Decreta Calderón la extinción de Luz y Fuerza; es inconstitucional: SME
No indica qué instancia asumirá sus funciones
Ofrece pleno respeto a los derechos laborales
Casi a la medianoche –una hora después de que militares y policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC)–, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón en el que se determina la extinción de ese organismo descentralizado.
El argumento nodal para la liquidación es que, por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y dispone expresamente que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Agrega que se garantizará el pago de las jubilaciones.
Señala también que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que esa instancia nombrará depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento del proceso.
La compañía conservará su personalidad jurídica única y exclusivamente para realizar dicho proceso.
Desde hace semanas comenzó a correr la especie de que LFC sería liquidada. La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó sobre esa posibilidad cuando desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzó a filtrarse información acerca de que se negaría la toma de nota al comité que encabeza Martín Esparza, lo cual ocurrió el pasado lunes, a pesar de que el litigio no se ha resuelto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los trabajadores afirmaron que atrás de la negativa y de los señalamientos que descalificaban su proceso electoral –realizado del 16 al 26 de junio pasados– estaba la intención de acabar con la empresa y con el sindicato, que agrupa a más de 41 mil activos y 25 mil jubilados.
Finalmente, la decisión dada a conocer anoche tomó casi por sorpresa a dirigentes y trabajadores del SME, quienes habían señalado que esperarían el lunes la respuesta de Los Pinos, donde el jueves pasado, luego de una multitudinaria marcha en protesta por la negativa a la toma de nota, el secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, recibió a Martín Esparza y otros miembros del comité y escuchó sus demandas.
En el decreto dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, se enumeran en tres incisos las razones para el cierre: primero, se estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LFC es excesivo y superior casi tres veces al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dice que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. A junio de 2009, LFC perdió 30.6 por ciento de energía, mientras la CFE perdió 10.9.
Segundo, asegura que en 2008, LFC perdió 32.5 por ciento de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de esas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa 52 por ciento de ventas del organismo, y en tercero añade que, en el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta LFC son 176 por ciento superiores respecto de los costos de la CFE.
En la exposición de motivos el presidente Calderón sostiene que, desde su creación, el organismo no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales, lejos de disminuir, se han incrementado en años recientes.
De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200 por ciento, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar 300 mil millones de pesos durante la presente administración. Se asegura que los costos de LFC casi duplican sus ingresos por ventas.
De 2003 a 2008 registró ventas por 235 mil 738 millones de pesos, mientras sus costos fueron de 433 mil 290 millones (incluyendo la energía comprada a la CFE); el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones a personal jubilado.
Se insiste en que sus resultados son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a escala internacional, incluso a los que ha reportado la CFE. Señala que el pasado 28 de septiembre la Secretaría de Energía propuso la desincorporación por extinción de LFC y que el lunes 5 la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió un dictamen favorable a dicha propuesta.
El decreto tiene siete artículos y tres transitorios, en los que el Presidente dispone que para el proceso de liquidación el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por sí o por conducto de terceros intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento. Corresponderá a la Secretaría de Energía sentar las bases para llevar a cabo la liquidación. Gobernación velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones oficiales.
Las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo se coordinarán a efecto de que las indemnizaciones a los empleados sean pagadas en el menor tiempo posible, y las dos primeras se encargarán de que el liquidador reciba los recursos necesarios.
Además del presidente Calderón firman el decreto 10 secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont (Gobernación); Agustín Carstens (Hacienda); Georgina Kessel (Energía); Ernesto Cordero (Sedeso); Gerardo Ruiz (Economía); Juan Molinar (Comunicaciones); Javier Lozano (Trabajo); Salvador Vega (Función Pública); Juan Elvira Quesada (Semarnat), y Francisco Mayorga (Sagarpa).
A un año de la extinción de Luz y Fuerza
Este es un breve recuento de lo acontecido en el último año en torno a este caso:
Datos de Luz y Fuerza
-Fue fundada en 1909.
-Atendía a Hidalgo, Morelos, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal.
