidad y asumir las consecuencias  de que se haya permitido la infiltración de la delincuencia en las instituciones y recordó que desde que se impidió que se revisaran las cuentas de campañas con Vicente Fox y la agrupación de los "Amigos de Fox".

Vera López dijo que en el caso de Iguala el Estado Mexicano ha mostrado, junto con los partidos políticos, el pacto de impunidad con los delincuentes y es lo que aseguró es lo que mantiene la indignación de la población nacional y la comunidad internacional.

Como ejemplo, dijo que se encuentran los casos de desaparición forzada en el municipio de Allende  donde a la luz del día fueron secuestradas varias de las personas.

-Iniciativas de Peña sobre municipios son “sandeces”: senadores
Senadores de PAN, PRD y del PT criticaron con todo la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para reformar siete artículos de la Constitución con el objetivo de crear un “nuevo sistema policial” y legalizar la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales.

Para los legisladores de oposición se trata de cambios “anticonstitucionales” que violan la autonomía municipal, son “poco serios” y una “serie de sandeces”.

Durante el debate de esta jornada, el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, afirmó que tres de las siete propuestas de Peña Nieto ya habían tenido “oposición explícita” de los gobernadores del PRI: cédulas de identidad, mando único policiaco y estado de excepción.

Crítico, Gil Zuarth reprochó al Ejecutivo federal que ya cuenta con mecanismos para impedir la infiltración del crimen organizado, no sólo a nivel municipal sino estatal y federal, pero que no se han aplicado.

“¿Por qué no instruir a la Sedena a revisar licencias colectivas de armas de fuego antes que desaparecer las policías municipales?”, cuestionó el excolaborador en el gobierno de Felipe Calderón.

Manuel Bartlett, coordinador del PT y exsecretario de Gobernación, afirmó que las propuestas de Peña Nieto “no debieran dar risa si no fuera por lo dramático de la situación. Son una serie de sandeces que no atacan el problema principal. Parece que Peña Nieto no se da cuenta de que está en una verdadera crisis”.

El exgobernador poblano también afirmó que, de aprobarse estas reformas, constituirán un “camino a la dictadora”.

“Es ridículo que se culpe al municipio. Es mentira que el problema principal sea municipal”, fustigó Bartlett Díaz.

Argumentos similares esgrimieron los senadores del PRD.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, coincidió con Gil Zuarth al señalar que el problema de la infiltración del crimen organizado no es sólo a nivel municipal.

Lo que propone la iniciativa de Peña Nieto, sostuvo Encinas, es “darle la puntilla final al municipio”. En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Luis Sánchez, expresidente de la asociación de gobiernos municipales; Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada, y Armando Ríos Pitter.

“No es un fenómeno exclusivo del municipio. Es un problema del Estado mexicano. De los tres poderes de la Unión”, sentenció Encinas.

E ironizó el exjefe de Gobierno capitalino: “El Chapo Guzmán no se le escapó a un alcalde”.

Los perredistas, panistas y petistas, ante el silencio de las bancadas de PRI y PVEM, insistieron en que las iniciativas de Peña Nieto implicarán decretar el “estado de excepción” y hay confusiones entre conceptos como el “mando único” o “policía única”.

La iniciativa de reforma del Ejecutivo federal plantea modificaciones a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución para establecer la posibilidad de que la Federación asuma “total o parcialmente” las funciones municipales cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.

La reforma al artículo 115 precisa que el Fiscal General de la República deberá comunicarle a la Secretaría de Gobernación cuando advierta “indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado”.

De estimarse procedente, la Segob pedirá su aprobación al Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio.

La iniciativa también propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.

-Marchas no pararán pese a “cansancio” del gobierno: padre de normalista
CHILPANCINGO, Gro.- Integrantes del magisterio disidente, normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon esta mañana sobre el carril norte-sur de la autopista Del Sol para conmemorar el 40 aniversario de la muerte del líder guerrillero Lucio Cabañas, egresado de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Además, hicieron un llamado a la sociedad para que siga protestando en todo el país con el fin de exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos a manos de la Policía Municipal de Iguala hace más de dos meses, y aseguraron que seguirán marchando pese al “cansancio” del gobierno federal.
Durante un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo local, los manifestantes reprocharon la criminal indolencia gubernamental frente al caso Ayotzinapa y lanzaron consignas contra el Ejército.
También reprobaron la “sospechosa actitud” de los soldados del 27 Batallón de Iguala, acusados de permitir la masacre y desaparición de los normalistas, deportistas y civiles a manos de policías municipales y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Por aproximadamente media hora los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la autopista Del Sol y acusaron a los militares de ser comparsa del narcotráfico y políticos coludidos con la delincuencia organizada.
Los padres de los normalistas desaparecidos reprocharon la actitud de los elementos del Ejército porque en lugar de intervenir para frenar la barbarie, “permanecieron escondidos en su cuartel y salieron sólo para agredir a los normalistas que sobrevivieron a la campaña de exterminio realizada por autoridades y delincuentes”, apuntaron.
De igual manera, criticaron la actitud “omisa e indolente” de las autoridades federales frente a la narcopolítica que –aseguraron– ha sumido a Guerrero en la ingobernabilidad, violencia e impunidad.
Tras dejar la autopista, la marcha avanzó hacia el sur de esta capital, donde estudiantes y docentes lanzaron piedras contra el Congreso local, cuyas instalaciones fueron quemadas el pasado 12 de noviembre por integrantes del magisterio disidente.
Poco después el contingente arribó ‎a la sede del Poder Ejecutivo, que minutos antes fue desalojado de manera abrupta.
Los padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron un mitin ‎alrededor de las 2 de la tarde en la explanada del edificio gubernamental, que también fue incendiado por los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que exigen la presentación con vida de sus compañeros.
El vocero de los familiares de las víctimas, Felipe de la Cruz, pidió una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones provocadas, pero también comprensión.
Enseguida, un integrante de la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa expresó: “Lamentamos afectar la estabilidad de la ciudadanía, pero el gobierno no hace nada por buscar a nuestros compañeros. Se trata de vidas humanas y no podemos ser indiferentes”.
Añadió: “Los normalistas de Ayotzinapa pueden resignarse a la reducción ‎de la matrícula y el presupuesto público para financiar el internado de este plantel de nivel superior, pero nunca dejar que nuestros compañeros sigan desaparecidos”.
Luego hizo un llamado a las organizaciones sociales que se han solidarizado con el movimiento para que enfoquen su demanda en la presentación con vida de los normalistas.
No es tarea fácil, dijo, porque el gobernador interino Rogelio Ortega ‎ha empezado a repartir dinero para dividir el movimiento.
El dirigente estudiantil hizo esa declaración a raíz de las reuniones que ha sostenido el dirigente de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Reyes Ramos, con autoridades federales y estatales, con el objetivo de exhibir la división en la estructura del magisterio disidente.
Otro padre de un normalista desaparecido ‎pidió la solidaridad de la sociedad, porque ellos, advirtió, no van a descansar hasta encontrar a sus hijos. Expresó que si es necesario salir a las calles diariamente, así lo harán, pese al “cansancio” de las autoridades federales.
En respuesta se escuchó el grito: “No están solos, no están solos”.
Y aquéllos remataron: “Si 43 familias van a pasar una Navidad sin sus hijos, el gobierno no va a festejar nada este mes”.
-Reformas para impedir manifestaciones son de “alto riesgo”: PRD-DF
El secretario general del PRD en el DF, Enrique Vargas Anaya, criticó la decisión de los diputados federales del PRI, PAN y PVEM de aprobar reformas constitucionales para que los tres niveles de gobierno expidan leyes en materia de movilidad universal.

