jueves, 26 de febrero de 2015

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 26 Febrero 2015

-Violentas detenciones en una manifestación por los 43 estudiantes en México (Video)

-Inicia en México la novena Acción Global por Ayotzinapa (Video)

-Profe muerto en Acapulco fue golpeado aún cuando médicos lo atendían: nuevo testimonio
Manuel Salvador Rosas Zúñiga, integrante de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y de la Comisión Única Negociadora, aseguró que el maestro jubilado Claudio Castillo Peña murió en la madrugada de este miércoles a consecuencia de los golpes que recibió por policías federales durante el desalojo violento en el bulevar de Las Naciones en Acapulco, lo que contradice la versión oficial.

Narró que a las 4 de la madrugada, los integrantes de la Ceteg recibieron la información de que el maestro Claudio, quien usaba un bastón porque tenía problemas para desplazarse, murió en el hospital.

“Él estaba arriba de una camioneta, usaba un bastón para caminar, lo golpearon en varias ocasiones. Hay un testigo que dijo que después que el maestro era atendido [por médicos] llegaron otra vez los policías federales, y lo volvieron a golpear”.
Castillo Peña era considerado un símbolo de las marchas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), por lo que su muerte causó coraje entre la base magisterial que lo recuerda como un caballero, un hombre atento y amable que a pesar de su discapacidad era un hombre alegre.

El dirigente de la CETEG, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, lo recordó como un compañero de lucha de antaño, un cimiento para la organización desde antes de su propia fundación y esos le da un valor infinito a su gran legado. Es una “institución para nosotros”, dijo, por eso se había tomado la decisión de velarlo en los servicios educativos, donde llegó poco después de las 10 de la noche del miércoles en una caja color crema con gris. Fue recibido por cientos de maestros en la cancha de las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero, su caja fue colocada en un altar que estaba ya rodeado de canastas de crisantemos blancos, así como coronas enviadas por diversas zonas escolares.

El maestro de 65 años, era jubilado desde hace más de once años y nunca faltaba a una marcha cetegista o que tuviera que ver con defender los derechos laborales de los profesores. Durante los más de cuatro meses que tienen tomadas las oficinas de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en septiembre por la policía de Iguala, el maestro Claudio todos los días permaneció de guardia en el plantón.

Era, dijeron, un “maestro forjador de maestros que ahora con él compartían la lucha por sus derechos laborales”. Una de ellas comentó que fue su maestro en cuarto año en su paso por la primaria Juan N. Álvarez, del Kilómetro 30, y lo recordó como un excelente maestro, que enseñó a declamar y los exámenes se los hacía delante de los padres de familia para que vieran el avance de sus hijos. Un hombre siempre, dijo, con mente de justicia para todos.

Ayer, en la entrada del portón de los servicios educativos, fue colocada una manta con la fotografía del maestro Claudio, en el mismo lugar donde todos los días colocaba su silla para vigilar la entrada y hacer la guardia; saludaba a cada uno de los maestros que llegaba, a muchos por su nombre y con una sonrisa. En la fotografía se ve con su puño izquierdo en lo alto y con otra mano se sostiene con su inseparable bastón.

Hoy, Manuel Salvador Rosas, integrante de la Ceteg, aseguró que tienen testimonios que confirman que policías federales sí golpearon al profesor de 65 años jubilado. Dijo que cuentan con videos y fotografías.

En entrevista con Radio Fórmula, Salvador Rosas denunció que cuatro maestras fueron violadas por elementos de la Policía Federal durante el desalojo del pasado martes en las inmediaciones del Aeropuerto de Acapulco. Dijo que además hay 12 profesores desaparecidos.

“Tenemos a cuatro maestras violadas por la Policía Federal. Ayer las maestras rompieron el silencio, dijeron que en el momento de la represión se las llevaron en una camioneta, se las llevan a lo oscuro y las violaron”, dijo.

Salvador Rosas aseguró que hay una maestra que está delicada de salud y está hospitalizada. ”No vamos a decir quién es, ni dónde está por temor, pero lo vamos a denunciar”.

El profesor dijo que la Ceteg está preparando una denuncia en contra de la Policía Federal por las violaciones a las cuatro maestras y por la muerte del profesor Claudio Castillo Peña.

“Nuestro compañero no se bajó de la camioneta, estuvo a bordo del aparato de sonido que quedó en frente de la Policía Federal. Tenemos vídeos y fotografías de cómo se ve nuestro compañero y el aplastamiento lo hizo la PF, ellos lo bajaron”, aseguró.

La noche de ayer, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, dijo en conferencia de prensa que la muerte de Claudio Castillo Peña fue por un traumatismo profundo de tórax y no craneoencefálico, como los maestros dijeron este día.

El funcionario federal dijo que la muerte del profesor jubilado, miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg), no fue producto del enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Policía Federal.

“Muy posiblemente la defunción fue producto de un evento distinto, sin embargo, he girado las instrucciones correspondientes para profundizar en las instigaciones a efecto de determinar con toda precisión los motivos del fallecimiento de esta persona”, comentó.
De acuerdo con los resultados de la necropsia que se le aplicó por ley, Castillo Peña presentaba lesiones en ambos lados del tórax con fracturas en la mayoría de sus costillas, desgarre pleura y tenía los pulmones perforados. Según Rubido, el parte médico coincidió con la versión del Hospital Naval de Acapulco donde murió el maestro poco antes de las 4 de la madrugada de este miércoles.

Explicó que el profesor fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja al nosocomio e ingresó a las 21:40, inconsciente, con signos vitales débiles y lesiones calificadas como graves. Afirmó que la noche del desalojo los policías estaban armados únicamente con toletes y escudos.

La noche del martes elementos de la Policía Federal desalojaron y se confrontaron a profesores de la Ceteg después de lanzar un exhorto para que liberaran el Boulevard de las Naciones, vialidad que mantuvieron bloqueada durante horas.

Rubido García refirió que uno de los autobuses que trasladaban a los manifestantes fue utilizado para embestir a los efectivos de la Policía Federal.” Dicho autobús una vez que impactó a los elementos de la Policía Federal realizó un segundo movimiento en reversa hacia donde se encontraba un grupo de los manifestantes”, dijo.

Sin embargo, Salvador Rosas negó ayer en el mismo espacio radiofónico que alguno de los maestros que estaban en la protesta hayan conducido el camión. El cetegista dijo después que el movimiento tenía sospechas de que se trataba de un infiltrado.

También el día de ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que las acciones que tomará el Gobierno Federal en Guerrero y en otros casos serán “con la ley en la mano, con las atribuciones que la ley da al Gobierno de la República, a los gobiernos estatales, para asegurar la plena vigencia del Estado de derecho”.

El mandatario también dijo que para cumplir con el objetivo de dar plena vigencia al Estado de derecho en todo el país es fundamental que todos los órdenes de gobierno trabajen de manera conjunta y que “jalemos parejo”.

-“Cártel de Los Pinos” causa más daño que “El Chapo”: AMLO
COATEPEC, Ver.- El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que hay una “organización delincuencial” de corte político que causa mucho daño al país, incluso más que narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán” –hoy preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano–, pues sus niveles de corrupción han sumido a la nación en una severa crisis.

“Es el cártel de Los Pinos, que encabeza (Enrique) Peña Nieto, es el que más daño le causa al país. La otra vez me preguntó la prensa sobre ¿qué opinaba de la detención de El Chapo?, y dije que estaba bien… pero una cosa estoy seguro, los grandes delincuentes que nos presentan en televisión son niños de pecho comparados con los que hoy encabezan la clase política”, fustigó.

En su segundo día de actividades en territorio veracruzano, López Obrador dio un mensaje en el Zócalo de Coatepec, donde fue arropado por campesinos y simpatizantes de los municipios cafetaleros de Xico, Teocelo, Naolinco y alrededores.

En una gélida mañana, el tabasqueño aseguró que el “saqueo” de la actual clase política suma unos 460 mil millones de pesos por ejercicio fiscal, lo que equivale a 10% del presupuesto anual.

Luego puso de ejemplo la infraestructura hospitalaria: “En el DF hicimos dos hospitales, cuando yo era jefe de gobierno, con 800 millones de pesos”, mientras que Peña Nieto se gastó 15 mil millones en los nosocomios de Zumpango e Ixtapaluca, en el Estado de México.

“Un hospital lo hizo el Grupo Higa, y otro un familiar de (Carlos) Salinas de Gortari; el de Zumpango, lo hizo Higa. ¿Ustedes creen que costó 8 mil millones de pesos? ¡Claro que no!, por eso Higa según le vendió la Casa Blanca en 150 millones; claro que no la vendió, la regaló a Peña Nieto. Fue un soborno, un moche, una mordida”, acusó.

En su discurso, Andrés Manuel López dijo que otro ejemplo de corrupción y saqueo del erario es el avión de 7 mil millones de pesos que compró Presidencia “para viajar a Europa”, pues por la magnitud de la aeronave la SCT tendrá que ampliar el hangar presidencial con una partida de mil millones de pesos más.

“Son 7 mil millones del avión, más mil millones para ampliar el hangar presidencial, más mantenimiento, entonces estamos hablando de diez mil millones de un gasto innecesario”, denunció.