-Tenía 5.7 millones de clientes, que representaban a unos 20 millones de personas.
-Según la STPS, al momento de su extinción contaba con:
43 mil 728 trabajadores sindicalizados
783 trabajadores de confianza
22 mil jubilados
Cronología
El 10 de octubre de 2009, elementos de la Policía Federal ocuparon desde poco antes de las 23:00 horas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en especial la sede de Marina Nacional en la Ciudad de México, y a través de un Decreto Presidencial se decidió extinguirla y liquidar a todos los trabajadores.
De acuerdo con el decreto del Ejecutivo federal publicado el 11 de octubre de 2009, los derechos de los trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro serían respetados conforme a la Ley Federal del Trabajo y su contrato colectivo.
En conferencia de prensa, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, detalló unas horas después el procedimiento de liquidación de la empresa, así como la indemnización a los trabajadores.
Días previos
22 de septiembre de 2009: El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitó a la Cámara de Diputados juicio político en contra del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por presuntamente violentar la vida sindical de ese organismo.
27 de septiembre: Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan en la Ciudad de México. Conmemoran además el 49 Aniversario de la Nacionalización de la Energía Eléctrica.
5 de octubre: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) niega la toma de nota a Martín Esparza al frente del SME, por supuestas irregularidades en la elección interna.
Javier Lozano, titular de la STPS, dijo que Esparza cometió fraude electoral en el proceso interno, por lo que es necesario dejar en claro que no es leal aprobarlo, ya que las circunstancias no permiten tener certeza en el proceso de elección. El SME, por su parte, acusa al secretario de Trabajo, Javier Lozano de provocar un conflicto.
8 de octubre: Integrantes del SME marchan hacia Los Pinos para exigir el reconocimiento a su líder sindical, Martín Esparza.
10- 11 de octubre: Elementos de la Policía Federal toman las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro a las 23:00 horas del sábado 10 de octubre. El presidente Felipe Calderón anuncia la liquidación de los trabajadores por "comprobada ineficiencia operativa y financiera" y un pasivo laboral de 240 millones de pesos. La compañía queda extinta a partir del primer minuto del domingo 11 de octubre.
Liquidación de trabajadores
El gobierno federal anunció la indemnización de los trabajadores conforme al Artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, destacó que en total cada trabajador recibiría remuneraciones de más de dos años y medio de servicios prestados.
-Los pensionados
El Gobierno de la República asumirá de "manera vitalicia a plenitud el pago de estas jubilaciones en términos de lo que establece la ley y con una indexación basada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor", indicó Lozano.
Además, fue creada una página de Internet para que cada trabajador pudiera consultar su situación de manera confidencial: (http://www.lfc.gob.mx/ o al teléfono 01800-8010-589).
Días posteriores
15 de octubre de 2009: Se realiza una marcha en la Ciudad de México y cuatro estados donde Luz y Fuerza ofrecía el servicio. Inicia el proceso de liquidación de empleados.
16 de octubre: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público registra a dos mil 527 empleados liquidados durante los primeros dos días.
19 de octubre: El SME recurre al juicio de amparo en forma individual y colectiva contra el derecho de extinción.
21 de octubre: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registra seis mil empleados que aceptan las condiciones de liquidación. El Servicio de Administración y de Enajenación de Bienes (SAE) exige la entrega inmediata de los bienes que mantengan en posesión ex trabajadores de LyFC.
22 de octubre: El pleno de la Cámara de Diputados aprueba la integración del grupo que analizará la constitucionalidad del decreto de liquidación.
3 de noviembre: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público registra 21 mil 246 liquidaciones.
9 de noviembre: Comienza la Comisión Federal de Electricidad recontratación de electricistas.
11 de noviembre: Se realiza la segunda megamarcha de ex trabajadores con el apoyo de 700 organizaciones.
17 de noviembre: Son robados mil 700 cheques de los finiquitos.
24 de noviembre: Mujeres, en su mayoría esposas de ex trabajadores de Luz y Fuerza, comienzan una huelga de hambre.