Con esa medida, dijo, “prácticamente están criminalizando la protesta social y buscan impedir las manifestaciones ciudadanas en las calles”.

En un comunicado, Vargas Anaya pidió la intervención de la Comisión  Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “poner un alto” a los legisladores federales que aprueban normas que ponen en peligro los derechos humanos y la libertad de expresión, de manifestación y de movilización de las personas.

Y señaló que seguramente las organizaciones ciudadanas que se sientan afectadas en sus derechos tendrán la oportunidad de solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una opinión sobre las reformas a los artículos 11 y 73  de la Constitución Mexicana.

El líder perredista en la capital calificó dichas reformas como “de alto riesgo” porque, subrayó, van a poner en una situación crítica a las propias autoridades federales frente a las libertades consagradas en el texto constitucional.

El paso siguiente será que los legisladores federales, con el pretexto de la movilidad de los ciudadanos, establezcan en la ley secundaria los mecanismos para criminalizar la protesta social, reprimir los movimientos sociales que están en las calles, como el de Ayotzinapa, e impedir que la población reclame por las malas acciones del gobierno federal, remató.

Por mayoría calificada, el PRI, PAN y PVEM aprobaron este martes una reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios expidan leyes en materia de movilidad universal que permitiría a la autoridad “impedir la libre manifestación en las calles”.

En mancuerna, PRI y PAN desempolvaron la minuta que fue aprobada desde abril pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales, y generaron en el Pleno el rechazo y la crítica abierta de los partidos Movimiento Ciudadano, PT y PRD, quienes advirtieron que el texto elaborado por el panista Marcos Aguilar Vega criminalizará la protesta social, en momentos en que mayor cuidado debería tener la autoridad para garantizar la libre expresión y manifestación de los ciudadanos.

-Cae sicario de Guerreros Unidos implicado en desaparición de normalistas
Fuerzas federales detuvieron a Joel Ramón Severiano Martínez, El Ramoncito, en el municipio de Cocula, Guerrero, y quien es señalado por estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Contra El Ramoncito, de 22 años, existía una orden de aprehensión librada por un juez federal, misma que fue solicitada por la PGR.

Severiano Martínez, destacaron fuentes federales, es sicario de la organización criminal Guerreros Unidos y ya se encuentra declarando en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) desde la noche del lunes anterior.

Autoridades federales confiaron en que El Ramoncito, en sus declaraciones, ofrezca más detalles sobre el paradero de los 43 normalistas, ya que él habría participado en el plagio de los jóvenes.

Entre los detenidos por este caso destacan el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes son identificados como autores intelectuales de los ataques a los normalistas.

Además, fueron capturados Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos; Isaac Patiño Vélez, persona cercana al capo, y el exsubdirector de la policía de Cocula, César Nava González.

En la misma situación se encuentran Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, quienes confesaron haber participado en la presunta ejecución de los estudiantes.

-Armadora alemana suministró ilegalmente a la Sedena material para fusil de asalto
BERLÍN.- Durante el 2011 la empresa productora de armas Heckler & Koch suministró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera indebida material para la fabricación del fusil de asalto FX-05 Xiuhcóatl.

La irregularidad reside en el hecho de que desde enero de ese mismo año la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de exportaciones (Bafa, por sus siglas en alemán) del gobierno germano determinó que el gigante de la industria armamentista no podía comerciar con México en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra y en el que la fiscalía de Stuttgart investiga la posible responsabilidad del fabricante de armas en la violación de los lineamientos que prohíben exportar armas a regiones en situación de guerra civil o donde se violan los derechos humanos.

Tal es el caso de los estados mexicanos de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, en donde ya ha quedado documentada la presencia ilegal del fusil G-36, de manufactura alemana.

Lo anterior se desprende de la información publicada por el Tageszeitung TAZ y firmada por el especialista en el tema de armas, Wolf-Dieter Vogel, y que tiene como fuente la respuesta oficial de la misma Secretaría de la Defensa Nacional a una solicitud de información presentada por el diario alemán.

De acuerdo con la respuesta de la Sedena con número de folio 700188214 y a la que Apro tuvo acceso, en los años 2006, 2009 y 2011 la empresa Heckler y Koch GMBH fue la proveedora del gobierno mexicano en el suministro de tubos de acero utilizados para la producción del fusil FX-05.

Fue en enero de 2011 cuando la Bafa determinó que la empresa alemana no podría desahogar solicitudes de compra con México, en una determinación que incluía, de acuerdo con el TAZ, “armas, municiones, materiales de armamento y materiales para la producción de éste”.

De acuerdo con la información suministrada por la propia Sedena, durante el 2014 una de las dos proveedoras de tubos de acero del gobierno mexicano fue la empresa DRM Aceros Internacional S.A. de C.V. Dicha empresa mexicana recibiría el suministro de acero con los que construye los tubos –con los que a su vez la Sedena fabrica el fusil FX-05– de parte de otra compañía alemana: Deutsche Edelstahlwerke.  Tal vínculo fue confirmado al TAZ por una vocera del propio consorcio alemán.

La venta de acero está dentro de la legalidad y no requiere ninguna autorización especial a pesar de que de esa venta se desprenda que el material es utilizado para la elaboración de armas, señaló la Bafa a TAZ y el gobierno federal también así lo confirmó a una solicitud expresa hecha por el diputado federal del Partido Verde Alemán Hans-Christian Ströbele.

“En el caso de la segunda empresa alemana (Deutsche Adelstahlwerke)  no hablamos de ninguna ilegalidad al vender el acero a la empresa mexicana que a su vez vende las piezas de acero a la Sedena, pero sí de la inmoralidad que representa que no se controle ni regule la venta de material, en este caso el acero, que será usado para producir armas”, comentó a Apro Vogel.

-“Hechos, no discursos”, pide el historiador Enrique Semo a Peña Nieto
Al recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el historiador Enrique Semo Calec se plantó frente al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y le dijo: “Transmita usted este mensaje: Queremos hechos, no discursos”.

Al final de la ceremonia, en declaraciones a la prensa, Semo, quien compartió la distinción con el sociólogo Néstor García Canclini, habló con la prensa sobre lo que le comentó al titular de la SEP:

“Que hay muchos problemas en el país y que queremos hechos”.

El tiempo, dijo, no dio para mucho, pero quería decirle que hace falta un aumento importante al salario mínimo, al presupuesto de la educación superior, de las normales rurales, pasos certeros en cuestión de seguridad; castigo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes. Esos son hechos.”

Semo coincidió con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, quien dijo en la ceremonia que aún hay tiempo para recuperar la seguridad del país. En su opinión, “hay un pueblo y un Estado capaces de actuar” y llegó el tiempo de hacerlo.

En cambio, el teórico marxista, nacido en Bulgaria en 1930, discrepó de lo dicho por el poeta Eraclio Zepeda, ganador en el campo I de Lingüística y Literatura, junto con Dolores Castro, en el sentido de sumarse al decálogo propuesto por el Ejecutivo federal.

“Bueno, es la opinión de Eraclio. A mí me hubiera gustado más algunos hechos por parte del presidente. Por ejemplo, habló de la lucha contra la corrupción, ¡hechos!”, insistió.