También expresó que Peña Nieto no debería tener “arranques autoritarios”, como hizo ayer, al convocar a todos los gobernadores para que juntos reprimieran la inconformidad social.

“Se equivoca Peña, no es el camino, pues sólo la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No van a poder con la represión, con el uso de la fuerza bruta acallar las manifestaciones en favor de la justicia y de la libertad, desde luego estamos a favor de los maestros de Guerrero, de los maestros de Oaxaca y de los maestros de todo el país”, afirmó.

El político tabasqueño indicó que si los docentes protestan es porque defienden sus derechos y porque en Guerrero se cometió una gran injusticia, un hecho de barbarie: desaparecieron a 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Incluso, aseguró que Morena no dejará solos a los padres de los jóvenes normalistas y seguirá exigiendo que haya justicia en Guerrero.

En otro tema, manifestó estar en contra de los gasoductos que se busca construir en Veracruz, porque representan un peligro, y advirtió que Morena dirá “no a las presas para beneficio de empresas extranjeras”.

Antes de concluir su mensaje, López Obrador solicitó en Coatepec un “merecido aplauso” a la memoria del fundador de Proceso, Julio Scherer, y a la excorresponsal del semanario en la entidad, Regina Martínez.

El tabasqueño mencionó a ambos periodistas en un estado donde han sido asesinados 11 reporteros y cuatro se encuentran desaparecidos en lo que va del sexenio del priista Javier Duarte.

De Scherer lamentó su irreparable pérdida, por su contribución al periodismo libre en este país, y de Martínez Pérez expuso que fue una reportera asesinada en Veracruz por decir la verdad y comprometida con las causas sociales. (Con información de Rosalía Vergara)

-Marchas, bloqueos y detenidos durante la jornada de Acción por Ayotzinapa
Bloqueos en aeropuertos, vialidades, comercios y edificios públicos, marchas y algunos detenidos enmarcaron la novena jornada de Acción por Ayotzinapa en varios puntos del país y del mundo al cumplirse cinco meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

En Oaxaca maestros y estudiantes marcharon, realizaron bloqueos y toma de autobuses para exigir justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por la policía el 26 de septiembre del año pasado.

Los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realizaron una marcha de la Fuente de las Ocho Regiones al zócalo de la ciudad en la que también denunciaron la “brutal” represión a integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

A cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los maestros volvieron a salir a las calles a cuestionar al gobierno federal por las desapariciones forzadas y los montajes oficiales para contener la movilización social.

Víctor Manuel Reyes, integrante de la Comisión Política de la Sección 22, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha declarado la guerra a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y como respuesta está la movilización.

Por su parte, la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) realizó otra marcha que salió del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) y concluyó con un mitin frente al Parque el Llano donde atravesaron los autobuses que momentos antes retuvieron.

Leyendas como “Tu voz, mi voz. Tú lucha, mi lucha. Ayotzi vive” y “En México es más peligroso ser estudiante que narcotraficante”, sobresalieron en las lonas que fueron colocadas en autobuses que retuvieron los normalistas para sumarse a la Acción Global y demandar respuestas a su pliego petitorio en el que demandan plazas automáticas, becas y material escolar entre otros puntos.

En ambas acciones también se pronunciaron por la abrogación de las 11 Reformas estructurales promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos.

En Chiapas, maestros de la CNTE, estudiantes normalistas y miembros de organizaciones sociales y campesinas, se movilizaron en las ocho regiones de la entidad, durante la mañana y la tarde de este jueves.

Realizaron bloqueos de carreteras, marchas y tomas de plazas y presidencias municipales, en los municipios de Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Arriaga, Ocosingo, Palenque, Cintalapa, Motozintla y otras ciudades sedes de las ochos regiones magisteriales.

Los maestros dejaron los salones de clases y salieron a las calles y carreteras de Chiapas para protestar también contra la represión policiaca en Guerrero donde falleció un maestro jubilado, decenas más fueron encarcelados por varias horas y otros hospitalizados.

José Luis Escobar Pérez, uno de los oradores del mitin en Tuxtla responsabilizó al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero de la muerte del maestro Claudio Castillo.

En Sonora, en las ciudades de Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón y Hermosillo maestros de la CNTE bloquearon la garita Dennis DeConcini que comunica a Sonora con Arizona.

En solidaridad con la novena acción global por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, los manifestantes realizaron tres mítines informativos y de concientización sobre la carretera internacional México 15.

El primero se registró frente al monumento contra la ignorancia, mejor conocido como el “Mono Bichi”.
Después, tomaron la plaza Miguel Hidalgo para denunciar las arbitrariedades cometidas por el Estado mexicanos contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 de septiembre anterior y la madrugada del 27.

Minutos más tarde, montaron un templete sobre la plaza Internacional, a unos 100 metros de la garita, donde informaron a los presente sobre las inconsistencias en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).

En el destino turístico de Cancún, Quintana Roo, activistas sorprendieron a la Policía Federal (PF) al ingresar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional, el segundo en operaciones del país. Se colocaron frente a la puerta principal de la Terminal 2 y desplegaron una manta en la que se leía: “Ayotzinapa Vive. Nos Faltan 43. Fue el estado”.

José Luis Pech Tzec, vocero de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación, afirmó que la intención era manifestarse de manera pacífica por lo que la PF se limitó a observar. Sin embargo, la jornada terminó con la detención de 13 activistas.

Las detenciones se registraron tras una marcha de unos 80 activistas durante tarde-noche por la el centro de la ciudad. Enfrente del Palacio Municipal se presentó un enfrentamiento con granaderos que resguardaban el inmueble.

“Elementos de la policía municipal detuvieron en flagrancia a 13 personas que con conductas violentas pusieron en riesgo la integridad de trabajadores, turistas, niños y familias que transitaban por la avenida Tulum, ya que tras escudarse en una manifestación atacaron vías de comunicación, golpearon automóviles, causaron daños a bienes muebles e inmuebles, así como agredieron sin motivo a ciudadanos”, informó la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT).

De acuerdo con la SMSPT los detenidos son: Mario Coo, de 40 años; Jorge Castellanos, de 19; Gabriel Kumul, de 19; Ingrid Torres, de 20; Josefina Ramírez, de 58; Jared Rojas, de 19; José Villarroel; Joaquín Camal, de 19 años; Itzel Bravo, de 27; Emmanuel Básullta, de 31; Jonathan León, de 25; Atziri Bravo, de 26, y Cesar Villarroel de 33 años.

En Michoacán, desde la mañana de este jueves normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en Morelia por las represiones contra sus compañeros registradas el martes pasado en Guerrero, así como por los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.

Salvador Almanza Hernández, secretario regional de la CENTE en Morelia, informó que los profesores de esa coordinadora tomaron 83 de los 113 ayuntamientos y dos casetas: la de Santa Casilda, en la autopista siglo 21 que conduce de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas y en Panindícuaro, en la de occidente México-Guadalajara, que fueron liberadas pasadas las 15:00 horas.

Los inconformes también realizaron bloqueos en el complejo comercial de La Huerta y posteriormente marcharon hacia el Centro Histórico de Morelia y se plantaron frente al Congreso del Estado, donde continuaron con sus protestas.

Al final entregaron un pliego petitorio a los diputados, en el que les piden mediar para frenar los abusos en contra de sus colegas guerrerenses.

En Guadalajara, Jalisco, un contingente se concentró en el monumento Los Arcos y marchó por avenida Vallarta hasta el edificio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Organizaciones de estudiantes Universitarios Libres se manifestaron en San Luis Potosí para apoyar la jornada de protestas de la novena Acción por Ayotzinapa, mientras que en Monterrey, Nuevo León habitantes marcharon a la Plaza de Colegio Civil en donde lanzaron 43 globos de cantoya para recordar a los normalistas desaparecidos.

En Mérida, Yucatán, Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, sostuvo que aunque han transcurrido cinco meses no pierden la esperanza de encontrarlos con vida y advirtió que no permitirán la celebración de las elecciones en aquel estado hasta que el gobierno les entregue a los jóvenes.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el normalista Felipe de Jesús Rodríguez Estrada, López Patolzin insistió en que el Ejército tiene a los jóvenes desaparecidos pero no han podido entrar a los cuarteles a buscarlos “porque nos matan”.

Además, confió en que sigan con vida y recordó que todas las versiones que les ha dado el gobierno para convencerlos de que están muertos han sido desmentidas por especialistas y los peritos argentinos.

“Nos piden que hagamos nuestras marchas sin violencia, que nada ganamos, pero qué hizo el gobierno el 26 de septiembre sino violencia y nos desapareció a nuestros hijos”, resaltó.

Y recalcó que “vamos a seguir hasta encontrarlos”.

“Lo que pasa en México es preocupante… ya no quiero más violencia, más desapariciones, más muertes, quiero que el país cambie, por todos, unidad, no a la violencia, que tratemos que el mundo cambie”, expresó.

“Ya no dormimos ni comemos, y ahora reprimieron a los maestros, yo llevaba una lona, pero no llegué porque tenía miedo que me la quitaran; no iba a venir porque mi sobrino estaba desaparecido, pero gracias a Dios ya lo liberaron, ya hasta se hablaba de que estaba muerto”, dijo.

E insistió: “Ya paremos esta violencia, si no nos va a ir peor”.

