martes, 23 de agosto de 2016

Empresa ligada al cuñado de Salinas gana licitación para construir hospital del ISSSTE en Mérida| Se disculpa Castillo por llevar a la novia a Río; “mi renuncia está sobre la mesa”, asegura

Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Foto: Quién

MÉRIDA, Yuc.- La Constructora y Edificadora GIA+A, que preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se adjudicó el contrato por la ruta de Asociación Público Privada (APP) para la construcción y prestación de servicios de un hospital del ISSSTE en esta ciudad.

GIA+A vendió la idea original del proyecto en abril de 2014 bajo el esquema de “propuesta no solicitada” (PNS).

Por ley, tuvo que competir por la adjudicación de su proyecto contra varias empresas en una primera licitación que en junio pasado fue declarada desierta, debido a que la oferta de los interesados excedía el presupuesto previsto por la institución.

En una segunda licitación, la constructora del hermano de Ana Paula Gerard, que desde 2010 y hasta el año pasado sumaba ya cerca de 10 mil millones de pesos en contratos de obra pública (Proceso 1990), se hizo ayer del contrato para la consumación del proyecto.

El pacto es a 27 años: dos para la fase de construcción, que costará 602.6 millones de pesos, y un cuarto de siglo para la prestación de servicios al nosocomio, por los que GIA+A recibirá del ISSSTE 175.3 millones de pesos anuales.

Con este esquema, la compañía pagará la construcción del hospital. A cambio, el ISSSTE le prorrateará durante 25 años un total de 4 mil 382 millones de pesos por la prestación de los servicios hospitalarios, de mantenimiento y hasta telefonía e internet.

El dictamen de evaluación del ISSSTE dice que “el pago es el resultado de la suma del costo del diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto, así como el costo de riesgo transferible y la utilidad esperada por el desarrollador”.

Añade que “la aportación de la dependencia se expresa en pagos diferidos prorrateados en el tiempo de desarrollo de la APP, y corresponde al flujo de pagos periódicos que el ISSSTE comprometerá ante del desarrollador para solventar la totalidad del contrato APP, de modo tal que satisfaga su condición de equilibrio económico-financiero, y el retorno exigido al capital”.

No obstante, en el proyecto se aclara que los costos de “diseño, implementación, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación”, están todos “expresados en precios 2015, año base de comparación, por lo que los efectos de la inflación futura esperada no se incluyen”.

El proyecto fue disputado por 14 oferentes, entre otras compañías, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Grupo Inmobiliario Marhnos, Prodemex, Sacyr Concesiones, Acciona e Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario y Constructora IGSA.

La clínica-hospital de Mérida, que será de segundo nivel y tiene su justificación en la sobresaturación del hospital regional del ISSSTE, constará de 66 camas censables, 25 ambulatorias, 15 de urgencias, 18 consultorios y tres quirófanos.

La obra se edificará en un terreno de 25 mil metros cuadrados y debe estar concluida en diciembre de 2017.

En su evaluación de viabilidad económica y rentabilidad social del proyecto, el ISSSTE consigna que “en su PNS el Promotor consideró viable desde el punto de vista social y financiero, la construcción y equipamiento de una Clínica Hospital que permita proporcionar al Instituto los servicios de salud de segundo nivel en el estado de Yucatán”.

Lo anterior, para “liberar la capacidad del Hospital Regional de Mérida (HRM) para atender a los servicios de tercer nivel, ya que actualmente parte importante de la infraestructura del HRM está siendo utilizada para atender los servicios de segundo nivel”.

Y destaca que dicho documento “se elaboró con base en el manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Público-Privada”, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la introducción del documento se destaca que del análisis y cálculo basado en la metodología del Comparador Público Privado (CPP) “se obtiene un Valor por el Dinero (VPD) positivo, lo que indica que la construcción de la Clínica Hospital en Mérida Yucatán bajo un esquema APP es más económica y eficiente que desarrollar el proyecto a través de métodos presupuestales tradicionales”.

Aclara que en este proyecto, “el desarrollador será el encargado de diseñar, construir, equipar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura de la Clínica Hospital, mientras que el ISSSTE se encargará de proveer los servicios médicos”.

El hospital de Ticul

El del ISSSTE no es el único proyecto hospitalario que se planeó construir en Yucatán bajo la figura de APP. El primero fue impulsado por el gobierno estatal en la postrimería del quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco y dejó comprometidas las arcas públicas a las subsecuentes cinco administraciones. Se trata del hospital de Ticul.

El contrato para el proyecto, por casi 5 mil 600 millones de pesos prorrateados a 25 años, fue otorgado a Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A.P.I. (IHP), filial del desprestigiado Marhnos Construcciones, de los hermanos Íñigo y Nicolás Mariscal Servitje, sobrinos del dueño de Bimbo, Lorenzo Servitje.

Para la construcción del nosocomio, que originalmente constaba de 60 camas censables, el Congreso aprobó a la exmandataria en 2011 los 300 millones de pesos que dijo que costaría.

No obstante, a la hora de formalizar el contrato, en septiembre de 2012, sin explicaciones, el proyecto fue modificado a 90 camas y su costo elevado a 948.8 millones de pesos.

La construcción, que inició en octubre de ese año, quedó trabada en la mitad de su avance, mientras que las partes se baten en duelo de litigios.

