Informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalan que la mafia sinaloense que encabeza “El Chapo” Guzmán, tiene al menos 14 empresas que han sostenido algún tipo de relación comercial o de dependencia económica con el Gobierno de la República. Foto: Especial
Compañías señaladas por Estados Unidos como “fachadas” del narcotráfico y lavado de dinero, operan con permisos o concesiones del Gobierno de México. Durante más de una década, los Zambada continúan sus negocios en Sinaloa y la familia de Juan José Esparragoza opera con normalidad en Jalisco, afirman documentos oficiales.
En tanto, la Secretaría de Hacienda exhibe en el Diario Oficial de la Federación a la esposa, hija y abogado del “Azul” por expedir comprobantes fiscales dudosos.
Mientras que el Gobierno de los Estados Unidos ha documentado en los últimos ocho años un exponencial crecimiento empresarial del Cártel de Sinaloa y ha enlistado a los presuntos narcoempresarios, las autoridades hacendarias mexicanas han advertido la presencia de algunos contribuyentes vinculados a la organización criminal a través de sus bases de datos.
Informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalan que entre 2007 y 2014 la mafia sinaloense que encabeza el fugitivo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, construyó una red de más de 288 empresas en el Continente Americano, de las cuales 95 tienen su asentamiento en México y 14 han sostenido algún tipo de relación comercial o de dependencia económica del Gobierno de la República.
En la directriz o gerencia de las compañías de dudoso origen, figuran los nombres de padres, hijos, esposas, concubinas y familiares políticos de los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero.
Según reportes estadounidenses, traídos al contexto de la relación bilateral tras la fuga de “El Chapo” Guzmán –el 11 de julio de 2015– del penal de máxima seguridad Altiplano, algunas de las empresas del también llamado Cártel del Pacífico que tienen alguna relación, prestación de servicios o reciben algún tipo de subsidio del gobierno mexicano, están vinculadas desde hace varios años.
Algunas de las razones sociales mencionadas son: Cooperativa Avestruz Cuemir de Guadalajara, relacionada con las familias Esparragoza Gastélum y los colombianos Cuéllar Hurtado; además de Estancia Infantil “Niño Feliz” y Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, ambas con dirigencia de la familia Zambada Niebla en Sinaloa.
En el caso de los miembros de la familia Esparragoza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que madre e hija, así como su representante legal, fueron señalados como contribuyentes sospechosos de emitir comprobantes fiscales cuestionados, por ello sus nombres fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación a finales de abril de 2015. Además de exhibírseles públicamente, se les investigará fiscal y penalmente, trascendió.
LOS NIÑOS DE “EL MAYO”
El primer vínculo detectado de la relación de los negocios del Cártel de Sinaloa con el Gobierno Federal se conoció en 2007. La Estancia Infantil “Niño Feliz”, asentada en Culiacán, Sinaloa y fundada por María Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, era subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La guardería, que recibía dinero del IMSS, brindaba atención a niños desde 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. El servicio se ofrecía a madres trabajadoras que cotizaban en el Seguro Social. Tras el escándalo se anunció que terminaría la relación, pero lo único que ocurrió fue la firma de convenios modificatorios que se han renovado en varias ocasiones.
La estancia infantil fundada por los socios María Teresa Zambada Leyva, Mayte Díaz Zambada, Javier Ernesto Díaz Zambada y Rosa María Zazueta Zambada, inició operaciones el 22 de noviembre de 2011 y a la fecha continúa atendiendo a 209 niños, por cada uno de los cuales recibe 3 mil 42 pesos mensuales por parte del IMSS.
La intervención de Teresa Zambada no se limita a la guardería, sino que fungió como apoderada legal de las empresas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V. y Establo Puerto Rico, S.A. de C.V., investigadas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por sus ligas con miembros del Cártel de Sinaloa.
La agrupación de ganaderos sinaloenses ha obtenido tres concesiones del Organismo de la Cuenca del Pacífico Norte, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). La primera en 1997, para obtener aprovechamientos subterráneos por un volumen de 300 mil metros cúbicos de agua. Las otras dos en 2005, para utilizar un canal abastecedor de agua para usos industriales.
En 2007, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán fue mencionada en las listas de compañías y cabecillas del narcotráfico sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano. Meses después, Actuando en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/034/2007, la Procuraduría General de la República ordenó el bloqueo y aseguramiento de diversas cuentas de cheques aperturadas por la empresa en las instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banorte.
Apoyada por los abogados José I. Nicolás Rubio Carrillo, Jesús Antonio Amezquita Ruiz, Roberto David García Salcedo y Ambrosio Armenta López, la hija de Zambada sostuvo una batalla jurídica para descongelar las cuentas bancarias entre los años 2010 y 2012, sin mucho éxito.
LA CRÍA DE AVESTRUCES
Asentada en Tlajomulco de Zúñiga, municipio conurbado a Guadalajara, una empresa que se dedica a la crianza y venta de carnes de ave, también fue objeto del señalamiento de las autoridades estadounidenses por su presunta sociedad con narcotraficantes, entre ellos los Esparragoza de Sinaloa y los Cuéllar de Colombia.