“No traje a mi esposa, ando solo, si me va a pasar algo, que me pase a mí nomás… ustedes que son estudiantes, que son inteligentes a ver qué se puede hacer para cambiar todo esto”.

No obstante, advirtió: “Que sepa el gobierno de una vez que no vamos a permitir las elecciones en Guerrero”.

También dijo que están pidiendo a la gente apoyo para que “dejemos las urnas si es que va el Ejército”.

“¿Por quién vamos a votar? ¿Por nuestros verdugos?, ¿Por quienes nos van a matar?, ¿Por quienes nos van a matar de hambre?, ¡Ya no vamos a permitir eso!”, afirmó.

López Catarino y Rodríguez Estrada participaron hoy aquí en la Segunda Jornada de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Por la noche, grupos de ciudadanos en Mérida, Campeche y Ciudad del Carmen participaron en manifestaciones apoyo a los padres de los estudiantes desaparecidos para exigir justicia por lo ocurrido en Ayotzinapa.

También se registraron movilizaciones en Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz y Estado de México.

Protestas en el mundo

La novena jornada de Acción por Ayotzinapa también tuvo eco en algunas ciudades del mundo, como Nueva York, donde mexicanos y latinos se congregaron por la tarde en el consulado y alzaron la voz contra el presidente Enrique Peña Nieto y exigieron su renuncia.

Además se registraron protestas en otras ciudades estadunidenses como Texas, Oregon, California, Nevada, Chicago y Washington.

Otro grupo de mexicanos se manifestó frente a la embajada mexicana en Bélgica para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo el embajador Juan José Gómez Camacho y sus colaboradores se encontraban en el Festival Internacional del Cine de Amor de la ciudad de Mons, a 64 kilómetros de distancia.

En Canadá un contingente se reunió en la Plaza Emilie Gamelin, en Montreal, donde se sumaron a la exigencia de justicia y presentación con vida de los normalistas.

También se registraron movilizaciones es Costa Rica, Italia, Grecia, Alemania y España.

-Murillo Karam dejaría la PGR; lo reemplazaría Arely Gómez
La noche de este jueves, en el noticiero de Televisa se anunció extraoficialmente que Arely Gómez González -hermana del vicepresidente del consorcio, Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa- será designada en breve como procuradora General de la República, en sustitución de Jesús Murillo Karam.

A su vez, quien ha encabezado las investigaciones por el caso Ayotzinapa será el nuevo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien será postulado como candidato a diputado federal por la vía plurinominal.

-Marchas en estados por normalistas de Ayotzinapa
En Guerrero, Chiapas y Oaxaca, Puebla y Morelos se realizaron marchas para conmemorar los cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

En Tlapa y Chilpancingo, maestros y estudiantes realizaron protestas para exigir la presentación con vida de los jóvenes y castigo a policías federales por la muerte del maestro jubilado, Claudio Castillo, tras el desalojo en Acapulco.

En la capital guerrerense, los docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

En el mitin, Saturnino García, miembro de la dirección colectiva de la Ceteg en la región de la Montaña, exigió la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto debido a que éste no ha podido dar una respuesta favorable a los padres de familia que perdieron a sus hijos.

"Es necesaria la renuncia de Peña porque él está protegiendo al Ejército mexicano ya que se niega a que se les investigue por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa", refirió.

Y en el caso del profesor jubilado, Claudio Castillo, el líder magisterial aseguró que su compañero fue asesinado a garrotazos por los policías federales y no "aplastado" como dice el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

En Tlapa, alrededor de 500 maestros, estudiantes y policías comunitarios realizaron una marcha que culminó con un mitin en el zócalo de esta localidad.

El profesor Antonio Díaz Leal, quien fue uno de los que fueron desalojados y detenidos por los policías federales en Acapulco, pidió que se guardara un minuto de silencio en honor a Castillo.

Según el maestro, hasta el momento tres profesores que estaban en el desalojo siguen desaparecidos.

"Fue una represión, no fue un enfrentamiento como dice el Gobierno", señaló el maestro durante el mitin.

Juan Tenorio Villegas, dirigente en la región de la Montaña de la Ceteg, hizo un llamado a sus compañeros a estar atentos para emprender más movilizaciones en Tlapa y en la capital del Estado.

En Acapulco, maestros de la Ceteg marcharon en la Costera Miguel Alemán en protesta por la muerte del profesor Castillo y por la desaparición de 43 normalistas.

Al frente del contingente avanzó un hombre vestido con un casco de soldado, con un palo, una hoz y ropa que aparenta figuran esta manchada de sangre.

Los marchistas portaron palos y se encuentran cubiertos del rostro.

"Esto fue un acto cobarde (la muerte de Castillo Peña) por parte del Gobierno federal", dijo el encargado político de la Ceteg región Acapulco, Walter Añorve.

Oaxaca

Estudiantes normalistas bloquearon el crucero de la Fuente de las 8 Regiones, en protesta por la desaparición de sus compañeros de Ayotzinapa.

Los jóvenes partieron del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), donde tienen instalado su plantón.

Los normalistas utilizan los camiones del transporte publico, que por la mañana retuvieron y resguardaron al interior de su campamento.

"Vivimos en un país donde ser pobre es un pecado, ser estudiante un delito. Ayotzinapa aguanta", "Nos quieren callas pero la sangre clama. Ayotzinapa vive", se lee en las mantas que cuelgan en los camiones.

Además, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantes normalistas marchan  de la Fuente de las 8 Regiones rumbo al Zócalo, en donde se ubica el plantón magisterial.

Los normalistas, que previamente habían bloqueado el Crucero de la Fuente de las 8 Regiones, se integraron a la marcha de maestros.

Los profesores de las regiones de Sierra y Mixteca participan en esta movilización convocada por la dirigencia de la sección 22.

Los maestros informan a través de su equipo de sonido, que también protestan por el desalojo de sus compañeros de la CETEG en Acapulco, y contra la reforma educativa.

Chiapas

Un grupo de profesores se apostó sobre la carretera Tapachula-Talismán, vía que comunica con Guatemala, donde realizan un bloqueo intermitente, permitiendo el paso cada media hora.

La fila de vehículos ha comenzado a prolongarse, afectando a automovilistas particulares y al transporte público de pasaje y carga.

Esta vía es la principal ruta de intercambio comercial de diversos productos de México a Centroamérica y viceversa.

Por otro lado, un contingente de maestros marcha de la carretera costera al centro de Tapachula, donde sostendrán un mitin.

En Tuxtla Gutiérrez hay otra movilización rumbo al Palacio de Gobierno del Estado.

En las manifestaciones, los mentores portan pancartas y gritan consignas, principalmente contra el Gobierno federal.

Según lo programado, se prevén movilizaciones en otras regiones del estado como la Sierra, el Norte y los Altos.

Puebla

Estudiantes e integrantes de organizaciones sociales realizan un acto en el Zócalo poblano para unirse al acto global por Ayotzinapa.

Antes de empezar con discursos y la participación de un grupo musical se acercaron policías municipales que les solicitaron permisos para ocupar la plaza.

Sin embargo, las actividades y el montaje de banderas y un tendedero con carteles en contra del Gobierno federal continuaron con normalidad.

"Todas esas personas desaparecidas tienen familia, tienen hermanos tienen parientes y no se ha hecho nada", dijo uno de los participantes.

Dado que en el Zócalo se realizaría también una presentación de la Banda Sinfónica Municipal, los manifestantes acordaron suspender sus discursos por unos momentos para no interrumpir.

Morelos

Para exigir justicia en el caso de la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cerca de 500 personas marcharon en Cuernavaca.

Desde El Calvario hasta el zócalo de la ciudad los manifestantes gritaron consignas para exigir justicia en ese caso y en el del activista Gustavo Salgado Delgado, cuyo cuerpo fue decapitado en el oriente de Morelos.

"Exigimos que continúen las investigaciones y se vaya a fondo en el esclarecimiento de los 43 desaparecidos, que no se dé carpetazo, que no se cierre la investigación como pretende la PGR.

"También el esclarecimiento a fondo del asesinato de Gustavo Salgado Delgado, que lo desaparecieron y lo mataron aquí en Ayala, Morelos, y por el feminicidio que continúa creciente en Morelos y que no se ha aplicado la alerta de violencia de genero y que próximamente el 18 de marzo concluye el plazo legal", dijo José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos AC.

Los manifestantes cuestionaron y criticaron el exceso de violencia registrado durante el desalojo de maestros de la Ceteg en Acapulco, Guerrero, que dejó como saldo un maestro asesinado.

La movilización concluyó en el zócalo de Cuernavaca sin incidentes.

Con información de Jesús Guerrero, Alfonso Juárez, Virgilio Sánchez, Laura Ruiz, Héctor Raúl González y Edgar Hernández.

-Enrique Peña Nieto pierde apoyo de grandes empresarios
El desplegado que apareció en diarios nacionales de México fue inusual: 20 poderosas asociaciones empresariales y centros de análisis públicamente criticó al gobierno por no hacer su trabajo.

En el anuncio pagado, y publicado a una página completa el mes pasado, le exigieron "garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio".

Y concluía con una demanda a las autoridades, incluido el propio presidente Enrique Peña Nieto: "honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución".