Por una parte, el gobierno del estado –ahora bajo el mandato de Rolando Zapata Bello– rescindió el contrato a Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V., y su obligado solidario, Marhnos Construcciones S.A. de C.V, ante la negativa de para explicar el desfase del proyecto.

En respuesta, según reveló en julio pasado el portal Mayaleaks, la contraparte demanda al gobierno de Yucatán el pago de 253 millones de pesos como compensación por la terminación anticipada de ese contrato.

Mediante un comunicado del 6 de mayo del año pasado, el gobierno de Zapata Bello anunció que ese día “notificó formalmente a tal empresa la recisión del contrato referido en virtud de no haber cumplido con la entrega de la obra y el inicio de la prestación de los servicios en los plazos establecidos en el propio contrato y convenio modificatorio, una vez que éstos ya han vencido”.

La administración recordó que la fecha “de entrega total del edificio equipado estaba fijada para el 15 de octubre de 2014 y la fecha de inicio de funcionamiento para el 15 de enero de 2015”.

El mandatario instruyó al secretario de Salud, Jorge Mendoza Mézquita “a que, de manera coordinada con las autoridades federales en la materia, analicen los avances existentes y los efectos del proceso de recisión para actualizar el proyecto integral dirigido a fortalecer la infraestructura y servicios de salud en Ticul y en su región de influencia”.

De acuerdo con el portal Mayaleaks, Marhnos Construcciones –que además de construir, se encargaría de diseñar, equipar y dar servicios operativos y de mantenimiento al nosocomio– recurrió a la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París.

Ante esa instancia internacional, Merhnos solicitó el 14 de abril del año pasado una solicitud de arbitraje sobre los incumplimientos contractuales del proyecto del hospital de Ticul.

La página señala también que ese grupo empresarial construyó bajo el mismo modelo de PPS el Hospital Regional de Tlalnepantla, en el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

Mientras tanto, el hospital de Ticul continúa inconcluso.

Se disculpa Castillo por llevar a la novia a Río; “mi renuncia está sobre la mesa”, asegura

El director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, se disculpó por llevar a su novia a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario admitió que fue un error. “Es una enorme imprudencia que lamento mucho. En verdad es una situación, al nivel que ha llegado de imprudencia, que me ha generado altos costos, por supuesto que públicamente ofrezco una disculpa”.

Sin embargo, aseguró que ningún recurso público se aplicó para que su acompañante viajara con la comitiva mexicana.

“Sí, decirles y darles la certeza a todos que no hay uso de recursos públicos”, dijo.

Y aceptó que “hay una desatención, una frivolidad de mi parte en estos días”.

El titular de la Conade informó que se reunirá con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a quien le entregará un informe sobre la actuación de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Río.

Castillo aseguró que su renuncia “está sobre la mesa”, pero que dará una explicación puntual.

“Por supuesto, mi renuncia está sobre la mesa, pero en estos momentos es dar una explicación puntual a la opinión pública, a la sociedad, a los medios de comunicación, del resultado de estos Juegos”, afirmó Castillo.

El excomisionado para la Seguridad en Michoacán aseguró que será el presidente Enrique Peña Nieto quien tome la decisión.

El pasado 14 de agosto, la arquera mexicana Aída Román criticó a Alfredo Castillo después de que éste acreditara a su novia en Río 2016 y no a médicos o fisioterapeutas.

“Hay deportistas que llegan lesionados y se ve la manera de componer la lesión y no pueden tener una acreditación los médicos o los fisicoterapeutas porque al final hay alguien más querido ahí”.

Alfredo Castillo dijo también que “hoy se habla de que los deportistas botean, pero Misael (Rodríguez, ganador de la presea de bronce), fue varias veces a mi oficina. Varios de ellos fueron a escondidas porque la federación de boxeo les prohibía ir a la Conade, como Misael y Joselito (Velázquez)…”.

Responsabilizó a las federaciones deportivas del rendimiento de los atletas, y las acusó de hacer uso discrecional de los recursos públicos.

En ese sentido, dijo que la Conade decidió apoyar de manera directa a los atletas con 100 millones de pesos y que tiene abiertas averiguaciones previas contra las federaciones de atletismo, tiro con arco, beisbol, ciclismo y boxeo.

Caso Raúl Curiel

Alfredo Castillo reveló que el boxeador Raúl Curiel, quien quedó eliminado sin pelear siquiera, tenía un sobrepeso de 12 kilos “que lo bajaron de una manera tan rápida que ponía en peligro su integridad por el hecho de pelear; no puede boxear así”.

El miércoles 8, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, informó que Curiel presentó vómito en la víspera de su pelea contra el chino Qianxun Hu, por lo que no pasó la revisión médica.

“El delegado (Mario García) me contó que (Curiel) no pasó el examen médico. Parece que por la madrugada tuvo vómito y el médico no lo autorizó para pelear”, justificó Contreras al diario Récord.

Incluso, la propia FMB publicó en su cuenta de Facebook: “últimahora El boxeador mexicano Raúl Curiel no subirá al cuadrilátero esta mañana, pues padece un fuerte cuadro de infección estomacal que le impidió pasar el control médico”.

Curiel, subcampeón mundial juvenil en 2012 y medalla de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, debía pelear en la división de 64 kilos.




Fuente: Proceso|  ROSA SANTANA | La Redacción