25 de noviembre: El secretario del Trabajo anuncia nueva etapa de liquidación con 30 por ciento menos prestaciones.
26 de noviembre: El líder del SME, Martín Esparza, llama al Ejecutivo y convoca a cinco "notables".
2 de diciembre: Los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado y el rector de la UNAM y el director del IPN, aceptan la invitación del SME para mediar con el gobierno.
4 de diciembre: Se lleva a cabo la tercera megamarcha.
10 de diciembre: Mujeres del SME terminan la huelga de hambre.
20 de diciembre: SME inicia una campaña contra el pago de recibos de luz de CFE en el centro del país.
2010
25 de abril: Integrantes del SME inician una huelga de hambre en contra de la decisión del Ejecutivo de extinguir a Luz y Fuerza.
14 de mayo: La CFE anuncia que en sólo un mes sufre 207 actos de sabotaje. El SME se deslinda de esos actos.
10 de junio: El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo niega al SME un amparo para impugnar un laudo que anula la elección de Esparza.
5 de julio: La Suprema Corte de Justicia confirmó en definitiva la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decretada en octubre de 2009 por el presidente Felipe Calderón, al negar un amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
12 de julio: Martín Esparza llamó a no aceptar el nuevo ofrecimiento de liquidaciones, al ser ratificado como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas para el periodo 2010-2012, en una asamblea extraordinaria a la que asistieron 253 delegados.
15 de julio: Inicia la tercera etapa de liquidación voluntaria para ex trabajadores de LyFC, que prevé una compensación adicional equivalente a 65 por ciento de lo que se ofreció en la primera etapa: "Son 16 mil 333 trabajadores de la extinta empresa los que faltan por cobrar su liquidación, los cuales podrán acudir a cinco sucursales de Banjército en un plazo de entre 30 y 40 días", señala el gobierno.
6 de agosto: El gobierno federal acordó con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) pagar a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que no han cobrado su liquidación las prestaciones devengadas correspondientes a los primeros 10 meses de 2009. Se trata del primer acuerdo concreto de la mesa de "alto nivel" instaurada el 23 de julio entre el SME y las secretarías de Gobernación y del Trabajo, para revisar y concretar las alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de la paraestatal. Martín Esparza, líder del SME, reveló que el pago de estas prestaciones beneficiarán a 16 mil ex trabajadores y ascenderán a unos dos mil 200 millones de pesos entre aguinaldos, fondos de ahorro y otras prerrogativas.
30 de agosto: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el laudo que declara terminadas las relaciones de trabajo que existieron hasta el 10 de octubre de 2009, entre los trabajadores y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
24 de septiembre: El Sindicato Mexicano de Electricistas anunció que realizará un nuevo proceso para elegir dirigente y 26 miembros del Comité Directivo, con el propósito de que la Secretaría del Trabajo les otorgue la toma de nota. De obtener el reconocimiento, la dirigencia del SME podrá echar mano de las cuotas sindicales que se encuentran congeladas en varias cuentas bancarias, y que –se estima- ascienden a más de 200 millones de pesos.
27 de septiembre: El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que se notificará al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se niega la toma de nota a integrantes del Comité Central de esa organización que la solicitaron el pasado 22 de julio, incluido a su dirigente, Martín Esparza, pues la solicitud que presentaron "no cumple mínimamente con lo que establecen sus estatutos".
28 de septiembre: El líder de la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Alejandro Muñoz, advirtió al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, que si otorga de manera negociada y fuera de la ley la toma de nota a Martín Esparza, jubilados y ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro contrarios a este último saldrán a las calles.
Relación Luz y Fuerza - CFE
En 1985, Compañía de LyFC y la CFE firman el Convenio de Delimitación de Zonas, donde la zona de influencia de la primera queda reducida en más del 50 por ciento de su extensión original, y zonas de Michoacán y el estado de Guerrero pasan a manos de la Comisión Federal.