Agregó que proponer nuevas leyes puede estar bien, pero hay casos donde basta con aplicar las ya existentes y el problema es que hay corrupción “en la política, en la empresa privada, en casi todos los lugares. Hay que castigar a los responsables”.

–¿Podría empezarse por el caso de la ‘Casa Blanca’ de Peña Nieto?

–Es un hecho pasado y ya han dicho que la van a vender, pero yo creo que el pueblo merece más explicaciones.

-Piden a Gabino Cué no donar recursos públicos al Teletón
OAXACA, Oax.- Alrededor de 30 organizaciones exigieron al gobernador Gabino Cué Monteagudo acatar la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de abstenerse de donar recursos públicos al Teletón.

En carta abierta, argumentaron que en la entidad hay cerca de 350 mil personas con discapacidad sin atención.

Además, pidieron a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) sacar del aire los anuncios que invitan a la población a donar recursos para el Teletón.

En agosto pasado, la ONU sugirió al gobierno mexicano no donar al Teletón porque “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad y no de derecho”.

Y conminó a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que debe tener el gobierno de México para la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Por ello exigieron al gobierno estatal que cancele las transmisiones para apoyar al Teletón a través de las frecuencias de la CORTV o usar equipos de esta corporación para la difusión de producciones relacionadas con ese programa. Asimismo, le piden abstenerse de realizar donaciones al Teletón y realizar una escrupulosa fiscalización de los recursos que ha aportado a la iniciativa desde 2010.

Las organizaciones pidieron a Cué que defina e implemente “una verdadera política de Estado” que garantice los derechos de las personas con discapacidad, tal y como se establece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y en el propio Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

Y también que ordene a la CORTV la producción de programas desde un enfoque de derechos humanos que abonen a la inclusión de las personas con discapacidad, en el entendido que el derecho a la accesibilidad como parte de la inclusión, no se reduce a la interpretación en lengua de señas de los noticiarios, que hasta ahora son primordialmente espacios de difusión del quehacer burocrático.

La carta, dirigida al gobernador oaxaqueño, a la comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruzvillegas Fuentes y al director general de CORTV, Emilio de Leo Blanco, será entregada al ejecutivo local, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad establecido por la ONU y también será  llevado a instancias estatales e internacionales de derechos humanos.

-Identifica GDF a 80 encapuchados de la marcha del #1DMX
El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, informó que tienen identificado a un grupo de 80 personas que participó activamente en los disturbios de ayer tras la manifestación encabezada por familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

En diversas entrevistas con medios de comunicación electrónicos, el funcionario capitalino dijo también que los tres detenidos “están plenamente identificados y grabados en actitud violenta y causando destrozos en comercios”. Agregó que se tienen fotografías y videos de los hechos y que les aseguraron 14 cohetones, dos bombas molotov y dos tubos.

Serrano Cortés dijo a Milenio Televisión que los detenidos continúan declarando ante el Ministerio Público y que en el curso del día serían consignados.

Los violentos, agregó, “son los autonombrados anarquistas. Participan en estas manifestaciones un promedio de 80 sujetos con el rostro cubierto, se colocan máscaras de Anonymous, pasamontañas, paliacates”.

“Es evidente que cuando se presentan estos grupos con el rostro cubierto, obviamente van con una intención de delinquir”, subrayó.

Añadió que los encapuchados están “adiestrados” y saben qué decir cuando son detenidos para tratar de aparentar que fueron aprehendidos de forma arbitraria.

En Grupo Fórmula, el secretario de Gobierno explicó que un grupo de 80 encapuchados avanzó por la calle de Florencia y atacó diversos establecimientos comerciales. El GDF informó en un comunicado que fueron siete bancos y cuatro tiendas de conveniencia.

Las autoridades del GDF, continuó, acordaron con integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revisar a unos 200 manifestantes para que ingresaran a la estación del Metro Hidalgo.

Ya adentro, siguió, “personal del sistema de transporte los revisa y se encontró una cantidad importante de explosivos, petardos y bombas molotov”.

A Grupo Imagen, el funcionario local comentó que el GDF no tiene ninguna denuncia presentada por ciudadanos y que los cuerpos de atención médica no les reportaron lesionados.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que la manifestación de ayer por la tarde-noche había “entre 7 mil y 7 mil 500 personas y todos iban en paz”.

Desgraciadamente, agregó, “un grupo –de 50 ó 60 personas– que no tiene que ver con la manifestación, da muestra otra vez de que se requiere utilizar las instituciones en su última expresión. Lo que menos queremos es utilizar la fuerza, pero bueno, cuando hay que proteger, como hubo que proteger y además todos los demás establecimientos y las personas, hay que hacerlo”.

Sobre los detenidos, comentó que la Procuraduría General de Justicia del DF se encontraba tomando las declaraciones preparatorias de los jóvenes.

Los detenidos

Según la página web “Viento de Libertad”, el Comité Cerezo identificó a los tres detenidos: Damián Reyes Lara, de 21 años, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue golpeado.

Óscar Espinoza Trigueros, de 18 años, estudiante de quinto semestre en el CCH Oriente de la UNAM. “Antes de la detención fue golpeado en el rostro por un granadero, el golpe fue propinado con el escudo”, según el Comité Cerezo. Su aprehensión fue en el Ángel de la Independencia.

Debido a las heridas que tenía fue llevado al Hospital General La Villa y regresado al MP. Su padre denunció que “no le dieron ningún documento médico sobre la situación de su hijo en el hospital y tampoco en el MP pudo ver ya a su hijo y refiere que está golpeado”.

Ariel Flores López, de 18 años, estudiante de la Vocacional 9 del IPN. El Comité difundió un video en el que, en el minuto 1:27 –según la indicación– “se puede ver su detención, cabe resaltar que no estaba atacando a nadie, ni ultrajando a granadero alguno y mucho menos portando objeto alguno apto para agredir”.

De acuerdo con el Comité Cerezo, los tres jóvenes fueron acusados de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir y trasladados al Ministerio Público GAM 4.

Esta tarde, decenas de estudiantes del IPN realizaron una marcha de Zacatenco hacia la Coordinación Territorial GAM-4 en demanda de la liberación de los tres estudiantes detenidos ayer durante manifestaciones.

Previo a la manifestación, realizaron un mitin en la Plaza Roja, donde los padres de los capturados, así como un estudiante de la Voca 9, hablaron sobre los hechos.

Carlos Rodríguez, del Cecyt 9, denunció que su compañero Ariel Flores López, fue encapsulado, golpeado y detenido cuando intervino para rescatar a un menor de unos 15 años que era golpeado por cuatro granaderos.

Valla, para evitar daños: CNDH

Sobre la valla humana que realizaron visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger a un grupo de personas encapsuladas por los granaderos, luego de que terminó el mitin en el Ángel de la Independencia, el organismo explicó su actuar.

En un comunicado detalló que conformó un grupo de 80 visitadores adjuntos, en coordinación con su homóloga del Distrito Federal, para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública.

El personal estuvo en los distintos lugares de donde salieron los contingentes para acompañarlos y verificar que la marcha fuera pacífica.

Sin embargo, en el transcurso “algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y fueron quienes, al parecer, cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos y, además, pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes”.

Por ello, agregó, “y ante la actuación de los cuerpos policiales para contener a un grupo de manifestantes y utilizar dispositivos de gas contra personas en forma discrecional, la CNDH formó una valla con el objetivo de evitar daños, especialmente a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañó en su salida del lugar hasta su total retiro”.

