Fox, Calderón y Peña. Fotos: Procesofoto
Nombres como el de Ricardo Pierdant, Fernando Gómez Mont, Fernando Canales Clariond, Dionisio Garza Medina, Moisés Saba, Gastón Azcárraga, Miguel Zaragoza Fuentes, Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, Joaquín López Dóriga Ostolaza, Carlos Alberto y Fernando Raphael de la Madrid o José Germán Coppel Luken aparecen en empresas offshore propiedad de mexicanos en Las Bahamas.
Lo mismo, aparece una representatne del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María Soledad Hernández Ruiz, quien en el directorio del Consejo de la Judicatura Federal aparecía hasta el año pasado como magisrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México.
Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas, una nación independiente que aún reconoce la monarquía del Reino Unido.
Son representantes del poder político y económico en México. Cuestionados muchos de ellos por sus negocios al amparo del poder o responsables de quiebras de empresas, encontraron en Bahamas un paraíso fiscal para crear empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones que sin ser ilegales sirven para movilizar sus recursos o que se conozca el origen del mismo.
Sus nombres fueron revelados por una nueva filtración al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso.
Son las mismas organizaciones periodísticas que en abril de este año publicaron #PanamaPapers, la filtración periodística más grande hasta ahora, de 11 millones y medio de documentos del despacho panameño Mossak Fonseca , que reveló la operación de líderes, políticos, empresarios, banqueros, celebridades y delincuentes internacionales de todo el mundo para ocultar sus recursos en empresas offshore.
Esta vez, se trata de #BahamasLeaks, una filtración de una base de datos del Registro Corporativo de Bahamas, importante paraíso fiscal ubicado en las Antillas, entre Cuba y la Florida, Estados Unidos, en el Océano Atlántico.
La información entregada refiere un total de 175 mil registros que fueron incorporados por personas de todo el mundo entre los años 90 e inicios de este año. Los registros sólo contienen el nombre de los propietarios, el nombre de la sociedad y el año de su apertura. En pocos casos, se incluye un documento con los responsables de las empresas.
Como se supo a través de los Papeles de Panamá, en las empresas offshore incorporadas en Bahamas hay personajes vinculados con el presidente Enrique Peña Nieto, aunque no de la trascendencia del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, implicado en el escándalo de la llamada Casa Blanca del presidente y su esposa, Angélica Rivera.
De acuerdo con #BahamasLeaks, una persona de nombre Ricardo Pierdant registró el 6 de noviembre de 2012 las empresas Grantley Ventures Ltd y Crimson Worldwide Ltd. En ambas aparece como director. Requerido por Proceso en Miami, donde Ricardo Pierdant Grunstein tiene su residencia, el empresario evitó responder hasta el cierre de la edición de este texto.
Apenas en agosto pasado, Ricardo Pierdant Grunstein quedó en medio del escándalo cuando la cadena estadunidense en español Univisión dio a conocer una declaración del propio empresario en la que además de decirse amigo de Peña Nieto y Angélica Rivera, reconoció que ha prestado a la pareja un departamento de lujo que tiene en el sur de Florida.
En ese mismo edificio, Rivera también es propietaria. El de Pierdant es el 404 y el de Rivera el 304, en el número 799 de Crandon Blvd. Incluso, de acuerdo con los registros del condado Miami-Dade consultados por la televisora, Pierdant pagó en 2013 casi 30 mil dólares por los impuestos de bienes raíces del departamento de la esposa del presidente.
Otra persona vinculada al nombre del presidente es Eduardo Alfonso Corzo Osorio, quien el 7 de enero de 2014 registró en Bahamas la empresa Cora Global Ltd. Se trata del apoderado de la empresa Compañía Inversora Corporativa (CIC), de la familia de Alfredo Miguel, uno de los empresarios más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto.
CIC es propietaria también de Inmobiliaria Virreyes 1130 SA de CV, que le rentó durante tres meses la casa donde Peña organizó el cambio de gobierno tras ganar las elecciones en julio de 2012, según reportó también la cadena estadounidense en español.
En el Registro Corporativo también aparece el nombre de Fernando Gómez Mont Urueta, quien fue secretario de Gobernación, de noviembre de 2008 a julio de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón.
Cuando salió del gobierno, regresó a su despacho de abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont abogados. En octubre de 2014, junto con sus socios Juan Manuel Gómez Mont Urueta, Alberto Zínser y Julio Sponda crearon la empresa Majo Don´t B Laight Ltd.