Los señalamientos críticos de la comunidad empresarial en el desplegado fueron una muestra de la erosión del respaldo al gobierno de Peña Nieto, quien entra al tercero de sus seis años de gobierno.

Líderes empresariales han tenido un enojo creciente hacia el gobierno tanto por el incremento de los impuestos, sin que eso se tradujera en mejoras de la economía, escándalos que apuntan a posibles favoritismos políticos, y actos ilegales que dañan el comercio y los negocios en general.

La semana pasada, Coca-Cola suspendió sus operaciones en Chilpancingo, la capital del estado sureño de Guerrero, debido a ataques y la retención de algunos de sus empleados. Ahí y en otros estados, empresarios se quejan de que pierden mercancías por secuestros en carreteras.

México ha visto como en algunas zonas manifestantes han tomado el control de casetas de peaje, saqueado oficinas gubernamentales, bloqueado el paso de cargamentos y el cierre de aeropuertos. Además, carteles de las drogas controlan algunas áreas, donde extorsionan a propietarios de negocios, compran autoridades y afectan industrias importantes como la agricultura y el turismo.

Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, reconoció que "no es común" que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.

"Lo que refleja en buena parte es un cansancio, el agotamiento de mucha búsquedas de solución a nivel regional, de muchas promesas a nivel regional y federal de que se van a resolver (las cosas) y no se resuelven", dijo Foncerrada a The Associated Press. El centro que dirige es el principal órgano asesor económico del Consejo Coordinador Empresarial, uno de las mayores organizaciones empresariales de México.

Dijo que el impacto del crimen y la impunidad de actos ilegales se han convertido en algo "absolutamente intolerable". Empresarios han promovido en los últimos días también actuar bajo códigos de ética a raíz de recientes casos de posible corrupción y posibles conflictos de interés.

Los señalamientos han alcanzado a algunas de las personas más cercanas al presidente Peña Nieto, incluida su esposa y su secretario de Hacienda. Investigaciones periodísticas revelaron que ambos compraron inmuebles lujosos, entre ellos una mansión millonaria de la primera dama conocida públicamente como la "Casa Blanca" y que provino de un contratista gubernamental que fue parte de un consorcio ganador de una lucrativa licitación para construir el primer tren rápido del país, aunque luego se canceló el proyecto.

Ambos han sostenido que las adquisiciones fueron legales.

Peña Nieto ha enfrentado en los últimos meses varias críticas, entre ellas por el manejo de su gobierno a la desaparición en septiembre de 43 estudiantes de magisterio, que según las autoridades fueron detenidos ilegalmente por policías y entregados a sicarios del narcotráfico que los habrían matado y quemado. El caso subrayó los nexos entre autoridades locales y organizaciones criminales, además de la incapacidad de la administración federal para calmar el enojo social por el crimen.

"Lo que estás escuchando en conversaciones entre gente de negocios, y no más como murmullos... es que el presidente necesita buscar aportes de un círculo más amplio de personas, agarrarse una brújula y tomar en serio iniciativas sobre el estado de derecho y la seguridad", dijo a la AP Antonio Garza, ex embajador de Estados Unidos en México y actual consejero en la capital mexicana de White & Case, una firma legal estadounidense que representa a bancos y empresas.

Sobre las críticas empresariales, la oficina del presidente Peña Nieto señaló a la AP que el gobierno mantiene "una relación abierta con los empresarios" y que también apoya esfuerzos del Congreso para crear un sistema anticorrupción que incluya más controles, además de que el mandatario anunció recientemente acciones ejecutivas que incluyen ordenar a los servidores públicos a presentar a partir de este año una declaración de posibles conflictos de interés.

Señaló que el gobierno también ha lanzado recientemente operativos de fuerzas federales para impedir el bloqueo de carreteas y aeropuertos, "con pleno respeto al derecho a la manifestación".

Desde principios de la década de 1980, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, el sector empresarial de México ha trabajado de manera más o menos cercana con el gobierno en turno, que salvo doce de los últimos 86 años han sido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto.

El anterior presidente del gigante televisivo Televisa, Emilio Azcárraga, incluso dijo en algún momento que él era "un soldado del PRI", en parte porque el gobierno toleraba su actividad casi monopólica.

Las críticas de la comunidad empresarial suelen ser silenciosas. Empresarios saben que confrontar públicamente al partido en el poder conlleva grandes riesgos, debido a que oficinas gubernamentales tienen mucho poder a través de contratos, permisos y concesiones que a ese sector les interesa.

La iniciativa privada ayudó a que el PRI volviera al poder en 2012 de la mano de Peña Nieto, luego de dos gobiernos del conservador Partido Acción Nacional. Los empresarios elogiaron las reformas económicas que el nuevo presidente promovió y que fueron desde abrir por primera vez en más de siete décadas el sector petrolero y eléctrico al capital privado, romper los monopolios en telecomunicaciones y debilitar el poder del sindicato de maestros.

Pero el descontento comenzó cuando el gobierno de Peña Nieto aprobó una reforma fiscal, entre otras cosas porque no generalizó el impuesto al valor agregado a productos como alimentos y medicinas, como algunos esperaban y sí aumentó los gravámenes a los ingresos, lo cual para el sector privado afecta la inversión.

Además, "no hay transparencia en la manera en que el dinero se gasta", dijo Dwight Dyer, analista de Control Risk, una consultoría internacional.

Y a la par de todo, la economía mexicana no ha tenido un comportamiento brillante.

El producto interno bruto creció 2,1% en 2014 y 1,1% en 2013. Y la economía podría sufrir en 2015 si se mantienen bajos los precios internacionales del petróleo, debido a que una tercera parte del presupuesto público proviene de la exportación de crudo.

El valor del petróleo mexicano de exportación llegó a superar los 100 dólares por barril en 2014 y ahora se cotiza en niveles cercados a los 50 dólares.

El mes pasado, el gobierno anunció un recorte a su presupuesto para 2015, que incluyó la suspensión del proyecto del tren rápido que el presidente Peña Nieto había dicho que uniría la capital del país con la ciudad industrial de Querétaro, al centro de México.

El proceso de licitación del tren generó frustración entre el sector privado porque parecía que había sido diseñado para beneficiar a uno de los licitantes, dijo el diputado federal Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional.

Anaya es uno de los promotores de una iniciativa para crear un sistema nacional anticorrupción que daría poder real para perseguir y sancionar y crearía un órgano independiente del presidente, que hasta ahora es el responsable de nombrar al zar anticorrupción.

"El tema de licitaciones genera una enorme incertidumbre", dijo el legislador. "El sector privado comparte el sentimiento de que México ha tocado fondo en materia de corrupción y que sin este sistema anticorrupción no va a haber inversión".

-Sedesol impugnará prohibición de promocionar 'sus logros'
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) impugnará la resolución del INE que le prohibirá promocionar a servidores públicos en propaganda o información de la dependencia.

Hoy, el Instituto emitió una medida cautelar debido a la difusión de gacetillas en medios de comunicación, las cuales anunciaban los logros de la dependencia y que, según el INE, promovían la imagen de la Secretaria Rosario Robles.

"(Sedesol) impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral mediante el recurso de revisión establecido en el Artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque lo considera improcedente", informó.

El INE ordenó que Sedesol se abstenga de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que de forma explícita o velada impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público en la información y propaganda.

"Se acata la resolución, en razón del compromiso institucional con el respeto a la ley", informó la Secretaría en una nota informativa.

-Federales detienen a policía, presunto asesino de normalista
De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el 25 de febrero de 2015, elementos de la Policía Federal cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Luis Francisco Martínez Díaz, originario de la comunidad de Apipilulco, municipio de Cocula, quien se desempeñaba como policía municipal en Iguala.

De acuerdo con las indagatorias, Luis Francisco Martínez, presuntamente está relacionado con el homicidio de Julio César Mondragón Fontaine, estudiante de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que fue encontrado muerto el 27 de septiembre del año pasado con la cara desollada.

Martínez Díaz también estaría involucrado en el ataque al autobús en que viajaba el equipo de futbol, denominado “Los Avispones”, la noche del 26 de septiembre de 2014, suceso en el que murió un niño, el conductor y la pasajera de un taxi que pasaba cerca.

Un total de seis personas fallecieron la noche del 26 de septiembre, las tres mencionadas y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Julio César Mondragón Fontaine fue hallado al día siguiente en las condiciones señaladas.

Los elementos federales interceptaron a Martínez Díaz sobre la Avenida Periférico en Iguala y al confirmar su identidad, los policías federales le notificaron que existía un mandamiento judicial en su contra, indicándole que sería puesto a disposición de la autoridad requirente. 

El detenido será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 5 en Veracruz.

En seguimiento a las investigaciones sobre los hechos suscitados en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Federales del estado de Tamaulipas, giró una orden de aprehensión en contra de diversos exfuncionarios de ese municipio.

La detención del expolicía se produjo en el mismo municipio de Iguala, donde 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa desaparecieron en los eventos del 26 de septiembre a manos de policías corruptos de la localidad.

Según la versión oficial, los jóvenes fueron entregados por los policías a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero de Cocula, una versión que los padres de las víctimas se resisten a creer.

De hecho, el esclarecimiento de la muerte de Mondragón es uno de los requisitos de los familiares, quienes hoy se manifiestan en la capital mexicana para exigir justicia y marcar los cinco meses de la tragedia.

