Agentes de EU sostuvieron que la corporación de Saltillo apoyaba al crimen al involucrarse en tráfico de drogas y homicidios. En mayo de 2009, la Alcaldía de ese municipio era ocupada por Jorge Juan Torres López, hoy prófugo de la justicia norteamericana por no poder acreditar a procedencia de más de 2.8 millones de dólares, los cuales las autoridades presumen podrían tener un origen ilícito. Ese mismo político fue quien sustituyó al ex Gobernador Humberto Moreira cuando se convirtió en líder nacional del PRI.
El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) alertó en 2009 que “la Policía de Saltillo prestaba apoyo a Los Zetas y estaba involucrada en tráfico de drogas y homicidios”, según el documento C05245708, el cual fue clasificado como secreto.
“Oficiales de la Policía Municipal prestan apoyo a Los Zetas en Saltillo, Coahuila, México; involucramiento de la policía en tráfico de droga y homicidios, desde mayo de 2009”, dice textualmente este cable.
El documento altamente confidencial y originalmente clasificado como “secreto”, fue obtenido mediante gestiones de FOIA, Acta de Libertad de Información, según sus siglas en inglés.
Si bien aparece censurado en gran parte los renglones, ello se debe a que los federales ocultaron nombres y rangos de funcionarios públicos y policías de Coahuila, básicamente de Saltillo.
El cable del FBI se generó el 19 de noviembre del 2010. Aunque habla que en mayo de 2009 se tenían estas acusaciones en contra de la corporación municipal.
En mayo de 2009, la Alcaldía de Saltillo era ocupada por Jorge Juan Torres López, hoy prófugo de la justicia norteamericana. El Gobernador del Estado era Humberto Moreira.
La corporación policiaca municipal estaba a cargo del general Marco Antonio Delgado Talavera, quien era parte de un grupo de militares que comenzaban a tomar las corporaciones policiacas en el Estado a través de lo que se conoció como Modelo Coahuila.
“Oficiales de la Policía Municipal prestan apoyo a Los Zetas en Saltillo, Coahuila, México; involucramiento de la policía en tráfico de droga y homicidios, desde mayo de 2009”, dice textualmente este cable.
El documento altamente confidencial y originalmente clasificado como “secreto”, fue obtenido mediante gestiones de FOIA, Acta de Libertad de Información, según sus siglas en inglés.
Si bien aparece censurado en gran parte los renglones, ello se debe a que los federales ocultaron nombres y rangos de funcionarios públicos y policías de Coahuila, básicamente de Saltillo.
El cable del FBI se generó el 19 de noviembre del 2010. Aunque habla que en mayo de 2009 se tenían estas acusaciones en contra de la corporación municipal.
En mayo de 2009, la Alcaldía de Saltillo era ocupada por Jorge Juan Torres López, hoy prófugo de la justicia norteamericana. El Gobernador del Estado era Humberto Moreira.
La corporación policiaca municipal estaba a cargo del general Marco Antonio Delgado Talavera, quien era parte de un grupo de militares que comenzaban a tomar las corporaciones policiacas en el Estado a través de lo que se conoció como Modelo Coahuila.
Torres López es prófugo de la justicia norteamericana al no poder acreditar la procedencia de más de 2.8 millones de dólares, los cuales las autoridades presumen podrían tener un origen ilícito.
En julio de este año, Rodrigo Uribe Tapia, un ex integrante de Los Zetas, declaró ante la Corte de EU que el grupo delincuencial había pagado protección al gobierno estatal que encabezó Moreira Valdés para que pudiera operar. Moreira y colaboradores negaron la acusación.
El documento -en poder de Vanguardia– demuestra que autoridades de EU estaban enteradas de la colusión policías-narcotraficantes-políticos, desde 2009, según lo dicho por el FBI.
Ayer, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, escribió una carta al Director de Vanguardia para “rectificar” algunas afirmaciones publicadas en ese medio por el catedrático y periodista Sergio Aguayo.
Moreira rechazó tener responsabilidad por la matanza de ciudadanos de Allende.
“En relación al artículo titulado ‘Los dos Moreira’ firmado por D. Sergio Aguayo y publicado este 12 de octubre en el diario de su digna dirección se realizan una serie de afirmaciones que me veo obligado a rectificar:”, planteó.
Al final de su comunicado, enviado por correo electrónico, el también exlíder nacional del PRI sostiene que los trabajos de Aguayo no son parte de sus “preocupaciones”.
“Lamento decir por otra parte que ni en estos momentos ni en ningún otro momento estoy o he estado al tanto ni he sentido especial interés por averiguar qué trabajos realiza o piensa realizar el firmante del artículo, que por otra parte deben ser con toda seguridad muy dignos de alabanza, pero que en ningún caso entran en mis preocupaciones anteriores ni actuales”.
En julio de este año, Rodrigo Uribe Tapia, un ex integrante de Los Zetas, declaró ante la Corte de EU que el grupo delincuencial había pagado protección al gobierno estatal que encabezó Moreira Valdés para que pudiera operar. Moreira y colaboradores negaron la acusación.
El documento -en poder de Vanguardia– demuestra que autoridades de EU estaban enteradas de la colusión policías-narcotraficantes-políticos, desde 2009, según lo dicho por el FBI.
Ayer, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, escribió una carta al Director de Vanguardia para “rectificar” algunas afirmaciones publicadas en ese medio por el catedrático y periodista Sergio Aguayo.
Moreira rechazó tener responsabilidad por la matanza de ciudadanos de Allende.
“En relación al artículo titulado ‘Los dos Moreira’ firmado por D. Sergio Aguayo y publicado este 12 de octubre en el diario de su digna dirección se realizan una serie de afirmaciones que me veo obligado a rectificar:”, planteó.