Además, otro grupo de visitadores fue a la delegación Gustavo A. Madero, a donde los policías llevaron a las personas detenidas, para verificar el estado de salud y situación jurídica de éstas.

Y subrayó que: “La intervención y acompañamiento brindados por este Organismo autónomo fue para prevenir abusos por parte de elementos policiales contra los manifestantes antes mencionados, y se reitera que quien haya cometido algún delito debe ser investigado y sancionado”.

Luego, reprobó “enérgicamente” los hechos violentos y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar los agravios y a que no haya impunidad.

“Esta Comisión Nacional reprueba cualquier manifestación de violencia, sobre todo tratándose del ejercicio de los derechos a la libre manifestación, de protesta y de expresión, que deben llevarse a cabo sin más limitación que el respeto a la ley, por lo que llama nuevamente a las autoridades del Estado mexicano, en especial a los cuerpos de seguridad, para que ajusten su actuación a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La CNDH informó que inició una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos. Agregó que una vez recabadas las evidencias del caso emitirá su pronunciamiento.

-Peña debe aclarar escándalo de la ‘Casa Blanca’: Jefe Diego
El presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades competentes deben aclarar “plenamente” la compra de la llamada “Casa Blanca” por su bien, el de su esposa y el de su familia, aseguró el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos.

“Es un asunto que no ha quedado claro a criterio de la mayoría de los mexicanos. Como abogado no puedo juzgar la juricidad de lo que ahí se ha dado; sencillamente, creo que el gobierno federal y las partes involucradas pueden y deben dar explicaciones y justificaciones que el pueblo merece”, dijo en entrevista luego de participar en un acto público.

Con las reservas del caso al no tener el expediente a la mano, el exdirigente nacional del PAN agregó:

“Si se trata de operaciones que puedan ser sospechosas o atípicas, el gobierno, el presidente de la República lo debe aclarar plenamente. Si él considera que ya lo hizo, es su decisión. Yo como ciudadano creo que sigue flotando en la sociedad una inconformidad manifiesta por lo que ahí ha sucedido”.

Aunque insistió en no mezclar su perfil de abogado –“no tengo nada que recriminar mientras yo no conozca un expediente objetivo, jurídico de lo que pasó”, dijo–, sostuvo que “tampoco podemos quedar con que aquí no sucedió nada. Ojalá que todo se transparente para bien de él, de su esposa, de su familia y de México”.

El exsenador y diputado panista asistió al Tercer Informe de Actividades de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yasmín Esquivel Mossa.

Al término del acto, se refirió en entrevista al desempeño del mandatario federal a dos años de gestión.

“Juzgar dos años de gobierno no es sencillo, creo que se han hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal”, comentó.

En el primer aspecto, destacó las “grandes reformas que se han hecho por el presidente de la República y por el Congreso de la Unión a través de las cuales México se abre a un mundo moderno, competitivo, que no podemos perder ni podemos dejar pasar”.

Sobre “lo malo”, criticó que el gabinete de trabajo de Peña Nieto “se trata de un equipo de gobierno muy cerrado, muy  pequeño que no está abierto a opiniones de personas de gran calidad, hombres y mujeres de este país, que mucho pueden aportar, precisamente para rectificar actitudes y comportamientos”.

Y puso como ejemplo la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro que, aunque no dio nombres, le correspondió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

“Es algo que resulta todavía hoy inexplicable: Cómo se cancela un contrato en donde han participado compañías internacionales y que los ojos del mundo están diciendo qué es México, qué sucede aquí”.

Sobre la renuncia al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, su contendiente presidencial en 1994, Diego Fernández de Cevallos, se limitó a decir: “Me parece respetable y dolorosa. Y punto”.

“Defensores cubren a vándalos”

Sobre los hechos violentos registrados en las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el panista destacó el “gran esfuerzo” del Gobierno del Distrito Federal.

“Están haciendo ya un enorme esfuerzo, pero dentro de la complejidad que se da en un ambiente donde a veces pseudo organizaciones defensoras de derechos humanos cubren y protegen a los vándalos para que no trabaje la policía”, aseguró.

El llamado ‘Jefe’ Diego” pidió distinguir entre manifestaciones y vandalismo. “Me parece un doble crimen que después de lo sucedido en Tlatlaya, en Iguala y muchas partes del país, ahora las protestas se perviertan por unos cuantos que vienen a generar violencia, a generar barbarie”.

Sin excusa ni pretexto, agregó, se deben preservar todos los derechos de los ciudadanos, “entre ellos, el que nadie sea agredido injustamente por la policía, pero tampoco por los vándalos”.

Acto seguido, se lanzó a defender a los policías:

“Es infame, insoportable y no debe continuar, que en este país, en esta ciudad, en todo el territorio nacional hay unos seres humanos que no tienen derechos humanos: Los policías, los que se supone que están para preservar el orden y ayudarnos a que sean resguardados nuestros derechos a la vida, a la seguridad personal, a nuestro patrimonio, cuando intervienen y son masacrados, nadie dice nada. No hay defensores de derechos humanos de la policía y, peor aún, cuando hacen su trabajo, en algunas ocasiones son perseguidos”.

-Pide la CIDH protección para viuda de líder asesinado en Guerrero
 A 18 meses del asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular (UP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que brinde protección a la viuda del líder campesino, Sofía Lorena Mendoza Martínez, y al sobreviviente de los hechos, Nicolás Mendoza Villa.

De acuerdo con la resolución MC185/13, el organismo informó que a partir del 1 de diciembre se liberaron las medidas cautelares a favor de Mendoza Martínez, Mendoza Villa y sus respectivas familias, toda vez que “los derechos a la vida e integridad de estas personas están en riesgo, debido a la denuncia presentada por la presunta desaparición forzada y posterior ejecución” de Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2013.

En el contexto de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la revista Proceso (número 1979) publicó sendas entrevistas con Mendoza Martínez y sus representantes, Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo –integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC)–, quieres denunciaron como autor material e intelectual del crimen de Hernández Cardona al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

En dicha publicación, los entrevistados resaltaron que el 24 de septiembre, dos días antes del ataque armado a los jóvenes, el obispo Raúl Vera, fundador de la RSDCIAC, acudió a Washington para aportar mayores elementos a la CIDH con el fin de que se otorgaran las medidas cautelares.

En el documento, la CIDH señala que hay elementos que demuestran que “los beneficiarios se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”.

La resolución da un plazo de 15 días al  gobierno de Peña Nieto para que informe sobre las medidas de protección adoptadas a favor de Sofía Mendoza, Nicolás Mendoza y sus familias, y “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su posible repetición”.

De acuerdo con el análisis realizado por el organismo, se determinó otorgar las medidas cautelares a partir del constante hostigamiento del que han sido objeto Mendoza Martínez y Mendoza Villa, sobre todo después de la  desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

La viuda del líder campesino declaró a la CIDH que después de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre “se percató de la presencia afuera de su casa de una camioneta roja sin placas y con varios hombres en su interior, armados y con cabello corto”.

En el caso de Nicolás Mendoza, se informó que luego de declarar ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) sobre el homicidio de Hernández Cardona, del que fue testigo, “su situación de riesgo presuntamente se incrementó teniendo que cambiarse de domicilio hasta en ocho ocasiones”.

Según el documento, el 28 de septiembre él y su familia salieron de su domicilio en Morelos, “debido a que presuntamente se produjo una nueva incursión en su casa por al menos ocho personas armadas”.