-“Nuestros sueños no caben en sus fosas”: Padres de normalistas desaparecidos
Contra la indiferencia y el olvido”, decididos a no claudicar en su búsqueda, a cinco meses de distancia, los familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, volvieron a tomar las calles de la capital del país con una convicción clara: “la justicia también se busca”.

Cobijados por estudiantes y trabajadores, parte de la novena acción global por Ayotzinapa que se replica en todo el país y más de 20 ciudades en el mundo, miles de hombres y mujeres marcharon del Ángel de la Independencia al cruce del Paseo de la Reforma con Calzada Chivatito, a unos metros de la casa presidencial, para hacerse escuchar.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritaron una y otra vez, como han gritado desde aquella noche de otoño en que los estudiantes que cimbraron al país fueron atacados por fuerzas del Estado.

Con los pies cansados, movidos por la indignación y la esperanza, los familiares de los normalistas rechazaron la “verdad histórica” que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó para intentar cerrar la investigación, el pasado 27 de enero.

“Sabemos que fue el Estado. Ellos los tienen o saben dónde están. Las mentiras sólo han ratificado su culpabilidad. Engañarnos es cometer el crimen dos veces”, se escuchó, al iniciar la marcha, desde un par de bocinas colocadas en el toldo de una vieja camioneta verde que los transporta desde Iguala.

“Cuánto tiempo los medios de comunicación ocultaron la participación de la Policía Federal y del Ejército. No vamos a descansar. A ver hasta dónde llegan con su mentira”, repetirían en el trayecto los indignados.

A las voces se sumaron centenares de consignas escritas en mantas, en pancartas, en la piel, en las calles…

Reclamaban la barbarie, el encubrimiento, la impunidad, la complicidad con el narcotráfico, la corrupción de los políticos de todos los partidos políticos, las casas…

Protestaron también por el asesinato del maestro jubilado Claudio Castillo Peña, a manos de la Policía Federal, durante la represión al magisterio disidente en Acapulco, hace dos noches.

“Ya basta con los asesinatos por parte del Estado. ¡Cuántos más!”; “Pedimos justicia y presentación con vida y castigo a los culpables materiales e intelectuales”; “Cada cuatro horas en México desaparece una persona joven. ¿Hasta cuándo?”; “Las desapariciones y las ejecuciones son una pesadilla hecha realidad por el narcotráfico, sí, pero también por el gobierno”; “Justicia del pueblo es la solución. Qué sean ellos los que tengan miedo”; “Quiero ser contado entre los que hicieron la diferencia, no en el número de apáticos e indiferentes que complacieron la tiranía y se doblegaron ante la injusticia”; “Nuestros sueños no caben en sus fosas”, fueron los ecos que se extendieron por más de dos horas, hasta caer el sol.

“¡No habrá elecciones!”

Amontonados en la esquina de la calle Chivatito y Paseo de la Reforma, centenares de personas escucharon a las madres y los padres de los normalistas repetir “No nos rendiremos” desde un templete, agarrando entre sus manos las mantas con las fotos y nombres de sus hijos desaparecidos.

A más de cien metros detrás de ellos se adivina el acceso a la inaccesible casa presidencial de Los Pinos, resguardada por vallas metálicas y un muro de granaderos.

Agradecidos ante la presencia de las organizaciones sociales y estudiantiles, muchos de los familiares llamaron a que no se realicen las elecciones del próximo 7 de junio.

“Las marchas no nos van a ayudar, ahora debemos organizarnos colonia por colonia, barrio por barrio, municipio por municipio para que no haya elecciones”, exhortó un padre para añadir: “¡Que chinguen a su madre los políticos!”, arenga que desató los aplausos de los manifestantes.

“Ningún partido es la solución al problema”, añadió otro orador, al advertir que “si no hay casillas, no hay dónde votar”.

Dirigiéndose al presidente, María de Jesús Concepción dijo: “Muchísimos ciudadanos tienen el ojo puesto sobre ti, Enrique Peña Nieto, ven lo que dices, mentiras tras mentiras”, e insistió en que “lo único que te sigo exigiendo es nuestros hijos”.

Uno tras otro, los familiares afirmaron su repudio a la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el supuesto asesinato y la posterior cremación de sus hijos en el basurero de Cocula.

La madre de César Manuel afirmó: “Nuestros hijos no están muertos, no hay nada de ellos en las cenizas como dice el procurador” Jesús Murillo Karam, mientras que un padre señaló que “en las fosas se encontraron restos humanos, pero no de normalistas; el procurador decía que los militares no tenían nada que ver, y ayer salieron las fotos”, refiriéndose a las gráficas tomadas por militares en la clínica Cristina de Iguala la noche del 26 de septiembre.

“Son los hijos del mundo entero ahora”, exhortó Doña Carmelita, vestida con una chamarra de deporte negra y una gorra de color rosado, al añadir: “Tienen mucho valor para muchos, pero no de dinero”.

Muchos de los familiares de desaparecidos denunciaron la “brutalidad policiaca” durante el desalojo de la Autopista del Sol, en Acapulco, el martes anterior.

“He visto y constatado la represión, a dos alumnos les dispararon con balas de goma, uno está por perder la vista. A mí me tocaron ocho puntos en la mano al protegerme de un proyectil”, lamentó Mario, el padre del desaparecido Manuel.

Al terminar el mitin, el vocero de los padres pidió un aplauso para el “compañero Claudio”, –el maestro jubilado muerto en el desalojo y “ejemplo de muchas generaciones”–, y encabezó el himno revolucionario, “Venceremos”.

Para ese momento el Paseo de la Reforma estaba ya prácticamente vacío.

-Anuncian misión internacional para documentar conflicto por mina de oro
COLIMA, Col.- La organización canadiense MiningWatch anunció una misión internacional de observación de derechos humanos en la comunidad indígena de Zacualpan, donde los intentos por imponer desde hace más de un año una mina de oro ha generado un conflicto que tensó el ambiente y podría generar el desbordamiento de la violencia.

En un comunicado, Jennifer Moore, directora de la organización para América Latina, informó que el propósito de la visita es documentar de forma directa “la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables”.

En la misión de observación, que se realizará del 1 al 4 de marzo, participarán representantes de 13 organizaciones internacionales y nacionales, entre ellas MiningWatch, Greenpeace, Fund for Global Human Rights, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Environmental Defender Law Center (EDLC), Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua) América Latina, Peace Action (Acción por la Paz) y la Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Estados Unidos.

Entre las agrupaciones mexicanas que formarán parte de la misión se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), con sede en 13 estados de la República mexicana; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, y la Red de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”.

También, participarán a título individual cuatro personalidades invitadas: el antropólogo Gilberto López y Rivas, el investigador Gian Carlo Delgado, la cineasta Dana Rotberg Goldsmith y la periodista Rosa Rojas García.

En el estado de Colima, la misión de observación se entrevistará con representantes de distintas instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, y “a partir de ello saber de primera mano cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma que ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo”, expuso Jennifer Moore.

La sociedad de México y el mundo, añadió, durante todo 2014 y lo que va de 2015 ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en Zacualpan, debido a “la imposición y apoyo irrestricto, por parte de los gobiernos federal y estatal, a una concesión minera a nombre del señor Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer SA de C V pueda extraer oro de las tierras comunales” de esa comunidad.

Desde entonces, dijo la representante de MiningWatch, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso.

El propósito de las movilizaciones de la comunidad de Zacualpan, abundó, ha sido para aclarar las “recurrentes negativas” a sus demandas, y han exigido respeto a sus derechos, que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como que se reconozca que los gobiernos federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado.

De acuerdo con Jennifer Moore, el respeto a los derechos establecidos en la Constitución Mexicana y en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ayudaría a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.

“La información que tenemos indica que quienes promueven el proyecto minero han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera”.

MiningWatch también alertó sobre “la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana AC por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental”.

-Líder del PRD se suma a Peña: “hay que superar Ayotzinapa” dice en Colima
COLIMA, Col.- El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, condenó que las acciones de protesta en Guerrero estén escalando a “niveles violentos muy lamentables” que ponen en riesgo la vida de guerrerenses por lo que –dijo—“es momento de hacer un llamado a que se actúe con responsabilidad”.

En declaraciones realizadas durante su visita a Colima para acompañar a Martha Zepeda en su ratificación como candidata perredista a la gubernatura, Navarrete consideró que en Guerrero “deben evitarse los choques violentos por parte de los manifestantes y de la autoridad”, pues a su juicio cuando se radicalizan las acciones, se rebasan límites que con frecuencia terminan en actos violentos donde hay riesgo de una tensión creciente en el estado.

—¿La culpa es de los manifestantes? —increpó una reportera.

—No hablo de la culpa, no es un problema de culpa, es un problema de responsabilidad.

—¿Usted considera que la autoridad actuó de manera correcta?— le insistieron.

—La autoridad ha venido conteniendo y ha sido prudente. Hay decenas de edificios quemados, hay decenas de vehículos incendiados, hay muchos daños realizados por pequeños núcleos violentos que se introducen en los actos de protesta. Pequeños núcleos de activistas radicalizados y violentos incendian, agreden y enfrentan a la policía.