Consultado, Alberto Zínser confirmó la creación de la sociedad, pero aseguró que “no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”.
Lo mismo figuran hombres cercanos a Vicente Fox y a su esposa, Marta Sahagún. De acuerdo con #BahamasLeaks, el exgobernador de Nuevo León por el PAN y quien fuera secretario de Energía y secretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond, también registró una empresa offshore: Yukali Subsidiary Corp. Lo hizo apenas el año pasado, el 16 de septiembre de 2015. El exgobernador y exfuncionario federal fue requerido por Proceso, a través de su hijo Fernando Canales Stelzer. Hasta el cierre de esta edición no había respondido.
También cercano al poder en el sexenio de Vicente Fox fue José Felipe Tomé Velázquez, un empresario de Irapuato, Guanajuato, al que se señaló como prestanombres de Sahagún y uno de sus hijos con Manuel Bribiesca. El nombre del empresario aparece registrado en Bahamas el 24 de diciembre de 2012 con la empresa Asian Trading Holdings Ltd.
Relacionados con otra familia presidencial son Carlos Alberto y Fernando Rapahel De la Madrid, sobrinos del fallecido expresidente Miguel de la Madrid. Hace menos de un año, el 30 de octubre de 2015, sus nombres quedaron registrados con la empresa Vision Global Ltd.
En el registro corporativo de Bahamas también aparece una integrante del Poder Judicial de la Federación: la magistrada María Soledad Hernández Ruiz. Integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, según el directorio biográfico del Consejo de la Judicatura Federal a febrero del año pasado. En varios actos públicos la magistrada se presentaba con el apellido de casada: Hernández Ruiz de Mosqueda. En #BahamasLeaks aparece junto con su esposo, Antonio osqueda Tinoco, con la empresa San javier y Asociados Ltd, registrada el 19 de marzo de 2015.
Nombres del poder político y económico estatales también están en la lista. Es el caso de Niurka Salivá Benítez, de origen cubano, esposa del expresidente municipal de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, y excandidato a gobernador de Quinta Roo, Gregorio Sánchez, quien fue acusado por la PGR de tráfico de personas.
Ambos fueron acusados en Argentina de lavado de dinero en 2014 cuando compraron en efectivo una finca en dos millones de dólares. Ese mismo año, en julio, Salivá registró la empresa Limesprings Enterprises Ltd. Pero sólo duró seis meses en ella. En diciembre siguiente ese 2014 renunció a la compañía que había registrado en Las Bahamas.
Otro caso de poder local es el de Diego Gerardo Rosique León, presidente del Grupo Farole, dedicado a bienes raíces comerciales y residenciales, pero también un miembro del PRI en Tabasco desde su juventud e integrado al comité estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). En #Bahamasleaks, Rosique León aparece registrado el 22 de noviembre de 2013 con la empresa Jamacedi Investments Inc.
De Tabasco hay dos representantes más de la fusión del poder político y económico: el empresario Ignacio Francisco Cobo González, quien trabaja para el Grupo Carso, de Carlos Slim, y quien está casado con Graciela Trujillo, que además de ser hija del exgobernador de Tabasco Mario Trujillo ha trabajado para el gobierno estatal.
Junto con su hijo Mario Alberto Cobo Trujillo, el socio de Slim registró la compañía Carisma Holdings Ltd, en mayo de 2014, según los registros del paraíso fiscal antillano.
Descarga la lista de mexicanos que aparecen en #BahamasLeaks: mexicanos-en-bahamasleaks.xlsx
El gobierno de Calderón y el acuerdo de secrecía
A pesar de ser uno de los refugios de cientos de mexicanos para crear empresas offshore, el gobierno de Felipe Calderón firmó un acuerdo con las autoridades de Las Bahamas que condiciona la entrega de información sobre empresas abiertas a nombre de nacionales en ese paraíso fiscal de las Antillas.
El acuerdo fue firmado el 23 de febrero de 2010 por el entonces secretario de Hacienda y actual senador del PAN por la Ciudad de México, Ernesto Cordero Arroyo.
Con base en el acuerdo, si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca información sobre un contribuyente mexicano en Las Bahamas, tiene que enviar un escrito detallado a las autoridades tributarias de ese país en el que debe indicar la identidad del ciudadano, la fecha en que operó su sociedad, el propósito por el que pide la información o las razones para considerar que la información solicitada es relevante para el gobierno, entre otros requisitos.