Pese a que Sofía Mendoza y Nicolás Mendoza cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CIDH consideró que “no se ha acreditado la posible efectividad de las medidas implementadas a la fecha (…) tomando en consideración sus roles como denunciante y testigo, así como la naturaleza de los procesos judiciales en los que intervienen y el contexto en el cual habrían ocurrido los presuntos hechos”.

Luego de considerar las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Iguala, los comisionados de la CIDH, Tracy Robinson, Rose-Maire Belle Antoine, Rosa María Ortiz, James Cavallaro y Paul Vannuchi, determinaron otorgar las medidas cautelares a Sofía Lorena Mendoza y sus dos hijos, y a Nicolás Mendoza, su esposa y sus dos hijos.

-Entregan a la PGR lista de 25 narcoalcaldes de Guerrero
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP) entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una lista con los nombres de 25 acaldes y exalcaldes de Guerrero presuntamente ligados con el crimen organizado.

El listado incluye al detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También aparecen Armando Ríos Piter, exedil de Iguala y actual senador por el PRD; Lázaro Mazón, exsecretario de Salud de Iguala y frustrado candidato al gobierno de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Socorro Sofío, titular de Desarrollo Rural de Guerrero y el actual diputado Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.

En conferencia de prensa, Ortega Sánchez explicó que la lista se integró a partir de señalamientos y hechos recogidos en un estudio llamado Guerrero: atrapado en el círculo de la violencia, que también fue presentado ante la PGR.

En la lista figuran priistas, perredistas y panistas. Además de los ya mencionados están, del PRI: César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula; Salomón Majul González, de Taxco; Mario Moreno Arcos, de Chilpancingo; Francisco García González, de Chilapa; Ignacio Basilio García, del municipio de Eduardo Neri; Norberto Figueroa Almazo, de Huitzuco; Erick Fernández Ballesteros, de  Zihuatanejo de Azueta.

Así como  Eucelio Gonzalez Rodríguez, Antonio Navarrete Cortés, Taurino Vázquez Vázquez y Alejandro Contreras Velazco.

Del PRD están en la lista Efraín Peña Damacio, de Apaxtla; Gustavo Abarca Alcalá, de Tixtla; Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, de Leonardo Bravo; Mario Alberto Chávez Carbajal, de Eliodoro Castillo; Severo Espirito Valenzo, de Mochitán; Feliciano Álvarez Mecino, de Cuetzala del Progreso; Jesús Valladares Salgado, de Teloloapan.

Crecencio Reyes Torres, Eleuterio Aranda Salgado, Rey Ilario Serrano, Javier Adame Montealban y Juan Carlos Medino González.

Del PAN sólo aparece Antonio Galarza Zabaleta, del municipio de Tepecoacuilco.

Además de los mencionados en la lista Ortega Sánchez solicitó revisar “cuidadosamente” a potenciales candidatos a gobernador, porque –dijo– también existen señalamientos en su contra que los vincula en algún momento con posibles hechos ilícitos.

“El gobierno del presidente Peña no comprende la sangrienta disputa entre facciones políticas que condujo a las atrocidades de Iguala”, acusó el activista quien además criticó que el presidente tampoco considere el saqueo impuesto a la sociedad guerrerense por los grupos criminales asociados con los políticos, “hecho muy similar al de Tamaulipas”.

“En Guerrero es urgente una intervención del gobierno federal, pero más profunda y contundente que la de Michoacán, que erradique la colisión de la clase política con la delincuencia organizada, la violencia política y el expolio criminal”, reclamó presidente del CCSPJP.

Ortega Sánchez señaló que toca a la PGR verificar si los señalamientos en contra de alcaldes son ciertos o no pues ellos son el Ministerio Público.

-Exigen transparencia en acueducto que Higa operará en Monterrey
 Organizaciones civiles regiomontanas acusaron hoy al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, de ocultar información sobre la construcción del acueducto Monterrey VI, cuya licitación fue ganada por Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, el empresario consentido del sexenio y el mismo que construyó la llamada “Casa Blanca” de las Lomas.

En un comunicado difundido este martes, en coincidencia con la visita del presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad, los grupos Rescatemos Nuevo León, Reforestación Extrema y Unión Neoleonesa de Padres de Familia pidieron la mediación del gobierno federal para que se transparente la obra que tendrá un costo de 47 mil millones de pesos.

Según los quejosos, la información proporcionada por el mandatario estatal es “parcial, confusa inexacta y genérica” y “una broma de mal gusto”.

La construcción del acueducto, que tardará 27 años, fue una de las promesas que Peña hizo el 22 de abril de 2012 en el marco de su campaña presidencial.

Ese día dijo que había requerido al notario público 129 de Nuevo León, Manuel García, para que diera fe de tres compromisos: concretar el proyecto acuífero Monterrey VI, reforzar con elementos federales a los cuerpos policíacos de la entidad y construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro.

Hoy, 31 meses después, las organizaciones que se oponen al proyecto precisaron que ante el plazo que fijaron a las autoridades para que dieran a conocer los estudios de factibilidad técnica y financiera, el gobierno de Medina de la Cruz, a través de Agua y Drenaje de Monterrey, manifestó que ya hizo pública la información solicitada referente al proyecto Monterrey VI.

No obstante, señalaron que después de haber consultado el portal de la dependencia “podemos asegurar que dicha información es parcial, confusa inexacta y genérica”.

Y agregaron: “Continuar con esta actitud significa una grave falta a la democracia de nuestro país y a la credibilidad de su gobierno”.

Por ello, solicitaron que la petición de transparencia se tome “con la mayor seriedad”, ya que “responder de esta manera resulta ofensiva a los ciudadanos que usted y sus funcionarios sirven”.

En otro comunicado, Reforestación Extrema denunció que la información que proporcionó el gobierno de Rodrigo Medina sobre Monterrey VI “es una broma de mal gusto”.

De acuerdo con la asociación, “es muy delicado que una petición de información de un tema tan importante para el futuro de nuestro estado y el derecho humano que tenemos al agua, se maneje como un juego infantil, evidentemente en manos de gente tan irresponsable, ignorante y con tan poco nivel de profesionalismo”.

En ambos posicionamientos se dio a conocer que las organizaciones no gubernamentales que se oponen al acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, acudirán al Congreso de Nuevo León, donde difundirán una la lista de los documentos que ya solicitaron, y que, dijeron, les han sido negados.

“Esperamos ver ahí los documentos que dadas las circunstancias de tiempo, nos dan a pensar que no existen, y deben pensar en las muy serias consecuencias legales que tiene tratar de armar un fraude de esta magnitud”, apuntaron.

-Prolongado silencio de Washington y la UE ante la violencia en México
MADRID.- “El silencio que guardan las principales instituciones de gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea ante un hecho tan atroz como la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es aún más notorio si tomamos en cuenta que este caso no es la excepción, sino la regla de la violencia extrema que vive México”, advierte la periodista Mabel González Bustelo.

Investigadora en conflictos armados, narcotráfico y terrorismo, y autora del libro Narcotráfico y Crimen Organizado. ¿Hay alternativas? (Icaria, 2014), publicado en España y de próxima aparición en México, la entrevistada critica la actitud de la comunidad internacional frente al fracaso del presidente Enrique Peña Nieto en el combate a la inseguridad y la delincuencia organizada.

“No se pueden voltear para otro lado sin fijar una posición de contundencia frente al gobierno de México. Este caso atroz no es una excepción, sino es lo que está pasando continuamente en el país. La excepción en todo caso es que la repercusión de los hechos en Iguala le rompe su esquema a (Enrique) Peña Nieto, pero es uno de tantos hechos de violencia que se registran en México”, acusa.