“En Acapulco lanzaron un camión contra las fuerzas públicas, pudo haber ocurrido una masacre y no puede ser que después de eso digan ‘oigan, la autoridad respondió y es la responsable de lo ocurrido’. Ahí hay dos partes: quien agrede y quien actúa como autoridad. En el choque todos pierden, Guerrero pierde, la población pierde, los manifestantes pierden y el gobierno pierde.

—¿De dónde cree que vienen los grupos violentos? —se le preguntó.

—Parece que son grupos de activistas radicalizados en Guerrero.

—¿No hay infiltrados del gobierno?

—Es una posibilidad, pero como están embozados, no se sabe de dónde vienen. Lo que queda claro es que se trata de pequeñas minorías entrenadas para la provocación y para las acciones violentas. ¿De dónde vienen? No lo sé, espero que la autoridad lo sepa.

Hay que “superar” Iguala

Sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace cinco meses en Iguala, Carlos Navarrete expresó:

“Todos lamentamos lo ocurrido en Guerrero hace unos meses, todos exigimos que culmine la investigación y se finquen responsabilidades. Todos queremos que eso no vuelva a ocurrir. Todos queremos que eso no sirva de pretexto para desatar actos de violencia que en poco tiempo nos lleven a lamentar la pérdida de vidas de otras personas”.

El caso Iguala, añadió, no se podrá olvidar nunca, pues “es un capítulo en la historia de México, muy lamentable y muy triste”, sin embargo emuló al presidente Enrique Peña Nieto al declarar que “se tiene que superar (el caso Iguala) en Guerrero y en el país”.

—¿A qué se refiere cuando dice que se tiene que superar?

—Tiene que estabilizarse Guerrero, tiene que recuperarse la paz en Guerrero, la convivencia en Guerrero, tiene que hacerse justicia en Guerrero, tienen que fincarse responsabilidades en Guerrero.

—¿Aunque le toque al exgobernador?

—A cualquiera que le toque, a quien corresponda, por eso debe ser una investigación profunda. Tiene que hacerse todo eso, pero parte de ello es no escalar acciones violentas, porque la violencia, ni en Guerrero ni en ninguna parte del país puede ser solución para legítimas demandas.

—¿Le preocupa al PRD perder votos en la próxima elección por el caso de Guerrero?

—No es que no nos preocupe, es que nosotros estamos informando a la población de lo que ocurrió y hoy tenemos una propuesta de campaña que está recuperando nuestro voto histórico en todo el país.

En relación con el conflicto que se vive en el Instituto Nacional Electoral (INE), Navarrete hizo un llamado “al PRI y a sus aliados” a que “ya no insistan en querer controlar el INE para ponerlo a su servicio”.

Expuso que por la manera como se viene conduciendo el organismo, en estos momentos no garantiza piso parejo en el actual proceso electoral, pero el PRD no puede pedir la renuncia de los consejeros, porque esa decisión solo compete a la Cámara de Diputados.

“Nosotros somos parte del INE, tenemos inconformidades como las cosas que están ocurriendo ahí, pero tenemos la exigencia de que se corrijan las prácticas negativas, pero nosotros vamos a seguir fortaleciendo el órgano que hace las elecciones, somos parte de él y tenemos representantes ahí”, dijo.

Carlos Navarrete se pronunció porque el INE corrija pronto y atienda los reclamos de los partidos que están exigiendo un organismo imparcial, pues un grupo de consejeros ha decidido proteger a un partido en particular en detrimento de los demás.

“Es como si un árbitro en la cancha de futbol en lugar de arbitrar el juego se pusiera del lado de uno de los equipos y se convirtiera en el jugador número 12 de uno de ellos, eso es inaceptable y eso es lo que está pasando ahorita en el INE y hay que corregirlo“, sentenció Navarrete.

-En cuatro años, más de 281 mil desplazados por la violencia en México
De 2011 a la fecha, el desplazamiento interno forzoso de personas por motivos de violencia alcanzó las 281 mil 418 personas, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

Por ello, la organización civil exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer el problema y atender a quienes se han visto obligados a huir de sus lugares de origen.

De acuerdo con la CMDPDH, la crisis humanitaria del desplazamiento forzoso se ubica en 14 de 32 estados de la República. La lista la encabezan Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

La Comisión contabilizó el fenómeno a partir de “la sistematización y análisis de estudios e informes desarrollados por académicos e instituciones dedicadas a la investigación”, así como un seguimiento hemerográfico del desplazamiento interno.

Tras reconocer que los datos analizados son sólo una aproximación, pues lo recurrente es que “núcleos familiares pequeños abandonen su comunidad de origen” –comúnmente no se registran–, la organización civil resaltó que de las más de 280 mil personas que han registrado “un tercio corresponde a 141 casos de desplazamientos masivos”.

Al explicar que el desplazamiento masivo se define como “el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común”, apuntó que en esos 141 casos se han desplazado 89 mil 859 personas. De ese total, 21% son originarias de Guerrero, 14% de Oaxaca y el mismo porcentaje de Michoacán, 12% de Sinaloa y 10% de Chiapas.

Otras entidades en las que se ha identificado la expulsión de familias por la violencia son Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Estado de México, Durango y, de forma limitada, en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.

En los últimos tres estados “no se cuenta con información periodística disponible”, destacó la CMDPDH.

La organización resaltó que entre 2014 y febrero de este año, 9 mil 86 personas se movieron de sus lugares de origen en 23 casos de movimientos masivos.

De acuerdo con la sistematización de la información hecha por la organización y su trabajo de campo, “las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia”.

La CMDPDH apuntó que a partir de su trabajo de representación de víctimas de abusos en varios estados “ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población, como por ejemplo no investigan efectivamente los delitos que se comente en contra de la población que es forzada a desplazarse”.

Ante ese contexto, la organización hizo un “urgente llamado al Ejecutivo Federal a reconocer que en México el desplazamiento interno forzado es un fenómeno que requiere de una cuantificación objetiva para dimensionarlo”.

La precisión en las cifras, apuntó la CMDPDH, permitiría aplicar “medidas efectivas para proteger a las personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de origen por motivo de la violencia generalizada o por violaciones a derechos humanos”.

Por ello, la organización civil recomendó al presidente Enrique Peña Nieto invitar al relator sobre desplazamientos forzosos de la ONU para visitar el país, en congruencia con “su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en México”.

La visita del relator a la brevedad, permitiría “auxiliar a las autoridades mexicanas en la compresión y atención del problema”, consideró la CMDPDH.

Para la organización, en la atención de este problema también debe intervenir el Congreso de la Unión para que “legisle en la materia y tipifique al desplazamiento interno forzado como delito federal”

-Protestan en Bélgica por desaparecidos de Ayotzinapa
BRUSELAS.- Al cumplirse cinco meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un grupo de mexicanos y latinoamericanos protestó frente a la embajada de México para exigir justicia y su aparición con vida.

Sin embargo, el embajador Juan José Gómez Camacho y sus colaboradores se encontraban en el Festival Internacional del Cine de Amor de la ciudad de Mons, a 64 kilómetros de distancia.

Entre las 15:00 y las 17:00 horas locales, cayendo una fría llovizna, los activistas corearon consignas y mostraron pancartas a los automovilistas en las que se leía “Todos somos Ayotzinapa” o “Es el Estado mexicano el único responsable”, en español y francés. Otra, en inglés, decía: “El asesinato de estudiantes de Ayotzinapa es un crimen de Estado: ¿Qué futuro puede tener un país donde el Estado asesina a sus estudiantes?”.

De vez en cuando vehículos tocaban el claxon en muestra de solidaridad, y un automovilista incluso sacó su puño cerrado por la ventana para brindarles ánimo.

Casi al término de la concentración, los periodistas mexicanos intentaron contactar a la jefa de la oficina de prensa de la embajada, Mireya Magaña Gálvez, primero vía su teléfono celular y luego al conmutador de la embajada, pero en ninguno hubo respuesta.

El coordinador de la policía belga, que por ley reguardaba la seguridad durante la manifestación, entró a la embajada para buscar a Magaña, pero ahí le dijeron que nadie podía atender a la prensa porque ella y el embajador estaban en Mons, donde tiene lugar un festival de películas inspiradas en el amor.

La exhibición de dos películas de coproducción mexicana estaba programada para este día en dicho festival: Guten tag Ramon, del cineasta Jorge Ramírez Suárez, y Palma Real Motel, de Aarón Fernández, ambas a las 20:30 horas de Bélgica.

Una vez finalizados los filmes seguiría una “noche caliente” mexicana con “platillos picosos típicos” del país, y amenizada por el guitarrista Paco Rentería y sus músicos. El conjunto musical, festeja la página de Internet del festival de Mons, “ofrecerá la ocasión al público de contonearse en la pista de baile”.

-Toma la CNTE 82 alcaldías y dos casetas en Michoacán
MORELIA, Mich.-Normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
tomaron esta mañana 83 de los 113 ayuntamientos de Michoacán en protesta por la represión a compañeros de Guerrero del pasado martes que arrojó un saldo de 1 muerto y decenas de heridos y detenidos.

Salvador Almanza Hernández, secretario regional de la CENTE en Morelia informó también que se tomaron dos casetas, la de Santa Casilda, en la autopista siglo 21 que conduce de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas y la ubicada en Panindícuaro que comunica a México con Guadalajara.