En 1994 un decreto presidencial descentraliza la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la transforma en Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
11 de octubre de 2009: El Ejecutivo Federal decreta la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
SME a dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro
Desde varios días antes, desde septiembre de 2009, los integrantes del SME se manifestaron en las calles del DF para pedir al secretario del Trabajo, Javier Lozano, que “sacara las manos del proceso”.La madrugada del domingo10 de octubre de 2009 elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones de Luz yFuerza del Centro (LyFC).
La Policía Federal tomó las instalaciones de LyFC, sin que se hayan reportado enfrentamientos, pues a esa hora de la noche se encontraban semivacías.Al día siguiente el líder de los electricistas, Martín Esparza, se reunió con los secretarios del Trabajo y de Gobernación en Bucareli, para tratar el tema de Luz y Fuerza.Ante el primer fracaso de las negociaciones y el “rechazo del SME a la oferta de liquidación” que ofreció el gobierno federal, el sindicato dio a conocer una serie de movilizaciones como medida de presión para las autoridades.
Entre las exigencias del SME se mantuvo la reinstalación en sus puestos de trabajo, así como la liberación de las instalaciones de LyFC. Ante el anuncio de una serie de marchas, la PF instaló una guardia permanente en el centro del DF.Entre el 12 y el 15 de octubre el SME realizó una marcha paralela, que partió desde varios puntos de la ciudad, y tendría como punto de unión el Zócalo capitalino.
Desde las primeras semanas del conflicto los integrantes del SME se plantaron afuera del edificio de la CFE en Reforma e Insurgentes, el cual clausuraron de manera simbólica, así como en la plancha del Zócalo.Cayetano Cabrera, integrante del SME que inició con en julio de 2010 una huelga de hambre, fue uno de los varios electricistas que declararon “estar dispuestos a dar su vida” en favor de la lucha y el respeto a sus derechos laborales.
El gobierno federal mantuvo su postura y el ofrecimiento de liquidación para los trabajadores de LyFC, no obstante las reuniones en la Segob con el SME fracasaron en varias ocasiones.Fue hasta septiembre de 2011, que con la mediación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, los integrantes del SME retiraron el plantón de Zócalo.
SME se juega su ‘carta fuerte’ en SCJN, a más 3 años de la extinción
Este martes, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se manifestaron frente a la residencia oficial de Los Pinos para exigir la restitución de sus puestos.
El 30 de enero del año en curso, la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), analizará el recurso de revisión del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), promovido contra la sentencia emitida por un tribunal federal que concedió un amparo que establece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como patrón sustituto.
La decisión del máximo tribunal de la nación podría regresar más de 15 mil plazas a los miembros de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), a los que recontrataría la CFE por decreto legal; o sufrirían una nueva derrota en la corte con la que su situación quedaría estancada indefinidamente.
Cronología del conflicto:
11 de octubre de 2009. El ex presidente Felipe Calderón, emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el Diario Oficial de la Federación.
30 de octubre de 2009. Un juzgado federal admite la demanda de amparo colectivo contra el decreto presidencial de extinción de LyFC.
13 de noviembre de 2009. Javier Lozano, quien fungía como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que la extinción es “irreversible“.
11 de diciembre de 2009. La jueza federal Guillermina Coutiño Mata, negó a los trabajadores en amparo solicitado contra el decreto de extinción LyFC.
11 de enero de 2010. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JLCA) negó la solicitud del SME para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.
16 de marzo de 2010. Encabezados por el Secretario General del sindicato, Martín Esparza, los electricistas realizaron una huelga en siete estados del país y el Distrito Federal.
24 de abril de 2010. El SME inició en el Zócalo de la Ciudad de México, un plantón y huelga de hambre colectiva.
6 de julio de 2010. La SCJN declara constitucionalmente válida la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, al negar un amparo contra la extinción de la empresa.
20 de agosto de 2010. El SME y la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces a cargo de Francisco Blake Mora, realizaron un nuevo acuerdo para el pago de los cerca de 16 mil trabajadores que no habían aceptado su liquidación.
4 de marzo de 2011. Reinstalan el campamento en el Zócalo de la Ciudad de México.