En entrevista con Apro, la investigadora asociada del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) sostiene que en lugar de usar su capacidad para reaccionar e influir ante Peña Nieto, “tanto Estados Unidos como la Unión Europea prefirieron comprar la imagen del presidente reformador, porque les convenía para los intereses de sus empresas”.

Añade: “No es que compren a Peña Nieto per se, sino al líder latinoamericano que moderniza la economía, que significa la apertura al capital extranjero, hay muchos intereses en juego”.

También es crítica con los medios de comunicación internacionales que compraron esa imagen del presidente mexicano y tardaron mucho en reaccionar, incluso, varias semanas después de sucedida la desaparición de los estudiantes en Iguala. “Parece que a los medios internacionales también este hecho les rompió la narrativa que tenían de Peña Nieto”, apunta.

Aun así, González Bustelo resalta como muy válida la posición crítica de los eurodiputados Verdes en el Parlamento Europeo y de los parlamentarios alemanes, “si no esto pasa sin que nadie diga nada y aquí todo mundo tiene su responsabilidad”.

Iguala: “Narco 2.0”

A partir de la tesis que desarrolla en su libro sobre la nueva constitución de las mafias del narcotráfico, como la “red 2.0”, simulando la organización de nodo que tiene internet, la investigadora sostiene que en México la atomización de los grupos criminales están asumiendo esa forma como redes auto-organizadas y con inteligencia propia.

“El cartel de los Beltrán Leyva es el que mejor ejemplifica como una organización que venía del negocio tradicional, como asociados del cartel de Sinaloa, con un papel relevante, sufre el descabezamiento de sus líderes e inician sus rivalidades con Sinaloa.

“La consecuencia –prosigue– fue un desmantelamiento de esa estructura y de ahí emergen una gran cantidad de grupos en la región de Guerrero y Morelos, incluidos los Guerreros Unidos y Los Rojos, hoy rivales”.

Actúan de manera diferente, son “grupos más pequeños y más especializados en un área geográfica más concreta”, por tanto, complementan sus actuaciones en el negocio central del tráfico de drogas con otras actividades como el tráfico de personas, la extorsión y el secuestro.

González Bustelo precisa que en Colombia este proceso tuvo sus propias particularidades, pero algo similar sucede en México con la atomización de los grandes cárteles. Y “las nuevas organizaciones más pequeñas buscan captar a las autoridades locales para facilitar sus actuaciones, como sucedió en el caso de Iguala o de Cocula”.

Subraya: “Lo que vemos en esta suerte de narco 2.0 es que estas nuevas formas del crimen organizado pasan de la fase parasitaria a la fase simbiótica, es decir, pasan de la fase de ‘plata o plomo’ de la era de Pablo Escobar o los viejos carteles mexicanos, a la fase simbiótica, donde tanto las mafias como los gobiernos captados se benefician por igual, donde las fronteras entre ambos se borran”.

Por ello, también las rivalidades entre grupos criminales, como sucede con Guerreros Unidos y Los Rojos –otra escisión de los Beltrán Leyva– se traslada a la rivalidad entre autoridades de uno y otro bando. Y la violencia incluye a la población misma.

En estas nuevas formas de narcopolítica, sostiene, es un esquema diferente al ‘plata o plomo’ porque no estamos ante autoridades coaccionadas, sino que esos puestos de autoridad representan los intereses del narco.

Fracaso de política de seguridad

Exinvestigadora del Centro Internacional de Paz y activista de Greenpeace-España, la entrevistada recuerda que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ganó las elecciones “con la promesa de terminar con la guerra contra las drogas en la que metió Felipe Calderón al país”, que habían causado, según cifras conservadores, más de 60 mil muertos y 26 mil desaparecidos reconocidos.

“Pero una vez que gana las elecciones y toma el poder, su estrategia real contra la violencia es hacer todo lo posible para que los medios mexicanos y los medios internacionales no hablen de ella y adopta el carácter del reformador (en materia de energía, de telecomunicaciones, etc), pero sobre seguridad su estrategia es que hablar del tema no sea lo prioritario. La violencia deja de ser relevante en el discurso público, porque el proyecto es vender otra imagen de México, pero en lo básico la estrategia no cambió, es exactamente igual a la de Calderón”.

Y algunas de sus promesas no fueron cumplidas, como la creación de la Gendarmería Nacional, con 40 mil integrantes independientes y trabajando codo a codo con la Policía federal. Al final, la gendarmería ha quedado en que podría llegar a ser un cuerpo de 5 mil efectivos empotrados, es decir, dentro de la Policía Federal, pero digamos que de la idea original no queda nada.

Lo que sí continúa igual, explica, es el despliegue de las fuerzas militares, en números iguales o superiores, y con mayor autonomía de la que tenían en el gobierno anterior.

Lo que no se aborda son las grandes cuestiones como la mejora del sistema de justicia, del sistema policial, la lucha contra la corrupción, que son tareas que México tiene pendientes, “por eso las medidas de Peña Nieto han sido irrelevantes”.

En relación a la información que el gobierno de México tenía desde marzo de 2013 sobre la infiltración del narcotráfico en los municipios de Guerrero, como lo documentó Proceso, la entrevistada sostiene que de acuerdo con la información con que cuenta, efectivamente el gobierno de Peña Nieto ya tenía esa información y denuncias contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, “pero no se hizo nada. Era la época en que se decía, ‘de esto no hay que hablar’”, ironiza.

“Y lo que pasa ahora creo que tiene que verse como un resultado desgraciado de una serie de tendencias que se veían venir y de la que el gobierno tenía información, que como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos ya venían ocurriendo y podía pasar en cualquier otro momento”.

Durante la entrevista, González Bustelo resalta el hecho de que durante las movilizaciones por la búsqueda de los normalistas aparecen otras fosas con cuerpos que no corresponden a los de Ayotzinapa. “Eso rebasa cualquier capacidad de asombro, porque esas mismas fosas dan una idea del grado de violencia, de impunidad y de silencio de lo que está pasando. Cómo es que nadie sabía o había tomado medidas; cómo ante un horror aparece otro. Es una muestra del fracaso de las instituciones y del fracaso de la política de seguridad el hecho de que los busques a ellos y aparezcan otros”.

Respecto de las soluciones, que podrían ser a mediano o largo plazo, la entrevistada explica: “Aquí recurro a una frase del investigador Edgard Buscaglia, que dice que la lucha contra el narco que debiera involucrar a todos los partidos y sociedad civil no va a tomarse en serio en México hasta que no empiecen a sufrir las élites, como sucedió en Colombia”.

Insiste: “En Colombia las élites no comenzaron a tomarse en serio esa violencia, hasta que empezaron a sufrirla con secuestros y asesinatos, pero mientras la sufría esa otra sociedad, la que les resulta un poco ajena a las élites, no pasaba nada. Frente a este hecho, en México creo que es igual, de lo contrario no puedo comprender esa enorme distancia de la élite política y empresarial”

En México, agrega, ha resultado “más cómoda la inercia”, en una suerte de “pacto de impunidad: ‘Yo respeto a tus corruptos y tu respeta a los míos’, que lo rompe el caso Iguala, donde tienen que actuar contra autoridades emanadas del PRD”.