De acuerdo con el dirigente, el bloqueo en estas vías de comunicación concluirá a las 15 horas de este jueves.

Al mediodía, un contingente de maestros realizó bloqueos en el complejo comercial de La Huerta y posteriormente marchó hacia el Centro Histórico de esta ciudad y se plantó frente al Congreso del Estado, donde entregaron un pliego petitorio a los legisladores y se retiraron.

-Secretaría de Educación mexiquense indaga colegio donde murió un menor
Toluca, Méx. La Secretaría de Educación del estado de México inició este jueves una revisión exhaustiva a las instalaciones del Instituto Cultural Paideia, donde el lunes pasado un niño de seis años perdió la vida por un presunto accidente durante la clase de educación física.

El titular de la dependencia, Raymundo Martínez Carbajal, informó que la revisión del colegio forma parte del procedimiento que realiza la Secretaría para responder el requerimiento que hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien ya indaga si se violaron o no los derechos fundamentales en este caso.

Martínez Carbajal aclaró que por tratarse de un deceso, será la Procuraduría de Justicia la que determine las causas y de ahí se tomarán decisiones sobre la escuela. Anticipó que difícilmente se podría cancelar el reconocimiento oficial a este colegio, pues todo apunta a que se trató de un accidente.

Personal de la dependencia acudió temprano al centro escolar ubicado en la delegación Cacalomacán, al sur de la ciudad, para iniciar la inspección y verificar que todo se encuentre en regla. En la visita, los supervisores tendrán que detallar el estado de las instalaciones e instrumentos ubicados en el plantel, y las características para determinar si no representen algún peligro para los menores.

Se estima que la revisión a la escuela concluya a más tardar el lunes. Después, se realizará un informe detallado para enviarlo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Martínez Carbajal manifestó que la administración de Eruviel Ávila ha hecho contacto con los padres del menor y se les ha ofrecido apoyo ante lo delicado del asunto.

Raymundo Martínez participó este jueves en su último evento público como secretario de Educación, pues a partir de mañana se hace efectiva su renuncia al cargo para poder contender por un puesto de elección popular. Todo indica que se inscribirá como precandidato a la diputación local por el distrito 2 de Toluca.

-SSP no acepta recomendación de CEDH por despido de policías en Michoacán
Morelia, Mich. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado no aceptó la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por el despido injustificado de policías hace aproximadamente un año, ya que se violentó “el principio de legalidad”, informó el organismo no gubernamental.

Fueron cuatro las quejas presentadas y que aglutinaron a 151 personas, quienes acudieron a este organismo, luego de que fueron separados del cargo bajo el argumento de que no aprobaron los exámenes de control y confianza.

Cabe señalar que a unas semanas de haber arribado a Michoacán el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, a partir de marzo, fueron despedidos más de 600 policías ministeriales, estatales y municipales.

Por estos hechos, la CEDH emitió la recomendación 075/2014 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública en la que pide se abstenga de dictar resoluciones administrativas que no le competen y que atentan contra el derecho de los trabajadores.

Recomendó a que la evaluación de los elementos adscritos a cualquier corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la autoridad deberá tomar en consideración el examen de control de confianza y su resultado más reciente.

También solicitó que de manera individual y diferenciada, se lleve a cabo la indemnización constitucional y el pago de las prestaciones o cualquier otro concepto que los servidores públicos dejaron de percibir por la prestación de sus servicios, tomando en consideración en todo momento el principio constitucional por persona.

Además de poner en marcha un programa de ocupación laboral o productiva sobre la reparación del daño. Y que el personal de esa dependencia se abstuviera de intimidar, amenazar, realizar juicios de valor, declaraciones, comentarios o comunicados a través de los medios de comunicación, en los que se afirme o insinúe la criminalización y se viole la dignidad de cualquier miembro que no haya aprobado las evaluaciones de control y confianza.

Además de convocar con carácter de urgente a sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para proponer las enmiendas para mejorar la transparencia del proceso de evaluación de control de confianza. La SSP no aceptó la recomendación al considerar que el organismo se excedió en el ámbito de sus atribuciones, por lo que en apego al artículo 86 de la Ley y al 103 del reglamento de la CEDH se procede a su publicación.

-Edomex: flamazo en talleres de pirotecnia deja a dos con quemaduras
Naucalpan, Mex. Dos trabajadores resultaron con quemaduras al suscitarse un flamazo en el paraje de La Saucera, donde existen talleres de elaboración de juegos pirotécnicos, informó protección civil municipal.

A dos días de la Feria anual de la Pirotecnia de Tultepec, en su 27 edición, este jueves ocurrió la segunda explosión de artificios que provocó la movilización de cuerpos de seguridad que auxiliaron a los dos trabajadores, quienes fueron trasladados al Hospital de Alta Especialidad, ubicado en el municipio de Zumpango.

Personal de protección civil municipal informó que el flamazo ocurrió cuando los trabajadores hacían el tendido de mecha de cohetes, resultando lesionados los maquiladores de 34 y 51 años de edad.

Apenas la noche del martes de esta semana hubo una explosión en el predio La Saucera, donde estalló un tambo que contenía pólvora sin que resultaran personas lesionadas.

En La Saucera, zona regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debido a los festejos del 28 de febrero entrante, se ha incrementado la manufactura de artificios en el lugar.

-Sistema Nacional Anticorrupción, "una victoria más" del PAN: Madero
El presidente Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, sostuvo que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción "es una victoria cultural más de Acción Nacional".

En un comunicado confió en que sea aprobada en este periodo de sesiones en el Senado de la República y en la mayoría de los Congresos de los estados.

Aseveró que representa un antes y un después en la manera de combatir la corrupción, sancionarla, y dirimirla con órganos autónomos sin conflicto de intereses para acabar "con la impunidad que todavía existe en México de manera rampante"

Reconoció el trabajo de los legisladores panistas por el trabajo realizado para sacar adelante esta reforma. “Por lo menos 17 Congresos de los estados deberán aprobarla, y después de esto habrá que hacer una ley reglamentaria y más adelante empezar su implementación”, detalló.

Sostuvo que gracias al PAN "México cuenta con reformas muy poderosas y profundas que ya están sembradas en la Constitución para conformar un país próspero, justo, democrático y plural".

Añadió que el "PAN quiere seguir siendo una fuerza política cada vez más potente para impulsar estas ideas y darle a los mexicanos un mejor futuro”.

-Ifai acusa de presunta negligencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incurrió en un probable acto de negligencia en la atención de una solicitud de información, al pretender engañar al particular que la solicitó y al mismo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai).

De acuerdo al recurso de revisión RDA 0119/15, un particular solicitó a la cancillería mexicana todos los oficios y comunicaciones que esta dependencia sostuvo con el gobierno de Morelos, con motivo del viaje del gobernador de la entidad, Graco Ramírez, a Francia, en noviembre pasado. La respuesta fue una declaratoria de inexistencia de dicha información. Luego de esta primera respuesta, el particular interpuso su inconformidad, y aportó como prueba una copia fotostática de un oficio enviado por la SRE al gobierno de Morelos con motivo de ese viaje.

En sus alegatos posteriores, ya ante el Ifai, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que tras una “búsqueda exhaustiva se encontró únicamente un documento”, que coincide con el presentado por el solicitante. En este sentido, el comisionado ponente Joel Salas Suárez explicó que la cancillería “proporcionó” exactamente el mismo documento que el particular había entregado como ejemplo. Incluso, la cancillería se atrevió a considerar que con esta entrega se atendía la solicitud del particular y pidió que fuera sobreseído el recurso de revisión, toda vez que “acreditó de manera fehaciente e indubitable que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley”. En el análisis del caso, la resolución del Ifai se señala que la cancillería cometió diversos agravios a la ley y al derecho de acceso a la información. El primero de estos fue que la inexistencia declarada carece de validez jurídica, porque el acta emitida no lleva las firmas de todos los miembros del Comité de Información del sujeto obligado. Pero además, proporcionó exactamente el mismo documento que el particular entregó como ejemplo. “Por ese motivo, se considera que el sujeto obligado intentó engañar, incluso, a este Instituto y peor aún, al solicitante, modificando su respuesta con dicho documento y así dejar sin materia el recurso de revisión que nos ocupa”.

El comisionado ponente Joel Salas dijo que este caso muestra la relevancia de que se apruebe a la brevedad la Ley General de Transparencia que se discute en el Senado, pues ésta debe consolidar la independencia y autonomía del Ifai brindándole capacidad de sanción. Las leyes vigentes señalan a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como el actor facultado para hacer cumplir las resoluciones del Ifai que sean desacatadas. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado incentivar el cumplimiento de las resoluciones a través de la sanciones de la SFP y, simultáneamente, se cuestiona la autonomía del nuevo Ifai.

-Mexicanos deportados en California podrán volver a EU
Los Angeles. Inmigrantes que firmaron órdenes de deportación supuestamente de manera voluntaria y fueron enviados a México podrán reingresar a Estados Unidos y presentar sus casos ante la corte, de acuerdo con una orden emitida el jueves por un juez.

Los beneficiarios serían mexicanos en el sur de California que renunciaron a su derecho de una audiencia cuando fueron expulsados, un procedimiento conocido como regreso voluntario. Firmaron sus deportaciones y fueron expulsados del país entre el 1 de junio del 2009 y el 28 de agosto del 2014, de acuerdo con la orden del juez federal John A. Kronstadt.