13 de septiembre de 2011. Tras negociaciones con el gobierno de Distrito Federal, a cargo de Marcelo Ebrard, los integrantes del SME levantan nuevamente el plantón instalado en el Zócalo capitalino.
14 de diciembre de 2011. Integrantes del sindicato realizaron una quema masiva de recibos de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) en rechazo a las tarifas que aseguraron aumentaron desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
26 de junio de 2012. Representantes del SME se manifestaron a las afueras de la Segob, la protesta originó un enfrentamiento que dejó saldo de 52 personas lesionadas. Martín Esparza insistió en la incapacidad del gobierno para cumplir los acuerdos suscritos con el ex secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, quien falleció en noviembre de 2011.
11 de octubre de 2012. El dirigente del SME informó que los 16 mil 599 integrantes del SME que no habían sido liquidados, podrían ser reinstalados a la CFE, ya que el Segundo Tribunal en Materia de Trabajo les otorgó un amparo donde reconocen a la misma como patrón sustituto.
5 de diciembre de 2012. La SCJN admitió el recurso de reclamación interpuesto por el SAE, como tercer perjudicado y liquidador de LyFC, en contra del amparo que determinaba a CFE como patrón sustituto.
SME: A 5 años de la extinción de LyFC, los “daños colaterales”
La noche del 10 de octubre de 2009, en el gobierno de Felipe Calderón decenas de soldados disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Mediante un decreto declaró la extinción de la paraestatal con el argumento de que era “un lastre” y dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores agremiados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que hasta ese día había sido el gremio más combativo.
El gobierno de Calderón inició la operación el 5 de octubre de 2009 cuando la Secretaría del Trabajo rechazó otorgar la toma de nota a Martín Esparza como dirigente del SME. Ese mismo día, en secreto, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGF) dictaminó la extinción (Proceso 1859).
Durante los primeros minutos del 11 de octubre siguiente Calderón emitió el decreto al mismo tiempo que soldados disfrazados de policías federales tomaban las instalaciones de LFC (Proceso 1841).
Lo que vivieron a partir de ese día los trabajadores, quienes cargaban con el descrédito y –afirman—con una campaña bien armada en su contra, no atrajo, ni importó.
A cinco años de la extinción, algunos de ellos, quienes tomaron la decisión de liquidarse—aclaran—no por convicción sino por necesidad, comparten con Apro cómo vieron truncado su presente y también su futuro pues, dicen, además de dejarlos sin trabajo, el gobierno bloqueó su oportunidad y derecho de conseguir otro empleo.
Luis Gerardo Becerril Hernández tenía 50 años de edad al momento de la extinción, le faltaban tres días para cumplir 29 años de servicio como vigilante clase A.
Seis meses después de la extinción, sin trabajo y sin dinero, dice, entró en el desconcierto, no sabía si tomar el camino de la liquidación o de la resistencia.
“El gobierno ofreció un bono, me quedé sin trabajo, yo iba al día entonces opté por liquidarme”, cuenta. Por casi 29 años de servicio le ofrecieron 89 mil 371.53 pesos y con el dinero del bono que ofreció Calderón y sin más experiencia laboral que la que tuvo el LFC, se le ocurrió comprar maquinitas de juegos que colocó en algunas tiendas a las que tenía que entregar el 30% de sus ganancias.
“De eso iba viviendo pero después resulta que me las recogen porque son juegos de azar y me quedé sin nada”, dice.
Sin forma de llevar sustento al hogar su situación familiar también se vino abajo y terminó divorciado.
“Me deprimí tanto que me quise suicidar, pensé ‘esto se acabó’, me divorcié, se acabó el trabajo, me quitaron mis máquinas.
“Me iba a uniformar, me iba aponer mi credencial de la Compañía de Luz para que pudieran reconocerme y me iba a aventar en el circuito donde está la tienda del ISSSTE. Había pensado hacerlo a las 6:30 de la mañana cuando el tráfico está fluido. Lo pensé así para que se supiera hasta dónde había llegado la situación”.