La periodista sostiene que un nuevo elemento en el escenario es la sociedad mexicana que vio rebasada su tolerancia o incluso su frustración ante estos hechos. “La sociedad podría ver que esa gota colmara su vaso y reaccionara fuerte, con movilizaciones pacíficas pero contundentes, que pusiera al gobierno y a la clase política en la disyuntiva de tener que ofrecer cambios y salidas reales”.

Sin embargo, sostiene que hasta el día de hoy México ha sido omiso en la aplicación de medidas concretas a la Convención contra el crimen Organizado, que tiene firmada. “Hasta ahora no ha habido voluntad de aplicarlas, y si firmas una convención, lógico es que debas instrumentarla”.

-Gobierno busca dar por concluido caso Iguala para inhibir protestas: familiares
En el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), padres de familia y especialistas de diversas instituciones de educación superior censuraron la actuación del gobierno federal para enfrentar el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Sus hipótesis solo tienden a dar por concluido el caso a fin de inhibir la protesta social que se ha generado no únicamente por los normalistas, sino por los miles de desaparecidos en el país, criticaron.

Congregados para analizar la situación del país a partir de los sucesos en Iguala, la doctora en Sociología, por la UNAM, Elba Teresa Estrada, sostuvo que la estrategia anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto es “superfluo, centralista y autoritario”, amén de que no resuelve la situación que impera en el país.

Dijo que se debe investigar el papel del Ejército en Iguala, no sólo por posibles omisiones en su actuar, sino porque, si bien no hay indicios que lo vinculen con la ausencia de los normalistas, en Guerrero hay una historia de desapariciones ligadas a los militares.

María Concepción Tlatenpa, madre del desaparecido Jesús Giovani Rodríguez, criticó la respuesta del gobierno federal, porque no “dice la verdad, nos los han matado 3 veces, solo por desmovilizarnos y al pasar del tiempo generar que la gente que ahora nos apoya, cuestione nuestra exigencia”.

A su vez, Jaime Arzate, otro de los familiares de los desaparecidos condenó la cadena de mentiras que le ha dicho el gobierno para dar por muerto a su hijo y hacernos pasar por gente que sólo quiere alborotar al pueblo.

En su oportunidad, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlalchinollan, en Tlapa Guerrero, hizo un largo recuento de omisiones en la investigación del gobierno federal y en la actuación de las autoridades municipales, estatales y federales, que han permitido la impunidad en este caso. Destacó que los padres han mantenido su postura firme de “buscar a sus hijos con vida, aún a costa de su propia vida”, pues en este país, “la exigencia de justicia, implica un grave riesgo, de la propia vida incluso”.

Por su parte, el doctor José Joaquín Flores, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco aseguró que la tragedia de Ayotzinapa ha permitido al país darse cuenta sobre las dimensiones de lo que está pasando pues no son 43 sino más de 26 mil los desaparecidos en todo el país.

-Desmienten que López Obrador tenga una propiedad en Bosques de las Lomas
Ante vecinos de colonias de Cuajimalpa, Jenny Saltiel del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) leyó una carta del desarrollador del conjunto residencial La Toscana, Pascual Ortiz Rubio, quien afirmó que el presidente del Consejo Nacional de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador no posee ninguna propiedad en este lugar.

El texto fue leído una vez que el ex candidato presidencial de las izquierdas llegó a la plaza cívica de la colonia Cooperativa Palo Alto, para encabezar un mitin político.

En este lugar, Jenny Saltiel, promotora de la consulta ciudadana contra la reforma energética, leyó textualmente el documento, fechado el 2 de diciembre de 2014: “A quien corresponda. Por medio de la presente quiero aclarar que el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador no tiene ni ha tenido nunca una propiedad en el Desarrollo Residencial La Toscana, de Bosques de las Lomas. Atentamente licenciado Carlos Pascual Ortiz Rubio D., desarrollador del Conjunto Residencial La Toscana”.

Saltiel detalló en este acto, que el firmante de esa casa es amigo suyo y le hizo el favor de facilitarle ese documento, con lo que, dijo, “se aclaran los chismes baratos”.

El presidente del Consejo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) continuó ayer sus recorridos por la ciudad de México y le tocó ahora encabezar mítines políticos en el pueblo de San Bernabé y en la colonia Palo Alto, de Magdalena Contreras y Cuajimalapa, respectivamente.

En su primer evento, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto “se está esforzando por dejar en ruinas al país”.

En el primer punto y flanqueado por Jaime Cárdenas, Patricia Ortiz y Antonio Herrera, dirigentes de ese instituto político, el tabasqueño insistió en la necesidad de que la población no pierda la esperanza en que es posible la transformación del actual tema político y económico que mantiene en la pobreza al grueso de la población.

Obrador resaltó que es previsible la oposición que habrá por parte de “la mafia del poder” para lograr esa tarea, pues, dijo, “no están dispuestos a perder sus privilegios; no quieren dejar de robar, pues están llenos de codicia”.

Ante simpatizantes de los cuatro pueblos de Magdalena Contreras, el líder político destacó que a favor de la posibilidad de transformar el país está el hecho de que cada vez son más los mexicanos que “están despertando”, e impulsan ese ideal. Añadió que incluso la mitad de los que votaron por Peña Nieto en los comicios de 2012 están ya arrepentidos de haberlo hecho.

Más aún, dijo que en los comicios de 2012 obtuvieron a favor de este proyecto 15 millones de votos, por lo que dijo que es factible alcanzar ahora 25 o 30 millones de sufragios a favor de esa cuarta transformación.

-Toma protesta Jorge Berrios Flores como nuevo titular de la SSP de Iguala, Guerrero
Chilpancingo, Gro. Hoy el cabildo de Iguala tomó protesta a Jorge Berrios Flores, en sustitución de Felipe Flores Velázquez -actualmente prófugo de la justicia- como nuevo secretario de seguridad pública municipal.

En tanto, el alcalde Silviano Mendiola, dejó “plantados” a decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada, que le habían solicitado una audiencia para exigirle que no reinstale a la policía preventiva municipal.

En ese contexto, los familiares de los desaparecidos por la delincuencia, mencionaron que la policía preventiva de Iguala, durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, cometió levantones, secuestros, torturas y asesinatos. Hoy había el compromiso del edil Silviano Mendiola, de reunirse con el Comité de Familiares Víctimas de Desaparición Forzada de Iguala, pero no llegó.

Sin embargo, la subprocuradora de la PGR en materia de Derechos Humanos, Eliana García Laguna, atendió esta mañana a los más de 60 familiares de desaparecidos, y se comprometió a gestionar dentro de sus facultades, que no regresará el cuerpo de policías que operaba antes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Se dijo que en dicha corporación policíaca había más de 400 elementos, pero que fueron detenidos, solo aquellos a los que se les encontró alguna responsabilidad por al asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas la noche del 26 de septiembre, pero que no se ha investigado a los que en los últimos años sirvieron al grupo delictivo Guerreros Unidos, y a los que se acusa de la desaparición o ejecución de cuando menos 375 personas.

Los familiares de los desaparecidos por la violencia en Iguala en los últimos años, temen que regrese la policía preventiva, porque corren el riesgo de ser asesinados, debido a que se atrevieron a denunciar la desaparición de sus familiares, por eso le pidieron a la subprocuradora de la PGR, que intervenga.

En tanto, este martes por la mañana Silviano Mendiola Pérez tomó protesta al oficial Jorge Berrios Flores, enviado por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.

En su intervención expresó:“estamos aquí para dar resultados y garantizar la tranquilidad de la población, esa es la instrucción que traigo de mis superiores y así la haremos cumplir con el respaldo de todos ustedes”.

