lunes, 12 de septiembre de 2016

La violencia ya contaminó “zonas de paz”, como Guanajuato, Colima; faltó estrategia, dicen expertos

El mapa de la violencia en México ha cambiado durante la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto. Especialistas ven con preocupación que la inseguridad y los delitos de alto impacto se hayan disparado a niveles nunca antes vistos en entidades como Colima y Guanajuato, y que esté repuntando en otras que han sido, incluso, intervenidas por sus altos niveles de violencia, como Michoacán. ¿A qué obedecen estos índices en las entidades?

Las cifras de incidencia delictiva contrastan con el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto, quien apenas hace unos días presentó su Cuarto Informe de Gobierno donde destacó el éxito de su política de seguridad. La actual administración federal, sin embargo, no puede esconder la realidad, pues el fracaso de la estrategia se traduce en repuntes de violencia en entidades que antes no aparecían en el mapa de las más violentas, plantearon especialistas consultados por SinEmbargo.

El caso de Colima es un ejemplo que ha destacado en los últimos meses. La entidad es puntera de las tasas de homicidios dolosos: entre enero y julio hubo 45.94 muertes por cada 100 mil habitantes. Este cúmulo de asesinatos casi dobla la tasa de 23.08 por cada 100 mil que registró el año pasado.

La falta de compromiso por aplicar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia (publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril del 2014) está relacionada con este repunte, expuso Lilian Chapa Koloffon, consultora en temas de prevención del delito.

“El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia se aplicaba en Colima antes de que llegara la violencia en Tecomán y Manzanillo. El repunte es una muestra de que no se tomó en serio. Acabó siendo una simulación de un programa de prevención, de no más de 4 meses. Eso no sirve”, dijo Chapa Koloffon.

La falta de una política pública contra la delincuencia en la entidad se sumó a los reacomodos del narcotráfico, agregó Chapa. “Manzanillo en específico siempre ha sido un puerto clave para los cárteles donde se reciben drogas sintéticas”, explicó.

En abril del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la lista de los cárteles “más poderosos” de México. De forma explosiva pasó a ocupar plazas en al menos ocho estados, entre ellos Colima y Michoacán.

Si bien en éste último se desplegó en el 2014 una Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, la recuperación del control de zonas en manos de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios no fue acompañada de una estrategia para que nuevos grupos, como el CJNG, no ocuparán esos lugares.

En el primer semestre del año los homicidios dolosos subieron en Michoacán un 61 por ciento en comparación con el primer semestre del 2015.

“Como no hay la capacidad para debilitar a este tipo de organizaciones de manera sostenida. Lo que tienes es un reacomodo sin fin. Porque es y seguirá siendo este negocio muy rentable”, dijo Lilian Chapa.
Otras entidades, antes con niveles menores de violencia, han empezado a despuntar los índices de delitos. Destaca Guanajuato, donde en los primeros siete meses del año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 1 mil 478 averiguaciones previas por homicidios.

La cifra supera en 9.7 por ciento a la registrada en el mismo periodo del año pasado, y en 33 por ciento a la de los primeros siete meses del 2012, cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, entregaba la estafeta de un Gobierno con los niveles más altos de violencia en los seis años de su administración.

Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expuso que los repuntes obedecen a la incapacidad del Estado de desplegar servicios de inteligencia, lo que se traduce en estrategias deficientes de reacción.

“La delincuencia organizada no es un fenómeno estático sino sumamente activo y cambiante. No siempre hay el trabajo de inteligencia que tenga la capacidad de continuar y seguir esa transformación”, explicó Cortez Morales.
Otro de los casos más drásticos de aumento ha sido Veracruz: los homicidios dolosos durante el primer semestre de este año representaron un aumento del 131.7 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.

INTERVENCIONES SIN FOCO

Guerrero registró 35.31 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los primeros siete meses del año,  y es la segunda entidad con la tasa más alta después de Colima. A pesar de que la Policía Federal, junto con la Gendarmería, ha intervenido en varias ocasiones Acapulco. Por ejemplo, en octubre del año pasado lo hizo con 300 elementos para realizar una operación llamada Serpiente de Fuego.

La ciudad a la orilla del mar volvió a sufrir un repunte de violencia en los primeros seis meses del año, en los que se registraron 598 homicidios; 15 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

A nivel estatal  los asesinatos han descendido de forma gradual desde el 2012, cuando se reportaron 66 casos por cada 100 mil habitantes. No obstante, hoy Guerrero continúa sobresaliendo por encima del promedio nacional. ¿Por qué? Porque Guerrero, al igual que otros estados, como Michoacán, las autoridades locales no han tenido el tiempo suficiente para reforzar la seguridad, según Chapa.

“Tenemos a la Policía Federal dos veces al año en Acapulco, en operativos que en ocasiones, llevan a cabo tareas de las que las autoridades locales deberían encargarse”, explicó la consultora.
Waldo Fernández, Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que las entidades deben reforzar su nómina policiaca, sobre todo si existe una intervención, ya que los costos de pagar alimentación y hospedaje de los policías federales son muy altos.

Del avance de la implementación de medidas por parte de las autoridades locales depende el resultado positivo o no en la materia, aseguró el Diputado. Por ejemplo, en el 2012, Michoacán y Tamaulipas tenían niveles similares de secuestros, 3.6 y 3 por cada 100 mil habitantes, de forma respectiva. Pero tres años después, en 2015, en Michoacán la tasa bajó a 0.67 en el 2015; y en Tamaulipas ascendió a 6.49 el año pasado.

ALTERNANCIA Y VIOLENCIA

Chihuahua, aunque lejos de la crisis de homicidios dolosos que inició en el 2008 y que para el 2010 cerraba con 110 por cada 100 mil habitantes, aún sufre de violencia. 793 averiguaciones de homicidios en los primeros siete meses del año, 15 más que las reportadas en el mismo periodo el año pasado.

Edgar Cortez refirió que el próximo cambio de autoridades estatales podría estar detrás de varios repuntes de violencia en la entidad. El próximo octubre, César Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejará su silla a Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN).

“La razón es que los convenios entre autoridades y crimen se rompen. Y eso muchas veces genera un campo propicio para la violencia. Es un gran problema que tiene el país, que es la falta de acciones y programas”, dijo.
También se ha dado el caso de que un repentino aumento en las cifras de incidencia delictiva se refleja después de las elecciones. Lo que deriva en suspicacias sobre maquillajes de indicadores delictivos con fines electorales.

El proyecto ciudadano Semáforo Delictivo denunció posibles manipulaciones de cifras de parte del Gobernador Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, que el pasado mayo reportó un solo homicidio doloso. Un mes después, pasados los comicios del 5 de junio, este delito ascendió a 11.

LABORATORIOS DE ÉXITO

Nuevo León ha sido visto como un caso de éxito dentro de la seguridad pública. En el 2012 hubo 41.75 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el año pasado la cifra se quedó en 8.87.

“Lo que hubo fue voluntad política, la participación de la iniciativa privada con recursos para ayudar a equipamiento y la participación de la sociedad civil”, detalló Waldo Fernández, Diputado por Nuevo León.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que la imposibilidad de replicar el éxito de este estado en otros se debe a la debilidad de las instituciones estatales. “Aunque hubiese presencia del crimen, si las autoridades fueran capaces de enfrentarlos, podrían poner orden”, apuntó.

Fuente: Sin Embargo| Por Juan Luis García Hernández