Sin embargo, sigue, se arrepintió, buscó la manera de salir adelante y ahora sobrevive con los dos mil 800 pesos mensuales que obtiene por la renta de la casa que obtuvo con su crédito para vivienda que le otorgó la empresa. Él vive en una casa prestada.
“Mis hijos dejaron de estudiar, uno iba a entrar a la Universidad, se quedó truncado y ahora estampa playeras, gana 800 pesos a la semana. El otro acaba de salir de la secundaria y ya no quiso estudiar porque no hay. Con dos mil 800 no se puede sobrevivir y tener un futuro”, se queja.
Juan Samuel García Ramírez, de 54 años laboraba en el departamento de Obras Civiles de Distribución en un puesto de sobrestante. Tenía 29 años de antigüedad al momento de la extinción, le faltaba uno para poder jubilarse tanto por edad como por años de servicio.
Estatutariamente los trabajadores LFC podían jubilarse con 30 años de servicio o a los 55 años de edad, en ambos casos.
“Fue un impacto psicológico tremendo al pensar en cuál iba a ser el futuro económico de la familia”, recuerda. Un hijo suyo también laboraba en la misma área que él, tenía 14 años de antigüedad.
“Lo primero que hice fue tratar de buscar trabajo pero dada la circunstancia y el desconocimiento que teníamos los trabajadores, no sabíamos que había un buró laboral en el cual estábamos boletinados.
“Nos presentábamos a solicitar trabajo y simplemente por ser extrabajador de Luz y Fuerza no nos lo daban. Esa era la generalidad, pero la situación se agravaba para los que teníamos 50 años de edad o más, incluso rebasando los 40 ya es tan fácil conseguir empleo, con ese boletín fue más complicado”, narra.
Lo peor, dice, es que para el Servicio Administrativo de Enajenación de Bienes (SAE) que administra los recursos de la extinta empresa, estaba muy joven para otorgarle la jubilación y para trabajar en cualquier otro lado ya estaba muy viejo. “En esa condición estamos muchos compañeros”, afirma.
Además asegura que el monto de las liquidaciones entregadas por el gobierno aún con el bono que ofreció, no compensaban lo que les correspondía por antigüedad.
Obligado también por las circunstancias, accedió a liquidarse. Con el dinero compró un taxi y con ello sobrevive hasta hoy pero, dice, “ya tengo 59 años de edad y cuánto tiempo más voy a durar bien físicamente”.
Dice que conoce casos de excompañeros que están en situación de calle. “Muchos se terminaron el dinero de su liquidación y como no encontraron dónde trabajar están en situación de calle, unos pusieron tienditas pero no hay una situación estable.
“En un acto de autoridad, por una decisión mal hecha, desde mi punto de vista, Felipe Calderón dejó sin sustento laboral y económico a 44 mil familias y hoy nos las estamos viendo muy difícil”, lamenta.
Jaime Rodríguez, tenía uno de los empleos mejor remunerados dentro de la empresa: Era coordinador de recuperación de adeudos, su sueldo era de unos 30 mil pesos mensuales, tenía la vida resuelta.
Tenía 24 años un mes de servicio y le faltaban seis meses para jubilarse por edad cuando vino la extinción.
Se habría jubilado, dice, con un sueldo de mil 600 pesos diarios y si hubiera decidido jubilarse por años de servicio, esa cantidad se hubiera duplicado.
Para él, el impacto emocional fue impresionante, “tuve una catástrofe emocional, psicológica, física, increíble”, rememora.
Acostumbrado a un nivel de vida despreocupado, en el que gozaba de buena ropa, buena alimentación, vacaciones anuales, escuelas particulares para sus hijos, tras la extinción su futuro de coartó y no le quedó más remedio que liquidarse.
“Entregué gran parte de mi liquidación a mi familia y otra a hacer pagos importantes que teníamos, otro a conservar un cierto nivel”, dice y otra parte la invirtió en una importadora de productos electrónicos, pero fracasó a pesar de que tenía un socio con experiencia en el ramo. A partir de ahí, todo salió mal.