Cumplidas estas condiciones, el SAT ni siquiera tiene garantías de recibir la información. El gobierno de Las Bahamas puede negarse a entregarla si considera que el escrito fue mal redactado, que el gobierno de México no agotó los medios para conseguir la información en su propio territorio o si considera que la revelación de los datos puede dañar la seguridad nacional, el orden público o el secreto comercial e industrial.
El acuerdo de México con Las Bahamas es similar al modelo que adoptaron 104 países, a propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, el instrumento avanza poco en la lucha contra la evasión de impuestos y la secrecía bancaria, pues no contempla un intercambio transparente y automático de toda la información fiscal en Las Bahamas.
Para el pequeño país antillano, ubicado entre el norte de Cuba y el sur de la Florida, en el Océano Atlántico, esta secrecía representa una ventaja competitiva.
Según datos del registro de la propiedad de Bahamas, filtrados al Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con sus medios internacionales asociados, entre ellos la revista Proceso, por lo menos 431 entidades offshore fueron abiertas en Las Bahamas a nombre de mexicanos entre 2005 y 2015.
La base de datos que fue entregada al periódico alemán por una fuente anónima incluye más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones incorporadas a Las Bahamas desde los años 90 hasta principios de este año.
La información aporta una nueva mirada a las entrañas del mundo offshore, después de la publicación de #PanamaPapers, la investigación periodística internacional dada a conocer en abril de este año y en la que el semanario formó parte.
Abogados, turistas e inversionistas de papel
Durante todo el año, cientos de cruceros desembarcan en la costa de Nassau, la capital de Las Bahamas, un archipiélago en el Caribe compuesto por más de 700 islas. Pero apenas una treintena están habitadas, principalmente por descendientes de esclavos africanos que aún reconocen al monarca de Reino Unido.
Los cruceros procedentes de Miami llevan oleadas de turistas de toda clase. Desde la élite hasta la clase media, que contribuyen con dos terceras partes del PIB del país, aunque no toda la derrama económica acaba en las arcas del archipiélago. Las empresas navieras han comprado algunas islas de Bahamas a donde llevan a sus pasajeros.
En Nassau se concentran los servicios y la actividad comercial dirigidos al turismo. Más de la mitad de la población económicamente dedicada a esa actividad se traduce en un remolino de prestadores de servicios para los miles de turistas que bajan de los cruceros. Decenas de vehículos esperan a quienes buscan las playas y los comercios sobre la avenida principal, Market Street, donde aguardan a los visitantes que buscan comprar relojes, ron o aparatos electrónicos libre de impuestos.
Para la mayoría de la población, de apenas 377 mil habitantes en 2013, no hay más que ser prestador de servicios. Para los pocos, la salida es estudiar la universidad en Inglaterra para ser abogado y dedicarse a la vida pública o integrarse al sector financiero.
Los despachos de abogados y asesores financieros aportan, a través de la industria offshore, la otra tercera parte del PIB de la Mancomunidad de Las Bahamas. En 2013, esa industria representó más de 11 mil millones de dólares.
En 1989, Las Bahamas fue la primera nación caribeña en adaptar su legislación a las necesidades de las personas más adineradas del mundo: integró la figura de Compañía de Negocios Internacionales (IBC, por sus siglas en inglés), también conocida como empresa offshore, a la que exentó de pagar impuestos durante 20 años.
No fue sino hasta el 30 de junio de 2001 que el gobierno de Las Bahamas prohibió las acciones al portador, con las que garantizaba el anonimato absoluto de los dueños de sociedades incorporadas en su jurisdicción. Durante años, esta modalidad fue una de las herramientas más empleadas para lavar dinero, y poco a poco fueron eliminadas bajo la presión internacional, como ocurrió en el caso de Panamá.
Según el despacho panameño Sovereign Management & Legal, especializado en la incorporación de estructuras offshore, “el gobierno de Bahamas ha adoptado una postura proactiva para seducir inversionistas extranjeros”, ya que las leyes de Bahamas protegen la secrecía de los extranjeros –tanto respecto a sus empresas offshore como de sus cuentas bancarias¬– y los exentan de impuestos.
El despacho afirma que Bahamas es un paraíso para abrir empresas offshore, tener cuentas bancarias o títulos financieros, adueñarse de inmuebles, gestionar transacciones internacionales de negocios, y evadir los impuestos sobre bienes y herencias, mientras otras páginas señalan las ventajas de abanderar su nave en Bahamas.