El gobierno municipal destacó que continuará operando la Gendarmería Nacional, junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, tras el retorno de los policías municipales que terminan sus cursos en Tlaxcala el próximo 5 de diciembre, y quienes están señalados de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

-Normalistas de Ayotzinapa conversan con universitarios y activistas de EU
Estudiantes normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 alumnos desaparecidos dialogan con integrantes de organizaciones universitarias y comunitarias estadunidenses, entre ellas de Ferguson, hoy, a partir de las 19.30 horas.

En el diálogo participan Omar García y Uriel Alonso, alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; Ernestina Lugardo y Yolanda González, madres de los normalistas desaparecidos Israel y Jonás, respectivamente; y Román Hernández, coordinador del área de comunicación de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña.

Aquí puede seguir la transmisión en vivo.

El diálogo fue organizado por la Red de Solidaridad Ya Nos Cansamos.

-Integrantes del Frente Ricardo Flores Magón exigen la liberación de su dirigente
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Varios integrantes del Frente Ricardo Flores Magón que se mantienen en huelga de hambre y con los labios cosidos se crucificaron hoy frente al Congreso local para exigir la liberación de su dirigente, Florentino Gómez Girón, informaron representantes de la agrupación.

Dijeron que a las 10.30 horas se ataron a una cruz colocada en la puerta principal de la legislatura estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Juana Gómez Gómez, hija de Florentino y Asunción Rodríguez Gómez.

Añadieron que una hora después hicieron lo mismo Pedro y Aníbal Gómez Gómez, hijos de Florentino y posteriormente se crucificó Viviana Gómez Girón, hermana del dirigente.

Recordaron que Pedro y Aníbal, así como Viviana Gómez y Luz Irelia Sánchez Díaz, permanecen con los labios costurados desde el 25 y el 27 de este mes, respectivamente, para demandar la liberación del dirigente campesino, originario del municipio de Ixtapa, ubicado en el norte de la entidad.

Señalaron que además de ellos, desde hace 13 días se mantienen en huelga de hambre Juana Gómez Gómez y Celia Gómez Girón, hija y hermana de Florentino, así como Asunción Rodríguez Gómez, miembro de la agrupación.

Los dirigentes consultados aseguraron que debido a los efectos de la huelga de hambre, Luz Irelia Sánchez Díaz tuvo que ser trasladada nuevamente hoy al hospital regional de Tuxtla Gutiérrez para que le pusieran suero.

Dijeron que después de dos horas la mujer regresó al plantón ubicado frente al Congreso para continuar con el movimiento junto con los demás compañeros, pues “está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Florentino está preso en el penal de El Amate desde el primero de mayo pasado, acusado del delito de abigetato.

-CDHDF busca fijar con Mancera protocolos de acción de policías durante protestas
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) buscará una reunión con el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, para presentar las constancias de los abusos policiales que se han presentado en manifestaciones y pedirle se modifique la actuación de la policía para que se adapte a los protocolos y estándares más altos de protección a los derechos humanos.

Señaló que en su intento por inhibir las acciones violentas durante las últimas manifestaciones, la policía capitalina ha optado por encapsular a un grupo considerable de personas, entre los que se encuentran manifestantes pacíficos.

Ante la presencia de grupos que buscan desestabilizar la protestas pacifica, precisa que los cuerpos de seguridad han actuado para inhibirla, sin embargo, en algunos casos lo que se ha generado es un uso excesivo de la fuerza por lo cual, el organismo buscará establecer compromisos sobre una nueva forma de intervención policial en manifestaciones pacíficas que pudieran terminar con acciones violentas.

En un pronunciamiento la CDHDF señaló que no es la primera vez que dichos grupos aparecen ni tampoco representan al grueso de manifestantes, “han actuado de manera similar en ocasiones anteriores, en pleno detrimento del ejercicio legítimo y pacífico del derecho de las personas a manifestarse”.

Reprobó los actos de violencia que llevaron a cabo las “personas encapuchadas y embozadas” quienes, no representan la totalidad del colectivo que se manifestó el lunes. Reiteró que la intervención de las instituciones, incluida la policial, debe ser oportuna y táctica para garantizar el irrestricto respeto y ejercicio de los derechos humanos en un contexto de seguridad ciudadana.

El organismo abrió una queja de oficio por medio de la cual documentará los hechos del 1° de diciembre y solicitó medidas precautorias para el respeto del debido proceso y asistencia legal de los tres detenidos. Asimismo pedirá se investigue a los policías que han incurrido en excesos, tanto el 20 de noviembre, como el 1 de diciembre.

-Madres Centroamericanas llegan a última etapa del año de búsqueda de sus desaparecidos
Con siete rencuentros en 14 días y con la esperanza de hallar a otros migrantes desaparecidos en México, la Caravana de madres centroamericanas Puentes de Esperanza arribó la noche del martes a San Cristóbal de las Casas en Chiapas para emprender la última etapa de la búsqueda en municipios fronterizos. Precisaron que en diez años han localizado a 207 indocumentados, pero son miles los desaparecidos.

Martha Sánchez Soler, Coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), responsable de la organización de la caravana, dijo esperan lograr varios encuentros en Tapachula, donde “toda la actividad se va a dedicar a la búsqueda, incluyendo reclusorios”.

Agregó que “ahora logramos contactos que antes no teníamos con las sexo servidoras y vamos a trabajar con las organizaciones que ellas tienen porque se sospecha que muchas de las mujeres que buscamos están en situación de trata”.

El grupo, formado por 42 personas –la mayoría son mujeres pero- de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fue recibido con aplausos por un grupo solidario, con las banderas de sus países y las fotografías de sus familiares.

Sánchez Soler dijo en entrevista que esta es la primera vez que a su regreso el contingente hace una escala en esta ciudad y también por primera ocasión no se detendrá en Arriaga, debido a que por las “redadas” ahora hay pocos migrantes en ese lugar.

Añadió que ahora el encuentro se realizará en la ciudad de Huixtla, cercana a Tapachula, donde se encuentra el sitio conocido como La Arrocera, en el que constantemente son agredidos los centroamericanos. Manifestó que a la fecha se han dado 207 rencuentros en México desde que inició la primera caravana hace una década.

En Juchitan, Oaxaca en el segundo día de recorrido la caravana visitó la fosa común de esta ciudad, ubicada detrás del panteón municipal Domingo de Ramos, en donde al ver el estado de abandono en que se encuentra, exigieron al gobierno de México una política oficial de la búsqueda de migrantes desaparecidos en territorio mexicano. Proponen exhumar los cuerpos, practicarles la prueba de ADN lo antes posible y tener un registro de datos.

Al visitar la fosa común las madres externaron su indignación y coraje al observar que el lugar donde se encuentran los sepulcros de los indocumentados, esta invadido de basura y están detrás de la barda del panteón municipal, es decir excluidos de las sepulturas juchitecas.

En el lugar, sólo se observa una gran cantidad de desechos sólidos y en la barda aparecen anotados un sin fin de letras, los cuales indican la no identificación de cuerpos (NN) , la fecha de sepulcro y el año.

Santos Rojas, madre nicaraguense, rechazó este tipo de sepulcro que reciben los migrantes en México, al arrojarlos simplemente a una fosa común sin practicarle ningún examen de ADN para tener un registro de datos. Calificó esos lugares como “espacios indignos y aberrantes”, asegurando que lo único que producen es “rabia y descontento con el gobierno de México”.