“El dinero se agotó rápido, tengo enfisema pulmonar debido a que durante 11 años caminé tomando lecturas, en zonas peligrosas con densidad vehicular importante y riesgos por delincuencia, agresión de los perros. Eso fue minando mis capacidades físicas. Tengo atrofia muscular, me duelen muchos los músculos”, afirma.
Cuando decidió liquidarse su salud física y emocional ya estaba muy deteriorada. En ese momento tenía 55 años, actualmente tiene 59 pero luce por lo menos 10 años mayor que eso.
Tiene formación como abogado, pero nunca ejerció la carrera “nunca tuve necesidad, ganaba muy bien”, dice, pero después del cierre de LFC todo se acabó.
“Mis hijos tuvieron que salir de la escuela. Uno de ellos también fue separado de LFC, entre los dos juntábamos un ingreso de 40 mil pesos mensuales que después de la extinción se terminó”, dice con la mirada extraviada.
“El dinero de la liquidación fue para cumplir con compromisos y luego hubo que vivir con lo que había. Mi esposa tuvo que empezar a trabajar y yo entré en un problema de depresión grave, empecé a tomar por lo tanto empecé a tener problemas con mi familia”, cuenta. También terminó separado, cuida una casa donde le permiten vivir.
Hoy asiste en un despacho jurídico pero con un ingreso mínimo, “casi al borde de la supervivencia”, pues gana tres mil pesos mensuales, el 10% del sueldo que tenía en LFC.
A su hijo, dice, le afectó más el cierre de la empresa, también empezó a beber, se deprimió porque su proyecto de vida se esfumó y terminó en terapia psicológica pero no han podido sacarlo todavía de la situación emocional.
Georgina Santisteban Téllez, era oficinista en el área de Construcción Civil, tenía un record de 23 años de antigüedad y 49 de edad cuando la sorprendió el decreto presidencial.
“A mí me dijeron que me liquidara porque según me iban a recontratar en CFE. Yo estaba renuente, de hecho fui de las últimas en aceptar la liquidación por fines de noviembre, por la situación, por el récord y por mi edad porque iba a ser difícil encontrar un empleo”, dice.
Como a muchos otros trabajadores, la mandaron a unos cursos para contratarse en CFE, los tomó, le pidieron que dejara su número telefónico, “nosotros le llamamos” le dijeron y la llamada nunca llegó.
Ahora sabe que, CFE recontrató sólo a los que tenían de 25 a 40 años máximo, a los que tenían una especialización, que no hubieran entablado una demanda con LFC y que no hubiera tenido cargo de representación en el SME.
Al ver la posibilidad de recontratación, retiró la demanda que había interpuesto pero de nada sirvió.
Con el dinero de su liquidación pagó el adeudo del crédito de su casa porque le mandaron tres citatorios del SAE. “Temía que nos fueran a sacar a mí y mis padres que vivían conmigo”, dice.
Con lo que le quedó compró un taxi que ella misma ha trabajado desde el cierre de la paraestatal.
Miguel Ángel Gutiérrez González, ocupaba laboraba en el departamento de grupo cláusula 19-1 como jefe de grupo de órdenes que se encargaba del proceso comercial en agencias foráneas.
Tenía 22 años tres meses de antigüedad, y 42 de edad en el momento del cierre. Los últimos seis años estuvo como representante de grupo en el sindicato.
Así recuerda aquel momento:
“Nunca dimensionamos los alcances que iba a traer esta decisión del gobierno, pensábamos que por la posición del sindicato –que siempre fue un sindicato de lucha– que en esta ocasión íbamos a salir abantes pero no sucedió.
“Pensamos que Esparza llegó a un acuerdo con el gobierno federal porque se mantuvo con una posición de tibieza y pasividad”, arguye.
Y no sólo perdieron el trabajo, dice, también el respaldo del sindicato, “porque Esparza prácticamente nos ha expulsado”, los ha tildado de traidores y esquiroles por haber aceptado liquidarse.