Sovereign Management & Legal también recuerda las ventajas de abrir una sociedad de papel en el archipiélago: no existe el impuesto sobre el ingreso, el impuesto corporativo, el impuesto sobre el valor agregado, ni el impuesto sobre riquezas para quienes inviertan en compañías offshore. Tampoco se cobra el impuesto sobre bienes inmobiliarios, sobre ganancias de capital o de herencia.
Por si fuera poco, las leyes de Bahamas no obligan a entregar reportes financieros; tampoco contemplan la opción de divulgar información sobre los accionistas de una sociedad. Y más: el gobierno de Bahamas no tiene firmado ningún tratado sobre doble recaudación.
Existe un registro público de la propiedad de Las Bahamas consultable por Internet, pero en él sólo aparece el nombre un director de una sociedad y, además, no revela la identidad de los accionistas. Para que sus nombres no aparezcan en este registro, los ricos usuarios del paraíso bancario contratan los servicios de despachos especializados, quienes abren la empresa a nombre de sus “directores de papel”, tal y como ocurre en otros paraísos fiscales.
Sólo la Suprema Corte de Justicia de Bahamas tiene el poder de hacer pública la información sobre una cuenta bancaria, y eso mediante una orden específica.
La Red para la Justicia Tributaria (TJN, por sus siglas en inglés), una organización que monitorea y lucha contra la evasión de impuestos, estimó que Bahamas forma parte de las jurisdicciones de mayor opacidad bancaria, pues incumple con nueve de los 15 “indicadores de secrecía” y cumple parcialmente con los otros seis.
Si bien el volumen de servicios financieros que transitan por Bahamas es relativamente bajo en comparación con los centros financieros más importantes del planeta, como Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur o las Islas Caimán, el índice de secrecía del archipiélago es superior al de estos países, según TJN, y sólo está superado por Liberia, Vanuatu, Samoa, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Brunei.
El No de Las Bahamas
Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no considera al archipiélago como un paraíso fiscal, pese a que en esa jurisdicción no se cobran impuestos sobre el ingreso, no se intercambia información fiscal, no es transparente y no tiene actividades económicas sustanciales, fuera del turismo.
Desde que en 1988 publicaron el informe “Competencia Fiscal Perniciosa: Un Problema Global Emergente”, la OCDE y el Grupo de las 20 economías más grandes (G20) han adoptado distintas medidas para combatir la evasión de impuestos y la excesiva secrecía bancaria, por lo menos en el papel.
Una primera iniciativa fue la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, aprobada en 1988 y enmendada en 2009 con un protocolo. Según la OCDE, la convención representa “el instrumento multilateral más comprensible disponible para todas las formas de cooperación fiscal, para frustrar la evasión de impuestos, una prioridad máxima para los países”.
El gobierno de Las Bahamas nunca la aceptó. Otros países como Israel, Suiza o Estados Unidos la firmaron, pero sus legisladores no la han ratificado.
En 2013, el G20 y la OCDE acordaron una serie de acciones en el marco del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios para erradicar la evasión de impuestos y las prácticas fiscales “agresivas”. El objetivo era reducir a un 10% anual la pérdida en la recaudación global del impuesto sobre sociedades, es decir, hasta 240 mil millones de dólares. De nueva cuenta, las autoridades de Las Bahamas no quisieron formar parte del proyecto.
La más reciente de estas medidas es el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras de la OCDE que establece un estándar global único sobre información financiera. El acuerdo prevé que los servicios tributarios intercambien información de manera automática cada año. Entrará en vigor a partir de 2018, pero tras la revelación de los cientos de nombres de mexicanos en los #PanamaPapers, el gobierno de México decidió adelantar su vigencia a septiembre de 2017.
Hasta la fecha, 84 jurisdicciones han firmado esta convención internacional. Pero el gobierno de Bahamas se negó otra vez, junto con los gobiernos de Singapur y Panamá, entre otros.
Es más, el propio ministerio de Servicios Financieros del archipiélago convirtió esta negativa en un argumento comercial para atraer inversionistas. En la Revista Financiera de Bahamas, publicada en el invierno 2014-2015, la institución recordó que “el estándar provee un intercambio de toda la información financiera en una base anual y de manera automática”, y enfatizó: “Las Bahamas NO son firmantes de esta convención”.
Fuente: Proceso| JORGE CARRASCO Y MATHIEU TOURLIERE