La compañía, que ostenta diversas denominaciones, como Cooperativa Avestruz Cuemir, S.C. de R.L. de C.V. y Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I., cuenta con registro del 15 de octubre de 2005 y fue inscrita desde 2012 en el Sistema de Tipo Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA).
Representada por el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, presunto socio de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, la empresa ha recibido apoyos del Gobierno Federal y expandido su presencia al Estado de Nayarit.
Al menos desde 2010, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), cuenta con solicitudes de la avícola para solicitar subsidios del Programa de Apoyo a la Inversión de Equipamiento e Infraestructura Componente Ganadero.
De acuerdo con datos de la dependencia federal, en 2011, Cuemir recibió 2 millones 579 mil 656 pesos para impulsar un proyecto que tuvo por nombre Modernización de Instalaciones para Obtener Certificación TIF, Diversificar. En 2013 solicitó apoyo para la adquisición de tríos reproductores de avestruz, corrales para cría y engorda, obra civil y centro de incubación.
Luego de que Cuéllar Hurtado, sus hijos John Fredy, Joanna y Víctor Hugo Cuéllar Silva y otros socios, fueron evidenciados -a principios de 2014- por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Hugo promovió juicios de amparo en contra del Procurador General de la República, el Secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades.
El sudamericano pidió protección de la justicia federal en contra de alguna orden de presentación, aprehensión, arraigo, de detención con fines de extradición y el aseguramiento o inmovilización de bienes de su propiedad. El acto reclamado no existía, por lo que los juicios fueron sobreseídos.
LA “VIUDAD” DE ESPARRAGOZA
Por su parte, la pareja formada por Juan José Esparragoza “El Azul” y su esposa, la acaudalada empresaria María Guadalupe Gastélum Payán, propietarios de fraccionamientos y diversos negocios en el Estado de Jalisco, también resultaron beneficiados por la Conagua, con la concesión de derechos de agua para uso agrícola.
Primero, desde julio de 2003, la señora Gastélum tiene derecho a aprovechamientos subterráneos de 108 mil metros cúbicos de agua; mientras que, como pareja de Esparragoza Moreno, cuenta con otra concesión desde noviembre de 2008 para aprovechar un volumen de 180 mil metros cúbicos del líquido proveniente de la región hidrológica del Río Lerma-Santiago.
En la última de las fechas, ya existían recompensas por información que llevara a las autoridades a detener al “Azul”. La PGR en México ofrecía 30 millones de pesos y el Gobierno de los Estados Unidos de América daría 5 millones de dólares a los delatores. Pese a ello, el narcotraficante siguió con su vida normal y, a mediados del año pasado, se conoció extraoficialmente de su defunción, debido a un presunto accidente, información que no se ha confirmado.
El nombre de María Guadalupe Gastélum Payán, la supuesta “viuda” de Esparragoza, regresó a la escena pública en los meses de abril y mayo del presente año, cuando en el Diario Oficial de la Federación, la administradora central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana, dio a conocer una lista negra con los nombres de contribuyentes que realizan actividades irregulares.
De acuerdo con la funcionaria de la Secretaría de Hacienda, dentro de sus expedientes y de las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria, se detectó “a contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Entre las personas enlistadas aparecen María Guadalupe Gastélum Payán, su hija Nadia Patricia Esparragoza Gastélum y su abogado, Juvencio Ignacio González Parada, quien además fue representante legal del capo Rafael Caro Quintero. Los tres boletinados por la autoridad hacendaria también están señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como miembros del Cártel de Sinaloa.
Las mujeres y el litigante ya se defienden, pues han promovido amparos ante jueces federales de Jalisco por haber sido incluidos en la lista de contribuyentes falaces por parte del SAT, y en contra de las posibles acciones fiscales y penales que esto les pueda traer.
OTRAS CONCESIONES
El resto de las compañías en el ojo del huracán por el informe norteamericano, por resultar beneficiadas de alguna manera por el gobierno mexicano, son Urbanizadora Nueva Italia y Comercializadora Joana, en Jalisco; Bioesport, en Sonora; Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán y Sepriv, en Sinaloa; Sinmex Importadora, así como las empresas de mudanzas y mensajería, Fletes y Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental.
En el caso de Urbanizadora Nueva Italia, esta cuenta con una concesión desde agosto de 2008 por parte de la CONAGUA para abastecerse de 115 mil metros cúbicos de agua por año, de la Cuenca Lerma-Santiago, hasta 2018.
Por su parte, Bioesport, que brinda servicios educativos, también es señalada por los norteamericanos como parte del andamiaje empresarial del Cártel de Sinaloa; en 2008 se convirtió en proveedor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de un contrato –por adjudicación directa– firmado con la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste.
Fletes y Transportes Gaxgar -enlistada en 2008- y Aero Express Intercontinental, sancionada en 2010, cuentan con permisos expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar y explotar los servicios de carga.
Aunque no en todos los casos, los señalamientos son contundentes y seguramente existen muchas empresas más que aún no son detectadas, muestra de lo que las autoridades nacionales pueden realizar, gestionar o interactuar con organizaciones del crimen organizado.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