“Había situaciones muy peculiares, la gente necesitaba dinero”, justifica.
Cuando se extinguió LFC tenía 37 años, entró muy joven a la empresa, ahí se formó, aunque también estudió a la par, llegó hasta la universidad donde estudió la licenciatura en Informática Administrativa pero no terminó.
Buscó empleo, llevó su currículum a varias empresas, sin éxito y en una de plano le confesaron que había una disposición del gobierno federal para que todos aquellos que fueran extradajadores de LFC no fueran contratados.
Ya sin empleo retomó los estudios pero se metió a estudiar Derecho y ahora litiga asuntos penales, aunque también le interesan los laborales.
Salvador Puente, es el más joven de los extrabajadores que ofrecen su testimonio. Él era oficinista de cuentas especiales, tenía 11 años de servicio en LFC y 35 años al día de la extinción, su edad no era impedimento para encontrar trabajo pero sí haber trabajado en Luz y Fuerza.
“Me dedicaba al mantenimiento de computadoras y tras el cierre puse un local de Internet pero como todo negocio tiene altas y bajas, el ingreso no es seguro, no hay estabilidad”, dice.
Cuando se suscitó cierre de la paraestatal estaba a dos meses de convertirse en padre, su hijo nació en diciembre y con los compromisos que ello implicaba no le quedó más remedio que liquidarse.
A lo largo de cinco años, dice, sigue escuchando lo mismo: que el conflicto está por resolverse y todo sigue igual.
“Lo único que pedimos es trabajo, ni siquiera pedimos nuestro contrato como estaba queremos trabajo, solamente”, dice.
Con excepción de él, los demás trabajadores entrevistados laboraron más de 20 años y mantienen la esperanza de obtener una jubilación a pesar de haberse liquidado.
Se han acercado Alfredo Ríos, uno de los líderes de jubilados que ya interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el trato discriminatorio que se les ha dado a mujeres y hombres a quienes por su edad y por haber pertenecido a LFC no tienen aceptación en el mercado laboral.
Con ello, señala el documento de queja que ya fue aceptada por el organismo, se les ha arrebatado su derecho al trabajo, condenándolos a una vejez de privaciones y sin posibilidades de sobrevivencia digna.
A casi seis años de su extinción, el SME resurge como cooperativa
A casi seis años de su extinción en octubre del 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) resurge como una cooperativa.
En asociación con la empresa portuguesa Mota-Engil y con el apoyo del Gobierno, el SME consiguió un nuevo contrato colectivo para operar 14 plantas eléctricas, cuatro centrales de ciclo combinado, y para recuperar una parte de la materia de trabajo en la operación de un paquete de mil 700 megawatts, informó el líder sindical Martín Esparza.
“Nos entregarán todas la hidroeléctricas que hay. Son 14 plantas más un paquete de mil 700 megawatts para instalar cuatro plantas de generación de ciclo combinado en la zona metropolitana”, dijo Esparza Flores a sus agremiados.
“Nosotros, en la cooperativa, seremos los dueños de los bienes, y además, seremos los propios patrones. Esto tiene que ser una cooperativa exitosa a corto, mediano y largo plazo”, agregó de acuerdo con una nota que publica hoy el diario Reforma.
Cabe recordar que el pasado 10 de junio, el SME formó la cooperativa LF del Centro para asociarse con la firma portuguesa Mota-Engil (ME) a través un fideicomiso. La empresa invertirá en la operación y reconversión de las plantas y pagará un nuevo contrato de prestación de servicios con el SME, dijeron fuentes de la Secretaría del Trabajo a Reforma.
La CFE indicó que las plantas que operaba la extinta Luz y Fuerza del Centro le fueron dadas en comodato desde 2009 por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Son estas plantas las que operará la nueva cooperativa.
“No existe negociación entre esta empresa y el Sindicato Mexicano de Electricistas. No existe contrato o acuerdo alguno donde la CFE le compre actualmente, o busque comprar en el futuro, energía eléctrica al SME”, aclaró por escrito la Comisión Federal de Electricidad.