Al final de su comunicado, enviado por correo electrónico, el también exlíder nacional del PRI sostiene que los trabajos de Aguayo no son parte de sus “preocupaciones”.
“Lamento decir por otra parte que ni en estos momentos ni en ningún otro momento estoy o he estado al tanto ni he sentido especial interés por averiguar qué trabajos realiza o piensa realizar el firmante del artículo, que por otra parte deben ser con toda seguridad muy dignos de alabanza, pero que en ningún caso entran en mis preocupaciones anteriores ni actuales”.
“En materia de seguridad nos equivocamos; darle la tarea a Segob fue un error”: Coparmex
La solicitud del líder la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se suma a la exigencia que hizo apenas ayer el Consejo Coordinador Empresarial al Gobierno federal de reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.
El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, exigió que la Secretaría de Gobernación (Segob) no sea la encargada del combate a la inseguridad y la violencia y que se cree una nueva dependencia enfocada en atender ese problema ante la falta de resultados.
“Demandamos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión que de prioridad al rediseño institucional para separar la seguridad pública de la protección política bajo una estrategia eficaz de coordinación”, dijo De Hoyos.
El líder empresarial estuvo rodeado por otros representantes patronales. “Los tres delitos más señalados son el asalto, el robo de autos y la extorsión. No obstante, subsiste la cifra negra. Y existe además en algunos estados el secuestro”.
“La violencia no sólo prevalece, sino que va en aumento”, dijo. “Estos datos muestran una realidad preocupante y hay más en la cifra negra”.
“En Coparmex creemos que es posible superar el desafío del crimen organizado. Los expertos de nuestra confederación, con el apoyo de presidentes y consejeros nacionales proponemos lo siguiente: [Se debe] separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Debemos de reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos. El nuevo diseño institucional, que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, un error. Es necesario hoy revisar el diseño institucional. Los hechos han demostrado que el país requiere una Secretaría e Seguridad Pública”.
El líder patronal dijo que las empresas mexicanas destinan hasta 110 mil millones de pesos en defenderse de la inseguridad que se vive en el país.
Recordó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado se registraron 33.7 millones de delitos que representan costos de 236 mil millones de pesos cercano al 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, 102 mil 883 secuestros.
Además lamentó que el Presupuesto 2017 busque desaparecer prevención del programa de Prevención social de la violencia con el recorte de 11 mil millones de pesos.
Apenas ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno federal a reconocer las fallas en la estrategia de seguridad y pidió a los tres poderes de la Federación a tomar medidas al respecto.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, alertó sobre los problemas de corrupción, pobreza, desigualdad, carencias de Estado de derecho y creciente inseguridad en el país y pidió al Gobierno federal reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.
Ante medios de comunicación, Castañón llamó a los tres poderes de la Federación a redoblar esfuerzos y darle celeridad a las reformas y tareas que faltan por discutirse y a las que aún están inconclusas.
Al Presidente Enrique Peña Nieto pidió “que, a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran”. Y aseguró que “es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”.
A los legisladores federales los llamó proponer una “agenda prioritaria” que incluya la la aprobación de “todo” el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación”.
Al Poder Judicial, el CCE, solicitó redoblar esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, “con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia”.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, exigió que la Secretaría de Gobernación (Segob) no sea la encargada del combate a la inseguridad y la violencia y que se cree una nueva dependencia enfocada en atender ese problema ante la falta de resultados.
“Demandamos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión que de prioridad al rediseño institucional para separar la seguridad pública de la protección política bajo una estrategia eficaz de coordinación”, dijo De Hoyos.
El líder empresarial estuvo rodeado por otros representantes patronales. “Los tres delitos más señalados son el asalto, el robo de autos y la extorsión. No obstante, subsiste la cifra negra. Y existe además en algunos estados el secuestro”.
“La violencia no sólo prevalece, sino que va en aumento”, dijo. “Estos datos muestran una realidad preocupante y hay más en la cifra negra”.
“En Coparmex creemos que es posible superar el desafío del crimen organizado. Los expertos de nuestra confederación, con el apoyo de presidentes y consejeros nacionales proponemos lo siguiente: [Se debe] separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Debemos de reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos. El nuevo diseño institucional, que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, un error. Es necesario hoy revisar el diseño institucional. Los hechos han demostrado que el país requiere una Secretaría e Seguridad Pública”.
El líder patronal dijo que las empresas mexicanas destinan hasta 110 mil millones de pesos en defenderse de la inseguridad que se vive en el país.
Recordó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado se registraron 33.7 millones de delitos que representan costos de 236 mil millones de pesos cercano al 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, 102 mil 883 secuestros.
Además lamentó que el Presupuesto 2017 busque desaparecer prevención del programa de Prevención social de la violencia con el recorte de 11 mil millones de pesos.
Apenas ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno federal a reconocer las fallas en la estrategia de seguridad y pidió a los tres poderes de la Federación a tomar medidas al respecto.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, alertó sobre los problemas de corrupción, pobreza, desigualdad, carencias de Estado de derecho y creciente inseguridad en el país y pidió al Gobierno federal reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.
Ante medios de comunicación, Castañón llamó a los tres poderes de la Federación a redoblar esfuerzos y darle celeridad a las reformas y tareas que faltan por discutirse y a las que aún están inconclusas.
Al Presidente Enrique Peña Nieto pidió “que, a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran”. Y aseguró que “es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”.
A los legisladores federales los llamó proponer una “agenda prioritaria” que incluya la la aprobación de “todo” el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación”.
Al Poder Judicial, el CCE, solicitó redoblar esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, “con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia”.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