Filiales de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandaron al Departamento de Seguridad Nacional en 2013, bajo el argumento de que las autoridades utilizaron estrategias engañosas.

La aprobación judicial da carácter colectivo a la demanda presentada a nombre de nueve inmigrantes deportados. En agosto de 2014 el juez aprobó un acuerdo extrajudicial entre las partes, pero este fallo sólo cubrió a los demandantes iniciales; hasta la orden del jueves no había quedado claro quién más podría acogerse al beneficio. Ahora la determinación judicial permitirá que cientos o quizás miles de inmigrantes expulsados puedan regresar a Estados Unidos y presentarse ante un juez de inmigración.

"Esto es histórico", dijo Gabriela Rivera, abogada de la Fundación de la ACLU del Sur de California, una de las entidades que representó a los inmigrantes en la demanda.

Según la querella, los inmigrantes deportados no tenían antecedentes penales "significativos" y sus familiares podrían haberles ayudado a evitar ser retirados del país, si es que agentes de la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no les hubieran informado engañosamente sobre lo que les pasaría después de renunciar a su derecho de ver a un juez.

"A la gente se le decía que quedaría detenida por meses si es que no firmaban su deportación voluntaria y que al final un juez de inmigración de todos modos rechazaría sus peticiones", agregó la abogada. "Aun cuando una persona estaba informada, no estaba en posición de decir no".

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza y el ICE han dicho que sus agentes usan las deportaciones voluntarias como una opción para quienes quieren regresar a sus países de origen, en vez de un proceso formal de deportación, pero que no toleran "la coerción o el engaño de ninguna manera".

El carácter colectivo no podrá ampliarse para cubrir a inmigrantes deportados en otras partes del país, agregó Rivera.

El Departamento de Seguridad Nacional no contestó inmediatamente a un mensaje que le envió la AP en busca de comentarios al respecto.

Los solicitantes que quieran acogerse a este beneficio tienen que estar viviendo en México al momento de pedir su reingreso a Estados Unidos, y también tienen que haber tenido razones de fuerza mayor que justificaran el vivir legalmente en su país adoptivo al momento de haber firmado su deportación.

Sólo la ACLU y organizaciones aprobadas por esta entidad podrán presentar peticiones a las autoridades de inmigración y lo harán de manera gratuita.

"No se dejen engañar por notarios", advirtió la abogada.

-Cancilleres de México y Costa Rica acuerdan fortalecer integración
Este jueves concluyó en la cancillería mexicana la Segunda reunión del Consejo de Asociación México-Costa Rica, copresidida por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, y su homólogo costarricense, Manuel González Sanz.

Durante la reunión, los cancilleres recibieron los informes de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre México y las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, celebrada en octubre pasado.

En los ámbitos regional y multilateral, destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el proceso de integración latinoamericana y del Caribe. Acordaron fortalecer los trabajos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), así como de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Costa Rica expresó su apoyo a los trabajos que ha hecho México durante su presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, con los que se ha priorizado la inclusión de nuevos temas; y el ingreso de nuevos estados miembro.

-Piden licencia, 24 diputados 'chapulines' del PRI
Poco más de 10 por ciento de la bancada del PRI solicitó este jueves licencia, incluido el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, quien sustituirá a José Ignacio Peralta Sánchez en la subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, quien fue designado candidato de ese partido al gobierno de Colima.

Al cierre de la sesión de este jueves, 13 diputadas y 11 diputados informaron que se retiran del cargo para buscar otras posiciones, dentro del proceso electoral que se realizará el 7 de junio. En total el grupo parlamentario priísta consta de 214 legisladores, y las ausencias registradas a partir de hoy en esa bancada son principalmente del estado de México.

-Nueva autopsia revela que mexicano murió por balazos de policías de EU
Spokane. Una autopsia independiente practicada a un mexicano que no portaba armas y murió a manos de la policía en el estado de Washington mostró que la víctima recibió siete tiros, dos de ellos por la espalda, lo que contradice las declaraciones previas de autoridades, informó el jueves un abogado de la familia.

La autopsia independiente halló que Antonio Zambrano Montes, de 35 años, recibió siete disparos y al menos dos de las heridas entraron por la parte trasera de su cuerpo, dijo el abogado Charles Herrmann, quien representa a la esposa de Zambrano, de quien estaba separado, y sus dos hijas.

"Nuestro informe difiere profundamente de las declaraciones que han hecho las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley", señaló Herrmann en un comunicado.

Los comentarios se hicieron un día después de que un vocero de la unidad especial que investiga el tiroteo ocurrido el 10 de febrero en Pasco dijera que seis o siete balas impactaron en Zambrano, pero que ninguna entró por la espalda.

La muerte del inmigrante de origen mexicano ha originado que se exija una investigación federal, junto con una serie de manifestaciones en Pasco, un centro agrícola de 68 mil habitantes situado a unos 200 kilómetros (130 millas) al suroeste de Spokane.

Herrmann pidió a un patólogo de Seattle, el médico Carl Wigren, que hiciera la autopsia, que se llevó a cabo el 20 de febrero. Herrmann dio a conocer una parte del informe el jueves.

"El informe indica que un total de siete balas dieron en Zambrano", dijo Herrmann. También se encontraron heridas de proyectil en la parte trasera del brazo derecho de la víctima y en un glúteo, dijo.

La autopsia independiente halló que el trabajador agrícola recibió un tiro en el estómago, la cara, el brazo, el pecho y el escroto, de acuerdo con un diagrama que entregó Herrmann.

El miércoles en conferencia de prensa el sargento de la policía de Kennewick, Ken Lattin, insistió en que la autopsia oficial muestra que Zambrano Montes no recibió disparos por la espalda. Eso indica que no estaba corriendo para alejarse de los policías.

El forense del condado Franklin, Sig Menchel, realizó la autopsia oficial días después del tiroteo.

Lattin es vocero de la fuerza de tarea policial de la región que analiza el tiroteo. El jueves pidió que las preguntas se formularan al fiscal Shawn Sant, de Pasco. Sant no respondió de inmediato una llamada de The Associated Press.

El informe forense definitivo no está finalizado pero podría estarlo en un plazo de un mes, dijo Lattin el miércoles.

Añadió que los resultados preliminares de la autopsia mostraban que tres policías dispararon 17 tiros. La policía no ha dicho cuántos disparó cada oficial, o si las balas de los tres acertaron a Zambrano.

La tarde del 10 de febrero Zambrano lanzaba piedras a los autos que pasaban y los policías acudieron al llamado de los afectados. Videos tomados por testigos mostraron que Zambrano corrió para alejarse de los policías y cuando se acercaban se detuvo y se puso de frente a ellos. Luego se escuchan varios disparos y él cae al suelo mientras siguen sonando disparos.

-Ifai acusa de presunta negligencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incurrió en un probable acto de negligencia en la atención de una solicitud de información, al pretender engañar al particular que la solicitó y al mismo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai).

De acuerdo al recurso de revisión RDA 0119/15, un particular solicitó a la cancillería mexicana todos los oficios y comunicaciones que esta dependencia sostuvo con el gobierno de Morelos, con motivo del viaje del gobernador de la entidad, Graco Ramírez, a Francia, en noviembre pasado. La respuesta fue una declaratoria de inexistencia de dicha información. Luego de esta primera respuesta, el particular interpuso su inconformidad, y aportó como prueba una copia fotostática de un oficio enviado por la SRE al gobierno de Morelos con motivo de ese viaje.

En sus alegatos posteriores, ya ante el Ifai, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que tras una “búsqueda exhaustiva se encontró únicamente un documento”, que coincide con el presentado por el solicitante. En este sentido, el comisionado ponente Joel Salas Suárez explicó que la cancillería “proporcionó” exactamente el mismo documento que el particular había entregado como ejemplo. Incluso, la cancillería se atrevió a considerar que con esta entrega se atendía la solicitud del particular y pidió que fuera sobreseído el recurso de revisión, toda vez que “acreditó de manera fehaciente e indubitable que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley”. En el análisis del caso, la resolución del Ifai se señala que la cancillería cometió diversos agravios a la ley y al derecho de acceso a la información. El primero de estos fue que la inexistencia declarada carece de validez jurídica, porque el acta emitida no lleva las firmas de todos los miembros del Comité de Información del sujeto obligado. Pero además, proporcionó exactamente el mismo documento que el particular entregó como ejemplo. “Por ese motivo, se considera que el sujeto obligado intentó engañar, incluso, a este Instituto y peor aún, al solicitante, modificando su respuesta con dicho documento y así dejar sin materia el recurso de revisión que nos ocupa”.

El comisionado ponente Joel Salas dijo que este caso muestra la relevancia de que se apruebe a la brevedad la Ley General de Transparencia que se discute en el Senado, pues ésta debe consolidar la independencia y autonomía del Ifai brindándole capacidad de sanción. Las leyes vigentes señalan a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como el actor facultado para hacer cumplir las resoluciones del Ifai que sean desacatadas. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado incentivar el cumplimiento de las resoluciones a través de la sanciones de la SFP y, simultáneamente, se cuestiona la autonomía del nuevo Ifai.